Columna Día con día/ Héctor Aguilar Camin,
Publicado en Milenio Diario (www.milenio.com) 6 de agosto de 2008;
Secuestros
El número de secuestros denunciados en 2007 fue de 438, 113 más que los de 2006, cuando hubo 325. Cinco entidades registraron más de la mitad de las denuncias. En el Distrito Federal, 77 secuestros; en el Estado de México, 67; en Baja California, 41; en Guerrero, 33; en Jalisco, 20. (La Jornada, 5/8/08). Desde 1994 se han denunciado casi ocho mil secuestros, con saldo de 700 muertos, nos dice Carlos Marín en su columna de ayer en MILENIO.
Los secuestros han aumentado por dos causas. La primera es que las bandas del narcotráfico han visto reducido su negocio y se han mudado a otros delitos: extorsión, tráfico de personas y secuestro. La segunda causa es la de siempre: el crimen prospera dentro de las corporaciones policiacas cuyos jefes y ex jefes, agentes y ex agentes, han encontrado en el secuestro un negocio rentable e impune.
A diferencia del narcotráfico, que es un delito del fuero federal que compete al gobierno de la República, el secuestro es un delito del fuero común, que deben perseguir las autoridades locales.
Hay que alzar los ojos hacia el gobierno federal en busca del primer bien que debe proveer un gobierno: la seguridad de sus ciudadanos. Pero en materia de secuestro hay que alzar los ojos, sobre todo a los gobiernos locales que gozan hoy de mayor autonomía que nunca en la historia y como nunca reciben recursos federales de los que apenas rinden cuentas.
Cada secuestro individual se suma dramáticamente al secuestro general de la seguridad que acompaña como una sombra nuestra vida pública. Esto no puede seguir así, decimos año con año, pero sigue y se agrava sin que los gobiernos pongan un remedio ni la sociedad haga innegociable su exigencia de seguridad.
El despiadado asesinato del joven Alejandro Martí ha puesto el tema de la seguridad en el lugar donde debería estar siempre: el primero entre las alarmas y las exigencias ciudadanas.
Los poderes de la República, los partidos políticos, los medios de comunicación, las organizaciones ciudadanas, debieran convocar a una deliberación nacional sobre el problema crónico de seguridad que nos aqueja, y mantenerse en ella hasta que la seguridad alcance en nuestra vida pública el lugar principalísimo, por encima de cualquier otro, que debe ocupar en países democráticos a medio hacer, como México.
Sólo los estados que han resuelto el problema de seguridad tienen derecho a plantearse otras prioridades. La falta de concentración del Estado en su tarea fundamental es parte esencial del problema.acamin@milenio.com
***
Clumna En Privado/Joaquín Lípez Doriga,
El número de secuestros denunciados en 2007 fue de 438, 113 más que los de 2006, cuando hubo 325. Cinco entidades registraron más de la mitad de las denuncias. En el Distrito Federal, 77 secuestros; en el Estado de México, 67; en Baja California, 41; en Guerrero, 33; en Jalisco, 20. (La Jornada, 5/8/08). Desde 1994 se han denunciado casi ocho mil secuestros, con saldo de 700 muertos, nos dice Carlos Marín en su columna de ayer en MILENIO.
Los secuestros han aumentado por dos causas. La primera es que las bandas del narcotráfico han visto reducido su negocio y se han mudado a otros delitos: extorsión, tráfico de personas y secuestro. La segunda causa es la de siempre: el crimen prospera dentro de las corporaciones policiacas cuyos jefes y ex jefes, agentes y ex agentes, han encontrado en el secuestro un negocio rentable e impune.
A diferencia del narcotráfico, que es un delito del fuero federal que compete al gobierno de la República, el secuestro es un delito del fuero común, que deben perseguir las autoridades locales.
Hay que alzar los ojos hacia el gobierno federal en busca del primer bien que debe proveer un gobierno: la seguridad de sus ciudadanos. Pero en materia de secuestro hay que alzar los ojos, sobre todo a los gobiernos locales que gozan hoy de mayor autonomía que nunca en la historia y como nunca reciben recursos federales de los que apenas rinden cuentas.
