El Gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, lamentó esta noche la falta de información por parte del Gobierno federal respecto al operativo en donde fueron detenidos al menos 27 servidores públicos del Estado, entre ellos 10 alcaldes.
En conferencia de prensa en Morelia, Michoacán, señaló que espera, en todo caso, una investigación pronta, transparente y apegada a proceso.
Dijo que la "autoridad federal tiene la libertad y atribución para investigar y requerir a cualquier persona, siempre en estricto apego al Estado de Derecho y las garantías individuales consagradas en nuestra Constitución. También tiene la facultad de guardar la secrecía y sigilo necesarios en las investigaciones que realiza."Sin embargo, consideramos que las autoridades locales, en especial los gobiernos de los estados, debemos estar informados con veracidad una vez que las instancias federales han actuado en correspondencia con los acuerdos y la actitud de coordinación a la que nos hemos comprometido", planteó.
Empero, el Mandatario estatal descartó que este operativo vaya a dañar la relación de su Gobierno con el Presidente Felipe Calderón.
Informó, además, que ha solicitado a los diferentes servidores públicos de su Administración que están siendo requeridos que de inmediato se separen de sus cargos y enfrenten así la investigación.
Este es el mensaje del Gobernador Leonel Godoy Rangel respecto a operativo en Michoacán
A LAS MICHOACANAS Y MICHOACANOS:
Este martes 26 de mayo del presente, el Gobierno Federal realizó un operativo en el que detuvo a servidores públicos estatales y municipales en la entidad, sin informar previamente a ninguna autoridad estatal.
Siempre hemos manifestado que el crimen organizado es un delito federal y por lo tanto competencia de esas autoridades, el combate a este flagelo, tal y como lo señalan la Constitución y las leyes de la materia.
Por su parte el Gobierno del Estado de Michoacán en todo momento ha participado en el ámbito de sus atribuciones, cooperado plenamente, coadyuvado y prestando auxilio a las autoridades federales en su tarea de combate al crimen organizado.
De esto da constancia nuestra participación en las Bases de Operaciones Mixtas, Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo y los diversos operativos federales.
Asimismo, este gobierno ha suscrito el “Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad” propuesto por el Ejecutivo Federal y, para reforzar estas acciones en la entidad presentamos el “Acuerdo de Acciones y Compromisos en Materia de Seguridad para los Michoacanos”, mismo que fue respaldado por los Poderes Legislativo y Judicial, los 113 Ayuntamientos, así como los diversos sectores sociales. Hemos dedicado y lo seguiremos haciendo, mayores recursos a la seguridad en el estado y hemos dado los pasos para reforzar los controles de confianza y los mecanismos de selección de personal en las áreas de seguridad pública y procuración de justicia.
La autoridad federal tiene la libertad y atribución para investigar y requerir a cualquier persona, siempre en estricto apego al Estado de Derecho y las garantías individuales consagradas en nuestra Constitución. También tiene la facultad de guardar la secrecía y sigilo necesario en las investigaciones que realiza.
Sin embargo, consideramos que las autoridades locales, en especial los Gobiernos de los estados debemos de ser informados con veracidad una vez que las instancias federales han actuado, en correspondencia con los acuerdos y la actitud de coordinación y apoyo mutuo al que nos hemos comprometido.
He urgido a los servidores públicos de mi administración, que están siendo requeridos, para que de inmediato se separen de sus cargos y se pongan a disposición de las autoridades correspondientes.
El Gobierno del Estado demanda una investigación pronta, transparente y apegada a proceso. Que se actúe contra quien resulte culpable. En esta investigación el gobierno a mi cargo colaborará plenamente con la autoridad federal.
Es imperativo, sin embargo, que en los casos en los cuales no se encuentren elementos incriminatorios el Ministerio Público Federal reivindique la imagen de los servidores públicos libres de responsabilidad.
Es nuestra obligación mantener la seguridad de los michoacanos, para realizar en paz sus actividades y para garantizar las inversiones y el trabajo. Pero es también nuestra obligación velar porque en Michoacán se cumpla la Constitución y el estado de derecho, el respeto a los derechos humanos y al debido proceso.
