- Kouchner, Total y Birmania/Nicole Muchnik, pintora y escritora
Publicado en EL PAÍS, 29/09/2007;
Nicolas Sarkozy acaba de exigir de las empresas francesas, y particularmente de Total, que no inviertan más en Myanmar, una decisión tardía, pero bienvenida. Sin embargo, falta todavía una aclaración sobre el papel del actual ministro francés de Exteriores, Bernard Kouchner, responsable de un informe del año 2003 pagado por Total sobre la explotación del sitio Yadana y la instalación de un oleoducto.
Rangún, Myanmar, 1990. La Liga Nacional para la Democracia, dirigida por Aung San Suu Kyi, obtiene el 85% de los votos en las elecciones organizadas por la Junta Militar en el poder. Pero la Asamblea Nacional surgida de las urnas nunca se reunirá. Sigue una campaña de arrestos masivos, torturas y represión con el objetivo, entre otros, de exterminar a los rebeldes karens del centro del país. A partir de esa fecha la dirigente Suu Kyi, premio Nobel de la Paz, estará casi siempre detenida, ya sea en la cárcel o bien en su domicilio. Otros cuarenta diputados fueron encarcelados; 150 debieron exiliarse.
Asimismo, 1990 es el año en que la compañía petrolera francesa Total responde a una oferta de prospección del sitio off-shore Yadana. Dos años más tarde se firma un contrato de explotación entre Total y la compañía birmana Myanmar, al que se unen en 1995 la americana Unocal y la tailandesa PTTEP. La inversión de Total está garantizada por el Gobierno francés hasta una suma de 6 millones de euros. Una cláusula del contrato establecido por Total prevé la protección de la zona y en particular del oleoducto por parte del Ejército birmano, que se aprovecha de ello para intensificar la represión en contra de los karens, cuya guerrilla causa problemas al norte del sitio Yadana.
Ahora bien, una de las características del régimen birmano es la utilización del trabajo forzado bajo la vigilancia del Ejército. El trabajo forzado impuesto a aldeas enteras no nació con la prospección petrolera, pero ¿lo aprovechó Total para acondicionar el sitio de prospección y construir el oleoducto? Un informe de la Organización Internacional del Trabajo, fechado en julio de 1998, describe “la impunidad con que los funcionarios del Gobierno y sobre todo los militares tratan a la población civil como una inmensa fuente ya sea de trabajadores forzados no remunerados o de servidores a su disposición, elemento propio de un sistema político basado en la fuerza y la intimidación”. Se revela que el mejor modo que tienen los militares de enrolar a los trabajadores consiste en la destrucción de aldeas, sobre todo en la zona que rodea el futuro pipeline de Total.
Total siempre ha negado haberse beneficiado del trabajo forzado: sus 2.500 trabajadores, asegura, son “adultos, voluntarios y están remunerados”. Por lo demás, siempre según la versión de Total, no existe ningún contrato entre la compañía y el Ejército birmano. En cambio, Total habría creado los Comités de Aldea, mejorado considerablemente la situación médica y social de la región y, como consecuencia, reducido la mortalidad infantil; asimismo habría asegurado la vacunación, disminuyendo las cifras de paludismo y tuberculosis, y también habría logrado un mejor diagnóstico del sida.
Birmania carece de industrialización y la población budista se conforma, en su mayoría, con una sencilla vida rural. Las universidades, cerradas en 1988, fueron reabiertas entre 1995 y 1996 y vueltas a cerrar. Sólo el 27% de los niños termina la escuela primaria. El resto, o son demasiado pobres o acaban reclutados para trabajos forzados. A partir de los trece o catorce años son enrolados a la fuerza en el Ejército como soldados o trabajadores, generalmente en estado de desnutrición. Hay pocos médicos y, sobre todo, muy pocos medicamentos, como deja claro el hecho de que la sistemática reutilización de jeringuillas haya ocasionado la propagación del sida. Hay que añadir que Birmania es el primer productor de heroína en el mundo, y que una pequeña parte de la droga es consumida in situ. Entre 1 y 2 millones de birmanos están refugiados en Tailandia sin que les sea reconocido el estatuto de refugiados.