Cada secuestro individual se suma dramáticamente al secuestro general de la seguridad que acompaña como una sombra nuestra vida pública. Esto no puede seguir así, decimos año con año, pero sigue y se agrava sin que los gobiernos pongan un remedio ni la sociedad haga innegociable su exigencia de seguridad.
El despiadado asesinato del joven Alejandro Martí ha puesto el tema de la seguridad en el lugar donde debería estar siempre: el primero entre las alarmas y las exigencias ciudadanas.
Los poderes de la República, los partidos políticos, los medios de comunicación, las organizaciones ciudadanas, debieran convocar a una deliberación nacional sobre el problema crónico de seguridad que nos aqueja, y mantenerse en ella hasta que la seguridad alcance en nuestra vida pública el lugar principalísimo, por encima de cualquier otro, que debe ocupar en países democráticos a medio hacer, como México.
Sólo los estados que han resuelto el problema de seguridad tienen derecho a plantearse otras prioridades. La falta de concentración del Estado en su tarea fundamental es parte esencial del problema.acamin@milenio.com
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Clumna En Privado/Joaquín Lípez Doriga,
Publicado en Milenio Diario (www.milenio.com) 6 de agosto de 2008
¿Cuántos más quieren?
En la política, se van por vanidad y vuelven por rencor. Florestán
El secuestro y asesinato de Fernando por una banda de secuestradores, ahora de homicidas, encabezada por un comandante de la Policía Judicial, y que ha operado impunemente, constituye una pérdida irreparable, incomprensible, inaceptable, imperdonable para su familia y para sus amigos.
Devastados, están de luto como debiéramos estarlo todos.
Y es que un joven de apenas 14 años ha sido asesinado por una banda que tiene años de operar en la impunidad. Una banda como hay muchísimas en México, que nos acechan a todos por igual; una banda que por su operar, por sólo existir tiene, como todas las demás, secuestrada la tranquilidad de los mexicanos.
Por eso, y desde la cercanía de esta distancia (escribo desde Pekín), una vez más debo decir, quiero gritar, que no podemos ni debemos quedarnos callados ante este crimen, ante sus crímenes, ante todos los que han matado, ante todos los que han secuestrado, ante todos los que hoy están secuestrados, y con ellos sus familias, y además para siempre.
Hoy, quedarnos callados, como hay quienes quieren en aras de una paz ficticia, de una cómoda moralina, implica cederles, con cada silencio, una pedazo cada vez mayor de nuestra tranquilidad, de nuestra seguridad perdida hace mucho tiempo.
Hoy, con indignación sincera, debemos levantar la voz para gritar un ¡Ya basta!, otro ¡Ya basta! más.
Y desde ese ¡Ya basta!, todos, también, tenemos que exigir a las autoridades responsables de nuestra seguridad que hagan lo suyo: garantizar la seguridad de todos, como tienen obligación de hacerlo, y como no lo han hecho.
El secuestro y asesinato de Fernando es un cruel recordatorio, otro de muchos más, sobre la inseguridad en la que vivimos; este asesinato es también un llamado, otro llamado más –¿cuántos más quieren?– a las autoridades, para que actúen ya, para que recuperen y nos garanticen la seguridad perdida entre delincuentes, los discursos sobre los grados de dificultad con los que buscan evadir esa responsabilidad, y la relación de estadísticas con las que tratan de esconder ineficiencias y complicidades.
Quisiera que esto fuese un recordatorio y un llamado; una exigencia de todos; recordatorio, llamado y exigencia que se escuchan más fuerte cada vez que conocemos que alguien está secuestrado, que alguien ha sido asesinado.
Ahora fue el secuestro y asesinato de Fernando; con este secuestro, con este asesinato, a todos nos secuestraron un poco, a todos nos mataron otro poco.
Y pregunto como preguntamos, como emplazamos millones de mexicanos en todo el país a las autoridades: ¿cuántos más necesitan?
