Pena de muerte en EE UU

Su trabajo es matar

Detrás de la aplicación de la pena capital hay funcionarios de prisiones encargados de ejecutar la ley. Su trabajo consiste en liquidar a personas condenadas a morir. Los verdugos de la prisión de McAlester (Oklahoma) cuentan su terrible rutina laboral.

YOLANDA MONGE

El País Semanal, 21/11/2010;

Además de cruel e inhumana, la pena de muerte es cara. Cada ejecución le cuesta al Estado de Carolina del Norte más de dos millones de dólares. En Tejas, la cifra es muy similar y supone tres veces el coste de tener a alguien encerrado en una cárcel de máxima seguridad durante 40 años. En Florida, mantener en pie el mortal sistema asciende a 51 millones al año, lo que supone que cada una de las 44 ejecuciones que ha tenido ese Estado desde 1976 ha costado 24 millones cada una.

El Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, siglas en inglés) es responsable de un estudio que en principio podría sonar cínico. Su título: Reconsiderando la pena de muerte en tiempos de crisis. "La pena de muerte es una actividad tremendamente cara y derrochadora que no tiene beneficios concretos", se lee. En contra de lo que se podría pensar -y que es uno de los argumentos de los partidarios-, "todos los estudios concluyen que la máxima pena es mucho más costosa en términos de dinero que un sistema que imponga cadenas perpetuas" para los crímenes de sangre, asegura Richard Dieter, director del DPIC. Si los homicidios legales perpetrados por el Estado no pasan a la historia por motivos morales, puede que el canal para hacerlo sea tocando el precario bolsillo de los contribuyentes.

Treinta y cinco Estados de la Unión tienen la pena de muerte en sus ordenamientos jurídicos. Desde que en 1976, el Tribunal Supremo volviese a reinstaurarla tras un parón de cuatro años que cuestionó su constitucionalidad -apelando a la octava enmienda de la carta Magna que prohíbe tratos crueles o inhumanos, 1,233 personas han perdido la vida a manos de tan bárbaro sistema solo 12 han sido mujeres, la última, Teresa Lewis, a finales de septiembre en Virginia.  El Estado a la cabeza en ejecuciones, con muchísima diferencia sobre el siguiente, es Tejas. Desde 1976, Tejas ha acabado legalmente con la vida de 464 seres humanos. Virginia con 108; Oklahoma con 93... A día de hoy, en el corredor de la muerte hay 3,261 personas (61 son mujeres). El Estado que mayor número de presos tiene encerrados esperando la muerte es California (607). Desde el año 2002 no se ejecuta en EE UU a personas con discapacidades o enfermedades mentales. En 2005, el Supremo acabó con la máxima pena para los menores de edad.

Los contrarios a la pena de muerte han visto en los últimos años cómo su causa ganaba adeptos. Según las últimas encuestas, un 65% de la población es partidaria de ella (era el 80% en 1994). Esos mismos sondeos dicen que cuando se da la opción a los entrevistados de elegir entre pena de muerte o cadena perpetua, un 48% prefiere esta última opción sobre la primera.

En la actualidad, son varios los Estados que tienen la aplicación de sus ejecuciones parada. En este caso, el escollo para acabar con la vida de alguien es logístico. La escasez de uno de los tres fármacos que se inyecta en las venas del condenado para acabar con su vida está poniendo en cuestión la viabilidad de tan anacrónico sistema.

El Supremo de California tiene bloqueadas las ejecuciones debido a la escasez del anestésico que duerme al reo antes de que se le induzca a un coma rápido y se le produzca una parada cardiorrespiratoria que acabe con su vida. En Kentucky sucede lo mismo. En Arizona vivían la misma situación kafkiana hasta que, según han informado los medios de comunicación de ese Estado, la penitenciaría importase el pentotal sódico desde el Reino Unido. Jeremy Landrigan moría por inyección letal el 27 de octubre.

Hospira, el único laboratorio que produce en EEUU el Pentotal -nombre comercial asegura que no podrá proveer de nuevas dosis hasta principios de 2011 por problemas de producción que no especifica. Lo que se esconde detrás de la decisión de la compañía es el rechazo a que un sedante con fines médicos se vende a las prisiones para operaciones quirúrgicas sea usado para causar la muerte a alguien.

