La batalla de Torréon, Coahuila

La batalla de Torreón
Arturo Rodríguez García, reportero.

Publicado en Proceso, No. 1634, 24/02/2008;

El dominio sobre la Comarca Lagunera es disputado por los cárteles del Golfo, de Sinaloa y de Juárez, en una guerra que no sólo aprovecha la división territorial entre Coahuila y Durango, sino también la falta de coordinación entre los tres niveles de la autoridad civil y, además, el Ejército. La balacera del martes 19 de febrero en plena ciudad de Torreón –con saldo de muertos y heridos– incrementó la sicosis de la población, pero lo peor es que los cuerpos armados oficiales ofrecieron versiones contradictorias entre sí y, en varios aspectos, divergentes de las historias referidas a Proceso por los vecinos de una zona que vivió más de dos horas continuas de balazos y explosiones…
TORREÓN, COAH.- La Comarca Lagunera vive una crisis de seguridad: En lo que va del año se han cometido 23 homicidios vinculados a la delincuencia organizada, y mientras los cárteles del Golfo, de Sinaloa y de Juárez pelean por lograr la hegemonía, los cuerpos policiacos y el Ejército exhiben falta de coordinación.
Tras el enfrentamiento entre militares y presuntos pistoleros de Los Zetas en esta ciudad, la madrugada del martes 19 de febrero, la incomunicación entre los cuerpos de seguridad de los tres órdenes de gobierno y el Ejército se tradujo en diferentes y hasta contradictorias versiones de los hechos.
Poco después de las 3:00 horas de ese día, comenzó un intenso tiroteo y se detonaron granadas en torno de la avenida Cipreses número 128, esquina con Mimbres, en las inmediaciones de las colonias Lucio Blanco y Jardines de California, una zona muy populosa de Torreón donde se ubican varias escuelas e industrias. La balacera terminó alrededor de las 5:20.
Horas después de la batalla, durante los festejos del Día del Ejército, el comandante de la XI Región Militar –que abarca áreas de Coahuila, Durango y Chihuahua–, Jorge Juárez Loera, comunicaba a los reporteros tres versiones distintas del hecho:
–Primero dijo que los militares habían detenido a un menor de edad que los condujo al sitio donde un grupo de hombres armados tenía una reunión.
–Después, que el enfrentamiento se inició por labores de inteligencia que desde hacía tiempo habían ubicado ese domicilio.
–Finalmente, que una llamada anónima denunció una concentración de hombres armados, de manera que, al llegar los soldados, éstos fueron atacados.
Juárez Loera afirmó que el saldo de la refriega, que según él duró 45 minutos, fue de tres muertos, dos heridos y dos detenidos. Cuestionado sobre la filiación de los sicarios, respondió: “ellos dijeron que son Zetas, vamos a creerles”.
A la misma hora, en la sesión solemne del Congreso local en honor del Ejército, el secretario de Gobierno, Homero Ramos Gloria, aseguraba que los muertos fueron dos y los detenidos cinco. La misma versión ofreció el alcalde de Torreón, José Ángel Pérez Hernández.
El general Juárez manifestó que hubo más de 500 cartuchos percutidos y tres vehículos asegurados, y que sólo se recogieron las armas utilizadas por los agresores –no especificó su número– y cuatro granadas, una de las cuales fue activada aunque no explotó, por lo que un equipo especial del Ejército se la llevó horas más tarde.
Finalmente, la Procuraduría General de Justicia de Coahuila (PGJC) informó que en la confrontación murieron Carlos F. Escamilla y otra persona identificada como Samites. Los detenidos fueron Gerardo Rangel Villa, Jesús Cristo Saucedo Uribe, Benjamín Reyes García, Óscar Manuel Rivadeneira Mendoza y Aurelio Espinoza Martínez.
Medios y testigos
Por su parte, el periódico El Siglo de Torreón publicó el 20 de febrero que la balacera comenzó cuando los militares siguieron un automóvil Neón que les pareció sospechoso, hasta llegar al domicilio donde se produjo la refriega. Esa misma versión –sin citar la fuente– se presentó en la mayoría de los medios de comunicación.
Pero vecinos del sitio, entrevistados por este corresponsal, refirieron otra historia, con la que coincidieron mandos policiacos que pidieron no ser identificados:
La vivienda de la calle Cipreses tenía apenas cinco días ocupada y anteriormente estaba rentada a personal de la siderúrgica Met Mex Peñoles, que tiene instalaciones a dos cuadras del lugar.
Poco después de las 2:00 horas del día 19, una patrulla de la Policía Municipal llegó al domicilio, sus ocupantes conversaron con los inquilinos y se fueron. Cerca de las 3:00 horas, una camioneta blanca tipo Suburban arribó al sitio. En su interior se escuchaba una acalorada discusión. Unos 40 minutos después salieron,y desde la propia Suburban iniciaron el tiroteo.