Nos vemos mañana, pero en privado.lopezdoriga@milenio.com
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En la política, se van por vanidad y vuelven por rencor. Florestán
El secuestro y asesinato de Fernando por una banda de secuestradores, ahora de homicidas, encabezada por un comandante de la Policía Judicial, y que ha operado impunemente, constituye una pérdida irreparable, incomprensible, inaceptable, imperdonable para su familia y para sus amigos.
Devastados, están de luto como debiéramos estarlo todos.
Y es que un joven de apenas 14 años ha sido asesinado por una banda que tiene años de operar en la impunidad. Una banda como hay muchísimas en México, que nos acechan a todos por igual; una banda que por su operar, por sólo existir tiene, como todas las demás, secuestrada la tranquilidad de los mexicanos.
Por eso, y desde la cercanía de esta distancia (escribo desde Pekín), una vez más debo decir, quiero gritar, que no podemos ni debemos quedarnos callados ante este crimen, ante sus crímenes, ante todos los que han matado, ante todos los que han secuestrado, ante todos los que hoy están secuestrados, y con ellos sus familias, y además para siempre.
Hoy, quedarnos callados, como hay quienes quieren en aras de una paz ficticia, de una cómoda moralina, implica cederles, con cada silencio, una pedazo cada vez mayor de nuestra tranquilidad, de nuestra seguridad perdida hace mucho tiempo.
Hoy, con indignación sincera, debemos levantar la voz para gritar un ¡Ya basta!, otro ¡Ya basta! más.
Y desde ese ¡Ya basta!, todos, también, tenemos que exigir a las autoridades responsables de nuestra seguridad que hagan lo suyo: garantizar la seguridad de todos, como tienen obligación de hacerlo, y como no lo han hecho.
El secuestro y asesinato de Fernando es un cruel recordatorio, otro de muchos más, sobre la inseguridad en la que vivimos; este asesinato es también un llamado, otro llamado más –¿cuántos más quieren?– a las autoridades, para que actúen ya, para que recuperen y nos garanticen la seguridad perdida entre delincuentes, los discursos sobre los grados de dificultad con los que buscan evadir esa responsabilidad, y la relación de estadísticas con las que tratan de esconder ineficiencias y complicidades.
Quisiera que esto fuese un recordatorio y un llamado; una exigencia de todos; recordatorio, llamado y exigencia que se escuchan más fuerte cada vez que conocemos que alguien está secuestrado, que alguien ha sido asesinado.
Ahora fue el secuestro y asesinato de Fernando; con este secuestro, con este asesinato, a todos nos secuestraron un poco, a todos nos mataron otro poco.
Y pregunto como preguntamos, como emplazamos millones de mexicanos en todo el país a las autoridades: ¿cuántos más necesitan?
Nos vemos mañana, pero en privado.lopezdoriga@milenio.com
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Columna Plaza Pública/Miguel Ángel Granados Chapa
Secuestrado y asesinado
En el asalto en que fue secuestrado Fernando Martí, de apenas 14 años y que fue asesinado después de la crueldad que significa un cautiverio de 50 días, murieron también su chofer y su escoltaCon justificada razón, el secuestro y asesinato de Fernando Martí ha provocado indignación en un amplio sector de la sociedad, preocupado de antemano por el incremento en el número de personas a las que se priva ilegalmente de la libertad. Es un crimen particularmente repugnante y atroz: la víctima tenía solamente 14 años de edad, por su rescate fue pagada una cantidad que los secuestradores negaron haber recibido (dejaron un mensaje en tal sentido sobre el cadáver), lo mataron mediante asfixia, método que causa angustia con la que culminó la que el infortunado jovencito debe haber padecido durante más de 50 días, y ocultaron su cadáver de tal modo que se le halló sólo 53 días después de que su vehículo fue asaltado.
Esas circunstancias y la pertenencia de la víctima a una familia muy conocida (las tiendas de Deportes Martí y los establecimientos de Sport City son parte muy vistosa de la geografía capitalina) han hecho que se publiquen multitud de mensajes de pésame y que la Comisión Permanente del Congreso haya guardado un minuto de silencio por esa muerte y demandado la captura de sus perpetradores.
