Inteligencia económica de seguridad/Andrés Montero Gómez, director del Instituto de Psicología de la Violencia
Publicado en EL CORREO DIGITAL, 24/06/2008;
Recientemente Baltasar Garzón ordenó el bloqueo de varias cuentas en bancos de Liechtenstein como supuestos depósitos de dinero de ETA. El principado alpino ha venido siendo el foco de acciones judiciales contra la delincuencia organizada. Hace unos meses se conocía que autoridades alemanas abrían causas penales contra ciudadanos de su República Federal imputados por fraude fiscal y evasión de impuestos. La larga lista de alemanes encausados tenía sus cuentas de evasión en bancos de Liechtenstein.
La centralidad de esfuerzos de policías y jueces del mundo en la economía del crimen no es nueva, pero sí relativamente reciente. Durante los ochenta y entrados los noventa, los aparatos de seguridad de los Estados se concentraban en detener a delincuentes y en incautar sustancias ilícitas traficadas, como las drogas. A pesar de que es archiconocido que un icono mafioso como Al Capone fue encarcelado por delitos contra la hacienda pública, no se prestaba atención alguna al dinero que las organizaciones criminales generaban y que necesitaban legitimar, es decir, blanquear para reintroducirlo en los circuitos de la economía legal. La economía del crimen era un territorio inexplorado y para las policías era una prioridad apresar cargamentos de droga o desarticular comandos terroristas. A partir de la primera mitad de los 90, incautar sustancias ilícitas y detener a mafiosos criminales cambió su lugar prioritario en las estrategias de seguridad de los Estados, que se enfocaron directamente sobre la estructura de las redes criminales. El objetivo esencialista contra la delincuencia organizada dejó de ser apresar a los facinerosos individuales o quitarles cinco toneladas de heroína, para situarse en el desmantelamiento, lo más completo y profundo posible, de las organizaciones criminales.
Las agencias de seguridad monitorizaban (y monitorizan) las estructuras delictivas durante meses, durante años, hasta cerciorarse de que el momento de la detención o desarticulación iba a suponer el desmantelamiento más extenso de la red criminal, incluidas todas sus estructuras, recursos, medios y contactos. Lógicamente, los grupos mafiosos más duraderos se adaptaron a esa reorientación estratégica de las seguridades de los Estados atomizándose, duplicando sus estructuras, diversificando actividades criminales y trasnacionalizándose. Las agencias públicas de seguridad siempre han estado por detrás del crimen organizado.
Desde la segunda mitad de los 90 hasta entrado el principio de siglo, la prioridad policial-judicial que trasladaba el centro de investigación e inteligencia del individuo criminal y su sustancia ilícita al corazón de la estructura criminal se complementa con un nuevo concepto, la dimensión económica del crimen. El propio Garzón que ahora bloquea cuentas bancarias de ETA en Liechtenstein, inauguraba la variante contra la banda terrorista en 1998 perjudicando con rotundidad su estructura financiera. Ya no se trata(ba) de desmantelar la estructura criminal, sino de despojar a los mafiosos del beneficio obtenido ilícitamente, de quitarles el dinero, las propiedades inmobiliarias, de congelar sus cuentas y activos financieros, de privarles de coches, aviones y barcos o de clausurar empresas pantalla. En este planteamiento económico contra el crimen organizado, el mayor éxito era detectar, bloquear y embargar todas las finanzas de una red criminal, incluida la estructura ilegal que se hubiera establecido para blanquear las toneladas de dinero que la sociedad criminal estuviera ingresando como fruto de su actividad. Si, además, después se desarticulaba toda la red de capos, lugartenientes y ejecutores del crimen y se incautaba la sustancia, mejor.
