La pena de muerte en EE UU

Principios vs. resultados/Jorge G. Castañeda

Publicado en Reforma (www.reforma.com), 6 de agosto de 2008;

Une fois n'est pas coutume: con un par de excepciones -volver al Consejo de Seguridad de la ONU, proponer candidatos a altos cargos multilaterales como el Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, aunque pierdan- encuentro pocos puntos de acuerdo con la política exterior de restauración priista de Felipe Calderón. Pero sería injusto regatearle un gran acierto: respecto a la ejecución de mexicanos en Estados Unidos, y en particular la de José Medellín, el régimen ha actuado de manera imaginativa, ejemplar y valiente, con independencia de los resultados.

Para entender el trasfondo del tema conviene ver los antecedentes. Después del restablecimiento de la pena de muerte en EU en 1976, la primera ejecución de un mexicano fue la de Ramón Montoya, en Texas, el 25 de marzo de 1993. La ejecución de Montoya, acusado de la muerte de un policía en Dallas, indignó a parte de la sociedad mexicana y afectó las relaciones de los dos países. El presidente Salinas criticó a EU, al señalar que "en México estamos a favor de la vida. En México estamos contra la aplicación de la pena de muerte porque consideramos la rehabilitación como la cosa más importante". Tres años después, el 18 de junio de 1996, Texas aplicó la pena a Irineo Montoya. La ejecución despertó indignación en México y protestas aisladas en el vecino país. Meses después, el 17 de septiembre de 1996, fue ejecutado en Virginia el mexicano Benjamín M. Murphy, a quien siguió el 9 de noviembre de 2000, en Texas, Miguel A. Flores. Las ejecuciones de Murphy y Flores fueron causa también de protestas formales por parte de México. No provocaron mayor controversia, aunque dieron lugar a reclamaciones por parte del gobierno de Zedillo. Sin embargo, la quinta ejecución, de Javier Suárez, efectuada en Texas el 14 de agosto de 2002, causó un revuelo mayor, llevando a Fox a suspender una visita al estado. Por último, Ángel M. Reséndiz pasó a ser el sexto mexicano ejecutado en EU al recibir la inyección en Texas el 27 de junio de 2006. El episodio pasó casi desapercibido en México; las autoridades mexicanas hicieron esfuerzos por salvar la vida del connacional, pero éste optó por dejar las apelaciones y someterse al castigo (Milenio, 03/08/08).

Justamente por la repercusión de dichas ejecuciones en el seno de la sociedad mexicana, y por la existencia de más de 50 mexicanos condenados a muerte en EU, el gobierno decidió, después de una consulta con casi la totalidad de los ex cancilleres, tomar una medida sin precedentes: demandar a EU ante la Corte de La Haya por violar la Convención de Viena sobre derechos consulares, y en particular el de notificación consular. Dicho artículo establece que cuando un extranjero es detenido en un país signatario de la Convención, las autoridades deben avisar a la oficina consular más cercana del país del detenido, para que dichas autoridades entren en contacto con su connacional y puedan asistirlo.

México procedió por la vía de la demanda por una razón, que no es necesariamente la que lleva a muchos mexicanos a oponerse a estas ejecuciones, y a otros a apoyarlas. Cada quien posee sus convicciones íntimas sobre el tema: Fox y un servidor, cuando decidimos demandar a EU, compartíamos un rechazo total a la pena de muerte por principio. Pero la razón para demandar a Washington no era ésa, sino la plena conciencia de que en ausencia de funcionarios o de abogados consulares que asistieran a los mexicanos en EU, a veces por crímenes, como en el caso de Medellín, realmente espantosos, difícilmente recibirían un juicio justo. Por un motivo: en el sistema penal norteamericano, conocido como "adversarial", la presencia de un buen abogado, y no sólo un defensor de oficio, juega un papel determinante en el desenlace del juicio. Se pensó que muchos de los mexicanos hoy condenados a muerte quizás hubieran sido declarados inocentes o no hubieran sido sentenciados a la pena máxima, de haber contado con una defensa profesional. Pero ya muertos, ni cómo rectificar un error judicial.

Se sabe el resto de la historia. México ganó el llamado "caso Avena" en La Haya; el gobierno de Bush aceptó en principio el fallo y en los hechos evitó la ejecución de cualquier mexicano hasta el 2006; pero el gobierno de Texas rechazó la decisión de la CIJ y la Suprema Corte de EU resolvió que las obligaciones contraídas por Washington a través de tratados internacionales no eran vinculantes para los estados de la Unión, hasta que se legisle explícitamente en ese sentido.Al acercarse la ejecución de Medellín, México, ya bajo Calderón, con toda razón solicitó a la CIJ medidas cautelares o provisionales para detener la ejecución; la Corte las obsequió; el gobernador Perry de Texas hizo caso omiso de ellas; Bush no supo, no pudo, o no quiso hacer algo para obligar a su estado de origen a respetar la decisión de la CIJ, y Medellín recibió anoche la inyección fatal luego de que la Suprema Corte rechazara la última apelación. E

l gobierno de México hizo todo lo que pudo para evitar la ejecución, incluso maniobrando para que se aprobara en el Congreso de EU una ley que justamente obligara a los estados de la Unión a aceptar las obligaciones de los tratados firmados por el Ejecutivo y ratificados por el Legislativo. Por el momento, nada de lo que se ha hecho, y bien hecho, ha redundado en una victoria concreta, pero no por ello debe abandonarse el esfuerzo.

Enseñanza: el mejor camino es el de las instituciones internacionales, aun cuando no prospera del todo; en materia internacional (y nacional, por cierto), a veces el criterio de la obtención de resultados mínimos y mediáticos no es la mejor vía, y sí lo es la gran ambición visionaria. A veces la mejor vía es la vía correcta, aunque no logre su cometido: se gana perdiendo, porque se hubiera perdido de todas maneras. Y en una de ésas, se gana.