Publicado el jueves 10 de julio del 2008 en El Nuevo Herald
Operación de EEUU y Colombia contribuyó al éxito del rescate de rehenes
FRANK BAJAK, reportero, agencia AP.
El rescate novelesco de Ingrid Betancourt y tres contratistas estadounidenses --además de otros 11 rehenes-- debe su éxito no sólo a un magistral engaño de los militares a los rebeldes, sino también a una larga operación de Estados Unidos y Colombia para cortar las líneas de abastecimiento y comunicaciones de los insurgentes.
El ingrediente básico de esa operación fue una empresa fantasma creada por el FBI en Florida y que vendió a guerrilleros teléfonos satelitales cuyas comunicaciones podían ser escuchadas por las autoridades porque estaban intervenidas o interceptadas.
La operación llamada "Alianza'' comenzó con una llamada a un teléfono satelital en el 2003, pocas semanas después de que el avión de vigilancia de los tres contratistas estadounidenses cayó en las selvas del sur colombiano en febrero de aquel año.
La llamada era de Nancy Conde, la jefa regional de finanzas y de abastecimientos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Su novio, también un guerrillero, iba a convertirse, si no era ya, en el carcelero de los tres contratistas. Conde llamaba a contactos en Miami a ver si le podían conseguir teléfonos satelitales.
Lo que Conde no sabía era que agentes de seguridad estaban escuchando.
Agentes federales estadounidenses arrestaron a los contactos de Conde en Miami, quienes a cambio de sentencias reducidas pusieron a la mujer en contacto con una empresa ficticia creada por el FBI, dijo un funcionario estadounidense vinculado a la operación y quien habló a condición de anonimato por razones de seguridad.
A lo largo de cuatro años, la empresa entregó a Conde teléfonos satelitales intervenidos o interceptados junto con otros equipos de comunicaciones, con lo cual pudo desequilibrar a la unidad rebelde y eventualmente ayudar a las autoridades en la tarea de estrangular sus líneas de abastecimiento.
La operación fue vital para allanar el camino al operativo del 2 de julio, cuando un comando militar rescató a 15 secuestrados en manos de la unidad que Conde abastecía, en el mayor golpe que hayan sufrido las FARC.
En total, los agentes estadounidenses y colombianos interceptaron más de 5.000 conversaciones telefónicas -muchas de ellas internacionales con socios que buscaban provisiones- a lo largo de cuatro años como parte de la "Operación Alianza'', dijeron investigadores a The Associated Press.
De acuerdo con los investigadores, escucharon a Conde y a otros negociar cargamentos que iban desde rifles de asalto AK-47 hasta condones para ser distribuidos entre los cientos de guerrilleros en las vastas selvas de Colombia.
Las conversaciones eran no "sólo de finanzas, de equipos de comunicación, de víveres, de armamento, sino también de equipo médico, medicamentos, de gente que iba directamente a atender a los heridos'', dijo Luis Ernesto Tamayo, el agente del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) o policía de investigaciones, encargado de la operación en Colombia.
El 2 de febrero las autoridades detuvieron a Conde cuando ingresaba a Colombia desde Venezuela, donde había ido a dar a luz. En total, las autoridades capturaron a 39 supuestos miembros de la red de abastecimiento y comunicaciones de Conde, incluyendo tres médicos, uno de ellos un cubano de 61 años; así como dos de las tres mujeres que eran las asistentes de Conde.
Los arrestos de hecho comenzaron en el 2006, cuando un proveedor clave de armas llamado José María Corredor, alias "Boyaco'' -y quien según documentos judiciales contrabandeó cientos de rifles de asalto desde Venezuela a cambio de cocaína- fue capturado en un campamento en la selva.
"Con esta operación neutralizamos gran parte del apoyo logístico, financiero'' para las unidades o frentes rebeldes, incluyendo el Frente 1ro que tenía a los secuestrados y que representa un tercio de la fuerza de las FARC, dijo Tamayo.
