Legado inhumano
J. Jesús Esquivel, reportero
J. Jesús Esquivel, reportero
Tomado de la revista Proceso, 1650, 15/06/2008;
Cuando reveló las “nuevas 26 iniciativas” de la administración Bush contra la inmigración ilegal, el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Michael Chertoff, no anunció nada nuevo: más redadas, uso de tecnología militar, incremento de los agentes fronterizos... Pero sí llevó al extremo esas medidas, ya que se castigará con prisión a quienes utilicen documentos falsos y al estadunidense que les dé empleo, además de expulsar a familias completas, sin importar si alguno de sus miembros nació en ese país.
WASHINGTON.- En los siete meses que le restan a su segundo mandato presidencial, George W. Bush decidió dejar un legado indeleble en la relación con México: mecanismos severos e inhumanos para perseguir, arrestar y castigar a los inmigrantes indocumentados, según las nuevas reglas migratorias del Departamento de Seguridad Interior que dio a conocer Michael Chertoff, su titular.
Bush, quien en septiembre de 2001 lanzó la falsa promesa de concretar una reforma a las leyes migratorias de su país para regularizar el estatus de residencia de más de 11 millones de inmigrantes indocumentados (mexicanos unos 7 millones de ellos), pretende localizar a estos inmigrantes y posteriormente expulsarlos a sus países de origen, no sin antes darles un castigo ejemplar a algunos para quitarles el deseo de reincidir.
Estas duras medidas se concentran en las “nuevas 26 iniciativas” que el Departamento de Seguridad Interior dio a conocer desde agosto de 2007 y que tienen tres objetivos básicos: fortalecer la vigilancia para sellar la frontera con México, proveer a los empleadores estadunidenses de los mecanismos tecnológicos para que detecten inmigrantes indocumentados entre sus empleados, y hacer menos burocrático el programa de trabajadores extranjeros temporales.
Por ejemplo, con la llamada iniciativa Streamline –que por el momento sólo se está aplicando en Laredo y Del Río, Texas, así como en Yuma, Arizona–, “los extranjeros indocumentados que son detenidos en el intento del cruce fronterizo en las zonas designadas de alto tráfico son básicamente procesados judicialmente como criminales antes de ser deportados”, explicó Chertoff el lunes 9, cuando dio a conocer los objetivos de la política migratoria del presidente Bush para el resto de su mandato, que concluye el 20 de enero de 2009.
Los indocumentados detenidos bajo la iniciativa Streamline –incluidos los mexicanos– reciben una sentencia mínima de cinco meses de cárcel, y para los reincidentes arrestados en la zona de alto tráfico el arresto puede ser de hasta un año, antes de ser deportados a su país.
“Los resultados de esta iniciativa han sido sorprendentes, hemos visto notables reducciones en el número de arrestos de inmigrantes indocumentados y en la reincidencia de cruce de personas que ya habían sido detenidas”, presumió Chertoff.
Según estadísticas del Departamento de Seguridad Interior, de octubre de 2006 a mayo de 2007 la Patrulla Fronteriza arrestó a unos 80 mil indocumentados en las zonas de alto tráfico, y a unos 60 mil de octubre de 2007 a mayo de 2008, lo que implica una reducción de aproximadamente 15%, que la dependencia atribuye a las medidas rigurosas y a los castigos judiciales que establecen iniciativas como la Streamline.
Soluciones violentas
Como parte del proyecto de criminalizar la violación a las leyes migratorias de Estados Unidos cometida por inmigrantes extranjeros, el gobierno de Bush ordenó al Departamento de Justicia que colabore con el Departamento de Seguridad Interior.
La aportación de la primera dependencia consiste en designar a más de cien fiscales federales en las cortes migratorias para encausar oficialmente como “criminales” a los inmigrantes indocumentados detenidos en zonas de alto tráfico.
También se pretende concluir a finales de este año la edificación de 1 078.2 kilómetros del muro, cerco o barda de contención en varios sectores de la frontera. De acuerdo con la actualización que presentó Chertoff el lunes 9, hasta ahora se han construido 528.9 kilómetros de muro, lo que según el funcionario estadunidense es una de las causas de la disminución de los intentos de cruce de indocumentados, pero que también atizó la violencia.
“A causa de la edificación del muro, los cárteles de las drogas de México están sufriendo una reducción en las zonas de trasiego que tenían bajo su control; en consecuencia, están peleándose entre ellos para arrebatarse el control de otros puntos fronterizos donde aún no está terminada la construcción del muro”, aseguró Chertoff.
