Retenes

Retenes asesinos/ reportaje
Jorge Carrasco Araizaga, reportero

Publicado en la revista Proceso, 13/04/2008;

En varios de los retenes que tiene distribuidos en el país, elementos del Ejército Mexicano han disparado sus armas contra ciudadanos indefensos. En el estado de Sinaloa, por ejemplo, la población desconfía de los militares como consecuencia de esos atropellos. Por este motivo, la Secretaría de la Defensa desplegó una campaña informativa para advertir a la gente que los cárteles del narcotráfico buscarán desacreditar al Ejército mediante ataques que atribuirá al personal castrense.
BADIRAGUATO, SIN.- El asesinato a mansalva de cuatro personas por parte de militares en Santiago de los Caballeros, sindicatura del municipio de Badiraguato, reavivó la tensión entre pobladores de la zona serrana de Sinaloa y el Ejército.
Con acciones desbordadas que en menos de un año han ocasionado dos masacres en las que murieron nueve civiles, los propios militares exacerbaron los ánimos de los habitantes de las poblaciones enclavadas en uno de los vértices del llamado “triángulo dorado” de la producción de droga en México. Ello ocurre en momentos en que el estado vive una ola de levantones y violencia relacionados con el narcotráfico.
En el segundo hecho de su tipo en menos de un año (el primero ocurrió en 2007 en Las Joyas), el pasado 26 de marzo una partida militar abrió fuego contra una camioneta Hummer en la que se trasladaban seis personas en Santiago de los Caballeros.
Esta tragedia causada por el Ejército en los operativos contra el narcotráfico derivó el miércoles 9 en una nueva y masiva, pero cuestionada, protesta en Mazatlán, frente a las instalaciones de la III Región Militar. Más de 3 mil personas llegaron desde diferentes comunidades para repudiar el más reciente ataque, en el que murieron cuatro hombres y uno más resultó herido.
La manifestación ocurrió un día después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) apoyada en un informe entregado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó el martes 8 las versiones de los sobrevivientes de la masacre ocurrida en Santiago de los Caballeros: que no hubo enfrentamiento entre militares y civiles, sino que los uniformados dispararon sus armas de cargo y ocasionando la muerte de cuatro personas y heridas a una más, además de haber dado muerte a dos de sus compañeros y herido a otros dos. Entre los civiles, sólo una persona resulto ilesa.
Pero la Sedena diluyó en la opinión pública su responsabilidad con informaciones que manejaron la posibilidad de que miembros de la “organización Carrillo Fuentes” vestidos como militares atacaran a la población.
Pese a que desde el primer momento los militares responsables del crimen sabían que sus víctimas no llevaban armas, la Sedena calificó los hechos como “un incidente”. La indignación entre los pobladores de la zona creció porque en sus primeros comunicados el Ejército dio a entender que se había tratado de un enfrentamiento con sicarios.
La masiva protesta contra el Ejército fue descalificada por el gobierno del estado. El director de Gobierno, Joel Hernández Niño, acusó a los manifestantes de estar financiados. No fue directo en su señalamiento, pero aludió a los grupos de narcotraficantes que operan en la sierra de Sinaloa.
Cinco militares, encabezados por el teniente de Infantería Víctor Ruiz Martínez, están bajo proceso penal militar como presuntos responsables de homicidios y lesiones, aunque los familiares de las víctimas aseguran que hubo entre 15 y 20 elementos involucrados. Los otros detenidos, todos del arma de Infantería, son el cabo Antonio Rojas Reyes y los soldados Jorge Jiménez Castañeda, Misael Solano Muñoz y José Francisco Balam May.
El viernes 11, la Sedena informó que el miércoles 9 el juez militar adscrito a la III Región Militar dictó formal prisión contra los acusados. Al oficial lo procesó como probable responsable de homicidio y lesiones, mientras que a la tropa por homicidio, lesiones, homicidio imprudencial y lesiones imprudenciales.
No hay ninguna certeza sobre los motivos de la matanza y de que los acusados sean los únicos autores de los crímenes, porque la Sedena se quedó con la investigación. Por ello, familiares de las víctimas que cuentan con el apoyo del Frente Cívico Sinaloense promoverán amparos a través del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, de la Ciudad de México, para que el caso pase a la jurisdicción de los tribunales civiles.
