La fuga de Zacatecas

Así se preparó la fuga...
VERóNICA ESPINOSA
Publicado en la revista Proceso (www.proceso.com.mx) # 1699, 24 de mayo de 2009;
El Cereso de Cieneguillas funciona en pésimas condiciones, que ponen en peligro la seguridad de su personal y son idóneas para que los presos tomen el control. Testimonios de funcionarios y de custodios sobre la "fuga" de 53 zetas el sábado 16 van más allá: demuestran que los altos mandos del penal estaban enterados de que ese grupo sería rescatado, e incluso tomaron medidas que facilitaron esa operación.
ZACATECAS, ZAC.- La corrupción y el miedo predominaban en el Centro de Readaptación Social estatal de Cieneguillas; por lo menos hace un mes todos sabían que se iba a fugar el grupo zeta, como se conocía a los 53 reclusos que permanecían en un área de separos.
La deficiente operación y las carencias de infraestructura, personal y equipamiento del centro penitenciario facilitaron la incursión del comando que la madrugada del sábado 16 se llevó a ese grupo sin que le estorbaran candados ni cerrojos ni opusieran resistencia los custodios y jefes del turno.
Personal de custodia, familiares de internos, así como diputados y exfuncionarios, entre otros testimonios recabados por Proceso, confirman que el gobierno estatal conocía las malas condiciones en que operaba la cárcel y la posibilidad de que se rescatara a los reos.
"Los rumores tomaron mayor fuerza hace unos 40 días. Dentro del Cereso percibes una calma muy tensa, y es cuando sabes que ocurrirá algo", cuenta uno de los custodios, quien pidió no publicar su nombre.
El diputado local Juan García Peón, quien fue director de Readaptación Social del estado hace siete años, coincide: "El gobierno del estado tenía antecedentes desde el momento en que hubo custodios levantados. Hay una evidente falta de interés de los encargados de la seguridad pública en el estado para vigilar a los reclusorios y para destinar recursos a ello".
Para el legislador, el gobierno de Amalia García utiliza el hecho de que ya la Procuraduría General de la República está investigando la fuga como pretexto para no reconocer sus propias omisiones: "Argumentar que pidieron el traslado de los reos federales a otro penal no debe ser una justificación. Es un penal manejado y custodiado por el estado, y éste debe cumplir con su responsabilidad".
Tan sólo el año pasado, la guerra de los grupos de internos se manifestó en dos motines, que duraron varios días; uno en junio y otro en octubre. A pesar de que el personal tuvo dificultades para controlarlos, posteriormente no se realizó ningún cambio en la estructura o la vigilancia de la prisión.
Peor aún, la reciente "fuga", abiertamente concertada con el personal del turno, al menos con quienes se encargaban del control de las tres puertas por las que tuvieron que pasar, como se comprueba por los testimonios obtenidos y los videos de las cámaras de monitoreo que se han hecho públicos.
"Hubieran resistido"
El Cereso de Cieneguillas fue construido en los años ochenta, durante el gobierno de Arturo Romo, en un predio de 12 hectáreas ubicado en la salida de Zacatecas a Guadalajara por la carretera federal 54. La ranchería que le da nombre tiene mucha actividad de día y de noche, porque es parada de los camioneros y hay puestos de tacos y tiendas que abren las 24 horas.
Cerca de ahí está el destacamento de la Policía Federal Preventiva (PFP). Al menos una patrulla permanece en la entrada de la gasolinería de al lado. Para arribar al Cereso hay que tomar el entronque a la comunidad Francisco I. Madero.
El penal consta de ocho módulos de dormitorios, cada uno para 100 internos; dos módulos de segregación con ocho celdas cada uno; dos módulos de talleres (carpintería y herrería), una escuela con cinco aulas, una capilla, los sanitarios para la visita familiar, un módulo de servicios generales (panadería, tortillería y cocina), el área común con palapa y canchas deportivas, ocho torres de vigilancia, así como el área de gobierno, con la recepción, la visita conyugal, los servicios médicos, los separos, un área de observación, un filtro y el cuarto de máquinas.
Hasta la madrugada del sábado 16, la población penitenciaria era de 771 reos.
A un costado se ubica el Cereso femenil, más pequeño (sus dos módulos tienen capacidad para 200 internas). Y entre los reclusorios están dos edificios: el de la Procuraduría General de Justicia del estado y agencias del Ministerio Público adscritas a juzgados.
Este conjunto de inmuebles está rodeado de llanos despoblados y caminos vecinales. Por la carretera 54 pasan frecuentemente patrullas de la PFP. A kilómetro y medio del entronque hacia el Cereso están las oficinas de la delegación de la PGR.
No obstante, nadie se dio cuenta de que por esa carretera entró el convoy de 10 vehículos (nueve camionetas de doble cabina y una tipo Van) que se detuvo a las puertas del reclusorio a las 4:54 de la madrugada de aquel sábado.
"Nosotros no tenemos vigilancia en carreteras federales. Realmente el tramo del Cereso a la carretera federal es de dos kilómetros y medio, y entraron por esa parte. Nosotros no tenemos noticia de que haya sido registrada esa situación", dijo a Proceso el secretario de Gobierno, Carlos Pinto Núñez, el único funcionario que accedió a ser entrevistado sobre la intervención de la administración estatal.