La operación incluyó desmantelar un "centro de llamadas'' que los guerrilleros tenían en la ciudad de Villavicencio, a unos 45 kilómetros al sureste de Bogotá, desde donde se presume que Conde operaba varios frentes rebeldes. Ubicado donde la montañas andinas se abren hacia las planicies colombianas, el aeropuerto de Villavicencio era un puente clave para llegar a las pistas clandestinas en zonas controladas por los rebeldes.
La cobertura de la prensa local sobre la captura de Conde, con el comandante del ejército general Mario Montoya asegurando que la mujer era solicitada en extradición por Estados Unidos, casi con certeza provocó que su novio, el carcelero rebelde Gerardo Aguilar, limitara, incluso interrumpiera totalmente, sus comunicaciones, de acuerdo con funcionarios.
Entre tanto, se planeaba secretamente la operación militar colombo-estadounidense que llevaría a cabo el rescate de los rehenes. En enero, equipos de reconocimiento divisaron a los tres estadounidenses --Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalves-- en una zona selvática del sur del país.
En una entrevista con la AP, el embajador de Estados Unidos, William Brownfield, afirmó que la intercepción exitosa de comunicaciones llevó a comandantes de las FARC a ‘‘comunicarse menos y comunicarse en otras formas, menos modernas, como los mensajes escritos a mano''.
Una acusación presentada en septiembre en Washington menciona a la mujer y otros cinco que son requeridos en extradición por Estados Unidos por cargos que incluyen apoyo a organizaciones terroristas.
El miércoles, Brownfield anunció que Estados Unidos buscaría también la extradición por cargos de secuestro y terrorismo de Aguilar, alias "César'' y de Alexander Farfán, alias ‘‘Enrique Gafas'', los dos guerrilleros detenidos el 2 de julio en el operativo de rescate.
La acusación estadounidense dice que los dos hombres retuvieron a los tres estadounidenses desde "por lo menos alrededor del 2006''.
Conde está entre las 12 personas cuya extradición es buscada por Estados Unidos en relación al caso, dijo Tamayo.
La mujer, de 35 años, tenía proveedores y compradores --las unidades o frentes de las FARC que operan en la zona de la mujer son grandes exportadores de cocaína-- en por lo menos ocho países, incluyendo Brasil, Surinam, las dos Guyanas y Venezuela, dijo un agente estadounidense involucrado en la operación y que habló a condición de no ser identificado por razones de seguridad.
"Una gran parte del negocio era el de drogas por armas'', dijo el agente.
El arresto de Conde cerró la tubería por la que llegaban los abastecimientos, dijo Tamayo.
El día de su rescate, Betancourt afirmó que la escasez imperaba desde hace al menos un año.
"Desde hace un año los víveres llegan de manera muy difícil, hemos comido escasamente, muy poca variación en la comida'', dijo Betancourt. "La logística puede estar en dificultades'', agregó.
El emporio de abastecimiento de Conde era como una tienda al estilo Wal-Mart y abarcaba desde armas hasta artículos de belleza, de acuerdo con documentos judiciales de Colombia y Estados Unidos:
-- 20 sofisticadas brújulas, radios de alta frecuencia y GPS.
-- 350 tarjetas SIM para llamadas de teléfonos satelitales desde Estados Unidos.
-- Rifles, pistolas, escopetas y municiones.
-- Instrumentos para cirugías "de reconstrucción''.
Y después estaban los elementos humanos.
Uno de los médicos arrestados y acusados de rebelión por supuestamente prestar atención a insurgentes, Luis Alfredo Moreno, solía trabajar con el equipo de fútbol de Bogotá, el Santa Fe.
Molano "sólo se limitó a hacer lo que debe hacer cualquier médico: atender a cualquier persona, sin distingo de filiación política o creencia religiosa'', dijo Iván Cancino, el abogado de Moreno.
De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por la AP, los fiscales están prevenidos por el tema de la defensa. Un testigo afirma que Moreno hizo un viaje hasta el remoto escondite en la selva del comandante guerrillero Mono Jojoy y a cambio recibió 11.500 dólares.
