El gobierno iraní informó hoy que presentará cargos criminales contra empleados de la empresa de seguridad estadunidense Blackwater, por la muerte de ciudadanos iraquíes en un tiroteo en Bagdad la semana pasada.
Al menos 20 civiles fueron asesinados por personal de la empresa, cuando custodiaban un convoy donde viajaban diplomáticos estadunidenses.
Varios medios señalan que hay pruebas y testimonios de que agentes de Blackwater inició el tiroteo contra civiles sin ninguna aparente justificación.
Entre la pruebas está un vídeo grabado por la policía, que ya está en manos del Ministerio del Interior y en el que se ve detalles de la agresión e imágenes de las víctimas, quienes se observa con claridad que son civiles
Blackwater, es una de las tres firmas privadas estadounidenses contratadas por el Departamento de Estado norteamericano en Irak.
Al menos 20 civiles fueron asesinados por personal de la empresa, cuando custodiaban un convoy donde viajaban diplomáticos estadunidenses.
Varios medios señalan que hay pruebas y testimonios de que agentes de Blackwater inició el tiroteo contra civiles sin ninguna aparente justificación.
Entre la pruebas está un vídeo grabado por la policía, que ya está en manos del Ministerio del Interior y en el que se ve detalles de la agresión e imágenes de las víctimas, quienes se observa con claridad que son civiles
Blackwater, es una de las tres firmas privadas estadounidenses contratadas por el Departamento de Estado norteamericano en Irak.
Bagdad ha anunciado ya su intención de modificar la legislación decretada por la administración estadounidense de ocupación, aún vigente, que exime de la jurisdicción penal iraquí a los empleados de las empresas privadas de seguridad norteamericanas.
Por otro lado, la fiscalía de Carolina del Norte investiga a empleados de Blackwater por su presunta implicación en el desvío clandestino de armas al mercado negro en Irak, que podrían haber terminado en manos de alguna de las organizaciones calificadas como “terroristas”, según ha informado ayer el periódico norteamericano The News & Observer.
Por otro lado, la fiscalía de Carolina del Norte investiga a empleados de Blackwater por su presunta implicación en el desvío clandestino de armas al mercado negro en Irak, que podrían haber terminado en manos de alguna de las organizaciones calificadas como “terroristas”, según ha informado ayer el periódico norteamericano The News & Observer.
Según publica la prensa estadounidense, la investigación en Carolina del Norte tiene relación con las denuncias del gobierno de Turquía, que intervino a guerrilleros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) armamento supuestamente perteneciente a la compañía norteamericana. Además de armas los fiscales investigan el envío a Irak sin autorización de visores nocturnos y otros artículos militares
La investigación de The News & Observer está sustentada en las confesiones judiciales de dos ex trabajadores de la empresa, quienes se declararon culpables de los cargos por armas y cooperan con las pesquisas federales.
Apoyada por los departamentos de Defensa y de Estado, la oficina de la Procuraduría Federal en Raleigh, Carolina del Norte, ha llegado a la conclusión de que existen suficientes evidencias para levantar cargos judiciales contra Blackwater por tráfico de armas.
Apoyada por los departamentos de Defensa y de Estado, la oficina de la Procuraduría Federal en Raleigh, Carolina del Norte, ha llegado a la conclusión de que existen suficientes evidencias para levantar cargos judiciales contra Blackwater por tráfico de armas.
Según el departamento de documentación del Congreso de Estados Unidos, unos 2,500 guardias de seguridad y escoltas privados trabajan en Irak sólo para el Departamento de Estado norteamericano.
Blackwater emplea en Irak 987 agentes privados para los cometidos asignados por el Departamento de Estado de EEUU, reclutados entre ex miembros de los cuerpos de elite de las Fuerzas Armadas norteamericanas, y de los cuales 744 son estadounidenses.
Blackwater emplea en Irak 987 agentes privados para los cometidos asignados por el Departamento de Estado de EEUU, reclutados entre ex miembros de los cuerpos de elite de las Fuerzas Armadas norteamericanas, y de los cuales 744 son estadounidenses.