El razonamiento detrás de esta estrategia económica de la seguridad centrada en las redes delictivas es que si derribas la infraestructura del crimen, el tiempo de recuperación y adaptación criminal aumenta. También se evita que las mismas redes criminales se estabilicen en el espacio y en el tiempo, reduciendo las probabilidades de que corrompan su entorno social. Desde luego, esto no vale para las mafias tradicionales, que ya no parece que haya manera de extirpar. Es decir, si nos ponemos pesimistas, lo que se está consiguiendo es introducir más renovación en el chasis criminal global, dificultando la adaptabilidad de los grupos criminales pero, por eso mismo y paradójicamente, haciendo que cuando desarrollan una nueva artimaña sea mejor y más efectiva que la anterior. Si nos ponemos optimistas, puede que si los mecanismos de prevención de la utilización del sistema económico y financiero para fines criminales logran afinarse lo suficiente, llegará un día en que los delitos organizados destinados al lucro ilícito pierdan rentabilidad. Es un optimismo que de momento no se corresponde con la realidad.
Hace poco el mismo juez que congelaba activos financieros sospechosos de pertenecer al terrorismo contribuía a desarticular la ‘Tamboskaya-Malyshevskaya’, supuestamente el grupo mafioso de origen ruso más importante del mundo. Los informes tanto de Europol como de la Oficina para las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas confirman que los transportes y el inmobiliario son dos de los sectores de la economía legítima más susceptibles de ser infiltrados por el crimen organizado. Aparte de las estructuras policiales o administrativas destinadas a la prevención y represión del blanqueo de dinero o de la financiación del terrorismo, España no dispone de una capacidad nacional de seguridad concentrada específicamente en hacer inteligencia económica. Existe desde luego un mandato para que el Centro Nacional de Inteligencia desarrolle conocimiento sobre las amenazas que pueden perjudicar a los intereses económicos nacionales. Sin embargo, desde la seguridad interior no tenemos un planteamiento sistemático para extirpar a grupos criminales inoculados en varios órganos de nuestra economía legal.
Desde hace algún tiempo se viene hablando de crear una policía económica, aunque desde mi punto de vista no es necesario. Las fuerzas de seguridad ya disponen de recursos suficientes en número, aunque menos en capacitación en ingeniería financiera y económica compleja, para hacer frente a investigaciones. Lo que falta es planteamiento estratégico, enfoque integral, decisión de analizar el problema y de situar fuerzas para resolverlo. Una manera de hacerlo es desarrollando una capacidad específica en el Ministerio de Interior, una unidad de inteligencia económica que analizara las redes económicas del crimen organizado y coordinara las acciones policiales contra la amenaza. Entonces quizás tendríamos más claro si la ‘Tamboskaya-Malyshevskaya’ es la más importante del mundo o simplemente la punta de un iceberg que no vemos en su magnitud.
La centralidad de esfuerzos de policías y jueces del mundo en la economía del crimen no es nueva, pero sí relativamente reciente. Durante los ochenta y entrados los noventa, los aparatos de seguridad de los Estados se concentraban en detener a delincuentes y en incautar sustancias ilícitas traficadas, como las drogas. A pesar de que es archiconocido que un icono mafioso como Al Capone fue encarcelado por delitos contra la hacienda pública, no se prestaba atención alguna al dinero que las organizaciones criminales generaban y que necesitaban legitimar, es decir, blanquear para reintroducirlo en los circuitos de la economía legal. La economía del crimen era un territorio inexplorado y para las policías era una prioridad apresar cargamentos de droga o desarticular comandos terroristas. A partir de la primera mitad de los 90, incautar sustancias ilícitas y detener a mafiosos criminales cambió su lugar prioritario en las estrategias de seguridad de los Estados, que se enfocaron directamente sobre la estructura de las redes criminales. El objetivo esencialista contra la delincuencia organizada dejó de ser apresar a los facinerosos individuales o quitarles cinco toneladas de heroína, para situarse en el desmantelamiento, lo más completo y profundo posible, de las organizaciones criminales.
Las agencias de seguridad monitorizaban (y monitorizan) las estructuras delictivas durante meses, durante años, hasta cerciorarse de que el momento de la detención o desarticulación iba a suponer el desmantelamiento más extenso de la red criminal, incluidas todas sus estructuras, recursos, medios y contactos. Lógicamente, los grupos mafiosos más duraderos se adaptaron a esa reorientación estratégica de las seguridades de los Estados atomizándose, duplicando sus estructuras, diversificando actividades criminales y trasnacionalizándose. Las agencias públicas de seguridad siempre han estado por detrás del crimen organizado.
