¡Lo logro! El Gobierno del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, aprobó un proyecto de ley para limitar las escuchas teléfonicas judiciales a los delitos más graves -terrorismo, mafia y violencia sexual-, y aumentar hasta tres años la pena para quien las publique de manera ilegal. El asunto ha despertado duras críticas.
El ministro italiano de Justicia, Angelino Alfano, explicó en una rueda de prensa que el actual sistema de escuchas telefónicas en investigaciones judiciales ha "degenerado" y que el derecho a la intimidad "ha sido violado muchas veces".
Sin embargo, los críticos consideran que la restricción de las escuchas supondrá una limitación a los poderes de investigación de los jueces, con lo que delitos que se pueden descubrir ahora quedarán ocultos.
Sin embargo, los críticos consideran que la restricción de las escuchas supondrá una limitación a los poderes de investigación de los jueces, con lo que delitos que se pueden descubrir ahora quedarán ocultos.
Con esta ley la operarción Mani Pulite (manos limpias), "habría nacido y muerto en unos instantes", dice el ex magistrado Antonio Di Pietro. "A Mario Chiesa lo detuvimos en delito flagrante, es cierto, pero sólo porque tenía el teléfono pinchado. Y lo mismo ha ocurrido con todos los demás después de él" recuerda el juez que durante el mandato del ex primer ministro Romano Prodi ocupó la cartera de Infraestructuras.
La nueva norma permite las escuchas para las investigaciones sobre crimen organizado y terrorismo, pero no para los delitos de corrupción. Esto, para Di Pietro, "significa que el Gobierno renuncia también a perseguir a los grandes criminales.
Agrega que es de "clásico corte berlusconiano. Mano dura contra los más débiles y trato de favor para los amigos.
Atentado a la libertad de expresión.
La nueva legislación prevé la prisión para los periodistas que utilicen las conversaciones intervenidas y elevadas multas para los editores. Di Pietro cree que el derecho de información está en el punto de mira de Berlusconi. "Es un intento evidente para impedir que la opinión pública conozca las ilegalidades que ocurren dentro de los templos del poder", señala.
El castigo serán cinco años de cárcel para el magistrado que ordene un pinchazo telefónico; igual de años para quien lo realice, para quien lo filtre, y para los periodistas que lo publiquen. Ése es el núcleo duro de la nueva ley en Italia.
El primer ministro, Silvio Berlusconi, trata de esta manera de prohibir a jueces y fiscales el recurso de intervenir los teléfonos de sospechosos salvo en los casos de delitos más graves: terrorismo, mafia y violencia sexual. La medida excluiría a las escuchas como método de recogida de pruebas en los procesos que afectan a crímenes de cuello blanco: corrupción, prevaricación, sobornos, extorsión, estafas o delitos empresariales.
El ministro de Justicia Angelino Alfano señala que en 2007 hubo 125,000 personas espiadas en Italia, y que "prácticamente todo el país habría sido interceptado alguna vez". Además, declaró que las grabaciones suponen la mitad del total de los gastos judiciales. "Es necesario reducir ese exceso defendiendo la privacidad de los ciudadanos pero sin debilitar a las fuerzas de seguridad".
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