Desaparición forzada

Debate en el Senado sobre el dictamen donde se aprobó la Convención Intrnacional para la protcción de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, adoptada por la ONU en diciembre de 2006.
EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN:
A continuación tenemos la segunda lectura a un dictamen de comisiones unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; y de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se aprueba la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 20 de diciembre de 2006.
Debido a que el dictamen está publicado en la Gaceta del Senado. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.
-EL C. SECRETARIO CUE MONTEAGUDO: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen.
Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente)
Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente)
Sí se omite la lectura, señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Muchas gracias, secretario.
En consecuencia, está a discusión el dictamen.
Han solicitado la palabra, la senadora Rosario Ybarra de la Garza y el senador Angel Alonso Díaz-Caneja. Y en ese orden, tiene la palabra la senadora Rosario Ybarra. Y en turno el senador Angel Alonso.
-LA C. SENADORA ROSARIO YBARRA DE LA GARZA: Señor presidente; señoras y señores senadores: El dictamen de las comisiones correspondientes, propone ratificar por el pleno del Senado, la Convención Internacional de las Naciones Unidas, para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Su aprobación formal, no hay duda, es un hecho de gran importancia, compromete al Estado mexicano en el reconocimiento de este delito, calificado por las propias Naciones Unidas, como de lesa humanidad.
Aunque la ratificación por México ha llevado tiempo, debe recordarse también que la misma Convención Internacional es relativamente reciente. Por eso, al mismo tiempo que hemos propuesto su ratificación y reconocemos su importancia, debo decir, que es también resultado de una larga y difícil lucha, para que Naciones Unidas diera este paso.
En nuestra experiencia, denunciando la desaparición forzadas de personas de nuestro país, es decir, la desaparición de nuestros propios hijos. Debo decir que muchas veces, acudimos a Naciones Unidas, 18 años para ser exacta, sin encontrar el apoyo que necesitábamos.
Por eso reconocemos que esta Convención, es, aunque tardía, un paso en la dirección correcta que era necesaria, desde hace más de tres décadas.
También debemos decir que su aprobación no debe de ser vista como el reconocimiento de un terrible delito y crimen que debe combatirse como un fenómeno internacional ajeno a nuestra realidad.
La práctica generalizada de la desaparición forzada en los años 70, no corresponde solamente a dictaduras militares, sino también a gobiernos civiles. No es un fenómeno que solamente azotó a los países del llamado Cono Sur, sino también ha ocurrido en México; todo lo sabemos.
Las razones y necesidades para aprobar esta Convención Internacional, son aplicables para México, donde sigue reinando la impunidad frente a este crimen.
Y no se trata de un fenómeno del pasado, del período de la Guerra Sucia, como la llaman algunos, sino que lamentablemente es una práctica que continúa vigente, como lo muestran los conocidos casos de los militantes del EPR, desaparecidos; o el caso más reciente de Francisco Paredes Ruiz, desaparecido en Morelia, Michoacán, a fines del mes de septiembre.
Quizá pueda decirse que afortunadamente el número y frecuencia de desapariciones ha disminuido, en comparación con lo ocurrido en los 70 y 80, pero también debe advertirse que lo grave es que nunca ha cesado y que amenaza con convertirse en una práctica generalizada, en la ola represiva y autoritaria que vivimos en los últimos tiempos.
Por la vigencia de esta práctica es importante destacar, la definición que recoge la propia Convención Internacional, sobre el delito y sobre el hecho de que no es prescriptible.
Ya ocurrió que al aprobarse en una legislatura anterior, y lo dijo René hace rato, la equivalente Convención Interamericana, se le incluyó una reserva que contradice la definición misma del delito, como es reconocido internacionalmente, es decir, como un delito continuado, mientras no se presente o haya conocimiento sobre la situación y suerte de la persona desaparecida.
Por lo anterior, es que el precedente de la reserva con que indebidamente se aprobó la Convención Interamericana, no debe confundirse con la formulación que se hace en el propio dictamen relativo a que los casos que conozca el Comité Internacional, que crea la Convención, serán aquellos que ocurran a partir de la creación del propio comité.
