Las horas decisivas

Caso New’s Divine Las horas decisivas
Gloria Leticia Díaz Y Raúl Monge, reporteros

Publicado en la revista Proceso (www.proceso.com.mx) No. 1654, 13/07/2008;

El ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, relata en entrevista cómo enfrentaron Marcelo Ebrard, Joel Ortega y Rodolfo Félix la tragedia en la discoteca New’s Divine. Revela que después del desastroso operativo las autoridades policiacas obstaculizaron la investigación, manipularon evidencias y encubrieron a algunos subordinados. Y ahora, advierte, se corre el riesgo de que el presidente Calderón quiera imponer a un militar al frente de la seguridad capitalina para pasar “de la tolerancia cero a la doble cero”.
El martes 8 de julio a las 10 de la mañana, una hora antes de presentar su informe sobre el caso New’s Divine, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, recibió en sus oficinas de avenida Chapultepec al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon.
Con un fotógrafo de la comisión como único testigo del encuentro, Álvarez Icaza le entregó a Ebrard el resultado del exhaustivo trabajo realizado por cerca de 300 personas (en 18 jornadas de trabajo de 24 horas, del 20 de junio al 8 de julio, incluidos sábados y domingos), con base en el cual el titular del GDF decidió remover ese mismo día, después de las 13:00 horas, al secretario de Seguridad Pública, Joel Ortega Cuevas, y al procurador General de Justicia del DF, Rodolfo Félix Cárdenas.
–Viene duro –le advirtió el ombudsman al gobernante capitalino esa mañana.
Sin poder ocultar su preocupación, Ebrard recibió los dos volúmenes del demoledor informe que puso en evidencia la parcialidad y la manipulación con que Ortega Cuevas y Félix Cárdenas, con sus subordinados, condujeron desde un principio las indagatorias sobre la tragedia del viernes 20 de junio en la discoteca New’s Divine.
“No esperaba menos, los hechos son graves”, atinó a decir Ebrard.
Un día después, el miércoles 9, Álvarez Icaza recibió en su oficina una tarjeta en la que Marcelo Ebrard le dice que como capitalino se siente orgulloso del trabajo de la CDHDF y que como jefe de Gobierno pondrá todo su empeño en que se cumplan las recomendaciones que le hace.
En entrevista con Proceso durante la mañana del jueves 10, Álvarez Icaza cuenta que ni en esa ni en las anteriores reuniones que tuvo con Ebrard entre el 20 de junio y el lunes 7, el jefe de Gobierno le anticipó la salida de Joel Ortega y Rodolfo Félix: “Jamás entramos a ese terreno, y yo, en lo personal, nunca abrí la puerta para tocar ese punto”.
Alvarez Icaza relata que el miércoles 25 de junio, el día que el jefe delegacional en Gustavo A. Madero, Francisco Chiguil, solicitó licencia para retirarse provisionalmente del cargo, Ebrard lo llamó por teléfono y le preguntó cuándo iba a difundir su informe. La respuesta fue que a la siguiente semana, si las averiguaciones avanzaban sin contratiempos.
Ebrard le dijo que esperaría a conocer el documento antes de tomar alguna decisión.
El lunes 7, Ebrard y Álvarez Icaza conversaron en las oficinas del primero, en el viejo edificio del Ayuntamiento, donde el ombudsman le dio a conocer las líneas generales del informe que presentaría al día siguiente y le dijo que no sería complaciente.
Álvarez Icaza recuerda precisamente sus propias palabras: “Vamos a presentar evidencias puntuales. Le dije que tuviera claro que la Ciudad de México tiene una percepción muy crítica de los mandos policiacos y que no es Atenco, no es Oaxaca, no es Puebla, no es Zongolica. La Ciudad de México es otra cosa”.
Le hizo notar a Ebrard que el respeto a los derechos humanos es una vieja demanda de la izquierda en la capital del país y por eso invocó en su informe la memoria de dos figuras emblemáticas que fueron reprimidas en su momento: Heberto Castillo y Benita Galeana.
El presidente de la CDHDF le señaló al jefe de Gobierno: “No voy a pedir que remuevas a los funcionarios, no es mi atribución. Pero vas a tener elementos suficientes para poder tomar una decisión, la que mejor convenga a la Ciudad de México y a sus habitantes”.