FRANK BAJAK, reportero, agencia AP.
El rescate novelesco de Ingrid Betancourt y tres contratistas estadounidenses --además de otros 11 rehenes-- debe su éxito no sólo a un magistral engaño de los militares a los rebeldes, sino también a una larga operación de Estados Unidos y Colombia para cortar las líneas de abastecimiento y comunicaciones de los insurgentes.
El ingrediente básico de esa operación fue una empresa fantasma creada por el FBI en Florida y que vendió a guerrilleros teléfonos satelitales cuyas comunicaciones podían ser escuchadas por las autoridades porque estaban intervenidas o interceptadas.
La operación llamada "Alianza'' comenzó con una llamada a un teléfono satelital en el 2003, pocas semanas después de que el avión de vigilancia de los tres contratistas estadounidenses cayó en las selvas del sur colombiano en febrero de aquel año.
La llamada era de Nancy Conde, la jefa regional de finanzas y de abastecimientos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Su novio, también un guerrillero, iba a convertirse, si no era ya, en el carcelero de los tres contratistas. Conde llamaba a contactos en Miami a ver si le podían conseguir teléfonos satelitales.
Lo que Conde no sabía era que agentes de seguridad estaban escuchando.
Agentes federales estadounidenses arrestaron a los contactos de Conde en Miami, quienes a cambio de sentencias reducidas pusieron a la mujer en contacto con una empresa ficticia creada por el FBI, dijo un funcionario estadounidense vinculado a la operación y quien habló a condición de anonimato por razones de seguridad.
A lo largo de cuatro años, la empresa entregó a Conde teléfonos satelitales intervenidos o interceptados junto con otros equipos de comunicaciones, con lo cual pudo desequilibrar a la unidad rebelde y eventualmente ayudar a las autoridades en la tarea de estrangular sus líneas de abastecimiento.
La operación fue vital para allanar el camino al operativo del 2 de julio, cuando un comando militar rescató a 15 secuestrados en manos de la unidad que Conde abastecía, en el mayor golpe que hayan sufrido las FARC.
En total, los agentes estadounidenses y colombianos interceptaron más de 5.000 conversaciones telefónicas -muchas de ellas internacionales con socios que buscaban provisiones- a lo largo de cuatro años como parte de la "Operación Alianza'', dijeron investigadores a The Associated Press.
De acuerdo con los investigadores, escucharon a Conde y a otros negociar cargamentos que iban desde rifles de asalto AK-47 hasta condones para ser distribuidos entre los cientos de guerrilleros en las vastas selvas de Colombia.
Las conversaciones eran no "sólo de finanzas, de equipos de comunicación, de víveres, de armamento, sino también de equipo médico, medicamentos, de gente que iba directamente a atender a los heridos'', dijo Luis Ernesto Tamayo, el agente del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) o policía de investigaciones, encargado de la operación en Colombia.
El 2 de febrero las autoridades detuvieron a Conde cuando ingresaba a Colombia desde Venezuela, donde había ido a dar a luz. En total, las autoridades capturaron a 39 supuestos miembros de la red de abastecimiento y comunicaciones de Conde, incluyendo tres médicos, uno de ellos un cubano de 61 años; así como dos de las tres mujeres que eran las asistentes de Conde.
Los arrestos de hecho comenzaron en el 2006, cuando un proveedor clave de armas llamado José María Corredor, alias "Boyaco'' -y quien según documentos judiciales contrabandeó cientos de rifles de asalto desde Venezuela a cambio de cocaína- fue capturado en un campamento en la selva.
"Con esta operación neutralizamos gran parte del apoyo logístico, financiero'' para las unidades o frentes rebeldes, incluyendo el Frente 1ro que tenía a los secuestrados y que representa un tercio de la fuerza de las FARC, dijo Tamayo.