Alrededor de las 4:00 horas arribaron –en operativo conjunto– aproximadamente 130 elementos, entre policías federales y soldados. Por las calles se escuchaban disparos, gritos, recarga de armas y carreras de personas.
Durante la confrontación, fue cortado el suministro de electricidad, pero no se supo si lo hicieron miembros del Ejército o los sicarios.
Uno de los vecinos aseguró al reportero que los balazos duraron de las 3:20 a las 5:32. “Esa fue la hora en que se oyó el último disparo. No crea que espaciados, las ráfagas eran continuas, más tupido que en Año Nuevo”.
Otro de los vecinos confirma: sólo momentáneamente, en medio de los gritos, cesaban los balazos y los militares invitaban:
–¡Ya entrégate, hijo de la chingada, bájate de allí…!
–¡Vengan por mí, cabrones! ¡Arriba Nuevo Laredo, Tamaulipas! ¡Puro Zeta! –y las ráfagas se reiniciaban.
“Uno de los chavos andaba en las azoteas y los traía al puro pedo. Era el que más gritaba… jovencito de a tiro. Dicen que lo agarraron allá por la Secundaria 2.”
Nadie conocía a los habitantes de la casa marcada con el número 128 de la avenida Cipreses.
Eso sí, la noche de la balacera un carro se estacionó en la siguiente esquina. Afuera de la casa tenían una camioneta y adentro otra, comentan. Se refieren al Neón rojo, una pick-up y una Infinity, vehículos que fueron asegurados.
Las clases se suspendieron en el Jardín de Niños Lucio Blanco, ubicado a un lado de la casa de seguridad; también en la Secundaria Federico Berrueto Ramón, que está a una cuadra, y en el Instituto Tecnológico de La Laguna.
Aunque el general Juárez Loera sostiene que no hubo caídos por la parte militar, uno de los diálogos con los vecinos, en una acera que no está acordonada, señala algo diferente:
–Ahí donde está usted parado, cayó un soldado –dice el testigo, mientras señala una mancha de sangre de casi dos metros de largo.
Otros habitantes de la zona recuerdan e intercambian sus impresiones:
“En esa ventana quedó colgado uno de los muertos”... “en la banqueta cayó el otro”... “de esa cochera sacaron un cuerpo”...
Y las consecuencias: “a la maestra de la casa amarilla le bajó la presión”… “a los que viven donde está esa estética, los sacaron en medio de la bronca”.
–¿Oíste los bombazos? Yo creo que traían bazucas –dice uno de los niños que ese día no asistió a la escuela.
Acomodadas en mecedoras, varias mujeres del área aseguran que escucharon cuatro explosiones. Una de ellas apunta hacia la casa de Los Zetas, donde se observa un agujero rodeado por una mancha negra.
Toda una cuadra en torno del tiroteo permanece acordonada la tarde del 19 de febrero, y sólo unos cuantos policías municipales matan el tiempo jugando con el R-15 que apunta hacia arriba, hacia abajo, hacia ningún lado, mientras sus portadores ríen distraídos, cortan cartucho, se pavonean...
Confusiones fronterizas
La Laguna comenzó el presente año con una ejecución cada tercer día. A la fecha, en la zona se contabilizan 23 ejecuciones, y ha habido un número indeterminado de “levantones” y desapariciones.
Aunque en la segunda semana de enero el registro de crímenes se detuvo, la situación es muy delicada, según el procurador de Justicia de Coahuila, Jesús Torres Charles.
“Resulta evidente –manifiesta– que es un lucha de fuerzas entre delincuentes que se están disputando la hegemonía en la plaza de La Laguna, que están realizando sus acciones y agrediéndose mutuamente para tratar de eliminarse unos a otros.”
Más de la mitad de los cuerpos de los ejecutados este año han sido localizados en el lecho seco del río Nazas, frontera de Torreón, Coahuila, y Gómez Palacio, Durango, considerado también frontera entre los cárteles del Golfo y del Pacífico, por lo que las procuradurías de ambos estados han tenido dificultades para determinar a cuál de ellas corresponde la investigación de varios homicidios.
“Creo que por sentido común el delincuente analiza la situación geográfica-territorial de La Laguna para desplegar esa conducta. Por lógica, sienten algo de seguridad al ejecutar a una persona en un estado y arrojar el cuerpo en otro, para moverse o tener parcialmente libertad”, advierte el subprocurador de La Laguna de Durango, Arturo Sánchez, y explica que, al entrar en un problema de competencia, hay una pérdida de tiempo que, sostiene, es el peor enemigo de la averiguación.