"Al día siguiente, nadie habla de ello"

Tengo 46 años. Nací en Chicago. Me establecí en Oklahoma con mi mujer. Al llegar, empecé a trabajar como guardia en el centro penitenciario de McAlester. Me quedé 12 años. Hoy soy agente de seguridad en un gran casino y por nada volvería al Big Mac, sobrenombre de la prisión. Participé en quince ejecuciones. Formé parte del strap down team, el equipo encargado de atar al condenado a la mesa de ejecución antes de la inyección letal. El trabajo es sencillo: acompañamos al condenado hasta la mesa y nos encargamos de que se tumbe. Cada uno -somos cuatro o cinco- ata en un minuto una parte del cuerpo: el pecho, un brazo, una pierna o un pie. Cuando el tipo ya no puede moverse, salimos y esperamos. Cuando nos dan la orden, volvemos a entrar y colocamos el cadáver tal cual está, con las agujas en los brazos, las jeringuillas, todo, en una bolsa para cadáveres para que se lo lleven al depósito. Y se acabó. Todo el mundo vuelve a casa. Al día siguiente, nadie habla de ello. Si te han elegido para las ejecuciones es porque han visto que eres fuerte y tranquilo. Si dices que te incomoda, los compañeros se burlarán. Incluso los reclusos se enterarán y dirán: '¡Qué pasa gallina, creía que eras un tipo duro!'. Nunca olvidaré las caras de los condenados al atarles. Hemos convivido durante años, hemos compartido cosas, y la noche de la ejecución te miran como diciendo 'Mierda Dirk, ¿por qué participas en esto?', y tú contestas: 'Me han elegido, ahora tienes que tumbarte'. Me acuerdo de un tipo que sufrió un paro cardiaco en su celda. Fui yo quien avisé a los servicios de emergencias. Al volver del hospital me dijo: 'Gracias, Dirk, me has salvado la vida'. Unas semanas más tarde, le ejecuté. Me parece una locura cuando pienso en ello: le salvé y luego le ejecuté".

"Un hombre pidió cereales para niños como última comida"

"Los días de ejecución, mi trabajo como adjunta del director consistía en supervisar técnicamente el proceso, por ejemplo el transporte de las sustancias mortales hasta la sala. Si ocurría algo fuera de lo habitual, se lo comunicaba al Estado. Como cuando algunas ejecuciones se alargaban. Muchos reclusos eran ex drogadictos cuyas venas estaban dañadas. El equipo no conseguía colocar la aguja correctamente y sobresalía. Volvía a pinchar y volvía a empezar: verlo era terrible. Las familias de las víctimas asistían en silencio a la ejecución y se iban rápidamente. A veces, también estaba la familia del condenado, aunque muchos reclusos les pedían que no asistieran. Recuerdo a una madre que golpeaba el cristal ante su hijo al que estaban ejecutando, llamándonos asesinos. Al final se desmayó. Esa noche estábamos muy afectados. A veces, los abogados también lloraban. A menudo tengo la sensación de haberme vuelto insensible. Un recluso me marcó, un hombre que pidió como última comida unos cereales para niños, con un tazón de leche. El jurado lo declaró culpable, pero siempre pensé que era un retrasado. No tenía familia y parecía feliz. La noche de la ejecución no dijo nada al tumbarse. Solo '¡gracias!', con una sonrisa angelical. Esa noche, por primera vez, lloré volviendo a casa".

"Mi padre ya ataba a la gente a la silla eléctrica"

"Para mí las ejecuciones son casi una historia familiar: cuando era un crío, mi padre ya ataba a la gente a la silla eléctrica. Estoy a favor de la pena de muerte sin remordimientos. Pero no le voy a decir que los 25 tipos que ejecuté eran monstruos. Nosotros, por nuestra parte, hacemos nuestro trabajo con profesionalidad, y en general, todo sale bien. Una vez, sin embargo, me hizo reflexionar un tipo que perdió la cabeza una noche y disparó, sin apuntar, contra la esposa de una personalidad importante de Oklahoma City. El tipo no tenía antecedentes. Era divertido e inteligente, una buena persona a la que todos queríamos. La noche de su ejecución, cuando fuimos a buscarle a su celda, estaba inconsciente: se había tragado todos los comprimidos que había logrado esconder a pesar de los registros. Le llevaron de urgencia al hospital donde le hicieron un lavado de estómago. Cuando recuperó el conocimiento le trajeron de vuelta al centro penitenciario y terminamos lo que teníamos que hacer. La prensa le dio demasiada importancia y confieso que al equipo le afectó mucho. Pero somos funcionarios y aplicamos las leyes. Si te cuestionas las cosas no puedes hacer este trabajo, está claro".

Drogas

19:17 19/11/2010

El narcotráfico: historia de la gran epidemia/

RIA Novosti. Sergey Venyavsky

Ilia Kramnik, RIA Novosti

El 11 de noviembre de 1990 entró en vigor la Convención de la ONU “Sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”.