Según el ombudsman, Ebrard respondió que “entendía” el mensaje y le aseguró que cada quien asumiría las decisiones que le correspondieran; luego lo felicitó por el trabajo de la comisión y le dijo que el día siguiente acudiría puntual, a las 10 de la mañana, a la presentación de su informe.
Los compromisos
Satisfecho de su propio trabajo y confiado en que los cambios en la SSP y en la PGJDF sirvan para implantar nuevos modelos de seguridad y de procuración de justicia en la Ciudad de México, propios –dice– de un gobierno verdaderamente democrático, Álvarez Icaza revela que la actitud de Ortega Cuevas y Félix Cárdenas entre el viernes 20 de junio y el martes 8 de julio fue muy distinta a la de Ebrard.
Cuenta, por ejemplo, que la noche del viernes 20 de junio comenzaron a llegar a la CDHDF noticias sobre la tragedia en la discoteca y Álvarez intentó comunicarse por teléfono con el procurador y con el titular de la SSPDF para tener datos de primera mano, pero ninguno tomó la llamada.
Minutos después lo llamó José Ángel Ávila Pérez, secretario de Gobierno, quien le dio la primera versión oficial: que se trató de una estampida de jóvenes y que algunos fueron atropellados.
“Oye, José Ángel, yo tengo otra versión”, replicó el titular de la CDHDF. Pero Ávila Pérez sostuvo: “No, lo que pasa es que se hizo una inspección y las cosas se salieron de control. Los muchachos salieron corriendo y los atropellaron”.
Una hora después, el secretario de Gobierno volvió a comunicarse con Álvarez Icaza y le dijo que Marcelo Ebrard lo esperaba en su oficina. El presidente de la comisión se excusó por cuestiones personales, pero quedó de entrevistarse con Ebrard al día siguiente.
El sábado 21 de junio, Álvarez Icaza llegó a la Jefatura de Gobierno del DF y de inmediato fue conducido a la sala de juntas. Ebrard estaba analizando un video de los hechos junto con Joel Ortega, Rodolfo Félix, Francisco Chiguil y José Ángel Dávila, entre otros funcionarios.
Ebrard lo condujo a su despacho, donde le dijo: “Hasta lo que he visto del video, hay errores muy graves. Estoy muy preocupado y quiero pedirte que intervengas”. Álvarez le informó que la comisión ya tenía abierta una queja de oficio, que había logrado hablar con algunas de las víctimas y recabado denuncias sobre presuntos abusos policiacos.
Antes de que se despidieran, Ebrard le pidió que siguiera de cerca la actuación de los funcionarios de la PGJDF. Álvarez Icaza aceptó, pero a cambio le pidió al jefe de Gobierno plena autonomía para realizar su trabajo, que le diera garantías de que se respetarían sus atribuciones y que le quitara obstáculos a las labores de la comisión.
La solicitud del ombudsman se debió a que desde el primer día los visitadores de la CDHDF se enfrentaron a la resistencia oficial para que ingresaran a la discoteca y certificaran las condiciones del inmueble. Tuvieron que sortear la misma actitud de las autoridades capitalinas para entrar al hospital y hablar con las víctimas.
“Está muy bien, para eso es esta reunión”, aceptó Ebrard.
Argucias policiacas
El lunes 23, Álvarez Icaza recibió en sus oficinas de avenida Chapultepec a Rodolfo Félix Cárdenas, que lo puso al tanto de lo que había hecho la procuraduría hasta ese momento y de las líneas de investigación que seguía.
Poco antes de que el entonces procurador se retirara, Álvarez Icaza le hizo ver la inconveniencia de que el personal de la agencia 50 del Ministerio Público llevara la investigación, ya que era “peligroso, casi suicida”, poner una indagatoria tan delicada en manos de servidores públicos tan cuestionados y con tantas quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos. Le sugirió que era mejor trasladarla a la agencia 40.
Sin embargo, Félix Cárdenas hizo caso omiso y le ofreció al presidente de la CDH-DF que hablaría con los responsables de la agencia 50, encabezados por Ángel Brito Salcedo, y con su jefe inmediato, el entonces subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas, Rafael Edmundo Mateos Poumian, para que le allanaran el camino a la comisión en sus tareas de supervisión.
De nada sirvió: los obstáculos y las irregularidades continuaron, como dice el informe de la CDHDF.