El comité sólo conocerá casos a partir de su creación, pero el compromiso que adquiere México, al suscribir la Convención Internacional, implica la definición del delito como imprescriptible, como señala este instrumento que hoy aprobaremos.
Por supuesto que para esta definición tenga efecto en México se requiere también la existencia de una ley particular sobre el tema.
Ese es el sentido de la iniciativa que se encuentra en comisiones, presentada desde la legislatura pasada por la senadora Leticia Burgos; de una ley contra la desaparición forzada de personas, que esperamos pueda ser aprobada en un futuro próximo, sin las pretensiones de reproducir la aviesa reserva impuesta a la Convención Interamericana.
La Convención Internacional también recoge el concepto relativo a la reparación del daño, relacionado con este crimen. Este concepto debe entenderse como el que la principal reparación del daño cometido con la desaparición forzadas de personas, tiene que ver con la necesidad de hacer justicia, es decir, responder al reclamo de presentación de los desaparecidos; a las madres de los desaparecidos no nos mueve el deseo de venganza contra los que desaparecieron a nuestros hijos; lo que exigimos es, repito, su libertad; insistimos, como dice nuestro grito, que tenemos la evidencia de que vivos se los llevaron y por eso los reclamamos vivos; vivos los queremos.
El daño principal ha sido desaparecerlos, después de detenerlos, y no reconocerles ningún derecho para su defensa. Y por eso, ese daño no puede ser reparado con indemnizaciones económicas; no puede sustituirse una cosa con otra, la reparación del daño es, en primer lugar, que se nos haga justicia.
En días recientes, nuevamente, se anunció una operación para pretender convencer a madres y familiares de desaparecidos, que aceptemos, como reparación del daño, una compensación económica.
Tal operación es un insulto a la dignidad de los desaparecidos y sus familias. No es reparación del daño, sino agravio adicional. Pero además es una maniobra, para salvar la responsabilidad de los criminales que realizaron la detención y desaparición de nuestros hijos.
Es pagar el permiso para matar. Se habla de cambiar la acusación de desaparición, por la de homicidio; delito que de acuerdo a la legislación mexicana, sí prescribe, y que además, si se mantiene el criterio de que los… se mantiene el criterio, de que los criminales que lleguen a la tercera edad, como Luis Echeverría Alvarez, puedan gozar de la prisión preventiva, en su hogar juntos con sus hijos y sus nietos.
Y se completa con esto, la idea de reparación del daño; y se completa con esto, repito, la reparación del daño; es una burla contra todas nosotros los familiares de los desaparecidos.
Finalmente, pero no por ello menos importante, hay otro problema sobre el que he insistido antes y sobre el cual yo incluí una propuesta en la iniciativa, sobre la reforma constitucional de derechos humanos.
El reconocimiento del delito de desaparición forzada, está incompleto, si se mantiene el fuero militar, como ya lo dijo aquí, también, René Arce; tomando en cuenta que en la mayoría de los casos de desapariciones, está implicado el ejército y las bases navales y campos militares han sido el lugar de reclusión ilegal de nuestros familiares.
Con las observaciones mencionadas, ratifico la propuesta de las comisiones respectivas, de aprobar, sin embargo y a pesar de todo la Convención Internacional.
Muchas gracias. (Aplausos)
-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Gracias a usted, senadora Ybarra.
Y tiene, ahora, la palabra el senador Angel Alonso Díaz-Caneja, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Y en turno el senador García Zalvidea.
-EL C. SENADOR ANGEL ALONSO DIAZ-CANEJA: Muchas gracias, señor presidente.
Honorable Asamblea; senadoras, senadores: A las comisiones unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales y de Derechos Humanos, les fue turnada para su estudio y dictaminación la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 2006.
La Convención, materia del dictamen, que hoy se pone a la consideración de este Honorable pleno, manifiesta la voluntad internacional para prohibir injusticias como la desaparición forzada de personas, ya que su ejecución constituye una grave violación a los derechos fundamentales del ser humano que ningún estado puede soslayar, dejar de perseguir y castigar, y menos aún erigirse como partícipes de ellos.