No nos sorprenderá que, por razones éticas, la mayoría de los inversores extranjeros haya abandonado Birmania en los últimos años. Entre ellos -y no hablamos de altermundistas-, podemos mencionar a British American Tobacco, Texaco, Pepsi Cola, Levi-Strauss, Coca Cola, Ericsson, Accor, PriceWaterhouse-Coopers, Motorola, Philips, Apple, Heineken, Carlsberg, Reebok, Shell… También durante esta década, Suu Kyi ha solicitado en varias ocasiones a la comunidad internacional evitar las inversiones y el turismo, cuyo “beneficio va exclusivamente a la junta militar y sus protegidos”. En el transcurso de los últimos doce años, los efectivos del Ejército birmano pasaron de 250.000 a 400.000, dedicándose a una represión interna que usa los “crímenes contra la humanidad” denunciados en el último informe de la ONU.
El que Total haya decidido durante todo este tiempo seguir en Birmania es, desde luego, un escándalo ético en sí. Y aún lo es más el que esta política haya sido apoyada, en diciembre de 2003, por un notable informe acerca de la situación en la sociedad birmana de Bernard Kouchner, el actual ministro francés de Exteriores, y ex ministro de Sanidad, fundador de Médicos Sin Fronteras y el good french doctor que “inventó” el derecho de injerencia humanitaria.
Realizado en tres días de encuestas, y sin incluir consulta alguna a los opositores al régimen militar ni a cualquiera de las numerosas asociaciones por la democracia y el respeto a los derechos humanos en Birmania, el informe de Kouchner, por el que Total pagó 25.000 francos (3.800 euros), intentó justificar la presencia de la empresa francesa en ese país y limpiar su actuación. Según su autor, “la práctica del trabajo forzado disminuyó en la zona del pipeline, aunque es imposible afirmar que haya desaparecido por completo”. No obstante, Total, según Kouchner, jamás había utilizado el trabajo forzado, y en cambio había velado por la salud de la población. Asimismo, el informe señaló que la acusación de trabajos forzados de los niños era falsa ya que “los niños no tienen fuerza suficiente para levantar tubos de oleoducto”.
Es cierto, reconocía Kouchner, que Total nunca había condenado pública y enérgicamente al régimen birmano, pero el hoy ministro de Exteriores de Sarkozy sostenía que si la empresa francesa no aprovechaba esa oportunidad en Birmania, otras compañías tomarían su lugar. Juez y parte, Bernard Kouchner, para el que también “les affaires” (los negocios) son “les affaires”.
Rangún, Myanmar, 1990. La Liga Nacional para la Democracia, dirigida por Aung San Suu Kyi, obtiene el 85% de los votos en las elecciones organizadas por la Junta Militar en el poder. Pero la Asamblea Nacional surgida de las urnas nunca se reunirá. Sigue una campaña de arrestos masivos, torturas y represión con el objetivo, entre otros, de exterminar a los rebeldes karens del centro del país. A partir de esa fecha la dirigente Suu Kyi, premio Nobel de la Paz, estará casi siempre detenida, ya sea en la cárcel o bien en su domicilio. Otros cuarenta diputados fueron encarcelados; 150 debieron exiliarse.
Asimismo, 1990 es el año en que la compañía petrolera francesa Total responde a una oferta de prospección del sitio off-shore Yadana. Dos años más tarde se firma un contrato de explotación entre Total y la compañía birmana Myanmar, al que se unen en 1995 la americana Unocal y la tailandesa PTTEP. La inversión de Total está garantizada por el Gobierno francés hasta una suma de 6 millones de euros. Una cláusula del contrato establecido por Total prevé la protección de la zona y en particular del oleoducto por parte del Ejército birmano, que se aprovecha de ello para intensificar la represión en contra de los karens, cuya guerrilla causa problemas al norte del sitio Yadana.
Ahora bien, una de las características del régimen birmano es la utilización del trabajo forzado bajo la vigilancia del Ejército. El trabajo forzado impuesto a aldeas enteras no nació con la prospección petrolera, pero ¿lo aprovechó Total para acondicionar el sitio de prospección y construir el oleoducto? Un informe de la Organización Internacional del Trabajo, fechado en julio de 1998, describe “la impunidad con que los funcionarios del Gobierno y sobre todo los militares tratan a la población civil como una inmensa fuente ya sea de trabajadores forzados no remunerados o de servidores a su disposición, elemento propio de un sistema político basado en la fuerza y la intimidación”. Se revela que el mejor modo que tienen los militares de enrolar a los trabajadores consiste en la destrucción de aldeas, sobre todo en la zona que rodea el futuro pipeline de Total.
