El antipático y sus lealtades/Jesús Silva-Herzog Márquez
Publicado en Reforma, 14/07/2008;
Larguirucho y distante, el alcalde de la Ciudad de México tiene la gran virtud de no pretenderse simpático. De sangre espesa, no va todos los días a la pesca de risitas ni abrazos solidarios. No es un repartidor de mimos y ocurrencias. No habla para agradar, no se disfraza con la ropa del entorno ni simula austeridad de monje. No lo veo camuflándose para volverse cualquiera de nosotros. Su personaje público es tosco y remoto. En su hosquedad, sin embargo, hay algo refrescante. La política se ha vuelto en todas partes una derivación del entretenimiento. Y el pasatiempo consiste en contemplar políticos simulando una emotiva sencillez. Políticos que se disfrazan de militares, dan palmaditas en la espalda, besuquean niños y se conmueven con el dictado del apuntador. Tal parece que, para tener éxito, los gobernantes han de ser graciosos y entretenidos -aunque sean una nulidad para todo lo demás. Sumisos ante el dictado de la imagen, suelen cuidar más el peinado que la decisión. El alcalde de la ciudad no es competidor de ese torneo. No busca el trofeo al político más afable y sencillo. Tiene bajo la mira otro propósito: plantarse como un político serio y profesional.
Las semanas recientes llevaron a crisis al gobierno de Marcelo Ebrard. Su reacción ante los crímenes de la Nueva Atzacoalco muestra la seriedad y los límites de su política. Destaco en primer lugar el reconocimiento de los hechos. La tragedia no fue inscrita en una oscura conspiración; la atención de prensa no fue tachada de amarillista; no se describieron los hechos como una anécdota aislada y menor. Del alcalde de la ciudad recogimos de inmediato el reconocimiento de que los hechos eran graves y que la responsabilidad del gobierno era innegable. Frente a nuestra avestrucina clase política, la actitud es muy agradecible.
El alcalde reconoció de inmediato la gravedad de lo acontecido pero no reaccionó por impulso. No tomó una decisión arrebatada para alimentar a la opinión canina. En la prensa se exigían determinaciones fulminantes pero el alcalde resistió la fiereza de las demandas. Al hervidero respondió con frialdad. No actuó con precipitación, a pesar de que el clima gritaba por una decisión inmediata y tajante. Tampoco perdió el tiempo. El reloj permitió que las instituciones hicieran su trabajo y que éste fundara una decisión de gobierno. El profesionalismo de la comisión local de los derechos humanos, la severidad de sus conclusiones y la vastedad de sus críticas llevaron a una decisión que no fue el manotazo espectacular de un reflejo, sino una decisión bien sopesada que pretende reconstruir la estructura policiaca de la ciudad. Los resolutivos del alcalde parten de una saludable autocrítica. Pero se trata, desde luego, de una autocrítica selectiva que desestima las denuncias más graves del Defensor de los Derechos Humanos. El ombudsman capitalino no solamente apuntó la criminal impericia y los nefastos abusos policiacos. También denunció los intentos de la dependencia policiaca y de la fiscalía por ocultar la verdad y por sesgar políticamente la investigación. El alcalde no respondió a esas severísimas acusaciones dirigidas a la primera línea de su gobierno.
De cualquier modo, a diferencia de lo que han hecho muchos gobernadores de distintos partidos cuando enfrentan una crisis, el alcalde removió a los funcionarios involucrados con el operativo fatal. La incompetencia y el abuso tuvieron consecuencias políticas graves. Sin saña, pero sin entrar en connivencia con los responsables de la tragedia, el jefe de Gobierno se desprendió de funcionarios cercanos. No se empecinó en mantenerlos a toda costa ni los defenestró. El alcalde fue severo con sus colaboradores sin ser desleal. Esto último, la lealtad, es quizá la más extraña virtud en la biografía de Marcelo Ebrard. Llamado muchas veces a la traición, Ebrard no ha dejado de ser leal a sus patronos.
Esa lealtad, encomiable desde muchos ángulos, es también un fardo para el jefe de Gobierno de la capital. El alcalde serio y antipático se vuelve político sumiso e improvisado cuando pone la estructura del gobierno capitalino al servicio del caudillo perredista. Ebrard se habrá ganado el aplauso de López Obrador con su propuesta de consulta petrolera. Pero la consulta no deja de ser una ocurrencia que no se ha planteado con la seriedad indispensable. Todavía hoy no se sabe cuál es la pregunta que los ciudadanos habrían de contestar dentro de un par de semanas. Si el núcleo de toda consulta es la pregunta, que la consulta capitalina siga sin interrogante es confirmación de la poca seriedad de sus organizadores. La lealtad empuja a Ebrard a estas ligerezas.