El mismo día 23, a las 14:30 horas, Álvarez Icaza recibió a Ortega Cuevas y a varios de sus colaboradores, entre ellos el subsecretario Luis Rosales, uno de los principales implicados en el concierto de errores y omisiones del fallido operativo.
Ortega Cuevas llevó un video y expuso una valoración de la tragedia que no dejó satisfecho al ombudsman, en primer lugar porque –dice Álvarez Icaza– el funcionario sostuvo la tesis de la estampida y de la responsabilidad del dueño del establecimiento, y en segundo porque ocultó información, manipuló las pruebas y faltó a su palabra de no difundir el video.
Emilio Álvarez Icaza se explaya sobre ese punto: “Joel Ortega me dijo que el video era original y único. Le pedí que no se filtrara a los medios y en la noche lo pasa Joaquín López-Dóriga. Hablé con él para reclamarle, y me dijo que el video lo tenía también la PGJDF, que él no tenía el control de eso.
“Sobre el desfase que existe entre el video y el audio, me explicó que la cámara se había golpeado. El camarógrafo dijo lo mismo. La CDHDF ordenó tres peritajes y los tres especialistas concluyeron que el video estaba editado. Gracias al video, pudimos también identificar a la persona que toma las fotografías y describimos que está adscrito a la SSP. Lo más burdo fue que quisieron engañarnos presentando una cámara de video distinta a la que fue utilizada durante el operativo, y la edición que hicieron del video.”
El titular de la CDHDF recuerda que durante la semana previa a su informe Joel Ortega le telefoneó casi a diario, cuando antes nunca le tomaba las llamadas. Menciona, así mismo, que en una de esas ocasiones le pidió que si encontraba algún acto delictivo cometido por policías, le avisara para que éstos no pudieran escapar.
Estorbaron y encubrieron
A partir de esas reuniones la CDHDF trazó la ruta de su investigación: la tercera Visitaduría, a cargo de Luis González Plascencia, se encargó de la reconstrucción de hechos y del seguimiento de los jóvenes hasta que fueran puestos a disposición de la agencia 50 del MP. La primera Visitaduría, que encabeza José Cruz Lavanderos Yáñez, se dedicó a revisar la investigación de la procuraduría.
El sábado 28 de junio, Álvarez Icaza se reunió con los padres de los jóvenes fallecidos para informarles del avance de la indagatoria. Recuerda que estaban indignados porque el gobierno de la ciudad, antes de asumir su responsabilidad en los hechos y de ofrecer una disculpa pública, puso por delante los cheques de la indemnización.
A uno de los padres, relata, un servidor público le dijo que le correspondían 1.7 millones de pesos por la vida de su hijo. Ofendido, el padre le respondió: “¿Eso vale mi hijo? Entonces le compro al suyo”.
El ombudsman refiere que de las siete reuniones que hasta ahora han tenido con los familiares de las víctimas, esa fue especialmente desgarradora porque los papás soltaron el llanto al presenciar en video la pesadilla que padecieron sus hijos. “Los vieron morir”, dice Álvarez Icaza.
Además, a pesar del compromiso de Ebrard y de sus colaboradores, la comisión siguió lidiando con la resistencia oficial: las autoridades de la SSP y de la PGJDF, incluidos sus titulares, no sólo entorpecieron y manipularon la investigación, sino que le pusieron obstáculos a los visitadores de la CDHDF.
Por si fuera poco, familiares de las víctimas comenzaron a recibir amenazas. Personas ajenas a la comunidad y vestidas de civil comenzaron a aparecer en la colonia Nueva Atzacoalco y los vecinos notaron una inusual presencia policiaca.
En medio de ese ambiente hostil, la noche del domingo 6 el procurador Félix Cárdenas fue a las oficinas de Emilio Álvarez para entregarle una copia del informe que presentaría el día siguiente en el Museo de la Ciudad de México.
Félix Cárdenas aprovechó la ocasión para adelantarle algunos pormenores del documento, relacionados principalmente con la deficiente actuación de la Policía Preventiva y las responsabilidades penales que se desprenden de ella. También le dio su versión sobre los motivos para tipificar el delito como homicidio doloso.
En efecto, el titular de la PGJDF confirmó que el exdirector ejecutivo Regional VI y excoordinador de la Unipol en la delegación Gustavo A. Madero, Guillermo Zayas, es el principal responsable de la muerte de 12 personas durante el fallido operativo en la discoteca New’s Divine.