Atento a lo anterior, la Comunidad Internacional ha plasmado en diversas resoluciones su preocupación para tomar acciones y enfrentar este delito. Asimismo, se han adoptado instrumentos internacionales que consideran la prohibición y sanción al delito de desaparición forzada de personas.
Al respecto, es importante mencionar que nuestro país tiene ratificados tanto la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, como el Estatuto de la Corte Penal Internacional, tratado que tipifica la desaparición forzada de personas como delito de lesa humanidad, y ahora con la proposición del senador Arce, tendremos que estar valorando su propuesta.
Ambos instrumentos son reconocidos como primarios en la lucha contra dicho flagelo, por lo que es conveniente la ratificación de este nuevo tratado, ya que con la adopción de nuevas y actuales medidas para la consecución de objetivos comunes, se podrá fortalecer el régimen de protección y seguridad de las personas, privadas de sus derecho de libertad, y en ciertos casos su derecho a la vida.
En efecto, al ser considerada la desaparición forzada de personas como una atroz violación al estado de derecho, a la dignidad humana, así como a los derechos humanos y al no limitarse a regiones en particular, o sistemas políticos, es tarea urgente de los estados luchar por erradicarla, no siendo ninguna causa política militar o religiosa justificación para soslayarla.
En ese orden de ideas, las Comisiones Unidas Dictaminadoras consideraron procedente la ratificación de la Convención previamente citada, ya que establece un marco legal que permitirá prevenir y eventualmente erradicar la comisión de actos ilícitos de tal naturaleza en contra del ser humano, fortaleciendo las tareas que los gobiernos desempeñan en la tutela de los derechos humanos como actividad prioritaria.
Así mismo, se reafirmará el compromiso de México en la misión que la Comunidad Internacional ha emprendido en la protección universal y efectiva de los derechos humanos y libertades fundamentales, pues sólo en esa medida se concretarán los fines que enarbola Naciones Unidas en beneficio de la humanidad.
Finalmente, la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas, contra las desapariciones forzadas, responde a la necesidad de intensificar la cooperación internacional entre los estados y entre las organizaciones y organismos internacionales a fin de prevenir, combatir y eliminar injusticias de tal gravedad, como la desaparición forzada.
De conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, ya que sólo en esa medida lograremos tan trascendente tarea.
Amigas, amigos senadores, les pido su voto a favor de esta resolución. Y agradezco a los compañeros miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, el senador Salomón Jara, el senador Gerardo Montenegro, la senadora Rosalía Peredo, no sólo por la aprobación en comisiones de este instrumento, sino por todo su trabajo y especialmente agradezco también el trabajo de la senadora Rosario Ibarra como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y de todos los miembros de su comisión. Muchas gracias. (Aplausos).
-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Gracias, senador. Tiene ahora la palabra el senador José Luis García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al mismo tema.
-EL C. SENADOR JOSE LUIS GARCIA ZALVIDEA: Gracias, senador presidente. Con su permiso, compañeras y compañeros legisladores, también nos vamos a pronunciar a favor de este dictamen.
La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, sin lugar a dudas constituye un paso adelante en la lucha de la Comunidad Internacional en contra de uno de los delitos de lesa humanidad, más lacerantes de nuestro tiempo.
Bajo el régimen de partido hegemónico que mantuvo el control de este país durante décadas, la desaparición forzada de personas llegó a adquirir rango de política de estado, a partir de los años sesenta diversos fueron los gobiernos mexicanos que se erigieron en los principales cómplices y promotores de la práctica de la detención y la desaparición.
Por ello, para el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República la aprobación de este instrumento internacional representa una actitud coherente, aunque no suficiente, con la reivindicación de la causa de quienes han luchado por la defensa de los derechos humanos, las libertades políticas y la justicia en este país.