A su exigencia de justicia, presentan un agravio más: según sus testimonios, a dos semanas de los hechos no habían sido contactados ni por la Sedena ni por otra instancia del gobierno de Felipe Calderón para una posible indemnización como forma de reparar el daño. Ni siquiera les habían aportado los gastos funerarios. El que ha anunciado la gestión de ayuda ha sido el gobierno del estado, pero sin ningún ofrecimiento concreto.
Zona emblemática
Hace casi cuatro décadas, Santiago de los Caballeros fue uno de los principales objetivos de la Operación Cóndor, la estrategia con la que el Ejército Mexicano inició el despliegue de miles de soldados para el combate a las drogas en el país, en particular en el “triángulo dorado”. Los militares ya nunca volvieron a salir de la zona. Desde entonces tienen una base en la misma sindicatura, en San José del Llano. De acuerdo con los vecinos, la base ha estado integrada por unos 12 elementos, pero a partir de la masacre del 26 de marzo “se han visto menos soldados”.
Los habitantes más viejos de Santiago mantienen el recuerdo de la represión generalizada por parte del Ejército. Hay un hecho que volvió a salir en la manifestación de la semana pasada: la matanza de 12 personas en esa misma sindicatura hace 32 años.
El mismo día en que se dictó la formal prisión a los cinco militares presuntamente responsables de la matanza, más de 3 mil personas bajaron de la sierra para manifestarse al mediodía frente a las instalaciones de la III Región Militar, en Mazatlán. El propósito: acotar la actuación del Ejército.
Por segunda vez en menos de un año protestaron frente a las instalaciones que comanda el general de División Roberto Miranda Sánchez, quien fuera jefe del Estado Mayor Presidencial en el sexenio de Ernesto Zedillo.
El recuerdo más reciente es la matanza de una familia ocurrida el 1 de junio de 2007 en La Joya de los Martínez, en Sinaloa de Leyva. Por ese hecho, hasta ahora hay 19 militares procesados, pero ningún sentenciado. A las familias de las víctimas sólo les pagarán 135 mil pesos por muerto y 35 mil pesos al que resultó herido, a pesar de que quedó disminuido físicamente.
El segundo asesinato múltiple en menos de un año, la negativa inicial de la matanza, la alteración de la escena del crimen, el control de las investigaciones por parte de la Procuraduría de Justicia Militar, así como la displicencia del gobierno y el Congreso estatales ante las tragedias, dieron la pauta para esa nueva protesta contra el Ejército. Hasta ahora ha sido la más concurrida.
Los organizadores de la marcha, en la que estuvieron ausentes familiares de algunas de las víctimas, mostraron gran capacidad de movilización. De acuerdo con el gobierno estatal, contrataron más de 75 camiones para desplazarse desde los municipios de Badiraguato, Cosalá, Elota y aun desde Los Remedios, Durango.
Los manifestantes salieron desde la madrugada de sus lugares de origen. Ante la suspicacia gubernamental en torno al origen de los recursos para la masiva demostración, algunos de ellos dijeron a Proceso el día anterior que la protesta la organizaron con sus ahorros, incluso con los cheques que reciben del Programa Oportunidades.
La protesta no fue sólo por la agresión contra civiles desarmados, sino por el dominio que, durante horas, los militares ejercieron sobre la población y aun las autoridades locales para impedir la asistencia a los heridos y que los familiares y vecinos se enteraran de lo ocurrido. Más agraviante fue el desparpajo de algunos uniformados al lamentarse por no haber matado a todos porque los testigos declararían en su contra.
Sin agresión de por medio ni orden de que se detuvieran, los militares vaciaron sus fusiles G-3 sobre los ocupantes de una camioneta que transitaba por un claro de la carretera de Santiago de los Caballeros, encajada en la sierra a unos 40 kilómetros de la cabecera municipal de Badiraguato, una de las entradas a la Sierra Madre Occidental, donde confluyen Sinaloa, Durango y Chihuahua.
“Hagan fuego”, fue lo que escuchó una vecina que vive enfrente de donde ocurrió la cuádruple ejecución y quien durante todo el tiempo que duró la agresión temió que los disparos alcanzaran a su casa y a algunos de sus hijos.