Este convenio internacional fijó las normas comunes de responsabilidad ante la amenaza que supone el narcotráfico y actualmente, constituye el documento base para que los países miembros puedan delinear la legislación internacional en la esfera de la lucha contra la difusión de las drogas.
En la actualidad, el consumo de drogas es un mal reconocido y socialmente condenado: muchos países sufren una verdadera epidemia de drogadicción. El mercado de la droga, que mueve según diferentes estimaciones entre 10.000 y 13.000 millones de dólares al año, es una de las principales fuentes de ingresos para el crimen organizado. Sin embargo, no siempre ha sido así: tanto la drogadicción como la lucha contra el consumo de drogas han pasado por varias etapas antes de alcanzar su forma actual.
El comercio de opio: una ocupación de caballeros
En Europa, el consumo de droga empezó a difundirse en el siglo XIX, al aparecer en Inglaterra a partir del opio traído de la India y en Francia del hachís procedente de sus colonias del norte de África.
En aquellos tiempos la droga no era vista como algo prohibido: la Compañía británica de las Indias Orientales vendía de manera activa en China el opio indio y los intentos de las autoridades chinas para poner fin a este comercio tan pernicioso desencadenaron las dos Guerras del Opio. El narcotráfico, de hecho, estaba controlado por el Estado británico y muchos representantes de la aristocracia inglesa, miembros de la realeza incluidos, amasaron fortunas fabulosas protegiendo a los traficantes.
Para China, las Guerras del Opio fueron una de las páginas más dramáticas de su historia. En este sentido, no es extraño, que la actual legislación antidroga de China sea una de las más severas del mundo.
En Europa, el opio era considerado un vicio menos peligroso que las bebidas alcohólicas y, a diferencia de éstas, no estaba sujeto a aranceles demasiado altos, lo que lo hacía asequible para la población. Se creía incluso que, en cantidades moderadas, no causaba daño alguno a la salud y ayudaba a la gente a soportar mejor los sinsabores de la vida cotidiana.
En la siguiente etapa de la evolución del consumo de droga apareció la morfina y la jeringuilla, que permitió inyectarse la droga directamente por vía intravenosa. Se creía que, a diferencia del opio, la morfina no causaba dependencia. No obstante, en breve esta opinión quedó refutada ante la adicción a la morfina que experimentaron los soldados que habían estado en hospitales y habían sido sometidos a intervenciones quirúrgicas en las que se usó la morfina como analgésico.
A finales del siglo XIX y principios del XX se empezó a consumir drogas tales como la cocaína (de venta en Estados Unidos desde 1885) y la heroína (en venta en Alemania desde 1898). La cocaína se usaba como una sustancia estimulante y energética, mientras la heroína fue presentada  por el fabricante, la empresa Bayer AG, como un analgésico y sedante.
Un dragón puesto en libertad
En aquella época, la mayoría de los expertos tenía claro que el consumo de drogas generaba una fuerte dependencia: tanto psíquica -cuando las drogas eran usadas para conseguir una sensación de euforia y exaltación-, como física -conocida como el síndrome de abstinencia o “mono”-. Desde principios del siglo XX se intentó limitar el uso no médico de las drogas y el comercio legal de estas sustancias.
Paralelamente a este proceso fueron apareciendo nuevos tipos de drogas, esta vez, sintéticas: la mescalina sintetizada, las anfetaminas y el LSD. Las anfetaminas se usaron ampliamente en las Fuerzas Armadas de los países participantes de la Segunda Guerra Mundial para estimular a los pilotos, a los efectivos de las tropas de misiones especiales, etc. Con esta finalidad, las anfetaminas se siguieron usando hasta los años 70 del siglo XX.
El consumo amplio de las anfetaminas ocasionó una verdadera epidemia de adicción y un crecimiento de los delitos relacionados con esta droga, tanto en la esfera de su distribución, como en la forma de atracos y asesinatos cometidos por los drogadictos necesitados de nuevas dosis.
En opinión de expertos, la posterior reducción de la producción de anfetaminas incrementó el consumo de heroína, que partir de los años 50-60 del siglo XX se transformó en Europa y en Asia en la “droga reina”. El centro de producción de la adormidera de opio y de la heroína subproducto del opio estaba en el llamado “Triángulo de oro”, una zona en las fronteras entre Birmania (Myanmar), Laos y Tailandia, fuera del control de cualquier gobierno.
