Propuesta del Senador Rene Arce

Propuesta de Punto de Acuerdo del Senador Rene Arce(PRD, se presentará este jueves 4 de octubre en el Pleno del Senado:
PRIMERO.- Se exhorta a las dependencias federales y estatales competentes para que realicen las acciones necesarias, en el marco de sus respectivas atribuciones, para esclarecer la desaparición de las personas a que se ha referido el grupo armado que se adjudicó los ataques a las instalaciones de Pemex.
SEGUNDO.- En los términos del artículo 88 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se propone crear una Comisión Conjunta de Diálogo con Grupos Armados, con la participación de las dos cámaras del Congreso de la Unión para atender los asuntos que se relacionen con los hechos violentos tanto de los grupos armados que se autodenominan revolucionarios como de otros factores de poder, con la finalidad de crear una mesa de diálogo que, conforme a la ConstituciónPolítica y en el marco de las instituciones del Estado mexicano, construya acuerdos para encontrar vías de solución a las demandas inmediatas y a las reivindicaciones sociales que plantean dichos grupos.

Fundamento de la propuesta
Los que suscribimos, Senadores y Senadoras de la LX Legislatura del Congreso de la Unión con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 88 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores el siguiente punto de acuerdo en atención a las consideraciones:
En nuestro país, a lo largo de su historia, se han dado condiciones de inequidad, desigualdad e injusticia sociales que han derivado en la construcción de organizaciones opositoras que abrasan distintas formas de lucha para expresar su inconformidad de sectores de la población.Una de estas expresiones ha sido la de grupos disidentes que se levantan en armas en contra del sistema constitucional establecido.
Desde hace más de cuatro décadas, se ha dado un proceso detransformaciones hacia una mayor apertura política que ha ido ensanchando los márgenes de participación ciudadana con la finalidad de permitir la incorporación de estos actores políticos y sociales a la vida pública del país. En su momento, las reformas políticas y las leyes de amnistía fueron importantes complementos para el proceso de incorporación a la lucha política institucional de muchos de los integrantes de aquellos grupos armados, sin embargo, han permanecido en la actividad clandestina diversas expresiones que tuvieron su origen en aquella época.
En los meses de julio y septiembre de este año, ductos de instalaciones de Pemex en Guanajuato y Querétaro, y en Veracruz y Tlaxcala, sufrieron atentados que han ocasionado pérdidas millonarias no sólo para la empresa estatal, sino para numerosas industrias. Estos hechos fueron reivindicados por un grupo armado mediante comunicados en los que exige la presentación de dos de sus compañeros que se encuentran desaparecidos.
Los antecedentes aquí mencionados dejan de manifiesto que ante los conflictos políticos y sociales vinculados con la existencia de grupos armados que han enarbolado legítimas causas sociales a lo largo de las cuatro últimas décadas, las fuerzas políticas hemos encontrado soluciones relevantes pero aún limitadas par atender las reivindicaciones planteadas en sus demandas. Estas soluciones políticas, si bien han abierto cauces para la participación institucional, no han generado los suficientes incentivos para que quienes han decidido continuar por esa vía se incorporen en forma definitiva a la lucha política a través de los cauces institucionales y dentro del marco constitucional, sin renunciar a sus programas políticos, en tanto sean realizables mediante la participación en la vida democrática del país.
En diversas ocasiones -al menos dos de ellas muy importantes- los poderes de la Unión han logrado establecer diálogos fructíferos con los grupos armados que en esos momentos actuaban en el país, lo que permitió que, en el marco de las instituciones, se tomaran decisiones jurídico-políticas trascendentes que propiciaron distensión y acuerdo entre el gobierno de la República y los autodenominados grupos revolucionarios y abrieron cauces para que diversas organizaciones políticas que se encontraban al margen de la competencia política institucional se integraran plenamente a ésta y se lograran avances en la construcción de una sociedad más justa.
No obstante los esfuerzos del Estado mexicano y de las fuerzas políticas que en su momento han integrado los órganos del poder público para encontrar soluciones de fondo a los conflictos vinculados con la lucha de los diversos grupos armados que existen y han existido en el país, y a pesar de la instrumentación de políticas encaminadas a transformar al país sobre la base de un desarrollo social incluyente, algunas de las demandas históricas de los movimientos sociales del país siguen vigentes.
Los avances en la construcción de un régimen democrático, el reconocimiento a nivel constitucional de un conjunto de derechos largamente anhelados por grupos sociales otrora marginados y la aplicación de políticas que permitan la reducción de las desigualdades sociales deben llevarnos a reconocer que los esfuerzos de las fuerzas políticas representadas en los órganos del Estado mexicano por encontrar salidas dignas y aceptables a los conflictos planteados por los grupos armados no han alcanzado todavía a amplios sectores de la población, y que siguen persistiendo en zonas de gran marginación cacicazgos que, apoyados en grupos paramilitares o fuerzas de seguridad formales, generan políticas represivas violatorias de derechos humanos y por ello, contrarias a soluciones de fondo.
A pesar del reconocimiento que todos los partidos políticos hacemos de los avances hacia una sociedad más democrática y justa a través del trabajo cotidiano de los poderes federales, estatales y municipales, es indudable que existen pequeños sectores de la sociedad que, con independencia de sus niveles de presencia territorial o representatividad en la nación, no se sienten representados por los órganos del Estado y han optado por continuar la confrontación con el gobierno mexicano.
Hay logros en la construcción de vías políticas para atender las demandas de los ciudadanos y garantizan la estabilidad y el crecimiento económico con igualdad de oportunidades; sin embargo, sigue persistiendo la impunidad y acciones violatorias a derechos humanos que nos obligan también a considerar la urgencia de atender demandas de justicia y reivindicaciones sociales aún no resueltas en el país, siempre con base en los instrumentos que nos otorgan la Constitución y las facultades de los poderes constituidos y a convenir un ejercicio de diálogo y concertación.
Los legisladores de todos los grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión hemos condenado decidida y enérgicamente hechos de violencia, vengan de donde vengan, que no abonan al esfuerzo de construir una nación más justa. Pero tampoco aporta al desarrollo del país y a la consolidación de nuestra democracia la ausencia de voluntad por encontrar cauces de diálogo aceptables por todas las partes involucradas en los hechos de violencia a que nos venimos refiriendo.Con ánimo constructivo y en la búsqueda de acuerdos que otorguen garantías para la reconciliación y la solución de las demandas de todas las partes, lo hasta aquí planteado nos lleva a proponer la creación inmediata de una vía institucional de diálogo entre el Poder Legislativo de la Unión y los grupos armados que se han manifestado en el país en las últimas semanas.
Esta vía de entendimiento deberá contribuir a generar:
Las condiciones mínimas para el diálogo sobre la base del esclarecimiento inmediato de la desaparición de las dos personas presuntamente vinculadas con un grupo armado y que han provocado los ataques contra instalaciones de Pemex.
El cese de los todos los actos violentos provocados por los grupos armados que demanden la presentación de las personas desaparecidas o cualquier otra reivindicación social; así como de la violencia de poderes institucionales o fácticos que abonan a la crispación social.
Las condiciones necesarias y adecuadas, con garantías suficientes para todas las partes, para iniciar un diálogo tendente a la construcción de acuerdos para solucionar, en el marco de la Constitución General de la República y de los poderes constituidos, las demandas actuales y los rezagos sociales que reivindican los grupos armados.
La construcción de una instancia de diálogo incluyente en el que intervengan los poderes del Estado y todos los actores políticos y sociales involucrados.