-Entonces, ¿cuál es la vigilancia en la zona?
-No sabemos. Para entrar al Cereso por donde llegaron, no hay otra forma más que tomar una parte de la carretera federal (la 54), pero es una zona llena de brechas y no tenemos ubicado por dónde llegaron y por dónde se fueron.
Pinto Núñez fue procurador durante los dos primeros años de gobierno de Amalia García, y como Secretario de Gobierno tuvo bajo su mando el sistema penitenciario estatal hasta marzo de este año, cuando comenzó a controlar la Secretaría de Seguridad Pública con el excomandante de la PFP Alejandro Rojas Chalico como titular.
Según la versión del secretario de Gobierno, el reporte del rescate se recibió en el 066 de Emergencias "alrededor de las 5:05 de la mañana, diciendo que estaban tratando de sacar reos o que los habían sacado. Era más bien llamada de alerta. Inmediatamente comenzamos a comunicarnos, nos reunimos, pero ya habían sacado a estos 53 reos".
Con base en los videos que el jueves fueron difundidos por el periódico Reforma y que el gobierno zacatecano niega haber filtrado, el funcionario explica que según las tomas de las cámaras del exterior, de los separos y de la recepción, siete de las 10 camionetas tuvieron acceso rápido al estacionamiento de servicios sin mostrar alguna orden y sin que se vea que los guardias del acceso principal se comuniquen por la radio.
"En la información preliminar que tenemos les dijeron a los custodios que iban a ingresar a un interno; luego, que era un operativo de revisión federal del Cereso. Entonces llegan, ingresa una parte, y a los pocos minutos se ve que salen corriendo todos los presos. Unos suben a las camionetas, otros se van atrás. Todos están identificados como relacionados con el cártel del Golfo", relata.
Al analizar los videos, dice el secretario, "desde el principio supusimos que había complicidad... se ve que no tenían, ni siquiera estaban bien encerrados; podían abrir y cerrar la celda, y se empiezan a preparar esperando la llegada de alguien. Además, los custodios no oponen resistencia y se dejan encerrar".
Abundan detalles como ése: "El penal tiene una parte exterior, una parte de aduanas. (En los videos) se ve que (los guardias) salen corriendo, no sé si porque creen que es un operativo, o por la complicidad", cuando las camionetas ya se retiraron con los 53 reos.
Pinto Núñez repite la versión que desde el sábado sostiene este gobierno y que Amalia García apuntala en las entrevistas que ha concedido a Televisa y a varias cadenas radiofónicas:
"Los penales que tradicionalmente hemos tenido, casi sin excepción de mediana seguridad, resultan ineficaces, no son lo suficientemente seguros como para que podamos tener gente de alta peligrosidad.
"Todos los estados nos vemos obligados a que la mayor parte de los internos que tenemos, sobre todo los que tenemos en las capitales o regiones económicamente importantes o con juzgados de distrito, sean del fuero federal. Pero la delincuencia ha crecido más en el país y más en su peligrosidad, los cárteles preparan sus sicarios, los entrenan; tenemos cada vez una delincuencia más peligrosa."
También reitera que desde la primera vez que habló públicamente sobre la fuga, la gobernadora dijo que había solicitado de inmediato que la PGR se hiciera cargo del caso a través de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
A decir del entrevistado, el propósito de Amalia García es "que sea un órgano distinto a las instancias del estado o del fuero común las que se encarguen de la investigación; pero además, porque hay reos del fuero federal y porque llega un comando y los sustrae, y ésta es una acción propia de la delincuencia organizada".
-¿El personal del Cereso contaba con el equipo y el armamento suficientes para evitar un rescate como el que ocurrió? -se le pregunta.
-Hubieran resistido algún tiempo mientras llegábamos. Sí hubieran podido aguantar. Para nosotros, no se entiende el "operativo" sin complicidad.
-¿Y hasta qué nivel de gobierno pueden llegar las complicidades?
-No sabemos. Eso lo determinarán los resultados de las investigaciones de la PGR.
El control de "Los Zetas"
Testimonios recopilados por Proceso apuntan a que el escape estaba prácticamente anunciado, ya que estaban al tanto del mismo altos mandos, entre los que, por lo pronto, mencionan al director general de Readaptación social, Norman Rodríguez, a quien la gobernadora pidió su renuncia a principios de la semana.
De acuerdo con custodios que hablaron con Proceso a condición de reservar su nombre, pero que reclaman "justicia y que se conozca la verdad de los hechos", los sicarios entraron y salieron por la aduana de vehículos, pasaron sólo por otra puerta y llegaron hasta el banco de armas.
Como los 53 internos del grupo zeta se encontraban a menos de 60 metros de esa puerta, en el área de separos, el comando -que según la PGR utilizó uniformes viejos de la PFP y la AFI- no tuvo que entrar a los dormitorios.
