Boletín de Prensa No. 067/2007
México, D.F., a 12 de agosto de 2007En cumplimiento con el compromiso frente a la transparencia y a la rendición de cuentas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) informa en torno al estado que guarda la denuncia de hechos sobre posibles irregularidades cometidas durante el proceso de búsqueda de un inmueble para albergar diversas oficinas administrativas y la Sala Regional correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal.
Con fecha 6 de julio de 2007 se presentó ante el entonces presidente del TEPJF una denuncia en la que se le hizo del conocimiento la comisión de posibles actos de corrupción durante la búsqueda del inmueble de referencia.
El Dr. Flavio Galván remitió, en la misma fecha, a la Contraloría Interna del TEPJF dicha denuncia a efecto de que procediera como en derecho corresponde, la cual inició el procedimiento administrativo procedente.
El referido procedimiento consiste en citar al servidor público al que se le imputa la irregularidad, con el fin de que tenga conocimiento de la denuncia, manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas que considere pertinentes en su descargo. Así mismo, se practican todas las diligencias procedentes, tales como testimoniales, comparecencias, dictámenes periciales y demás, a fin de integrar el expediente relacionado con la presunta irregularidad imputada. Es pertinente apuntar, que en esta etapa del procedimiento se encuentra la denuncia en comento.
Agotado lo anterior, la Contraloría elaborará el proyecto de resolución en donde se determinara sobre si existe o no responsabilidad del servidor público sujeto al procedimiento en cuestión, así como, en su caso, sobre la determinación y aplicación de sanciones, el cual será sometido a la decisión final de la Comisión de Administración.
Es importante precisar que dicha Comisión se encuentra conformada por la Magistrada Presidenta María del Carmen Alanis Figueroa, quien también preside dicho órgano, y el Magistrado Constancio Carrasco Daza, así como con tres Consejeros de la Judicatura Federal.
En esa virtud, ambos Magistrados de la Sala Superior que conforman la Comisión de Administración, participarán en la resolución respecto de los hechos bajo investigación y sobre la existencia o no de responsabilidad del servidor público involucrado, lo cual también los obliga a guardar el sigilo, la reserva y, en su caso, la confidencialidad que las leyes determinan y el procedimiento amerita; además de la objetividad e imparcialidad connaturales a su encargo.
Cabe señalar que, eventualmente, este asunto podría llegar al conocimiento de la Sala Superior (en caso de destitución e inhabilitación y si el funcionario apela la resolución de la Comisión), la cual lo resolverá en definitiva, por lo que de igual manera, sus siete integrantes deberán observar la misma actitud de imparcialidad y objetividad. Consecuentemente, también se encuentran impedidos para formular cualquier pronunciamiento o comentario previo a su resolución.
Por último, el TEPJF mantendrá informada a la opinión pública sobre este asunto, según lo permita el artículo 14 fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. (Fin del comunicado).
México, D.F., a 12 de agosto de 2007En cumplimiento con el compromiso frente a la transparencia y a la rendición de cuentas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) informa en torno al estado que guarda la denuncia de hechos sobre posibles irregularidades cometidas durante el proceso de búsqueda de un inmueble para albergar diversas oficinas administrativas y la Sala Regional correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal.
Con fecha 6 de julio de 2007 se presentó ante el entonces presidente del TEPJF una denuncia en la que se le hizo del conocimiento la comisión de posibles actos de corrupción durante la búsqueda del inmueble de referencia.
El Dr. Flavio Galván remitió, en la misma fecha, a la Contraloría Interna del TEPJF dicha denuncia a efecto de que procediera como en derecho corresponde, la cual inició el procedimiento administrativo procedente.
El referido procedimiento consiste en citar al servidor público al que se le imputa la irregularidad, con el fin de que tenga conocimiento de la denuncia, manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas que considere pertinentes en su descargo. Así mismo, se practican todas las diligencias procedentes, tales como testimoniales, comparecencias, dictámenes periciales y demás, a fin de integrar el expediente relacionado con la presunta irregularidad imputada. Es pertinente apuntar, que en esta etapa del procedimiento se encuentra la denuncia en comento.