Pero para refirmar el compromiso histórico adquirido con los cientos de mexicanos y mexicanos que durante más de 30 años fueron y han sido víctimas de la desaparición forzosa a causa de motivaciones políticas, no sólo es necesario garantizar que la historia no se vuelva a repetir, y que en futuro existan todos los instrumentos necesarios para acreditar y sancionar la responsabilidad de tan aberrantes conductas.
Para las legisladoras y legisladores del Partido de la Revolución Democrática, la verdadera tarea radica en señalar y sancionar a los responsables y a los cómplices de los diversos gobiernos mexicanos en los actos de persecución, tortura, encarcelamiento y desaparición de aquellas personas que se atrevieron a pensar diferente y actuar en consecuencia en la búsqueda de un México más democrático.
En el PRD vemos hacia delante, y no sumamos a tan significativo acto aprobatorio, sin embargo, y en esto queremos ser muy claros, no damos la espalda al pasado. Ver al presente no significa carta blanca o aprobación de la impunidad.
La aprobación de esta convención representa una contribución importante para la prominencia de la memoria sobre el olvido, y de la opción de la resistencia sobre la rendición, obligándonos a actuar en congruencia y hacer un llamado al titular del Poder Ejecutivo Federal para que asuma la responsabilidad de cumplir con la deuda pendiente que representa el esclarecimiento de los casos de desparecidos políticos en nuestro país.
De igual forma, hacemos propicia la ocasión para exigir que no se imponga el manto de la negación, el olvido, el encubrimiento, la mentira y la impunidad.
El silencia oficial sobre el paradero de personas secuestras por el Estado, y cuyo destino es sabido por el gobierno, es también un crimen abominable, todo jefe de estado que se jacte de se democrático, debe poner fin al ocultamiento del paradero de personas detenidas y desaparecidas en su territorio, especialmente si se considera a sí mismo como un adalid respetuoso de los derechos humanos.
El encubrimiento oficial de las desapariciones forzadas de personas no sólo crea complicidades, también carcome el tejido social de un país y alimenta la repetición de tales violaciones.
La impunidad prevaleciente sobre cientos de casos de desapariciones debidamente denunciadas y documentadas en México, principalmente por el Comité EUREKA, a partir de la década de los setenta, sin duda ha favorecido el resurgimiento de dicha práctica, tal y como lo ha afirmado y documentado Amnistía Internacional en sus últimos informes sobre las desapariciones en México.
En dichos informes, por ejemplo, se da cuenta de casos recientes de desapariciones en el marco de la lucha contra la insurgencia y el narcotráfico, situación absolutamente condenable que contradice el compromiso real de nuestro país en contra de esta práctica y a favor de los derechos humanos.
No se puede combatir un delito con la comisión de otro. Por todo ello, estimamos oportuno y necesario hacer un aporte concreto a la lucha por los derechos humanos misma que en caso de nuestro país pasa invariablemente por la respuesta satisfactoria del Estado Mexicano a todos y cada uno de los familiares de desaparecidos en ente país, sobre el paradero de sus seres queridos.
Compañeras y compañeros legisladores, el envío de instrumentos internacionales a esta soberanía , no puede ser el único argumento del gobierno federal para legitimar su compromiso con la causa de la protección y promoción de los derechos humanos, sobre todo cuando el manejo dogmático y retórico del tema contrasta visiblemente con la condición que el respeto a las libertades fundamentales guarda en nuestro país, en y este sentido queremos dejar muy claro que sólo la sanción a los responsables de tan aberrante práctica, podrá poner fin de una vez y para siempre, a las desapariciones forzadas en nuestro país.
Por su atención, muchas gracias. (Aplausos).
-EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Gracias, senador García Zalvidea.
En razón de que se ha agotado la lista de oradores, ábrase el sistema electrónico de votación, por 3 minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
-EL C. SECRETARIO CUE MONTEAGUDO: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 102 votos en pro, ningún voto en contra. -EL C. PRESIDENTE GONZALEZ MORFIN: Aprobado el decreto que contiene la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de diciembre de 2006.
-Pasa al Ejecutivo de la Unión para sus efectos constitucionales.