Consideró también que el traslado de los jóvenes a los sectores Pradera y Aragón fue ilegal, puesto que “se violentó su derecho a la integridad personal, así como a la honra y prohibición de tratos degradantes, porque sufrieron vejaciones”.
Lo que no dijo en ese momento Félix Cárdenas fue que él mismo ordenó que los jóvenes fueran remitidos a la agencia 50 del MP, donde el médico legista adscrito a la coor-dinación territorial GAM-8, Francisco Javier Casiano, obligó a desnudarse a una decena de jovencitas “para ver su edad”.
Álvarez Icaza menciona que ese informe de la PGJDF le pareció “parco”. Esperaba más del trabajo de la procuraduría, cuyo presupuesto es de 4 mil 500 millones de pesos –dice–, por 252 millones de la CDHDF.
El martes 8, luego de reunirse con Ebrard, Álvarez Icaza envió copias de su informe al presidente Felipe Calderón, a Ortega Cuevas y a Félix Cárdenas.
Sobre la remoción de los dos últimos de sus cargos, el presidente de la CDHDF repite lo que consignó en su informe: que ambos tenían una responsabilidad ética ineludible en la tragedia. Lo más indignante de su actuación, sostiene, fue que violentaron las garantías individuales de los jóvenes, ocultaron evidencias clave para la investigación y encubrieron a servidores públicos.
En cuanto al modelo de seguridad que requiere la Ciudad de México, sostiene que Ebrard tiene la oportunidad de constituir una policía moderna y acorde con un sistema democrático.
Lo peor que le puede pasar a la Ciudad de México, advierte, es que el presidente de la República haga valer su derecho en la política de seguridad pública en la capital del país y vete el nombramiento de Manuel Mondragón y Kalb, con la idea de imponer un militar o exmilitar al frente en la policía capitalina.
“No queremos pasar de la tolerancia cero a la tolerancia doble cero. Lo que necesitamos es otro enfoque en la política de seguridad”, insiste Emilio Álvarez Icaza.

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Lecciones del 20 de junio/Miguel Ángel Granados Chapa

Las renuncias o despidos de dos colaboradores cercanos, y amigos, del jefe del gobierno del Distrito Federal son, hasta ahora, la consecuencia política más notoria de la tragedia del 20 de junio en que perdieron la vida 12 personas. Siguen su curso averiguaciones y procesos penales y administrativos que fincarán responsabilidades jurídicas a quienes incurrieron en conductas delictuosas o ilegales. Cuando esos procedimientos concluyan se habrán cerrado los expedientes formales sobre el caso New’s Divine. Y la crisis política a que dio lugar el atroz horror allí padecido llegará a su vez a su conclusión cuando la Presidencia de la República nombre o confirme al secretario de Seguridad Pública y al procurador de Justicia (Manuel Mondragón y Miguel Ángel Mancera) que reemplacen a Joel Ortega y Rodolfo Félix.

Mucho antes de que el caso sea cerrado, sin embargo, deben sacarse en limpio y empezar a convertir en políticas y actitudes las lecciones del 20 de junio. Sería imperdonable que el grave suceso quedara reducido a una anécdota, a un mero episodio de la turbulenta vida urbana. Por responsabilidad, y aun por necesidades de supervivencia, el gobierno y la sociedad deben partir de esa tragedia hacia reformas que eliminen las circunstancias que se concretaron entonces y que pueden repetirse en cualquier momento si las cosas se quedan como están.Una guía utilísima, indispensable en la construcción del futuro que la ciudad requiere, se compendia en las 300 páginas del Informe Especial sobre Violaciones a los Derechos Humanos en el Caso New’s Divine, que incluye la Recomendación 11/2008 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En poco más de dos semanas, este organismo público produjo una investigación ejemplar, impregnada de un alto sentido ético y humano que propició la sucesión en las dos oficinas del gobierno capitalino colocadas en el centro de un drama social causado por sus estructuras defectuosas y su peor funcionamiento. No exagero al decir que la Comisión emitió, por lo que denuncia y por lo que propone, un manual para la reforma de la seguridad pública, la procuración de justicia y la política hacia los jóvenes.La reforma de esta política juvenil es urgente no sólo para brindar a los muchachos sitios de reunión y esparcimiento que no sean, al mismo tiempo, incubadores de adicciones sino, en un horizonte más amplio, para situar a esa porción de la sociedad