Agotado lo anterior, la Contraloría elaborará el proyecto de resolución en donde se determinara sobre si existe o no responsabilidad del servidor público sujeto al procedimiento en cuestión, así como, en su caso, sobre la determinación y aplicación de sanciones, el cual será sometido a la decisión final de la Comisión de Administración.
Es importante precisar que dicha Comisión se encuentra conformada por la Magistrada Presidenta María del Carmen Alanis Figueroa, quien también preside dicho órgano, y el Magistrado Constancio Carrasco Daza, así como con tres Consejeros de la Judicatura Federal.
En esa virtud, ambos Magistrados de la Sala Superior que conforman la Comisión de Administración, participarán en la resolución respecto de los hechos bajo investigación y sobre la existencia o no de responsabilidad del servidor público involucrado, lo cual también los obliga a guardar el sigilo, la reserva y, en su caso, la confidencialidad que las leyes determinan y el procedimiento amerita; además de la objetividad e imparcialidad connaturales a su encargo.
Cabe señalar que, eventualmente, este asunto podría llegar al conocimiento de la Sala Superior (en caso de destitución e inhabilitación y si el funcionario apela la resolución de la Comisión), la cual lo resolverá en definitiva, por lo que de igual manera, sus siete integrantes deberán observar la misma actitud de imparcialidad y objetividad. Consecuentemente, también se encuentran impedidos para formular cualquier pronunciamiento o comentario previo a su resolución.
Por último, el TEPJF mantendrá informada a la opinión pública sobre este asunto, según lo permita el artículo 14 fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. (Fin del comunicado).
Este domingo el periódico FRancisco Reséndiz de El Universal, publica la siguient nota:
Difunden acta de sucesión en TEPJF pero sin detallesEl relevo en la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estuvo marcado por al menos ocho horas de vacío informativo, de un viaje apresurado de dos magistrados y de una sesión privada de 80 minutos que, aparentemente, fue un mero trámite
Francisco Reséndiz
El Universal, Domingo 12 de agosto de 2007
El relevo en la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estuvo marcado por al menos ocho horas de vacío informativo, de un viaje apresurado de dos magistrados y de una sesión privada de 80 minutos que, aparentemente, fue un mero trámite.
De acuerdo con el acta de la sesión privada de la Sala Superior del órgano jurisdiccional, realizada el pasado 6 de agosto, el magistrado Flavio Galván Rivera presentó su renuncia como presidente del Tribunal a las 12:30 horas de ese día y al final hubo un reemplazo terso; su lugar lo tomó María del Carmen Alanís. Se dijo que la renuncia fue aceptada por unanimidad.
Sin embargo, el documento no da detalles del debate ni precisa si se trataron más asuntos en esa sesión privada; tampoco especifica los argumentos de salud que esgrimió Galván para dimitir el cargo, ni hace referencia a la administración del tribunal, y menos a Norma Inés Aguilar León, coordinadora de asesores de la presidencia del tribunal que actualmente está siendo investigada por presuntos actos de corrupción.
Así, ocho horas después de que la Secretaría General de Acuerdos recibiera la dimisión de Galván, se llamó al cónclave donde estuvieron sólo los siete magistrados y la secretaria general de Acuerdos del propio tribunal, Silvia Gabriela Ortiz Rascón.
Para ese momento, según el documento que el Tribunal Electoral colocó anoche en la página electrónica, se llamó a todos los magistrados a la reunión que inició a las 20:30 horas, en particular a los magistrados Constancio Carrasco Daza y Salvador Olimpo Nava Gomar, que estaban de vacaciones.