Guerra privatizada
Publicado en El País, 23/09/2007;
La suspensión temporal decretada por el Gobierno iraquí de las actividades de la empresa de seguridad estadounidense Blackwater, que protege a los diplomáticos de Estados Unidos, supone un severo revés para la estrategia de Washington en Irak. Sin estos mercenarios, de los que puede haber hasta unos 50.000 en dicho país, Estados Unidos no podría seguir adelante con un conflicto en el que combaten 160.000 soldados profesionales, a menudo desmoralizados al ver que los contratados cobran hasta 1.000 dólares al día, mucho más de lo que ellos perciben.
La decisión del Gobierno iraquí llega después de un enfrentamiento entre un grupo de insurgentes y hombres de Blackwater que protegían el traslado de un destacamento diplomático norteamericano. Blackwater mandó refuerzos, incluidos helicópteros, que causaron la muerte de al menos 11 civiles iraquíes. No fue el primer incidente de este tipo. Estas fuerzas operan al margen de la ley, porque Estados Unidos tuvo buen cuidado de dotarles de inmunidad ante la justicia local cuando entregó el poder a un Gobierno iraquí. Los soldados regulares, por el contrario, están sometidos al derecho internacional de guerra. La Administración estadounidense impone unas normas militares propias a estas empresas, pero Blackwater fue contratada por el Departamento de Estado y no por el Pentágono, lo que le permitió eludirlas.
Pese a todo, sobre Blackwater pesa una amenaza mucho mayor. La Fiscalía de Carolina del Norte, donde tiene su sede dicha compañía de seguridad, investiga el envío a Irak sin autorización de armamento ligero que ha podido caer en manos de la insurgencia. De otro lado, hay una divergencia indiscutible entre Bagdad y la Embajada norteamericana, puesto que mientras que la segunda parece que va a esperar a que concluya la investigación del Gobierno iraquí sobre Blackwater antes de decidir si prescinde o no de sus servicios, el poder formal iraquí podría pedir hasta la rescisión de la orden que hace inmunes e impunes a los mercenarios. La suspensión, en cualquier caso, puede abrir la vía a la retirada de otras empresas o a más ataques de los insurgentes, que han puesto al descubierto un flanco débil, Es urgente dar marcha atrás y regular a la baja y a escala internacional este nuevo mercenariado que privatiza la guerra.
Publicado en El País, 23/09/2007;
La suspensión temporal decretada por el Gobierno iraquí de las actividades de la empresa de seguridad estadounidense Blackwater, que protege a los diplomáticos de Estados Unidos, supone un severo revés para la estrategia de Washington en Irak. Sin estos mercenarios, de los que puede haber hasta unos 50.000 en dicho país, Estados Unidos no podría seguir adelante con un conflicto en el que combaten 160.000 soldados profesionales, a menudo desmoralizados al ver que los contratados cobran hasta 1.000 dólares al día, mucho más de lo que ellos perciben.
La decisión del Gobierno iraquí llega después de un enfrentamiento entre un grupo de insurgentes y hombres de Blackwater que protegían el traslado de un destacamento diplomático norteamericano. Blackwater mandó refuerzos, incluidos helicópteros, que causaron la muerte de al menos 11 civiles iraquíes. No fue el primer incidente de este tipo. Estas fuerzas operan al margen de la ley, porque Estados Unidos tuvo buen cuidado de dotarles de inmunidad ante la justicia local cuando entregó el poder a un Gobierno iraquí. Los soldados regulares, por el contrario, están sometidos al derecho internacional de guerra. La Administración estadounidense impone unas normas militares propias a estas empresas, pero Blackwater fue contratada por el Departamento de Estado y no por el Pentágono, lo que le permitió eludirlas.
Pese a todo, sobre Blackwater pesa una amenaza mucho mayor. La Fiscalía de Carolina del Norte, donde tiene su sede dicha compañía de seguridad, investiga el envío a Irak sin autorización de armamento ligero que ha podido caer en manos de la insurgencia. De otro lado, hay una divergencia indiscutible entre Bagdad y la Embajada norteamericana, puesto que mientras que la segunda parece que va a esperar a que concluya la investigación del Gobierno iraquí sobre Blackwater antes de decidir si prescinde o no de sus servicios, el poder formal iraquí podría pedir hasta la rescisión de la orden que hace inmunes e impunes a los mercenarios. La suspensión, en cualquier caso, puede abrir la vía a la retirada de otras empresas o a más ataques de los insurgentes, que han puesto al descubierto un flanco débil, Es urgente dar marcha atrás y regular a la baja y a escala internacional este nuevo mercenariado que privatiza la guerra.
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