El infome de la CNDH todavía no es publico, no está en la pagina oficial.
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Columna Itinerario Político/ Ricardo Alemán
El Universal, 15 de febrero de 2009
Sí desapareció el Estado a eperristas
El Universal, 15 de febrero de 2009
Sí desapareció el Estado a eperristas
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos confirmó que diversas instituciones del Estado mexicano participaron en la desaparición forzada de dirigentes del Ejército Popular Revolucionario (EPR)
CNDH a Calderón: la verdad sobre EPR
Exterminio, ¿respuesta a adversarios?
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos confirmó que diversas instituciones del Estado mexicano participaron en la desaparición forzada de dirigentes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
En recomendaciones enviadas a los gobiernos federal, de Oaxaca y municipal de esa entidad, a la PGR y a las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública, la CNDH llama al jefe del Estado —el presidente Calderón— a cumplir los postulados constitucionales y los compromisos adquiridos en el plano internacional en materia de derechos humanos. (en la pagina de internte de la CNDH no está todavía ese informe, Ricardo).
CNDH a Calderón: la verdad sobre EPR
Exterminio, ¿respuesta a adversarios?
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos confirmó que diversas instituciones del Estado mexicano participaron en la desaparición forzada de dirigentes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
En recomendaciones enviadas a los gobiernos federal, de Oaxaca y municipal de esa entidad, a la PGR y a las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública, la CNDH llama al jefe del Estado —el presidente Calderón— a cumplir los postulados constitucionales y los compromisos adquiridos en el plano internacional en materia de derechos humanos. (en la pagina de internte de la CNDH no está todavía ese informe, Ricardo).
Por eso, recomienda “dé a conocer, de manera inmediata, la verdad de los hechos que propiciaron la detención y posterior desaparición de los agraviados Edmundo Reyes Amaya o Andrés Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Raymundo Rivera Bravo”, dirigentes del EPR víctimas de desaparición forzada en un operativo realizado por policías estatales y federales y elementos del Ejército, el 24 de mayo de 2007.
En el operativo —según la CNDH—, “se vulneraron los derechos de libertad personal, integridad, seguridad jurídica, acceso a la justicia, defensa y debido proceso” —previstos en la Constitución— de ambos eperristas, a manos de servidores públicos del Estado, particularmente de la PGR, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría de Justicia de Oaxaca, así como de la Dirección General de Seguridad Pública del municipio de Oaxaca de Juárez.
La comisión expone que a pesar de las contradicciones y la falta de apego a la verdad de las instituciones implicadas, se constató que en el operativo policiaco-militar se desplazaron cuando menos 70 elementos pertenecientes a fuerzas de reacción. A partir de ese operativo se denunció la desaparición forzada de los agraviados.
Y agrega que a partir de las contradicciones en los informes rendidos por las autoridades responsables, así como de la falta de voluntad para colaborar en la investigación del caso, queda claro una permanente tarea del Estado para entorpecer la investigación y esclarecer la vedad de los hecho. Es decir, que distintas autoridades, instituciones, poderes y órdenes de gobierno se mostraron interesados en no aclarar la detención arbitraria de Edmundo Reyes Amaya o Andrés Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Raymundo Rivera Bravo. ¿Por qué?
DE “GUERRA SUCIA” A GUERRA MEDIÁTICA
Semanas después de la desaparición de sus dos líderes, voceros del EPR denunciaron lo que llamaron un acto represivo del gobierno de Calderón contra su movimiento armado —guerrilla que luego de distintas mutaciones supera las cuatro décadas de actuar en la clandestinidad—, y amenazaron con diversas medidas de presión para obligar al gobierno a presentar vivos a sus compañeros.
Primero pocos hicieron caso al grupo, que meses después reaccionó con acciones extremas —terroristas o no—, como hacer estallar ductos de Pemex en diversas regiones del país. El objetivo era claro: presionar a un gobierno que decía respetar los derechos humanos, estar lejos de las desapariciones forzadas y mantener el estricto respeto de la ley.