El tráfico de drogas se convirtió en una industria ilegal en toda regla cuya red cubrió el mundo entero. La plantación de la adormidera del opio, la producción de la heroína, su transporte y su venta al consumidor estaban repartidas entre las agrupaciones criminales más poderosas, empezando por las triadas asiáticas y acabando por la mafia italiana.
Aparte de los capos del mundo criminal, estaban muy interesados en el narcotráfico los jefes de los servicios secretos, porque los ingresos de la venta de este producto ilegal les permitían financiar sus operaciones ilegales.
Con el “dinero de la heroína”, por ejemplo, se financiaron las entregas de armas estadounidenses a los mojaheddines afganos en la primera etapa de la guerra de la Unión Soviética en Afganistán desde 1979 hasta 1989.
Después de la retirada de las tropas rusas, Afganistán le arrebató al “Triángulo de oro” su primacía como la plantación del opio más grande del mundo: en la actualidad, del opio afgano se extrae el 90% de la heroína mundial.La drogadicción, una enfermedad del mundo globalizado
Para entender por qué la adicción a las drogas se ha convertido a principios del siglo XXI en un desastre de envergadura global y el tráfico de drogas en un negocio extremadamente difícil de erradicar, habría que destacar dos factores principales.
El primero está relacionado con el proceso de la globalización: la revolución tecnológica del siglo XX, época de inaudito desarrollo de la red de comunicaciones, ha hecho que países y territorios lejanos se vuelvan fácilmente accesibles, reduciendo al mismo tiempo los costos del transporte. En combinación con el desarrollo de la tecnología química que permite la producción masiva de drogas, la “mercancía” es, a pesar de todo tipo de prohibiciones, bastante asequible.
El segundo factor radica en la naturaleza misma de la sociedad: el creciente estrés, el ambiente psicológico agresivo, las ganas de escapar del aburrimiento de la vida cotidiana son las “causas comunes” que incitan al consumo de drogas. Además, en todo grupo social se le añade un sinnúmero de motivos secundarios, desde las tradiciones existentes hasta el deseo de llamar la atención.
De hecho, el consumo de drogas es un indicador fiable del bienestar social y del estado de ánimo reinante en una sociedad: aumenta donde son escasas las perspectivas de una vida digna y faltan posibilidades laborales, educativas y recreativas.
Un ejemplo de tales áreas socialmente desprotegidas son muchas ciudades deprimidas de Rusia, donde el porcentaje de drogadictos, sobre todo entre los jóvenes, a veces supera todos los límites razonables. Allí la sociedad y, en especial, los familiares de la gente “enganchada en los narcóticos” están dispuestos a justificar las más drásticas medidas para combatir ese flagelo.
Actualmente, las drogas “fuertes” están prohibidas en todos los países, sin embargo, la legislación varía significativamente: en algunos países la posesión de una dosis de heroína se castiga con la horca, mientras que en otros sólo está penado el tráfico.
También varía la actitud hacia las drogas blandas, en primer lugar, la marihuana, especialmente en los países que han legalizado su consumo. El pionero de este proceso es Holanda, donde este estupefaciente se vende en cafeterías especiales. En su momento se pensó que si las drogas blandas pasaban a ser legales, dejarían de ser parte del crimen organizado, bajaría la popularidad de las drogas duras y reduciría el narcotráfico.
Sin embargo, no hay unanimidad acerca de los resultados de la experiencia holandesa. Por una parte, el consumo de drogas duras en el país parece haberse reducido en comparación con los países vecinos; por otra, se ha observado un aumento en el número de delitos cometidos bajo el efecto de las drogas.
Lo que sí parece tener todo le mundo claro es que el empleo exclusivo de las medidas coercitivas resulta insuficiente para un éxito duradero en la lucha contra la drogadicción y el narcotráfico.
Estos fenómenos pueden ser combatidos sólo en paralelo con el desarrollo económico y social del país, en la medida en que aparezcan perspectivas claras y practicables para la población. El problema es que en la actualidad garantizar tal desarrollo es todavía más difícil y costoso que luchar contra el narcotráfico.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE RIA NOVOSTI