De acuerdo con la fuente, el jefe de Seguridad y los tres comandantes asignan a los custodios sus tareas en las diversas áreas, con el conocimiento y la autorización del director del Cereso. Añade que dos días antes de la fuga fueron sustituidos los custodios asignados a las aduanas de vehículos, que generalmente son los más experimentados.
Este es uno de los accesos clave, por donde ingresan los nuevos internos, los proveedores y los prestadores de servicios. Por ahí salen también las unidades que llevan a los reclusos para alguna diligencia en los juzgados, o al hospital cuando no pueden ser atendidos en la enfermería.
En uno de los videos -que para el viernes siguiente ya estaban en YouTube- se aprecia cómo, momentos antes de que el comando irrumpa en el Cereso, uno de los custodios habla insistentemente por radio. No obstante, los equipos de radiocomunicación Matra, cuyo centro de enlaces es el Consejo de Seguridad Pública, inexplicablemente no sonaron para alertar de esta incursión.
Después de que fueron arraigados a petición de la PGR el director del penal, Eduardo Romero; el jefe de custodios, 44 guardias, un agente de Tránsito, así como dos policías preventivos y dos municipales que auxiliaban en la vigilancia, en las instalaciones del Instituto de la Juventud en la ciudad de Zacatecas un grupo de custodios entregó a los medios de comunicación una carta en la que denuncian que desde hace seis meses el grupo Zeta los tenía amenazados a ellos, a sus familias y al resto de los internos.
Y dicen que le insistieron al capitán Eduardo Romero García y al director general de Readaptación, Norman Rodríguez, para que tomaran medidas de protección, pero que no les hicieron caso y en consecuencia desaparecieron al menos dos custodios, uno de ellos el comandante del servicio de guardia, Tomás Garay Rojas.
El grupo Zeta mantenía el control del reclusorio luego de una pugna con otro sector, en el que destacaban operadores del cártel de Sinaloa. En el ya mencionado motín de mediados de junio de 2008 fue asesinado Alfredo Bañuelos Guzmán, considerado familiar cercano de Joaquín El Chapo Guzmán Loera y el principal distribuidor de drogas en el reclusorio.
El predominio del cártel del Golfo en la prisión se consolidó con los zetas que llegaron en los siguientes meses. Pero a mediados de octubre otra facción de reos se amotinó tres días. Según el diario La Jornada, Celia Santillán Durán, coordinadora de Visitadurías de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dejó asentado que 17 reos atacados por el grupo zeta pedían que éste fuera trasladado a otro Cereso, y exigían la destitución del entonces director del penal, Marco Antonio Núñez Nava, y de todos los comandantes de custodios y seguridad.
Como toda respuesta, el gobierno estatal cambió al director y se iniciaron dos averiguaciones previas que aún permanecen abiertas.
Aunque el Manual de Organización aplicable a la Dirección de Readaptación Social indica que al frente de los Ceresos debe nombrarse a un licenciado en derecho, en Cieneguillas quedó al frente el capitán Eduardo Romero García, un exmilitar que trabajaba en el Consejo Estatal de Seguridad Pública elaborando las licencias de portación de armas de fuego para los elementos de seguridad del estado.
La situación de trabajo nunca mejoró. La fuente de Proceso explica que "para el personal que laboramos en este centro penitenciario no existen condiciones seguras; sólo existen dos guardias de 50 elementos de seguridad y custodia, menos incapacidades, inasistencias y vacaciones; en promedio las guardias están conformadas por 40 elementos".
Agrega que los dos turnos cubren guardias de 24 por 24 horas, aunque "desde hace 10 años se ha venido solicitando una tercera guardia, pues ante cualquier eventualidad no hay relevos para suplir o reforzar las acciones".
Varias de las 32 cámaras instaladas en el reclusorio no funcionan por largas temporadas, el monitoreo no es sistematizado, ya que debería quedar grabado en cintas magnéticas, pero esto no ocurre y, si no sucede nada extraordinario, la grabación se borra al día siguiente.
Esto propició que el grupo Zeta se consolidara en el poder, encabezado en la prisión por Santiago Hernández Naranjo, un operador intermedio del cártel del Golfo que fue detenido en octubre de 2008.
Hernández Naranjo y su grupo enfrentaban el rechazo del resto de los reos, pero las amenazas a los jefes y custodios les redituaban privilegios, como permanecer en el área de separos, gozar de visitas nocturnas, poseer armas y realizar fiestas privadas, según los testimonios obtenidos por este semanario.
Los custodios afirman que eran frecuentes las visitas entre las 2:00 y las 5:00 de la madrugada por personas que no eran revisadas "debido a las amenazas que pendían sobre el director, hasta los custodios".
Así, los separos eran una zona libre para el grupo y se colocaron lonas para que no los viera el resto de los presos. Los zetas disponían de un patio para recibir a sus visitas, desde cuya barda se aprecia el exterior.
Así de cerca se veían de la libertad, que a fin de cuentas llegó la madrugada del sábado, con Hernández Naranjo al frente del grupo.
"Esta fuga sólo muestra el grado de infiltración y corrupción de las autoridades al más alto nivel, y la vulnerabilidad de nosotros los ciudadanos", afirma el custodio consultado por este semanario.