La concentración de la atención social en Fernando Martí ha puesto muy en otro plano el hecho de que también fueron asesinados su chofer y su guardia personal, cuyos cadáveres fueron hallados al día siguiente del ataque de que fueron víctimas, cuando los detuvo un retén policiaco. Eran los señores Jorge Palma Lemus, de 61 años de edad, cuyo cadáver tenía la cabeza vendada y varios surcos en la garganta. Lo mataron, como harían después con su jefe, mediante asfixia. A Cristian Salmones Flores, de 25 años de edad, lo ahorcaron con unas cuerdas. Agonizó durante muchas horas y aun llegó vivo al hospital después de que se halló su cuerpo en un vehículo robado en mayo anterior. Este muchacho, encargado de la seguridad del joven Martí, literalmente dio su vida por la de su resguardado sin poder evitar que éste también la perdiera.
Las escoltas de funcionarios y personas que pueden pagarlas son un fenómeno que crece en una sociedad atemorizada por la inseguridad creciente. Su funcionamiento se basa en la creencia de que la destreza de los guardias, su entrenamiento ad hoc pueden hacerlos repeler un ataque, aunque en la respuesta a una agresión les vaya la vida. Es una presunción no siempre avalada por los hechos, como en éste, en que el modo del ataque ni siquiera permitió a Cristian Salmones defender a su jefe ni librarse él mismo de la muerte, que obliga a reflexionar sobre un modo de ganarse la vida que debe ser ingrato para quienes lo practican y para quienes lo contratan y lo es para el resto de la gente, al que los excesos de algunos guardaespaldas (guaruras se les llama peyorativamente) hacen repudiables.
Por una degradación todavía no estudiada suficientemente y por lo tanto aún incomprensible, la práctica de los secuestros crece en crueldad. No ha sido menor la mutilación, presente hace mucho tiempo en este delito, pero parece cada vez peor el maltrato que acompaña al secuestro, asestado a la víctima directa tanto como a los familiares. En este caso es paradigmático un suceso en Tijuana: el 24 de julio de 2007 fue secuestrado el empresario Celso Katzuo Enríquez Nishikawa, un ingeniero de 35 años de edad. Cuando su familia, a la que los secuestradores se dirigían con violencia verbal que acrecentaba el pavor en que los habían situado, cubrió el monto pactado para devolverlo, los captores alegaron que era insuficiente. En noviembre se cubrió la diferencia establecida sin que el ingeniero quedara libre, si bien pudo ofrecer una prueba de que seguía con vida. El 1o. de mayo de este año una nueva exigencia de más dinero no fue atendida por los familiares, necesitados de convencerse de que Celso Katzuo estaba vivo. Ante esa negativa, la casa familiar fue atacada a balazos para presionar a los deudos, que optaron por emigrar al otro lado de la frontera, dando por muerto al joven empresario cuyo padre murió poco después, por un ataque cardiaco producto quizá de la tensión padecida en las semanas recientes.
México Unido Contra la Delincuencia, A.C., supone que el crecimiento en el número de secuestros proviene del éxito del combate gubernamental a las bandas de narcotraficantes, que por esa causa se ven obligadas a diversificar sus actividades ilícitas. Sin contradecir esa hipótesis, que puede ser complementaria de los hechos sabidos, buena parte de los secuestros que atosigan a la población son practicados por agentes policiacos. En la Ciudad de México siete de ellos han sido consignados por este delito sólo en este año. En Jalisco, apenas el lunes fue capturado un agente de la oficina antisecuestros, que dirigía a seis cómplices, por el asesinato de una familia previamente secuestrada. En Ciudad Juárez un policía municipal fue capturado como miembro de una banda de secuestradores. En Baja California un ex procurador y dependientes suyos del área de secuestros están bajo investigación federal por practicar lo que presuntamente perseguían (Reforma, 5 de agosto). En el caso del joven Martí, están arraigados, todavía no consignados para que se les enjuicie penalmente, dos miembros de la Policía Judicial del Distrito Federal, comandante uno de ellos, y un civil.
La emoción exacerbada por el asesinato de Fernando Martí hace reaparecer la demanda de penar con la muerte a los secuestradores. Emilio Gamboa, líder de los diputados priistas, se dijo partidario de esa medida.
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