Sobre la renuncia “con carácter de irrevocable”, el acta de la sesión apunta:
“Lo anterior (la renuncia) como lo expresa en el documento que presenta, debido a que su estado de salud actual requiere de tratamiento médico, lo que le impide hacer frente a las tareas que le impone la alta responsabilidad que le fue conferida como presidente de este órgano jurisdiccional”.
El documento afirma que los integrantes de la Sala Superior reconocieron la labor de Galván Rivera y que el magistrado Carrasco Daza propuso que se procediera a la elección de un nuevo presidente, y “previo intercambio de opiniones” se decidió que cada quien votara de manera abierta, se sortearon los turnos y, según el acta, por unanimidad eligieron a Alanís Figueroa.
Alanís Figueroa aceptó la designación y supuestamente hizo un reconocimiento al trabajo de Galván Rivera, habría dado un discurso en el que diría en resumen que trabajaría para garantizar en todo momento el cumplimiento de los principios rectores en materia electoral.
Se ordenó a la Secretaria General de Acuerdos difundir el cambio a los demás poderes federales y locales, y publicar el cambio en el Diario Oficial de la Federación. La sesión concluyó a las 2:50 horas de ese mismo día.
Francisco Reséndiz
El Universal, Domingo 12 de agosto de 2007
El relevo en la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estuvo marcado por al menos ocho horas de vacío informativo, de un viaje apresurado de dos magistrados y de una sesión privada de 80 minutos que, aparentemente, fue un mero trámite.
De acuerdo con el acta de la sesión privada de la Sala Superior del órgano jurisdiccional, realizada el pasado 6 de agosto, el magistrado Flavio Galván Rivera presentó su renuncia como presidente del Tribunal a las 12:30 horas de ese día y al final hubo un reemplazo terso; su lugar lo tomó María del Carmen Alanís. Se dijo que la renuncia fue aceptada por unanimidad.
Sin embargo, el documento no da detalles del debate ni precisa si se trataron más asuntos en esa sesión privada; tampoco especifica los argumentos de salud que esgrimió Galván para dimitir el cargo, ni hace referencia a la administración del tribunal, y menos a Norma Inés Aguilar León, coordinadora de asesores de la presidencia del tribunal que actualmente está siendo investigada por presuntos actos de corrupción.
Así, ocho horas después de que la Secretaría General de Acuerdos recibiera la dimisión de Galván, se llamó al cónclave donde estuvieron sólo los siete magistrados y la secretaria general de Acuerdos del propio tribunal, Silvia Gabriela Ortiz Rascón.
Para ese momento, según el documento que el Tribunal Electoral colocó anoche en la página electrónica, se llamó a todos los magistrados a la reunión que inició a las 20:30 horas, en particular a los magistrados Constancio Carrasco Daza y Salvador Olimpo Nava Gomar, que estaban de vacaciones.
Sobre la renuncia “con carácter de irrevocable”, el acta de la sesión apunta:
“Lo anterior (la renuncia) como lo expresa en el documento que presenta, debido a que su estado de salud actual requiere de tratamiento médico, lo que le impide hacer frente a las tareas que le impone la alta responsabilidad que le fue conferida como presidente de este órgano jurisdiccional”.
El documento afirma que los integrantes de la Sala Superior reconocieron la labor de Galván Rivera y que el magistrado Carrasco Daza propuso que se procediera a la elección de un nuevo presidente, y “previo intercambio de opiniones” se decidió que cada quien votara de manera abierta, se sortearon los turnos y, según el acta, por unanimidad eligieron a Alanís Figueroa.
Alanís Figueroa aceptó la designación y supuestamente hizo un reconocimiento al trabajo de Galván Rivera, habría dado un discurso en el que diría en resumen que trabajaría para garantizar en todo momento el cumplimiento de los principios rectores en materia electoral.
Se ordenó a la Secretaria General de Acuerdos difundir el cambio a los demás poderes federales y locales, y publicar el cambio en el Diario Oficial de la Federación. La sesión concluyó a las 2:50 horas de ese mismo día.
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