Once de marzo

Vocación por conocer la verdad/Olga Sánchez, fiscal de la Audiencia Nacional
Publicado en EL PAÍS, 07/11/2007;
Una vez que finalice el plazo para recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo, el trabajo realizado como fiscal por los atentados terroristas cometidos en Madrid y Leganés en 2004 habrá terminado para siempre. En el largo tiempo transcurrido desde aquel triste 11 de marzo de 2004, muchos acontecimientos, demasiados, han sucedido en la vida de España llenando de incertidumbre y desasosiego las vidas de los que sobrevivieron.
Las diferentes instituciones del Estado que hemos participado en la investigación de lo ocurrido (Juez Instructor, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Ministerio Fiscal) hemos soportado con mucho estoicismo el ataque virulento que diariamente se ha llevado a cabo por medios de comunicación de todos conocidos, que a la postre siempre obedecían intereses privados. Los ataques procedentes de algunos representantes de la soberanía popular o aspirantes a ello, democráticamente elegidos en las urnas, eran del todo punto inadmisibles.

Más allá de apoyar a las instituciones del Estado que trabajan por y para todos los españoles, estos representantes de la soberanía han tenido una visión minúscula y partidista de la labor que hemos realizado, con numerosísimas dificultades -que no es cuestión de enumerar en este momento-, en una soledad casi dañina, sin pensar nunca que nuestra única meta -el único fin de nuestro trabajo- era conocer la verdad judicial. No la política, periodística o mediática, que interesara a unos pocos, porque no es ése nuestro trabajo ni responsabilidad. Nuestro objetivo siempre fue recuperar la memoria de las personas que quedaron para siempre en el camino. Nuestro pensamiento siempre estuvo puesto en la cantidad de familias rotas por el dolor, su dolor.
Como en parte tuve ocasión de decir al final del juicio, la dignidad de los afectados y la memoria de las víctimas no han sido merecedoras del tratamiento dado en algunos medios de comunicación por personas que, a lo mejor, en su momento, pudieron aprobar la carrera de periodismo, pero que no tienen la altura y grandeza de una profesión tan importante en una sociedad democrática como la nuestra.
Estas personas han escrito o hablado a través del micrófono, sobre aspectos de la investigación que se pueden calificar de insultantemente espurios, con un interés crematístico ilimitado, con pretensiones de moralidad cuando ignoran el significado de esta palabra, con un desconocimiento preocupante de los datos jurídicos que alegremente utilizaron.
Son habladores o “plumillas de estómago agradecido” que han hecho bandera del insulto y la descalificación hacia algunos de los que hemos tenido el honor de servir a nuestros conciudadanos, todos funcionarios públicos, que desde aquel día hemos trabajado hasta el desvelo por y para la sociedad en general. Un día, aquel 11 de marzo, de gente abrumada y con una pena infinita por la masacre que acababa de ocurrir, por el terror sin límites que se ensañó con los inocentes. Un día terrible de caos, de colapso circulatorio. Desde entonces hemos venido realizando nuestro trabajo de forma honesta.
Y ha sido una labor incesante, con demasiadas renuncias desde la comisión de aquellos hechos execrables, por nadie buscados (nadie de bien) y por todos encontrados de forma tremendamente abrupta.
Como dice nuestro refranero, que es muy sabio, la “ignorancia es muy atrevida y normalmente da la mano a la osadía”, y se habla, opina, debate, discute y analiza con frecuencia de lo que se desconoce con una ligereza preocupante. Si bien, siguiendo con la sabiduría popular, “el tiempo pone a cada uno en su sitio, y da y quita razones”. Véase el contenido y fallo de la sentencia n.º 65/07 de 31-10-07.
Ha sido algo absolutamente repugnante, nauseabundo y mezquino. En última instancia, la investigación de aquella atrocidad, penosa no sólo por la carga de trabajo sino emocional, ha servido para poder desentrañar parte de lo ocurrido y dar la respuesta correspondiente a la sociedad del trabajo que se realiza en los tribunales, aquí dentro -en estrados- y no fuera, en otras instancias. Y, sobre todo, ha sido una satisfacción trabajar y luchar con y por personas que merecen la pena, compartir con ellos buenos y malos momentos, aproximar la frialdad de nuestras togas -que muchos así perciben- a los perjudicados-afectados-víctimas… Intentar explicarles, de la manera más sencilla, que a las personas hoy condenadas que cometieron y participaron en aquella felonía, se les exigen las responsabilidades correspondientes establecidas en nuestra legislación, sin venganza, sólo y únicamente con la aplicación estricta de la ley, aprobada democráticamente por los representantes en nuestro Parlamento. Ésa es nuestra diferencia y nuestra grandeza; pero sobre todo, y como ya dije al finalizar mi exposición en el juicio, transmitir a cada uno de los familiares de los fallecidos “que sus seres queridos, los que se fueron, no morirán del todo mientras los tengamos en nuestros corazones y no los olvidemos”. Desde la pequeña Patricia Rzaska hasta el más veterano de los fallecidos, don Rafael Serrano López. Y al resto de los afectados -heridos no sólo en el alma, todavía hoy aquejados de secuelas tan terribles- decirles que seguiremos con ellos en su recuperación física y anímica. Es hora, finalmente, de que el respeto y la tolerancia, base de nuestra convivencia, se instalen para siempre entre todos los españoles. Probablemente con ello se eviten otras agresiones.
Nuestro trabajo (el del juez, la Policía, la Guardia Civil, los funcionarios del juzgado), mi trabajo, vocacional, siempre merecerá la pena, aunque ni siquiera, ante tanto exabrupto, nuestros propios compañeros -en mi caso sólo de escalafón-, algunos asociados, se hayan acordado de nosotros.