Desde la segunda mitad de los 90 hasta entrado el principio de siglo, la prioridad policial-judicial que trasladaba el centro de investigación e inteligencia del individuo criminal y su sustancia ilícita al corazón de la estructura criminal se complementa con un nuevo concepto, la dimensión económica del crimen. El propio Garzón que ahora bloquea cuentas bancarias de ETA en Liechtenstein, inauguraba la variante contra la banda terrorista en 1998 perjudicando con rotundidad su estructura financiera. Ya no se trata(ba) de desmantelar la estructura criminal, sino de despojar a los mafiosos del beneficio obtenido ilícitamente, de quitarles el dinero, las propiedades inmobiliarias, de congelar sus cuentas y activos financieros, de privarles de coches, aviones y barcos o de clausurar empresas pantalla. En este planteamiento económico contra el crimen organizado, el mayor éxito era detectar, bloquear y embargar todas las finanzas de una red criminal, incluida la estructura ilegal que se hubiera establecido para blanquear las toneladas de dinero que la sociedad criminal estuviera ingresando como fruto de su actividad. Si, además, después se desarticulaba toda la red de capos, lugartenientes y ejecutores del crimen y se incautaba la sustancia, mejor.
El razonamiento detrás de esta estrategia económica de la seguridad centrada en las redes delictivas es que si derribas la infraestructura del crimen, el tiempo de recuperación y adaptación criminal aumenta. También se evita que las mismas redes criminales se estabilicen en el espacio y en el tiempo, reduciendo las probabilidades de que corrompan su entorno social. Desde luego, esto no vale para las mafias tradicionales, que ya no parece que haya manera de extirpar. Es decir, si nos ponemos pesimistas, lo que se está consiguiendo es introducir más renovación en el chasis criminal global, dificultando la adaptabilidad de los grupos criminales pero, por eso mismo y paradójicamente, haciendo que cuando desarrollan una nueva artimaña sea mejor y más efectiva que la anterior. Si nos ponemos optimistas, puede que si los mecanismos de prevención de la utilización del sistema económico y financiero para fines criminales logran afinarse lo suficiente, llegará un día en que los delitos organizados destinados al lucro ilícito pierdan rentabilidad. Es un optimismo que de momento no se corresponde con la realidad.
Hace poco el mismo juez que congelaba activos financieros sospechosos de pertenecer al terrorismo contribuía a desarticular la ‘Tamboskaya-Malyshevskaya’, supuestamente el grupo mafioso de origen ruso más importante del mundo. Los informes tanto de Europol como de la Oficina para las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas confirman que los transportes y el inmobiliario son dos de los sectores de la economía legítima más susceptibles de ser infiltrados por el crimen organizado. Aparte de las estructuras policiales o administrativas destinadas a la prevención y represión del blanqueo de dinero o de la financiación del terrorismo, España no dispone de una capacidad nacional de seguridad concentrada específicamente en hacer inteligencia económica. Existe desde luego un mandato para que el Centro Nacional de Inteligencia desarrolle conocimiento sobre las amenazas que pueden perjudicar a los intereses económicos nacionales. Sin embargo, desde la seguridad interior no tenemos un planteamiento sistemático para extirpar a grupos criminales inoculados en varios órganos de nuestra economía legal.
Desde hace algún tiempo se viene hablando de crear una policía económica, aunque desde mi punto de vista no es necesario. Las fuerzas de seguridad ya disponen de recursos suficientes en número, aunque menos en capacitación en ingeniería financiera y económica compleja, para hacer frente a investigaciones. Lo que falta es planteamiento estratégico, enfoque integral, decisión de analizar el problema y de situar fuerzas para resolverlo. Una manera de hacerlo es desarrollando una capacidad específica en el Ministerio de Interior, una unidad de inteligencia económica que analizara las redes económicas del crimen organizado y coordinara las acciones policiales contra la amenaza. Entonces quizás tendríamos más claro si la ‘Tamboskaya-Malyshevskaya’ es la más importante del mundo o simplemente la punta de un iceberg que no vemos en su magnitud.
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