en el primer plano que sus muchas necesidades demandan. Faltos de empleo y de plazas en la educación media superior y superior, miles de jóvenes carecen también de horizontes vitales al mismo tiempo que son blanco de furias sociales e institucionales surgidas del peor conservadurismo, el que teme y hostiliza a quienes comienzan a vivir.Los gobiernos del PRD que han regido a la ciudad durante más de 10 años han esbozado una política juvenil que se expresó en la emisión de una Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal. Pero ha faltado la voluntad necesaria para ponerla plenamente en vigor. Para sólo señalar deficiencias formales, el Instituto de la Juventud (creado por la ley mencionada) no ha formulado el Plan Estratégico de Desarrollo Integral para la Población Joven, a que lo obliga el artículo 49, y ni siquiera ha constituido el Consejo Consultivo previsto en el artículo 61.Instaurar una política hacia los jóvenes generará sin duda dificultades menores que la reforma a la seguridad pública y la procuración de justicia, porque se trata de una novedosa zona de actividad estatal en la que no se han acumulado rezagos ni se han formado costras de corrupción, ineficacia e intereses creados, como en cambio ocurre en las policías y el Ministerio Público. Allí hay que realizar una tarea hercúlea, como la que implicó lavar los establos de Augías, para utilizar la metáfora mítica usada antaño con frecuencia, que ahora ha caído en el olvido. No puede haber seguridad pública, ha insistido la Comisión, sin derechos humanos. No se puede limitar a la prevención del delito y su combate. Creer que así es, lamenta la CDHDF, “se ha traducido en exigir a los ciudadanos que cedan sus derechos a cambio de seguridad”, en un canje inequitativo e ineficaz porque no se ha logrado la seguridad ofrecida y en cambio se tiene a los ciudadanos en general, y a los jóvenes en particular, como delincuentes en potencia. El único modo de reformar con eficacia a la policía es inaugurando nuevos cuerpos, tirando el lastre acumulado por décadas y que la década perredista no ha sido capaz de remover, decepcionando a la porción de la sociedad que esperaba en este punto una diferenciación neta respecto del autoritarismo priista que produjo a jefes como Arturo Durazo. Ninguno de los secretarios de las administraciones recientes se aproximó siquiera a aquel siniestro personaje pero tampoco ninguno ha sido eficaz.

La Comisión propone “contar con un cuerpo policiaco bien pagado, bien preparado, al lado de la ciudadanía… Esta ciudad merece ya que se inicien los primeros pasos en ese sentido”. Un anticipo de esa reforma sería integrar, como lo ha sugerido también la Comisión, un cuerpo especial mixto, para la realización de operativos referidos a situaciones donde haya jóvenes.En cuanto a la procuración de justicia, a nadie se oculta la necesidad de “un ministerio público preparado y encaminado a servir y proteger a las y los ciudadanos” que sustituya al cuerpo en funciones actualmente, ante cuyos agentes da miedo comparecer. Las víctimas de delitos suelen abstenerse de denunciarlos porque suponen, intuyen, saben, o mantienen el prejuicio de que, aparte la inutilidad de la denuncia, presentarla abre el riesgo de represalias de los delincuentes, en complicidad con los encargados de perseguirlos.Reformar la procuración de justicia requiere la transformación de su marco jurídico, que le asegure autonomía y dote de capacidades de investigación y mejore su participación en los procesos. Se necesita así mismo, como lo ha propuesto la CDHDF con insistencia, crear un instituto de servicios periciales (función que es actualmente una zona minada) y otro de defensoría de oficio, como se estableció ya en el ámbito federal. La porción de la sociedad que se estremeció con la tragedia del 20 de junio, y la que se escandalizó con ella (que no es lo mismo), serán probablemente escépticas ante la posibilidad de practicar las reformas anunciadas. Impiden la ingenuidad de creer que “esta vez sí” serán emprendidas a profundidad no sólo la amarga experiencia de promesas mentirosas o incumplidas sino el hecho de que deban encabezarlas miembros de la estructura viciada que han de reemplazar y que su tarea haya de realizarse sobre la marcha, empresa tan ardua como reparar una locomotora en pleno recorrido.La sociedad debe fortalecerse para exigir (más que simplemente esperar) que “esta vez sí” ocurra lo que debe ocurrir.