El aplomo del alcalde para salir del trance confirma a Ebrard como un político profesional que sabe navegar en aguas alborotadas. Sin embargo, su carga de compromisos torpedea su credibilidad. ¿Es creíble su propuesta de transformación policiaca? El alcalde no es un novato en asuntos de seguridad: pocos tan responsables de la seguridad en la capital como él, quien fue jefe de la policía durante buena parte de la administración anterior. Escucharle proponer la reinvención de la policía es tan convincente como sería un presidente Gil Díaz exponiendo la necesidad de reinventar la política económica. Si Ebrard hizo poco para profesionalizar la policía cuando era su jefe, no es mucho lo que podemos esperar de esta burbuja que llama a la reconstrucción radical de los cuerpos policiacos del Distrito Federal.
Si el alcalde Ebrard ha sabido ser antipático para la gente, debería serlo también para los políticos que lo formaron.
http://blogjesussilvaherzogm.typepad.com/
Las semanas recientes llevaron a crisis al gobierno de Marcelo Ebrard. Su reacción ante los crímenes de la Nueva Atzacoalco muestra la seriedad y los límites de su política. Destaco en primer lugar el reconocimiento de los hechos. La tragedia no fue inscrita en una oscura conspiración; la atención de prensa no fue tachada de amarillista; no se describieron los hechos como una anécdota aislada y menor. Del alcalde de la ciudad recogimos de inmediato el reconocimiento de que los hechos eran graves y que la responsabilidad del gobierno era innegable. Frente a nuestra avestrucina clase política, la actitud es muy agradecible.
El alcalde reconoció de inmediato la gravedad de lo acontecido pero no reaccionó por impulso. No tomó una decisión arrebatada para alimentar a la opinión canina. En la prensa se exigían determinaciones fulminantes pero el alcalde resistió la fiereza de las demandas. Al hervidero respondió con frialdad. No actuó con precipitación, a pesar de que el clima gritaba por una decisión inmediata y tajante. Tampoco perdió el tiempo. El reloj permitió que las instituciones hicieran su trabajo y que éste fundara una decisión de gobierno. El profesionalismo de la comisión local de los derechos humanos, la severidad de sus conclusiones y la vastedad de sus críticas llevaron a una decisión que no fue el manotazo espectacular de un reflejo, sino una decisión bien sopesada que pretende reconstruir la estructura policiaca de la ciudad. Los resolutivos del alcalde parten de una saludable autocrítica. Pero se trata, desde luego, de una autocrítica selectiva que desestima las denuncias más graves del Defensor de los Derechos Humanos. El ombudsman capitalino no solamente apuntó la criminal impericia y los nefastos abusos policiacos. También denunció los intentos de la dependencia policiaca y de la fiscalía por ocultar la verdad y por sesgar políticamente la investigación. El alcalde no respondió a esas severísimas acusaciones dirigidas a la primera línea de su gobierno.
De cualquier modo, a diferencia de lo que han hecho muchos gobernadores de distintos partidos cuando enfrentan una crisis, el alcalde removió a los funcionarios involucrados con el operativo fatal. La incompetencia y el abuso tuvieron consecuencias políticas graves. Sin saña, pero sin entrar en connivencia con los responsables de la tragedia, el jefe de Gobierno se desprendió de funcionarios cercanos. No se empecinó en mantenerlos a toda costa ni los defenestró. El alcalde fue severo con sus colaboradores sin ser desleal. Esto último, la lealtad, es quizá la más extraña virtud en la biografía de Marcelo Ebrard. Llamado muchas veces a la traición, Ebrard no ha dejado de ser leal a sus patronos.
Esa lealtad, encomiable desde muchos ángulos, es también un fardo para el jefe de Gobierno de la capital. El alcalde serio y antipático se vuelve político sumiso e improvisado cuando pone la estructura del gobierno capitalino al servicio del caudillo perredista. Ebrard se habrá ganado el aplauso de López Obrador con su propuesta de consulta petrolera. Pero la consulta no deja de ser una ocurrencia que no se ha planteado con la seriedad indispensable. Todavía hoy no se sabe cuál es la pregunta que los ciudadanos habrían de contestar dentro de un par de semanas. Si el núcleo de toda consulta es la pregunta, que la consulta capitalina siga sin interrogante es confirmación de la poca seriedad de sus organizadores. La lealtad empuja a Ebrard a estas ligerezas.
El aplomo del alcalde para salir del trance confirma a Ebrard como un político profesional que sabe navegar en aguas alborotadas. Sin embargo, su carga de compromisos torpedea su credibilidad. ¿Es creíble su propuesta de transformación policiaca? El alcalde no es un novato en asuntos de seguridad: pocos tan responsables de la seguridad en la capital como él, quien fue jefe de la policía durante buena parte de la administración anterior. Escucharle proponer la reinvención de la policía es tan convincente como sería un presidente Gil Díaz exponiendo la necesidad de reinventar la política económica. Si Ebrard hizo poco para profesionalizar la policía cuando era su jefe, no es mucho lo que podemos esperar de esta burbuja que llama a la reconstrucción radical de los cuerpos policiacos del Distrito Federal.
Si el alcalde Ebrard ha sabido ser antipático para la gente, debería serlo también para los políticos que lo formaron.