La operación incluyó desmantelar un "centro de llamadas'' que los guerrilleros tenían en la ciudad de Villavicencio, a unos 45 kilómetros al sureste de Bogotá, desde donde se presume que Conde operaba varios frentes rebeldes. Ubicado donde la montañas andinas se abren hacia las planicies colombianas, el aeropuerto de Villavicencio era un puente clave para llegar a las pistas clandestinas en zonas controladas por los rebeldes.
La cobertura de la prensa local sobre la captura de Conde, con el comandante del ejército general Mario Montoya asegurando que la mujer era solicitada en extradición por Estados Unidos, casi con certeza provocó que su novio, el carcelero rebelde Gerardo Aguilar, limitara, incluso interrumpiera totalmente, sus comunicaciones, de acuerdo con funcionarios.
Entre tanto, se planeaba secretamente la operación militar colombo-estadounidense que llevaría a cabo el rescate de los rehenes. En enero, equipos de reconocimiento divisaron a los tres estadounidenses --Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalves-- en una zona selvática del sur del país.
En una entrevista con la AP, el embajador de Estados Unidos, William Brownfield, afirmó que la intercepción exitosa de comunicaciones llevó a comandantes de las FARC a ‘‘comunicarse menos y comunicarse en otras formas, menos modernas, como los mensajes escritos a mano''.
Una acusación presentada en septiembre en Washington menciona a la mujer y otros cinco que son requeridos en extradición por Estados Unidos por cargos que incluyen apoyo a organizaciones terroristas.
El miércoles, Brownfield anunció que Estados Unidos buscaría también la extradición por cargos de secuestro y terrorismo de Aguilar, alias "César'' y de Alexander Farfán, alias ‘‘Enrique Gafas'', los dos guerrilleros detenidos el 2 de julio en el operativo de rescate.
La acusación estadounidense dice que los dos hombres retuvieron a los tres estadounidenses desde "por lo menos alrededor del 2006''.
Conde está entre las 12 personas cuya extradición es buscada por Estados Unidos en relación al caso, dijo Tamayo.
La mujer, de 35 años, tenía proveedores y compradores --las unidades o frentes de las FARC que operan en la zona de la mujer son grandes exportadores de cocaína-- en por lo menos ocho países, incluyendo Brasil, Surinam, las dos Guyanas y Venezuela, dijo un agente estadounidense involucrado en la operación y que habló a condición de no ser identificado por razones de seguridad.
"Una gran parte del negocio era el de drogas por armas'', dijo el agente.
El arresto de Conde cerró la tubería por la que llegaban los abastecimientos, dijo Tamayo.
El día de su rescate, Betancourt afirmó que la escasez imperaba desde hace al menos un año.
"Desde hace un año los víveres llegan de manera muy difícil, hemos comido escasamente, muy poca variación en la comida'', dijo Betancourt. "La logística puede estar en dificultades'', agregó.
El emporio de abastecimiento de Conde era como una tienda al estilo Wal-Mart y abarcaba desde armas hasta artículos de belleza, de acuerdo con documentos judiciales de Colombia y Estados Unidos:
-- 20 sofisticadas brújulas, radios de alta frecuencia y GPS.
-- 350 tarjetas SIM para llamadas de teléfonos satelitales desde Estados Unidos.
-- Rifles, pistolas, escopetas y municiones.
-- Instrumentos para cirugías "de reconstrucción''.
Y después estaban los elementos humanos.
Uno de los médicos arrestados y acusados de rebelión por supuestamente prestar atención a insurgentes, Luis Alfredo Moreno, solía trabajar con el equipo de fútbol de Bogotá, el Santa Fe.
Molano "sólo se limitó a hacer lo que debe hacer cualquier médico: atender a cualquier persona, sin distingo de filiación política o creencia religiosa'', dijo Iván Cancino, el abogado de Moreno.
De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por la AP, los fiscales están prevenidos por el tema de la defensa. Un testigo afirma que Moreno hizo un viaje hasta el remoto escondite en la selva del comandante guerrillero Mono Jojoy y a cambio recibió 11.500 dólares.
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