La instalación de tecnología militar para detectar a los indocumentados extranjeros en territorio estadunidense es otra de las iniciativas que Bush heredará al próximo presidente de Estados Unidos.
Sobre todo en el corredor fronterizo de Tucson, Arizona, el Departamento de Seguridad Interior está por concluir la construcción de torres de vigilancia con radar, la siembra de sensores terrestres y la colocación de cámaras de vigilancia a control remoto. Así mismo, se supervisarán áreas con aviones de control remoto que el Pentágono utilizó en la invasión a Irak (marzo de 2003), y se actualizará la dotación de los binoculares de rayos infrarrojos que portan los agentes de la Patrulla Fronteriza.
No obstante, la herramienta más efectiva del Departamento de Seguridad Interior en esta estrategia son las redadas en las fuentes de empleo para detener y deportar a los inmigrantes ilegales.
Chertoff aseguró que el gobierno de Bush continuará con las redadas, no sólo para capturar a indocumentados en todo el país, sino también para castigar a quienes les den empleo.
La novedad es que a cada inmigrante detenido en estas redadas y que utilice documentación de otra persona (cédula de seguro social o copia de una tarjeta de residencia permanente) se le encausará judicialmente y podrá ser sentenciado hasta a cinco años de cárcel sin derecho a libertad bajo fianza.
“El año pasado 90 empleadores de inmigrantes indocumentados fueron procesados y castigados judicialmente. Entre ellos, el presidente de una compañía que empleaba a indocumentados fue sentenciado a 10 años de cárcel”, enfatizó Chertoff.
Lo más controvertido de las redadas, en términos humanitarios, es el aspecto de la separación de familias. Cientos de hijos de inmigrantes ilegales que fueron detenidos en sus trabajos se quedan sin padre, sin madre o sin ambos.
“Es muy triste cuando los niños terminan pagando el precio de las ofensas cometidas por sus padres al violar la leyes de inmigración, pero estamos tratando de enfrentar este problema de una manera en la que los hijos de los detenidos no se queden sin atención”, explicó Chertoff.
En vista de que en muchos casos estos niños nacieron en Estados Unidos, el secretario de Seguridad Interior afirmó: “No podemos permitir que alguien que tenga un hijo ciudadano estadunidense se encubra bajo una especie de inmunidad ante la aplicación de nuestras leyes”.
Por lo tanto, agregó, a los indocumentados con hijos menores de edad –sean ciudadanos estadunidenses o extranjeros– se les permite que lleven a sus niños a los centros de detención o a la cárcel, para que tras cumplir su sentencia sean deportados “todos” a su país de origen.
Para llevar a cabo las redadas y vigilar la frontera, el gobierno de Bush cuenta con 16 mil 471 agentes de la Patrulla Fronteriza, pero pretende incrementarlos a 18 mil antes del 20 de enero del próximo año.
Política persecutoria
El Departamento de Seguridad Interior reconoce que el endurecimiento de las medidas antimigratorias que ha caracterizado al mandato de Bush y la actual crisis económica de Estados Unidos están provocando que “miles” de indocumentados opten por regresar voluntariamente a su país de origen, que en la mayoría de los casos es México.
La persecución de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos involucra a todos los niveles gubernamentales. En casi todos los estados se han aprobado leyes para expulsar y tratar como criminales a los indocumentados.
Por ejemplo, el año pasado se promulgaron 240 leyes de este tipo en los 50 estados (84 más que en 2006) y se sometieron a consideración mil 562 proyectos de ley de corte antimigratorio.
Para Chertoff, la única forma de suavizar estas medidas es abordar el aspecto humano del problema: “Por ello, creemos que una de las responsabilidades primordiales que tendrá el próximo presidente de Estados Unidos será la de convencer al Congreso de la necesidad de hacer una reforma migratoria amplia”, destacó.
Los aspirantes a la presidencia, el demócrata Barack Obama y el republicano John McCain, están de acuerdo en que, aparte de impulsar la reforma migratoria integral, se debe continuar la construcción del muro fronterizo y las redadas, y fortalecer la vigilancia de la región limítrofe con tecnología más avanzada y más agentes de la Patrulla Fronteriza.
De una manera ambigua, porque aún no definen oficialmente sus plataformas políticas, Obama y McCain prometen impulsar una reforma migratoria. El demócrata la considera para 2009, como declaró la semana pasada en entrevista con el diario chileno El Mercurio, y McCain ha dicho que si él gana, dicha reforma se concretaría en los dos primeros años de su mandato.