Sin embargo, una cosa son discursos, declaraciones, visitas a la ONU para entregar maquillados informes sobre los derechos humanos en México, y otra muy diferente es la realidad. El de la desaparición forzada de un par de líderes guerrilleros es un ejemplo de la gravedad del tema, no sólo en cuanto a los derechos humanos, sino a los niveles de banalidad y cada vez más notorio desapego del nuevo gobierno federal.
Pero el desdén hacia los derechos humanos tampoco es exclusivo del gobierno de Calderón. Buena porción de la sociedad prefiere tragarse los circos mediáticos, como el de las espías de que es víctima el titular de la SCT, Luis Téllez —que paga sus amoríos carnales y políticos—, cuando frente a todos aparecen regresiones autoritarias y nada democráticas que nos hacen volver a los tiempos de la guerra sucia de los 70.
LAS EVIDENCIAS
Del trabajo que lleva a la CNDH a concluir que instituciones del Estado participaron en la desaparición forzada de los dos dirigentes del EPR, destacan las siguientes pruebas. El celular que llevaba Edmundo Reyes Amaya o Andrés Reyes Amaya estuvo activo del 21 de mayo al 24 de septiembre de 2007, y de él se realizaron 19 llamadas, que dan la ubicación de una radio base del DF.
Se confirmó que el 24 de mayo de 2007 se realizó un operativo conjunto entre elementos del Ejército y policías municipales y estatales, y que acudieron sus principales cuerpos de reacción en lo que se conoce como un operativo envolvente, propio de una detención de alta peligrosidad, más que de un incidente policiaco cualquiera. Las autoridades mencionadas incurrieron en claras contradicciones que impidieron el pleno ejercicio de las funciones constitucionales de la CNDH, con el claro objetivo de impedir que se esclareciera la desaparición forzada.
Así, mientras la Sedena sostiene que su intervención obedeció a una solicitud de apoyo de la Dirección de Seguridad Pública de Oaxaca, tal dependencia afirma: “Después de haber realizado una búsqueda minuciosa de los archivos de esa corporación no encontró antecedente alguno respecto a esa información, y no cuenta con los datos de identificación de los elementos policiacos que participaron en ese operativo”. Es decir, nadie sabe y nadie vio.
Desde la Policía Municipal, pasando por la estatal, el servicio de emergencia de Oaxaca, el Ejército, la PGR y otras instancias a las que acudió la CNDH, mintieron, dieron declaraciones contradictorias, negaron y ocultaron información, y “existió un claro objetivo para impedir la investigación de violaciones a los derechos humanos y la desaparición forzada” de dirigentes del EPR. ¿Qué es una desaparición forzada?
Poca cosa: “La privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.
Es decir, que ante sus adversarios el Estado recurre al exterminio.
EN EL CAMINO
Por cierto, y en abono al valemadrismo del gobierno federal por los derechos humanos, diversas instituciones rechazaron una recomendación de la CNDH, en la que exhibió a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Trabajo, al Instituto Nacional de Migración y al municipio de Escobedo, Querétaro, por el criminal descuido de permitir la salida de por lo menos 65 mexicanos a las Bahamas, que literalmente fueron convertidos en esclavos. ¿Qué importa eso? Que siga el circo de Slim, Téllez, Purificación y las amantes despechadas.
En el operativo —según la CNDH—, “se vulneraron los derechos de libertad personal, integridad, seguridad jurídica, acceso a la justicia, defensa y debido proceso” —previstos en la Constitución— de ambos eperristas, a manos de servidores públicos del Estado, particularmente de la PGR, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría de Justicia de Oaxaca, así como de la Dirección General de Seguridad Pública del municipio de Oaxaca de Juárez.
La comisión expone que a pesar de las contradicciones y la falta de apego a la verdad de las instituciones implicadas, se constató que en el operativo policiaco-militar se desplazaron cuando menos 70 elementos pertenecientes a fuerzas de reacción. A partir de ese operativo se denunció la desaparición forzada de los agraviados.
Y agrega que a partir de las contradicciones en los informes rendidos por las autoridades responsables, así como de la falta de voluntad para colaborar en la investigación del caso, queda claro una permanente tarea del Estado para entorpecer la investigación y esclarecer la vedad de los hecho. Es decir, que distintas autoridades, instituciones, poderes y órdenes de gobierno se mostraron interesados en no aclarar la detención arbitraria de Edmundo Reyes Amaya o Andrés Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Raymundo Rivera Bravo. ¿Por qué?