El ataque
Eran más de las nueve de la noche del pasado 26 de marzo. Dos camionetas, una tipo Hummer y otra Lobo, se enfilaban por el serpenteado camino de la sierra hacia una fiesta. Sus ocupantes, casi todos jóvenes de entre 21 y 31 años de edad, habían pasado la tarde en una reunión donde hubo carne asada en el poblado La Juanilla, y se dirigían a una fiesta de 15 años.
Entre un punto y otro debían recorrer varios kilómetros por la sierra. La camioneta Lobo iba adelante manejada por Edén Medina López. Se detuvo a la altura de Santiago de los Caballeros. El polvo que levantaba en su camino no le dejaba ver las luces de la otra camioneta que era conducida por su hermano Zenón. La música de banda tampoco le permitió escuchar nada.
Esperó unos minutos. Pensó que se había descompuesto y ante la tardanza se regresó para ver qué había pasado. Retrocedió hasta que se lo impidió un soldado, lo que le sorprendió porque cuando pasó no había ningún retén militar. ¿Qué pasa?, preguntó Edén, quien con las luces de su vehículo alcanzó a ver que la camioneta de su hermano estaba rodeada por soldados y había personas en el suelo.
¿Están muertos?, preguntó. “Aquí no hay muertos, tranquilícese”, le contestó el soldado.
En la Hummer viajaba su hermano Zenón Medina López, de 30 años, y su copiloto Manuel Medina Araujo, de 29. En el asiento de atrás iban Miguel Ángel Medina Medina, de 31 años; Édgar Giovanni Arroyo Alarcón, de 28; Irineo Medina Ruiz, de 50, y Wilfrido Madrid Medina, de 21 años.
A excepción de Wilfrido, estudiante de contaduría pública en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Culiacán, y de Irineo, quien era un vecino del lugar que padecía retraso mental, todos se dedicaban al comercio, la ganadería o la agricultura, según dijeron sus familiares en entrevistas realizadas en Badiraguato y Culiacán.
Los únicos sobrevivientes fueron Miguel Ángel y Wilfrido, quienes se salvaron de las decenas de balas que se incrustaron en la camioneta. Miguel Ángel sólo sufrió un raspón en un dedo de la mano izquierda. Wilfrido recibió un balazo en la mano y los militares le rompieron un brazo cuando lo bajaron de la camioneta.
Entrevistado en su lugar de origen, El Potrero de los Medina, una comunidad aún más alta en la sierra que se encuentra a una hora de camino de Santiago de los Caballeros, y donde como en el resto de las poblaciones serranas sus 283 habitantes se desplazan principalmente en cuatrimotos, Miguel Ángel relata:
“No creo todavía lo que pasó. Habíamos matado a una res e íbamos a unos 15 años. Era de noche y de repente se nos emparejó un carro (camión militar). Parecen guachos (soldados), dijimos. Y de repente empezaron a echarnos bala, como si fuéramos enemigos.
“Primero mataron al chofer (Zenón) y la camioneta se empezó a ir para atrás. Yo creo que pensaron que huíamos porque empezaron a dispararnos más macizo. Yo logré bajarme y sentí que detrás de mí cayó Wilfredo. A pesar de que se quejaba, lo agarraron a patadas”.
Luego de la balacera se acercaron otros militares, y quienes dispararon les dijeron que había sido un enfrentamiento. Un militar dijo: “pues los hubieran matado”. Pero en seguida se dieron cuenta que no había armas en la camioneta. “Pendejos, la regaron, estos no traían nada. Vienen limpios”, refiere Miguel Ángel acerca del diálogo que sostuvieron los militares.
Miguel Ángel quedó sometido en el piso. “Me tuvieron como cinco horas ahí tirado”.
A Wilfrido que estaba lesionado lo subieron al camión desde donde se cometió el ataque y donde vio a dos militares tirados. Él mismo quedó en el piso de la unidad. Ahí escuchó que los militares dijeron que hubiera sido conveniente que todos hubieran muerto.