Una moral cambiante

JUAN G. BEDOYA

El País, 21/11/2010;

En muchas materias, la jerarquía del catolicismo podría aplicarse aquella genialidad del mejor de los Marx (Groucho): "Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros". El Vaticano tarda siglos, muchas veces, en cambiar de opinión (causando entretanto sufrimientos sin cuento), pero cuando lo hace todo el mundo se expresa con regocijo. Ahora no hay motivo. El gesto es tan pequeño, que raya en el ridículo. Había un precedente: la comprensión del Pontificado romano a que numerosas religiosas violadas pudieran interrumpir sus embarazos forzados. También duró lo que las guerras que habían provocado el drama.

Pese a que en muchísimos asuntos, muy pocas personas -incluso cristianas- hacen caso ya a buena parte de los preceptos de moral sexual de los eclesiásticos (a veces ni ellos mismos), bueno es este pequeño paso en materias que tienen que ver con la salud de millones de seres, como el sida. Aunque sea por la presión de las comunidades científica y política, hay que aplaudir que Benedicto XVI haya variado en el buen camino la intransigencia de sus predecesores y la suya propia durante su viaje a África. ¿Habrá pronto otras rectificaciones?

Sigamos con Groucho para entender el cambio de posición de un Papa que no suele distinguirse por su flexibilidad. "Claro que lo entiendo. Incluso un niño de cuatro años podría entenderlo. ¡Que me traigan un niño de cuatro años!", decía el mayor de los Marx. El Papa hace frente a una situación de emergencia, pero ahí acaba el gesto. Su predisposición por cambios de rumbo en materias que tengan que ver con la mujer en el seno de su Iglesia o con el sexo, es más que cero, no porque lo diga ahora en este libro-entrevista con Peter Seewald, sino porque es lo que ha sostenido siempre. Lo dijo bien alto cuando ni siquiera pensaba en llegar al cargo que ostenta ahora, también para un libro de Seewald, de 1996, con el título La sal de la tierra, y lo reiteró en el año 2000 en otra conversación con el mismo autor.

Es insólito que un Papa conceda entrevistas. En todo caso, los textos son de primera categoría. Varias veces el Papa subraya que es un hombre sin libertad para hacer lo que quiera en determinadas materias. Parecería una disculpa, pero las afirmaciones son de calado. ¿En qué materias no es libre un Papa, pese a haberse proclamado infalible hace mucho tiempo? Por ejemplo, se declara impotente para reformar lo que llama "la centralidad de Roma", y también sobre el matrimonio indisoluble, y menos aún sobre la incorporación de la mujer al santuario de la Eucaristía. Ahora lo vuelve a repetir.

Otra cuestión es lo que en el nuevo libro de Seewald se llama la "humanización de la sexualidad". Hace tiempo que los teólogos moralistas reclaman cambios en los métodos de control de la natalidad, sin ser escuchados. Mucho peor: en tiempos del polaco Juan Pablo II, la intransigencia costó a algunos pensadores la execración inmisericorde de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es como se llama ahora el Santo Oficio de la Inquisición. En todo ese tiempo, Ratzinger era el jefe de la policía de la fe. Curiosamente, la doctrina imperante había sido fijada por Pablo VI después del Vaticano II tras una larga discusión entre peritos y obispos llamados a Roma para la ocasión. Juan Pablo II, entonces cardenal Wojtyla, era miembro de la comisión, pero no asistió nunca a los debates.

¿Quién hace caso a los prelados en materia de control de natalidad? No es ocioso repetir la pregunta, porque tiene que ver con el uso de los preservativos como método profiláctico, pero también anticonceptivo. En el mismo paquete de (in)moralidad figuran la píldora normal y la llamada píldora del día siguiente, tachada esta última por la jerarquía como abortiva.

Sin embargo, las cosas no quedaron tan claras en la famosa encíclica de Pablo VI sobre la materia -la Humanae Vitae-. Son cientos los moralistas católicos que llevan décadas debatiendo acerca de la dimensión moral del problema, frente a la doctrina monolítica de la jerarquía sobre los métodos "artifíciales" de control. El propio Vaticano II parecía haberse colocado en la línea aperturista, aceptando el principio de la "paternidad responsable".

El concilio no avanzó en esa idea, que todos los católicos de buena fe entendieron como una aceptación de algunos métodos de control. Cuando Pablo VI zanjó el debate con un cerrojazo, estalló el problema intereclesial más grave del posconcilio.

Fue entonces una de las primeras veces en que millones de católicos comprometidos se preguntaron si el Papa hablaba como "infalible". El conflicto sigue, pero dentro de la Iglesia. Los fieles, en cambio, han tomado el camino de su conciencia. Esta nueva pirueta de Benedicto XVI comprendiendo (¿podría decirse que autorizando?) el uso del preservativo es un ejemplo más de cómo con el Vaticano nunca se sabe. Antes fue la comprensión de la anestesia para el parto sin dolor (liberando la maldición bíblica: "parirás con dolor"); o la aceptación del pararrayos (contra la idea de: "quién es el hombre para parar el rayo de Dios"), y tantos otros cambios. Galileo saltaría de contento.

Revoluciones

Revoluciones /Luis Rubio
Reforma, 21 Nov. 10;

"El futuro, decía la activista ambiental Dana Meadows, es una elección, no un destino". Ahora que conmemoramos el centenario de la Revolución es un buen momento para reflexionar sobre el futuro. Además de reconcentrar el poder, la revolución de hace cien años causó un enorme número de muertes y vino acompañada de la destrucción física de activos productivos, propiedades e infraestructura. Hoy, con el poder desconcentrado una vez más, el gran reto será darle viabilidad al país. Lo que es claro es que ningún país puede ser exitoso si no cuenta con el aval, y sobre todo la confianza, de su población.