Por eso hoy ratificamos nuestro compromiso en la lucha contra la delincuencia, en todas sus manifestaciones y nuestro apoyo al gobierno federal en su combate al crimen organizado. Pero soberanamente también reivindicamos nuestro derecho a proponer estrategias particulares y adicionales, entre ellas, las oportunidades de educación, salud y trabajo.
Se puede combatir todo tipo de delincuencia, con la Constitución en la mano. A eso nos hemos comprometido con los michoacanos y con México.
MTRO. LEONEL GODOY RANGELGOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADODE MICHOACÀN DE OCAMPO.
En tanto, Jesús Ortega, dirigente del PRD, señaló que nadie, incluido el gobierno federal, debe aprovechar coyunturas de este tipo para obtener ventajas electorales
La dirigencia nacional del Partido de la Revolución dio su respaldo total al gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, demandó que no haya una estrategia selectiva en el combate al narcotráfico y exigió sanciones severas para los funcionarios cómplices del crimen organizado.
Sin embargo, calificó como “una acción hostil” que el gobierno federal haya realizado el operativo en territorio Michoacano sin notificar al gobernador Godoy Rangel.
Demandó que la lucha a crimen sea apegada a la Constitución, las leyes, los derechos humanos y el pacto federal.
Al leer una resolución de la Comisión Política Nacional –órgano de dirección que aglutina al presidente, secretario y líderes de corrientes- Jesús Ortega asentó la determinación del partido para que todo acto de criminalidad sea perseguido y sancionado conforme a la ley.
Al subrayar el respaldo al gobernador Godoy, indicó que la obligación del Estado de garantizar la seguridad de las personas “no puede sujetarse a ningún interés partidario y exigimos al gobierno federal que el derecho a la seguridad no este determinado por objetivos de carácter electoral”.
El presidente perredista subrayó que los criminales y funcionario cómplices involucrados en las actividades del narco, no importando su militancia política priísta, panista o perredista, deben ser sujetos a la justicia y “deben ser sancionados con severidad”.
Asentó: “La persecución de los delincuentes, sin embargo, no debe ni debe hacerse violentando la Constitución General de la República, ni afectando las garantías individuales, los derechos humanos y el pacto federal”.
Subrayó que nadie, incluido el gobierno federal, debe utilizar la necesidad del combate al crimen para obtener ventajas de carácter electoral.
Indicó que el combate al narcotráfico no puede ser selectivo sino extenderse a todas las entidades con imparcialidad y justicia.
“Por ejemplo, en el caso de Morelos, el gobernador fue avisado y notificado del involucramiento de altos funcionarios de su administración, y eso le permitió, al propio gobernador, tiempo para pedirles la renuncia al procurador de justicia, al secretario de seguridad pública estatal y al secretario de seguridad pública de la zona metropolitana”.
vrs /fml
Este martes 26 de mayo del presente, el Gobierno Federal realizó un operativo en el que detuvo a servidores públicos estatales y municipales en la entidad, sin informar previamente a ninguna autoridad estatal.
Siempre hemos manifestado que el crimen organizado es un delito federal y por lo tanto competencia de esas autoridades, el combate a este flagelo, tal y como lo señalan la Constitución y las leyes de la materia.
Por su parte el Gobierno del Estado de Michoacán en todo momento ha participado en el ámbito de sus atribuciones, cooperado plenamente, coadyuvado y prestando auxilio a las autoridades federales en su tarea de combate al crimen organizado.
De esto da constancia nuestra participación en las Bases de Operaciones Mixtas, Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo y los diversos operativos federales.
Asimismo, este gobierno ha suscrito el “Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad” propuesto por el Ejecutivo Federal y, para reforzar estas acciones en la entidad presentamos el “Acuerdo de Acciones y Compromisos en Materia de Seguridad para los Michoacanos”, mismo que fue respaldado por los Poderes Legislativo y Judicial, los 113 Ayuntamientos, así como los diversos sectores sociales. Hemos dedicado y lo seguiremos haciendo, mayores recursos a la seguridad en el estado y hemos dado los pasos para reforzar los controles de confianza y los mecanismos de selección de personal en las áreas de seguridad pública y procuración de justicia.