DE “GUERRA SUCIA” A GUERRA MEDIÁTICA
Semanas después de la desaparición de sus dos líderes, voceros del EPR denunciaron lo que llamaron un acto represivo del gobierno de Calderón contra su movimiento armado —guerrilla que luego de distintas mutaciones supera las cuatro décadas de actuar en la clandestinidad—, y amenazaron con diversas medidas de presión para obligar al gobierno a presentar vivos a sus compañeros.
Primero pocos hicieron caso al grupo, que meses después reaccionó con acciones extremas —terroristas o no—, como hacer estallar ductos de Pemex en diversas regiones del país. El objetivo era claro: presionar a un gobierno que decía respetar los derechos humanos, estar lejos de las desapariciones forzadas y mantener el estricto respeto de la ley.
Sin embargo, una cosa son discursos, declaraciones, visitas a la ONU para entregar maquillados informes sobre los derechos humanos en México, y otra muy diferente es la realidad. El de la desaparición forzada de un par de líderes guerrilleros es un ejemplo de la gravedad del tema, no sólo en cuanto a los derechos humanos, sino a los niveles de banalidad y cada vez más notorio desapego del nuevo gobierno federal.
Pero el desdén hacia los derechos humanos tampoco es exclusivo del gobierno de Calderón. Buena porción de la sociedad prefiere tragarse los circos mediáticos, como el de las espías de que es víctima el titular de la SCT, Luis Téllez —que paga sus amoríos carnales y políticos—, cuando frente a todos aparecen regresiones autoritarias y nada democráticas que nos hacen volver a los tiempos de la guerra sucia de los 70.
LAS EVIDENCIAS
Del trabajo que lleva a la CNDH a concluir que instituciones del Estado participaron en la desaparición forzada de los dos dirigentes del EPR, destacan las siguientes pruebas. El celular que llevaba Edmundo Reyes Amaya o Andrés Reyes Amaya estuvo activo del 21 de mayo al 24 de septiembre de 2007, y de él se realizaron 19 llamadas, que dan la ubicación de una radio base del DF.
Se confirmó que el 24 de mayo de 2007 se realizó un operativo conjunto entre elementos del Ejército y policías municipales y estatales, y que acudieron sus principales cuerpos de reacción en lo que se conoce como un operativo envolvente, propio de una detención de alta peligrosidad, más que de un incidente policiaco cualquiera. Las autoridades mencionadas incurrieron en claras contradicciones que impidieron el pleno ejercicio de las funciones constitucionales de la CNDH, con el claro objetivo de impedir que se esclareciera la desaparición forzada.
Así, mientras la Sedena sostiene que su intervención obedeció a una solicitud de apoyo de la Dirección de Seguridad Pública de Oaxaca, tal dependencia afirma: “Después de haber realizado una búsqueda minuciosa de los archivos de esa corporación no encontró antecedente alguno respecto a esa información, y no cuenta con los datos de identificación de los elementos policiacos que participaron en ese operativo”. Es decir, nadie sabe y nadie vio.
Desde la Policía Municipal, pasando por la estatal, el servicio de emergencia de Oaxaca, el Ejército, la PGR y otras instancias a las que acudió la CNDH, mintieron, dieron declaraciones contradictorias, negaron y ocultaron información, y “existió un claro objetivo para impedir la investigación de violaciones a los derechos humanos y la desaparición forzada” de dirigentes del EPR. ¿Qué es una desaparición forzada?
Poca cosa: “La privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.
Es decir, que ante sus adversarios el Estado recurre al exterminio.
EN EL CAMINO
Por cierto, y en abono al valemadrismo del gobierno federal por los derechos humanos, diversas instituciones rechazaron una recomendación de la CNDH, en la que exhibió a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Trabajo, al Instituto Nacional de Migración y al municipio de Escobedo, Querétaro, por el criminal descuido de permitir la salida de por lo menos 65 mexicanos a las Bahamas, que literalmente fueron convertidos en esclavos. ¿Qué importa eso? Que siga el circo de Slim, Téllez, Purificación y las amantes despechadas.
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