Ante la presión de la gente, después de la medianoche, los militares permitieron el paso. Las cuatrimotos pasaron una por una, con las luces apagadas y a vuelta de rueda, escoltadas por soldados. A una camioneta tipo Cheyenne le taparon los faros con cartones para que pasara. “Los soldados estaban temblorosos, muy nerviosos y olían a mariguana”, dicen mujeres de la comunidad que se regresaron de la fiesta y atestiguaron la actuación de los militares después de la masacre.
“Hubieran matado a todos”
El seguro de vida de los sobrevivientes fueron los vecinos que se acercaron al lugar en cuanto pasó la balacera. La gente comenzó a llegar. Eran vecinos y familiares o amigos alertados que se regresaron de la fiesta. Los militares no sólo les impidieron el paso, sino que los obligaron a apagar las luces de los vehículos para no iluminar la escena de la ejecución. Los primeros en llegar fueron dos vecinos de El Potrero de los Medina, a quienes Miguel Ángel identifica como Jaime y Salcito, dos jóvenes a los que los militares bajaron de sus motos. “Los obligaron a ponerse pecho tierra y cuando intentaron voltear a ver lo que había pasado, el militar que los vigilaba disparó al suelo, a un lado de su cabeza”.
Los soldados impidieron también el paso a la Policía Municipal de Badiraguato y a la Policía Ministerial destacada en la zona. A los muertos los sacó una ambulancia del Ejército. Los militares no sólo movieron los cuerpos sin dejar que pasara al Ministerio Público –el único autorizado para este tipo de actuaciones–, sino que alteraron la escena e incluso colocaron la camioneta en sentido contrario al que había quedado. Más tarde, ni siquiera dejaron pasar a los visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
En las primeras horas del jueves 27 de marzo, los efectivos castrenses se llevaron en calidad de detenido a Miguel Ángel a la Novena Zona Militar, con sede en Culiacán, donde volvió a escuchar: “los hubieran matado a todos”. Luego lo trasladaron a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en el estado.
Ese día por la mañana, los familiares de los agredidos se trasladaron a la capital del estado para poner una queja ante la CEDH. Ahí confirmaron sus temores. Sus hermanos, hijos y padres habían sido asesinados por el Ejército.
Miguel Ángel quedó detenido en la PGR durante 48 horas, indiciado como presunto responsable de homicidio, lesiones, daños en propiedad ajena y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Tales fueron las acusaciones que le imputaron sus agresores, según quedó consignado en la averiguación previa AP/208/2008. Los mismos cargos se le hicieron a Wilfrido, quien se recuperaba en el Hospital General del IMSS. Al final, la PGR declinó la investigación para dejarla en manos del Ejército.
Hasta el fin del plazo constitucional, el sábado 29 de marzo, Miguel Ángel y Wilfrido quedaron libres de los cargos. Ese mismo día los cuerpos de las víctimas fueron entregados a sus familias. Dos de ellos, los de Égdar Giovani e Irineo, fueron trasladados a Badiraguato. Los de Zenón y Manuel se quedaron en Culiacán. Al día siguiente, antes del funeral, amigos y familiares de estos últimos se manifestaron con los féretros frente a la Novena Zona Militar.
Ahí entregaron una carta de protesta y de exigencia de justicia dirigida al presidente Felipe Calderón, al secretario de la Defensa, Guillermo Galván, y al gobernador del estado, Jesús Aguilar Padilla. Pero éste no se enteró del hecho: estaba en la Ciudad de México jugando beisbol con el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, según las fotografías publicadas por la prensa local, lo que molestó más a los familiares.
Éstos son claros en su demanda de justicia y dicen que insistirán en que el Estado mexicano garantice la educación de los hijos de dos de los fallecidos, Zenón y Manuel, y que “se limpie” su nombre.
“(Joaquín) López Dóriga dijo en la televisión, en cadena nacional, que el Ejército se había enfrentado con unos narcotraficantes. Ya se demostró que no fue así, que los militares dispararon contra personas desarmadas”, dice Reynalda Morales Rodríguez, viuda de Zenón y madre de tres hijos.
María Alarcón, madre de Édgar Giovani, asegura: “Si Calderón da trato de héroes a los militares que mueren en verdaderos enfrentamientos con narcotraficantes, ¿qué va a hacer ahora que sus hombres mataron a mi hijo? ¿Cómo nos va a quitar el miedo que ahora nos dan los militares?”.