La Revolución Mexicana fue la consecuencia del agotamiento del régimen porfiriano y de la inevitable inflexibilidad que acompaña la edad de un solo personaje. Como escribió hace décadas Roger Hansen en su famoso estudio sobre el PRI, el sistema priista resolvió ese problema, en las palabras inolvidables de Cosío Villegas, con una estructura monárquica no hereditable. Pero el sistema priista también se agotó y su caída, aunque sin la destrucción revolucionaria, no resolvió el problema del poder. Hoy el país se encuentra nuevamente a la deriva, sin claridad sobre el futuro o sentido de propósito. Nada es más riesgoso para la estabilidad que un entorno así.

Las revoluciones, decía Jean Francois Revel, "concentran el poder o no sirven para nada". La Revolución de 1910 llevó no sólo a la concentración del poder, sino también a la construcción de un sistema que, mientras funcionó, permitió responder a los retos que el país fue enfrentando. Como todas las revoluciones y regímenes que de ellas emanan, la nuestra arrojó toda una parafernalia de mitos, excesos, abusos e intereses. Pero lo interesante, y ése era el punto que Hansen enfatizaba, es que el éxito del régimen revolucionario fue el mismo que el de Porfirio Díaz: la concentración del poder permitió controlar a un país tan diverso y disperso y con una geografía tan cambiante y susceptible a generar feudos políticos por doquier. Díaz sometió a los poderes regionales exactamente de la misma manera en que lo hizo el general Cárdenas. Lo que ninguno de los dos sistemas logró fue darle permanencia institucional al país.

Un país de nuestras características sólo puede ser gobernado de dos maneras: ya sea concentrando el poder o institucionalizándolo. No es casualidad que el común denominador de las dos eras exitosas fue ése: la concentración del poder. A diferencia del porfiriato, el PRI construyó un sistema de inclusión que utilizaba la corrupción -y la tolerancia a ésta- como mecanismos de control, ambos elementos inherentes al sistema. Lamentablemente, el fin de esa era no vino acompañado del desarrollo de un mecanismo capaz de resolver los asuntos del poder y, en ausencia de instituciones fuertes que lo contengan, su dispersión se ha traducido en una fuente de permanente inestabilidad, violencia y desencuentros entre gobierno federal y los gobernadores.

La extinción de los viejos mecanismos de concentración del poder, y la inexistencia de instituciones que contengan a quienes lo detentan y ejercen, constituye una amenaza para el desarrollo y es un componente fundamental de la parálisis económica. La población desconfía de los políticos porque no ve en ellos capacidad para decidir y actuar y los políticos reflejan la enorme diversidad que caracteriza a la población, lo que les lleva a paralizarse. El problema no es nuevo: lo que sí es distinto hoy es que no existen mecanismos para resolverlo.

Muchos políticos priistas critican a los gobiernos panistas por su incapacidad de actuar y creen que el problema es de personas, razón por la cual, afirman, el día en que ellos lleguen a gobernar, todo será diferente. De la falta de habilidad para la política y los asuntos de gobierno entre muchos panistas es imposible dudar. Sin embargo, es ilusorio pensar que todo depende de las personas. Irónicamente, fue Fox el presidente que creyó que el problema era de moralidad: entra un presidente probo en lugar de los corruptos del PRI y con eso se resuelve todo. Claramente el asunto era un poco más complejo, máxime que su propia elección implicó la dispersión del poder. El punto central es que no se resolvió el problema del poder, del crecimiento ni mucho menos de la moralidad.

La pregunta de antaño, pues, sigue siendo válida: ¿cómo gobernar México? La constitución afirma que la solución es el federalismo y eso, en cierta forma, es lo que la derrota del PRI en 2000 nos endilgó. Sólo que nuestro federalismo no entraña una suma de gobiernos eficientes a nivel local, sino de agandalle permanente por parte de los gobernadores. En lugar de un emperador nacional ahora tenemos una multiplicidad de señores feudales a nivel local. El resultado, como muestra el magro crecimiento de la economía, ha sido patético. Desde una perspectiva liberal, la solución tendría que venir de una ciudadanía activa y pujante, dispuesta a hacer valer sus derechos y convertirse en un contrapeso efectivo frente al poder local. Pero nadie puede decretar la existencia de una ciudadanía militante y responsable y su ausencia entraña el riesgo de que alguien intente reimponer el orden por las buenas o por las malas.

"La revolución, decía Trotsky, es imposible hasta que se torna inevitable". Ése es nuestro riesgo actual: que un mal manejo de gobernantes benignos, o un intento de reconcentración del poder por parte de otros menos benignos, nos lleve a lo mismo: a que desesperación y temor al caos le haga creer al gobernante que todo es materia de voluntad y de decisión personal.