La autoridad federal tiene la libertad y atribución para investigar y requerir a cualquier persona, siempre en estricto apego al Estado de Derecho y las garantías individuales consagradas en nuestra Constitución. También tiene la facultad de guardar la secrecía y sigilo necesario en las investigaciones que realiza.
Sin embargo, consideramos que las autoridades locales, en especial los Gobiernos de los estados debemos de ser informados con veracidad una vez que las instancias federales han actuado, en correspondencia con los acuerdos y la actitud de coordinación y apoyo mutuo al que nos hemos comprometido.
He urgido a los servidores públicos de mi administración, que están siendo requeridos, para que de inmediato se separen de sus cargos y se pongan a disposición de las autoridades correspondientes.
El Gobierno del Estado demanda una investigación pronta, transparente y apegada a proceso. Que se actúe contra quien resulte culpable. En esta investigación el gobierno a mi cargo colaborará plenamente con la autoridad federal.
Es imperativo, sin embargo, que en los casos en los cuales no se encuentren elementos incriminatorios el Ministerio Público Federal reivindique la imagen de los servidores públicos libres de responsabilidad.
Es nuestra obligación mantener la seguridad de los michoacanos, para realizar en paz sus actividades y para garantizar las inversiones y el trabajo. Pero es también nuestra obligación velar porque en Michoacán se cumpla la Constitución y el estado de derecho, el respeto a los derechos humanos y al debido proceso.
Por eso hoy ratificamos nuestro compromiso en la lucha contra la delincuencia, en todas sus manifestaciones y nuestro apoyo al gobierno federal en su combate al crimen organizado. Pero soberanamente también reivindicamos nuestro derecho a proponer estrategias particulares y adicionales, entre ellas, las oportunidades de educación, salud y trabajo.
Se puede combatir todo tipo de delincuencia, con la Constitución en la mano. A eso nos hemos comprometido con los michoacanos y con México.
MTRO. LEONEL GODOY RANGELGOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADODE MICHOACÀN DE OCAMPO.
En tanto, Jesús Ortega, dirigente del PRD, señaló que nadie, incluido el gobierno federal, debe aprovechar coyunturas de este tipo para obtener ventajas electorales
La dirigencia nacional del Partido de la Revolución dio su respaldo total al gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, demandó que no haya una estrategia selectiva en el combate al narcotráfico y exigió sanciones severas para los funcionarios cómplices del crimen organizado.
Sin embargo, calificó como “una acción hostil” que el gobierno federal haya realizado el operativo en territorio Michoacano sin notificar al gobernador Godoy Rangel.
Demandó que la lucha a crimen sea apegada a la Constitución, las leyes, los derechos humanos y el pacto federal.
Al leer una resolución de la Comisión Política Nacional –órgano de dirección que aglutina al presidente, secretario y líderes de corrientes- Jesús Ortega asentó la determinación del partido para que todo acto de criminalidad sea perseguido y sancionado conforme a la ley.
Al subrayar el respaldo al gobernador Godoy, indicó que la obligación del Estado de garantizar la seguridad de las personas “no puede sujetarse a ningún interés partidario y exigimos al gobierno federal que el derecho a la seguridad no este determinado por objetivos de carácter electoral”.
El presidente perredista subrayó que los criminales y funcionario cómplices involucrados en las actividades del narco, no importando su militancia política priísta, panista o perredista, deben ser sujetos a la justicia y “deben ser sancionados con severidad”.
Asentó: “La persecución de los delincuentes, sin embargo, no debe ni debe hacerse violentando la Constitución General de la República, ni afectando las garantías individuales, los derechos humanos y el pacto federal”.
Subrayó que nadie, incluido el gobierno federal, debe utilizar la necesidad del combate al crimen para obtener ventajas de carácter electoral.
Indicó que el combate al narcotráfico no puede ser selectivo sino extenderse a todas las entidades con imparcialidad y justicia.
“Por ejemplo, en el caso de Morelos, el gobernador fue avisado y notificado del involucramiento de altos funcionarios de su administración, y eso le permitió, al propio gobernador, tiempo para pedirles la renuncia al procurador de justicia, al secretario de seguridad pública estatal y al secretario de seguridad pública de la zona metropolitana”.
vrs /fml
***
No hay comentarios.:
Publicar un comentario