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PGR, el brazo armado del PAN/JESúS CANTú
Casos como el de Cándido Monreal Ávila, hermano del exgobernador de Zacatecas Ricardo Monreal, que en un lapso de cuatro meses pasó de testigo a indiciado, sólo se entienden en contexto político-electoral como el que hoy se vive en el país. En los últimos años ha sido una constante que en cada proceso electoral la Procuraduría General de la República integre una averiguación previa contra un candidato o alguien de su familia y ventile el asunto en los medios de comunicación.La historia que hoy implica a varios de los hermanos Monreal Ávila se inició el 28 de noviembre de 2008. Ese día, según la información difundida, la PGR recibió una llamada en que un denunciante anónimo habló de movimientos sospechosos en la deshidratadora San Felipe, propiedad de los hermanos Cándido y David Monreal; dos meses después, el 22 de enero de 2009, elementos de la misma procuraduría decomisaron 14.5 toneladas de mariguana en las instalaciones de esa empresa familiar y detuvieron a dos presuntos zetas.

Sin embargo, fue el lunes 18 -¡cuatro meses después de los hechos!- cuando el diario Reforma informó que Cándido y David Monreal eran investigados por la PGR por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Para el viernes 22, los dos hermanos ya no eran sólo testigos, sino indiciados.Y aún cuando la autoridad está obligada a investigar al propietario de un inmueble en el que se decomisa droga para deslindar responsabilidades, es incongruente que la investigación se mantenga en secreto durante cuatro meses, como sucedió en el caso de los hermanos Monreal Ávila, y es sólo ahora que la campaña electoral está en marcha cuando los datos de dan a conocer.