Para atraer los votos del sector conservador, que es esencial para la elección del 4 de noviembre, ambos candidatos tienen que comprometerse a llevar a cabo severas acciones contra los inmigrantes, aunque tal vez no lleguen al extremo de las que les heredará George W. Bush.
WASHINGTON.- En los siete meses que le restan a su segundo mandato presidencial, George W. Bush decidió dejar un legado indeleble en la relación con México: mecanismos severos e inhumanos para perseguir, arrestar y castigar a los inmigrantes indocumentados, según las nuevas reglas migratorias del Departamento de Seguridad Interior que dio a conocer Michael Chertoff, su titular.
Bush, quien en septiembre de 2001 lanzó la falsa promesa de concretar una reforma a las leyes migratorias de su país para regularizar el estatus de residencia de más de 11 millones de inmigrantes indocumentados (mexicanos unos 7 millones de ellos), pretende localizar a estos inmigrantes y posteriormente expulsarlos a sus países de origen, no sin antes darles un castigo ejemplar a algunos para quitarles el deseo de reincidir.
Estas duras medidas se concentran en las “nuevas 26 iniciativas” que el Departamento de Seguridad Interior dio a conocer desde agosto de 2007 y que tienen tres objetivos básicos: fortalecer la vigilancia para sellar la frontera con México, proveer a los empleadores estadunidenses de los mecanismos tecnológicos para que detecten inmigrantes indocumentados entre sus empleados, y hacer menos burocrático el programa de trabajadores extranjeros temporales.
Por ejemplo, con la llamada iniciativa Streamline –que por el momento sólo se está aplicando en Laredo y Del Río, Texas, así como en Yuma, Arizona–, “los extranjeros indocumentados que son detenidos en el intento del cruce fronterizo en las zonas designadas de alto tráfico son básicamente procesados judicialmente como criminales antes de ser deportados”, explicó Chertoff el lunes 9, cuando dio a conocer los objetivos de la política migratoria del presidente Bush para el resto de su mandato, que concluye el 20 de enero de 2009.
Los indocumentados detenidos bajo la iniciativa Streamline –incluidos los mexicanos– reciben una sentencia mínima de cinco meses de cárcel, y para los reincidentes arrestados en la zona de alto tráfico el arresto puede ser de hasta un año, antes de ser deportados a su país.
“Los resultados de esta iniciativa han sido sorprendentes, hemos visto notables reducciones en el número de arrestos de inmigrantes indocumentados y en la reincidencia de cruce de personas que ya habían sido detenidas”, presumió Chertoff.
Según estadísticas del Departamento de Seguridad Interior, de octubre de 2006 a mayo de 2007 la Patrulla Fronteriza arrestó a unos 80 mil indocumentados en las zonas de alto tráfico, y a unos 60 mil de octubre de 2007 a mayo de 2008, lo que implica una reducción de aproximadamente 15%, que la dependencia atribuye a las medidas rigurosas y a los castigos judiciales que establecen iniciativas como la Streamline.
Soluciones violentas
Como parte del proyecto de criminalizar la violación a las leyes migratorias de Estados Unidos cometida por inmigrantes extranjeros, el gobierno de Bush ordenó al Departamento de Justicia que colabore con el Departamento de Seguridad Interior.
La aportación de la primera dependencia consiste en designar a más de cien fiscales federales en las cortes migratorias para encausar oficialmente como “criminales” a los inmigrantes indocumentados detenidos en zonas de alto tráfico.
También se pretende concluir a finales de este año la edificación de 1 078.2 kilómetros del muro, cerco o barda de contención en varios sectores de la frontera. De acuerdo con la actualización que presentó Chertoff el lunes 9, hasta ahora se han construido 528.9 kilómetros de muro, lo que según el funcionario estadunidense es una de las causas de la disminución de los intentos de cruce de indocumentados, pero que también atizó la violencia.
“A causa de la edificación del muro, los cárteles de las drogas de México están sufriendo una reducción en las zonas de trasiego que tenían bajo su control; en consecuencia, están peleándose entre ellos para arrebatarse el control de otros puntos fronterizos donde aún no está terminada la construcción del muro”, aseguró Chertoff.
La instalación de tecnología militar para detectar a los indocumentados extranjeros en territorio estadunidense es otra de las iniciativas que Bush heredará al próximo presidente de Estados Unidos.