Efectivamente, México es un país extraordinariamente difícil de gobernar, tanto por la diversidad y dispersión como por el desenfado de la población. Como dice mi amiga Claudia Díaz, "lo que jode a los países en buena medida es lo que jode a las personas: la inercia, la rigidez, la incapacidad para lograr alianzas saludables, los contrapesos, los delirios (personales y colectivos)". La pregunta es cómo romper con esa inercia y con esa rigidez. Quizá la respuesta se pueda encontrar en un liderazgo que, como en Brasil, se aboque a construir las instituciones que son indispensables para el desarrollo. El riesgo sin duda es volver a caer en la dictadura.

Un día Robert Pastor le preguntó a un taxista en el DF si habría una nueva revolución. "México, respondió el conductor, ya tuvo una y ésa nos enseñó que las revoluciones no mejoran la vida de nadie". Ahora que estamos conmemorando deberíamos concentrarnos en lo que nos falta: instituciones sólidas que encaucen a los políticos y limiten el poder de los intereses particulares pero que a la vez permitan gobernar.

www.cidac.org

Militares

Columna Plaza Pública
Militarismo a 100 años de la Revolución
Miguel Ángel Granados Chapa
Reforma, 21 Nov. 10;

El presidente Felipe Calderón se ha atenido a una estrecha relación con el poder militar, que si bien depende de él como comandante supremo, impone también sus reglas y visiones de la vida nacional

La revolución maderista de 1910 triunfó en mayo siguiente al derrotar al Ejército federal en Ciudad Juárez, que un siglo después ha vuelto al dominio militar, de regreso las tropas al intento de hacer que impere la seguridad. Esa misma revolución maderista, cuyo centenario se recordó ayer, fue derrotada por un cuartelazo, encabezado por un general traidor, después de que otros altos jefes militares (Bernardo Reyes a la cabeza) se habían rebelado contra las instituciones.

Esa revolución, por ende, incluyó el combate a la dominación castrense, que tuvo que ser disminuida por el propio proceso revolucionario. Y sin embargo, su primer siglo se ha festejado con signos de militarización, reforzados los que este gobierno ha instaurado desde su comienzo en diciembre de 2006. Falto de apoyo político propio -ha dependido del que le otorga el PRI- y con su legitimidad cuestionada, el presidente Felipe Calderón se ha atenido a una estrecha relación con el poder militar, que si bien depende de él como comandante supremo, impone también sus reglas y visiones de la vida nacional.

Ayer mismo, el tradicional desfile deportivo fue sustituido por uno de carácter castrense, y postergado para el próximo sábado. Desde hace décadas había quedado establecido que el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina se mostraran en las calles de la Ciudad de México y las principales ciudades el 16 de Septiembre, y que el 20 de Noviembre esos espacios fueran ocupados por deportistas. Este año, en cambio, hubo dos desfiles militares, amén de otros festivales del mismo carácter. Es el signo de los tiempos. Se trata de mostrar a los ciudadanos comunes el poderío de las Fuerzas Armadas, para mantener la buena imagen que la población tiene de ellas, constante a pesar de las innumerables infracciones a la ley y las ya no escasas violaciones a los derechos humanos que no pocos de sus miembros cometen en sus dudosas funciones de seguridad pública.

En la misma línea, apenas este jueves el Ejecutivo presentó al Senado una iniciativa para militarizar al Ejército, si cabe la expresión. Se trata de un proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Ejército y de la Fuerza Aérea, y a la ley de ascensos y recompensas de ambos agrupamientos, cuyo propósito es que el secretario de la Defensa Nacional -no el Presidente, sino el militar de más alta graduación- disponga del personal que presta servicios administrativos y profesionales para integrarlos al combate al crimen organizado. Actualmente, el 40 por ciento de los poco más de 200 mil efectivos que dependen de la Sedena se dedica a labores de administración (intendencia se les llama en el habla militar) y a tareas profesionales: son médicos e ingenieros principalmente, así como técnicos en diversas ramas, formados en establecimientos militares pero sólo en las disciplinas de su especialidad y no propiamente en el uso de armas. El mecanismo que se busca agilizar mediante la reforma es la reclasificación, es decir la adscripción de los miembros del Ejército y la Fuerza Aérea a un servicio o arma distintos del originario. (Armas se llama en términos militares no sólo a los instrumentos de ataque y defensa en cuyo manejo se busca que sean expertos, sino a las ramas en que se divide la corporación; son tres: infantería, caballería y artillería.)