La información se difundió precisamente en el momento en que David Monreal anunció su postulación como candidato a la gubernatura de Zacatecas y al día siguiente de la espectacular fuga de 53 reos de un reclusorio de esa entidad. En este caso sólo caben dos explicaciones: distraer la atención sobre la fuga masiva o alterar la contienda electoral, afectando al candidato.Todo indica que la familia Monreal Ávila, particularmente el senador con licencia Ricardo Monreal, en un primer momento se inclinó por la primera opción y dirigió las baterías contra la gobernadora Amalia García, principal beneficiaria de dicha operación por partida doble: ella no sólo habría tendido una cortina de humo sobre la fuga, sino que, de paso, estaba desprestigiando a David, candidato de un partido de oposición.

Sin embargo, tanto por los antecedentes de este caso como por el contexto en el que suceden, todo apunta a la segunda opción: el rendimiento electoral de la acción para el PAN. Quizá por ello Ricardo Monreal dirige ahora sus misiles contra la PGR.En este aspecto resulta pertinente voltear hacia el 2005, año en el que el gobierno foxista desaforó y pretendió enjuiciar a Andrés Manuel López Obrador para sacarlo de la contienda electoral por la Presidencia de la República. El uso político-electoral de la justicia está plenamente acreditada con la confesión de los actores de aquel embrollo. Basta leer el libro La diferencia de Rubén Aguilar y Jorge G. Castañeda o remitirse a las declaraciones hechas en Washington por el expresidente Vicente Fox en febrero de 2007, en aquella ocasión el guanajuatense aseveró que en el proceso de desafuero contra Lopez Obrador "tuve que retirarme y perdí. Pero 18 meses después me desquité cuando ganó mi candidato".

Meses después, en junio de 2006, hubo otro caso en el que se volvió a utilizar a la PGR, esta vez contra el candidato del PRI al gobierno de Jalisco, Arturo Zamora Jiménez, quien participaba en una cerrada contienda. Un mes antes, el entonces presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Manuel Espino, presentó una denuncia contra Zamora como presunto responsable del "fraude más grande en la historia del IMSS" por apoderarse de nueve inmuebles en litigio.

Esa vez se filtró información según la cual la DEA había integrado un expediente contra Zamora por presuntos nexos con el narco. El 11 de junio de ese año, el procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, declaró que había una investigación en contra del candidato priista de Jalisco por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

El 13 de junio siguiente, una hora antes del debate entre los candidatos a la gubernatura por Jalisco, la PGR desmintió esa información mediante un boletín y señaló que la única investigación contra Zamora era la que se derivaba de la denuncia panista. Finalmente, cuatro días antes de los comicios del 2 de julio de 2006 incautaron los nueve inmuebles. El resultado: el candidato panista, Emilio González Márquez, ganó la gubernatura por amplio margen. Meses después Zamora fue exonerado de los delitos que le imputaban.

Ahora, en plena efervescencia electoral, el presidente del CEN panista, Germán Martínez, reiteradamente coloca sobre la mesa la dicotomía: apoyas a Calderón en su lucha contra el narco o estás con el narco; incluso ya acusó al candidato del PRI a la gubernatura de Colima, Mario Anguiano Moreno, de estar vinculado al narcotráfico. El argumento que esgrimió es que Humberto Anguiano, hermano de Mario, está preso por vender droga.

El mes pasado, la PGR anunció la detención de Miguel Ángel Almaraz, exdirigente estatal del PRD en Tamaulipas por sus presuntos vínculos con Los Zetas, así como por el robo y venta de gasolina. Vistos los antecedentes y el contexto, la PGR y los panistas han sacado provecho en períodos electorales. En el caso del decomiso de mariguana en la empresa de los hermanos Monreal Ávila en enero pasado las cosas no son diferentes, con el agravante de que en esta ocasión también hubo un enfrentamiento entre el senador Ricardo Monreal y la gobernadora Amalia García.En los casos de López Obrador y de Zamora, aun cuando quedaron exonerados, su descrédito ante la opinión pública y el efecto electoral en su contra fueron irreversibles; en el de los hermanos Monreal Ávila, aún en curso, es evidente que la espectacular exposición mediática tiene más fines electorales que jurídicos.

Es cierto que la procuración e impartición de justicia no puede interrumpirse por los procesos electorales, pero tampoco debe aprovecharse para atacar a la oposición, especialmente con presunciones que todavía no son cosa juzgada. l