Datos recabados por la PGJ de Coahuila establecen que el conflicto se da principalmente entre el grupo de Los Zetas, encabezado operativamente por un personaje identificado como El Gidi, y dos operadores del narcomenudeo del cártel de Juárez, conocidos como El Dany y El Suave.
De acuerdo con una investigación de inteligencia, integrada por cuerpos locales y federales, El Gidi fue policía municipal de Torreón hasta el año 2000. A él y a un exmadrina de nombre Rafael Parra Reveles se les atribuye haber fungido como introductores de Los Zetas a Torreón. Con El Gidi, infiltraron la policía municipal, mientras que con Parra alinearon a los narcomenudistas que operaban con el cártel de Juárez.
La red de Los Zetas empezó a descubrirse a partir del secuestro del abogado Alfonso Segura Fong, el 26 de junio de 2007, en la etapa final de la lucha más violenta de los cárteles por el control de Torreón. Al entregarlo, Guilbert Quiroga Torres fue detenido cuando pretendía recoger el rescate de 1 millón 300 mil pesos, el 2 de julio del mismo año.
Horas antes, Arturo Silva Soto y Fernando García Rosales fueron detenidos mientras seguían un convoy del operativo conjunto de agentes federales y estatales. Se abrió así la averiguación previa 40/2007 en el fuero común. Resultaron ser miembros del grupo de Los Zetas, donde trabajaban como “Halcones”, en tanto que Quiroga Torres admitió haber participado en varios secuestros de empresarios y de un comandante.
Días después ocurrieron diversas detenciones, entre las que destacó la de Mario Parra Reveles, hermano de Rafael y activista de Torreón, quien estuvo al frente del secuestro. Con ellos se logró el aseguramiento de tres propiedades y al menos ocho vehículos. Una de las casas de seguridad, en la calle Paseo de los Calvos, presentó numerosas manchas de sangre a la luz del luminol, y fue ahí donde se encontraron los zapatos del comandante Enrique Ruiz Arévalo, desaparecido el 16 de mayo de 2007. Rafael Parra, alias El Chaparro, desapareció luego de las detenciones, y el control operativo de Los Zetas quedó en manos de El Gidi.
Esa investigación se encuentra actualmente en manos de la Procuraduría General de la República (PGR).
Además de la confrontación entre las bandas de narcomenudistas, con las que se relacionan las ejecuciones de 2008, existen bandas que falsamente dicen pertenecer a Los Zetas y que también realizan extorsiones y “levantones”.
Una de esas bandas era encabezada por Mario Fortunato Parra Moreno, de 21 años de edad, sobrino de los Parra Reveles, quien aparentemente aprovechaba las borracheras de su tío Rafael para tomar su R-15 y salir con sus amigos a extorsionar empresarios.
El operativo conjunto
Para el subprocurador de La Laguna de Durango, Arturo Sánchez, los habitantes de la región viven en la zozobra debido a que las políticas de prevención del delito no funcionan y las áreas de procuración de justicia no dan respuesta.
No sólo eso. En lo que va de 2008, además de las ejecuciones y “levantones”, se han emitido siete amenazas de bomba en Gómez Palacio, Durango, que han provocado sicosis en la población.
A partir de mayo de 2007, la presencia de militares y policías federales se incrementó, pero eso no remedió los problemas de seguridad ni detuvo la operación de los grupos de delincuentes organizados.
Ejemplifica: “Un ciudadano viene y denuncia un robo; la prevención no funciona y aquí no tenemos la capacidad de darle respuesta; lo vuelven a robar y el ataque ya no sólo es contra su patrimonio, sino contra su seguridad, porque el acceso a su vivienda implica que un robo derive en lesiones, homicidio, violación”.
Actualmente, La Laguna de Durango investiga cuatro homicidios de delincuencia organizada caracterizados por que los domicilios y las actividades relacionados con ellos corresponden al estado de Coahuila.
En la admisión de limitaciones, Arturo Sánchez sostiene que el problema no sólo es de competencia territorial, sino de competencia legal, pues por sensibilidad de
coordinación la PGR debería atraer los casos con indicios de que son producto de la delincuencia organizada, pero eso no sucede.
Aunque haya elementos de planeación, con logística y armas de grueso calibre, la PGR les exige remitir los expedientes sólo cuando se hallen integrados y se demuestre la competencia federal. Peor aún, esa dependencia ni siquiera participa en los operativos conjuntos con federales donde los agentes del Ministerio Público del fuero común terminan dando fe y poniendo a disposición de la PGR a quienes detienen con armas o droga.
“A esto se agregan –remata Arturo Sánchez– los homicidios dolosos, los ejecutados, decapitados, embolsados, que vienen ocurriendo desde mayo pasado, por lo cual la población está sensible, asustada, agraviada, decepcionada e impotente...”