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Columna JAQUE MATE/Sergio Sarmiento
El expropiador
Reforma, 14 Jul. 08
"Que se fijen a quién se lo rentan". Marcelo Ebrard
Para el gobierno capitalino la lógica es muy sencilla. Alguien tiene que pagar el costo político de la tragedia del News Divine. Qué importa si es alguien que no tiene nada que ver con el asunto: una simple familia que alquilaba un local a un tercero para que llevara a cabo una actividad económica legal y que contaba, además, con todas las autorizaciones legales necesarias.
Quizá para demostrar que es un verdadero hombre de izquierda, y por lo tanto enemigo de la propiedad privada, Ebrard se ha dedicado a expropiar predios privados desde el principio de su administración. En Tepito, en Ixtapalapa, en el Centro Histórico y ahora en la Gustavo A. Madero, el jefe de Gobierno ha utilizado la expropiación como una forma de castigo para quienes considera criminales -sin tomarse la molestia de esperar a que los jueces determinen su culpabilidad- o simplemente porque le conviene hacerlo políticamente.
Éste ha sido el caso de la expropiación del predio del News Divine. De poco sirvió que se demostrara que los dueños no eran los operadores de la discoteca. O que se haya hecho claro que los delitos y abusos que llevaron a la muerte de 12 personas el 20 de junio no los cometieron los dueños del centro de diversión sino los subordinados de Ebrard en el gobierno del Distrito Federal. O que se haya comprobado que el centro de diversión operaba con todos los permisos que requiere la ley. O que no se haya encontrado droga en el inmueble. O que el artículo 14 de la Constitución señale que "Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". O que el artículo 22 de la Constitución prohíba la pena de "confiscación de bienes".
Que se cuide el que alquila, nos dice Ebrard, porque será responsable de cualquier delito que se cometa en su predio. No importa que ninguna ley prohíba alquilar una propiedad ni haga responsable al arrendador por las faltas que pudiera cometer un arrendatario. La posición del jefe de Gobierno es de una injusticia enorme. Equivale a castigar a un inocente no sólo por error, como con tanta frecuencia se hace en nuestro país, sino por sistema. Implica establecer un régimen por medio del cual se castiga a las personas por delitos que no cometieron y que nadie piensa hayan cometido.En la mentalidad de Ebrard, una empresa que arrienda automóviles sería responsable del uso que hiciera del vehículo el arrendatario. Esta política haría imposible, por otra parte, el arrendamiento de viviendas o locales comerciales. Piense usted en una empresa que le alquile apartamentos a miles de personas. ¿Cómo podría asegurarse que ninguna de ellas cometiera un delito?La discoteca News Divine tenía todos los permisos necesarios para operar. Éstos habían sido otorgados por la delegación Gustavo A. Madero, la cual, por mandato de ley, tiene todas las facultades para verificar que las condiciones de operación del lugar sean las adecuadas.¿Eran ilegales los permisos? Hasta ahora nadie lo ha demostrado. Pero si así hubiera sido, ¿por qué debe ser responsable el arrendador del local y no la autoridad que no cumplió con su deber? Si Ebrard quiere seguir castigando a presuntos delincuentes a través de expropiaciones, entonces tendría que despojar de su casa al ex delegado Francisco Chíguil.
Ya los jueces han empezado a echar para atrás esta política de Ebrard. El dueño de un predio en Regina 97, en el centro de la ciudad, un edificio con importancia histórica, ha ganado un amparo contra el gobierno capitalino en primera y segunda instancia por la expropiación que sufrió. Los tribunales han ordenado la restitución del inmueble, aunque el problema es que el gobierno del Distrito Federal ya lo demolió. El dueño de otro inmueble expropiado, éste en Santa María La Ribera, le ganó también un juicio a Ebrard por abuso de autoridad. Pero la expropiación del local del News Divine demuestra que el jefe de Gobierno quiere seguir por el mismo camino y ampliar los castigos a los arrendadores.
La nueva definición de responsabilidad legal que está impulsando Ebrard es aterradora. Sería solamente aceptable en un régimen dictatorial. El jefe de Gobierno está rechazando el principio jurídico de que la responsabilidad penal es personal. Pero si un gobierno puede castigar a un arrendador por un delito que cometió un arrendatario, cualquier persona podrá ser acusada de delitos cometidos por sus parientes, conocidos o clientes. Si lo permitimos, estaremos abriendo las puertas al surgimiento de un régimen abiertamente autoritario.
Ley mordaza
Los políticos nos dicen que la nueva ley electoral que aprobaron no viola la libertad de expresión. Los consejeros del IFE dicen otra cosa. Escribe el consejero electoral Marco Antonio Gómez Alcántar, presidente del Comité de Radio y Televisión del IFE: "La compra de promocionales o programas televisivos o radiofónicos con contenido político o electoral está prohibida a los partidos políticos y a cualquier otra persona física o moral". Esto es, la censura no sólo se aplica a los partidos o a lo electoral: se ejerce contra cualquier persona física o moral por cualquier promocional o programa con contenido político. ¿No que no había censura?
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