Total siempre ha negado haberse beneficiado del trabajo forzado: sus 2.500 trabajadores, asegura, son “adultos, voluntarios y están remunerados”. Por lo demás, siempre según la versión de Total, no existe ningún contrato entre la compañía y el Ejército birmano. En cambio, Total habría creado los Comités de Aldea, mejorado considerablemente la situación médica y social de la región y, como consecuencia, reducido la mortalidad infantil; asimismo habría asegurado la vacunación, disminuyendo las cifras de paludismo y tuberculosis, y también habría logrado un mejor diagnóstico del sida.
Birmania carece de industrialización y la población budista se conforma, en su mayoría, con una sencilla vida rural. Las universidades, cerradas en 1988, fueron reabiertas entre 1995 y 1996 y vueltas a cerrar. Sólo el 27% de los niños termina la escuela primaria. El resto, o son demasiado pobres o acaban reclutados para trabajos forzados. A partir de los trece o catorce años son enrolados a la fuerza en el Ejército como soldados o trabajadores, generalmente en estado de desnutrición. Hay pocos médicos y, sobre todo, muy pocos medicamentos, como deja claro el hecho de que la sistemática reutilización de jeringuillas haya ocasionado la propagación del sida. Hay que añadir que Birmania es el primer productor de heroína en el mundo, y que una pequeña parte de la droga es consumida in situ. Entre 1 y 2 millones de birmanos están refugiados en Tailandia sin que les sea reconocido el estatuto de refugiados.
No nos sorprenderá que, por razones éticas, la mayoría de los inversores extranjeros haya abandonado Birmania en los últimos años. Entre ellos -y no hablamos de altermundistas-, podemos mencionar a British American Tobacco, Texaco, Pepsi Cola, Levi-Strauss, Coca Cola, Ericsson, Accor, PriceWaterhouse-Coopers, Motorola, Philips, Apple, Heineken, Carlsberg, Reebok, Shell… También durante esta década, Suu Kyi ha solicitado en varias ocasiones a la comunidad internacional evitar las inversiones y el turismo, cuyo “beneficio va exclusivamente a la junta militar y sus protegidos”. En el transcurso de los últimos doce años, los efectivos del Ejército birmano pasaron de 250.000 a 400.000, dedicándose a una represión interna que usa los “crímenes contra la humanidad” denunciados en el último informe de la ONU.
El que Total haya decidido durante todo este tiempo seguir en Birmania es, desde luego, un escándalo ético en sí. Y aún lo es más el que esta política haya sido apoyada, en diciembre de 2003, por un notable informe acerca de la situación en la sociedad birmana de Bernard Kouchner, el actual ministro francés de Exteriores, y ex ministro de Sanidad, fundador de Médicos Sin Fronteras y el good french doctor que “inventó” el derecho de injerencia humanitaria.
Realizado en tres días de encuestas, y sin incluir consulta alguna a los opositores al régimen militar ni a cualquiera de las numerosas asociaciones por la democracia y el respeto a los derechos humanos en Birmania, el informe de Kouchner, por el que Total pagó 25.000 francos (3.800 euros), intentó justificar la presencia de la empresa francesa en ese país y limpiar su actuación. Según su autor, “la práctica del trabajo forzado disminuyó en la zona del pipeline, aunque es imposible afirmar que haya desaparecido por completo”. No obstante, Total, según Kouchner, jamás había utilizado el trabajo forzado, y en cambio había velado por la salud de la población. Asimismo, el informe señaló que la acusación de trabajos forzados de los niños era falsa ya que “los niños no tienen fuerza suficiente para levantar tubos de oleoducto”.
Es cierto, reconocía Kouchner, que Total nunca había condenado pública y enérgicamente al régimen birmano, pero el hoy ministro de Exteriores de Sarkozy sostenía que si la empresa francesa no aprovechaba esa oportunidad en Birmania, otras compañías tomarían su lugar. Juez y parte, Bernard Kouchner, para el que también “les affaires” (los negocios) son “les affaires”.
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