Aunque se trata de una medición gubernamental, hecha por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, son de tener en cuenta los datos que arroja la Séptima Encuesta Nacional sobre Inseguridad. La Marina fue calificada con 8.3 en la escala de uno a 10, y goza de la confianza de 55 por ciento de los entrevistados, si bien una proporción mucho menor, 43.3 por ciento reconoce eficacia en su desempeño. El Ejército, a su vez, está levemente por debajo de esos indicadores: tiene una calificación de 8.1, la confianza de 52.5 y aprobación por su desempeño de 41.1 por ciento. (La Policía Federal, sin embargo, que en buena medida ha sido hija de las instituciones castrenses, y cuya madurez permitiría el regreso de los militares y marinos a sus cuarteles, está muy mal situada ante la opinión pública: su calificación es apenas aprobatoria: 6.8 por ciento, confía en ella sólo una cuarta parte de la población encuestada (24.6 por ciento) y sólo el 15.1 por ciento tiene por eficiente su desempeño.

La imagen militar palidece en los sitios donde se instalan militares en funciones de seguridad pública: apenas el viernes 12 acamparon 200 efectivos militares en el municipio guerrerense de Heliodoro Castillo, y ya menudean las denuncias en su contra: "a un vecino le quitaron 20 mil pesos y a otro las alhajas de su esposa. Toda la gente se siente aterrorizada por la intempestiva llegada de los militares, que patrullan apuntando sus armas a los residentes y en las casas que señala su aparato detector tumban las puertas para efectuar revisiones", dicen denunciantes la comisión estatal de derechos humanos y aun ante el mando de la XXXV Zona Militar (La Jornada, 16 de noviembre).

El domingo 14, según reportó al día siguiente la Secretaría de la Defensa Nacional, "dos civiles fallecen al intentar evadir un puesto de control de un grupo de operación mixto". La comandancia de la XXX Zona Militar informó que a la una de la mañana del domingo "en un puesto de control de en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, establecido por el Grupo de Operación Mixta Tabasco, se le marcó el alto a una camioneta marca Ford Expedition, con placas de circulación WPD 8248 del estado de Tabasco, con dos civiles a bordo, quienes intentaron evadir el citado puesto de control, por lo que personal de la Secretaría de Marina / Armada de México integrante del citado grupo accionó sus armas de fuego, falleciendo en el lugar de los hechos los dos tripulantes del vehículo civil, quie- nes fueron identifica- dos como Víctor Manuel Chan Javier, de 21 años de edad, (y) Ramón Pérez Román, de 23 años de edad.

"En el interior del vehículo se aseguró una pistola escuadra cal. 380 mm, un cargador para la citada pistola, dos cartuchos útiles del mismo calibre y un casquillo percutido cal. 380 mm". Como ha ocurrido en episodios similares en Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas, la versión militar parece no corresponder a los hechos. A pedido de la Procuraduría de justicia de Tabasco, la General de la República atrajo ya la averiguación del caso y tiene a su disposición a los 14 miembros de corporaciones estatales presentes en la operación (seis agentes ministeriales, seis de seguridad estatal, dos policías de caminos locales). No ocurre lo mismo con los 10 miembros del Ejército, siete de la Marina y dos de la Policía Federal. Es que los deudos de las víctimas sostienen que sus hijos no estaban armados y se dedicaban al comercio legítimo. El gobernador Andrés Granier avaló esos dichos, asegurando que los muchachos asesinados pertenecían a "familias honorables".

En casos semejantes el Ejército ha montado escenarios para esconder la atrabiliaria acción de algunos de sus miembros y, cuando admite que se cometieron delitos, consigue que el ministerio público militar lleve ante la justicia castrense a los presuntos responsables, aunque las víctimas sean civiles. Por ello, y para impedir la impunidad de los uniformados que delinquen, avanza una corriente humanitaria, de organismos mexicanos y extranjeros, para que la justicia civil procese a los militares en esos trances. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido ya dos sentencias contra el Estado mexicano por acciones de ese género, pero el gobierno de Calderón se mostró parco en el cumplimiento de la reforma legal a que lo insta el fallo de la justicia internacional, y que está congelada en el Senado.

Digamos, en fin, que la estructura de mando de la Sedena está en manos de un grupo ejemplificado en el ahora general de división Augusto Moisés García Ochoa, cuyo ascenso al máximo rango fue anunciado este jueves. Dirigió el Centro de Inteligencia Antinarcóticos nacional, dependiente del secretario Enrique Cervantes Aguirre; fue secretario particular del secretario Clemente Ricardo Vega García y es director general de administración (la poderosa oficina que controla las adquisiciones), bajo el general Guillermo Galván, quien gestionó con diputados 13 mil millones de pesos para integrar 18 nuevos batallones de infantería, aunque a última hora los rechazó.