Sobre todo en el corredor fronterizo de Tucson, Arizona, el Departamento de Seguridad Interior está por concluir la construcción de torres de vigilancia con radar, la siembra de sensores terrestres y la colocación de cámaras de vigilancia a control remoto. Así mismo, se supervisarán áreas con aviones de control remoto que el Pentágono utilizó en la invasión a Irak (marzo de 2003), y se actualizará la dotación de los binoculares de rayos infrarrojos que portan los agentes de la Patrulla Fronteriza.
No obstante, la herramienta más efectiva del Departamento de Seguridad Interior en esta estrategia son las redadas en las fuentes de empleo para detener y deportar a los inmigrantes ilegales.
Chertoff aseguró que el gobierno de Bush continuará con las redadas, no sólo para capturar a indocumentados en todo el país, sino también para castigar a quienes les den empleo.
La novedad es que a cada inmigrante detenido en estas redadas y que utilice documentación de otra persona (cédula de seguro social o copia de una tarjeta de residencia permanente) se le encausará judicialmente y podrá ser sentenciado hasta a cinco años de cárcel sin derecho a libertad bajo fianza.
“El año pasado 90 empleadores de inmigrantes indocumentados fueron procesados y castigados judicialmente. Entre ellos, el presidente de una compañía que empleaba a indocumentados fue sentenciado a 10 años de cárcel”, enfatizó Chertoff.
Lo más controvertido de las redadas, en términos humanitarios, es el aspecto de la separación de familias. Cientos de hijos de inmigrantes ilegales que fueron detenidos en sus trabajos se quedan sin padre, sin madre o sin ambos.
“Es muy triste cuando los niños terminan pagando el precio de las ofensas cometidas por sus padres al violar la leyes de inmigración, pero estamos tratando de enfrentar este problema de una manera en la que los hijos de los detenidos no se queden sin atención”, explicó Chertoff.
En vista de que en muchos casos estos niños nacieron en Estados Unidos, el secretario de Seguridad Interior afirmó: “No podemos permitir que alguien que tenga un hijo ciudadano estadunidense se encubra bajo una especie de inmunidad ante la aplicación de nuestras leyes”.
Por lo tanto, agregó, a los indocumentados con hijos menores de edad –sean ciudadanos estadunidenses o extranjeros– se les permite que lleven a sus niños a los centros de detención o a la cárcel, para que tras cumplir su sentencia sean deportados “todos” a su país de origen.
Para llevar a cabo las redadas y vigilar la frontera, el gobierno de Bush cuenta con 16 mil 471 agentes de la Patrulla Fronteriza, pero pretende incrementarlos a 18 mil antes del 20 de enero del próximo año.
Política persecutoria
El Departamento de Seguridad Interior reconoce que el endurecimiento de las medidas antimigratorias que ha caracterizado al mandato de Bush y la actual crisis económica de Estados Unidos están provocando que “miles” de indocumentados opten por regresar voluntariamente a su país de origen, que en la mayoría de los casos es México.
La persecución de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos involucra a todos los niveles gubernamentales. En casi todos los estados se han aprobado leyes para expulsar y tratar como criminales a los indocumentados.
Por ejemplo, el año pasado se promulgaron 240 leyes de este tipo en los 50 estados (84 más que en 2006) y se sometieron a consideración mil 562 proyectos de ley de corte antimigratorio.
Para Chertoff, la única forma de suavizar estas medidas es abordar el aspecto humano del problema: “Por ello, creemos que una de las responsabilidades primordiales que tendrá el próximo presidente de Estados Unidos será la de convencer al Congreso de la necesidad de hacer una reforma migratoria amplia”, destacó.
Los aspirantes a la presidencia, el demócrata Barack Obama y el republicano John McCain, están de acuerdo en que, aparte de impulsar la reforma migratoria integral, se debe continuar la construcción del muro fronterizo y las redadas, y fortalecer la vigilancia de la región limítrofe con tecnología más avanzada y más agentes de la Patrulla Fronteriza.
De una manera ambigua, porque aún no definen oficialmente sus plataformas políticas, Obama y McCain prometen impulsar una reforma migratoria. El demócrata la considera para 2009, como declaró la semana pasada en entrevista con el diario chileno El Mercurio, y McCain ha dicho que si él gana, dicha reforma se concretaría en los dos primeros años de su mandato.
Para atraer los votos del sector conservador, que es esencial para la elección del 4 de noviembre, ambos candidatos tienen que comprometerse a llevar a cabo severas acciones contra los inmigrantes, aunque tal vez no lleguen al extremo de las que les heredará George W. Bush.
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