Revista Proceso # 1701, 7 de junio de 2009;
La aprehensión de capos de Los Zetas y de los hermanos Beltrán Leyva motivó en Nuevo León una ola de violencia y evidenció que las policías municipales –y también la estatal– están infiltradas por el narcotráfico, al punto de que uniformados de varios municipios se enfrentan –inclusive a balazos– con miembros del Ejército y rescatan a capos momentáneamente retenidos. Pero los operativos en que las fuerzas militares ocuparon las sedes de varios ayuntamientos y detuvieron a decenas de agentes policiacos –cuyos familiares denuncian que en su arraigo están siendo torturados– son impugnados por violar la soberanía y no respetar el proceso legal y los derechos humanos.
MONTERREY, NL.- La detención de 85 policías durante la primera semana de junio –de los cuales 54 fueron arraigados– fue precedida de una ola de violencia desatada por la aprehensión de cabecillas de Los Zetas y de los hermanos Beltrán Leyva que, de acuerdo con las máximas autoridades del estado, han infiltrado a las corporaciones policiacas, cuyos elementos también se enfrentan a tiros con las fuerzas militares.
Así lo admite en entrevista con Proceso el secretario de Seguridad Pública en la entidad, Aldo Fasci Zuazua, quien refiere que los cuerpos policiacos municipales –y también los estatales– fueron infiltrados al punto de que en mayo pasado se enfrentaron con caravanas del Ejército y ayudaron a escapar a capos de la droga.
La nueva ola de violencia comenzó con la detención del presunto jefe de plaza de Los Zetas, Sigifredo Nájera Talamantes, alias El Canicón, ocurrida el 20 de marzo en Saltillo, y de Héctor Huerta Ríos, alias El JR o La Burra, presunto operador de los Beltrán Leyva, el 24 de marzo, y se intensificó con la aprehensión, el 18 de mayo, del relevo de éste, Rodolfo López Ibarra, alias El Nito, cuando las fuerzas castrenses lo aprehendieron en el Aeropuerto del Norte, ubicado en Apodaca, al regresar de un bautizo que, según el periódico El Norte, festejó en Acapulco en compañía de Arturo Beltrán Leyva.
Entre ese día y el 20 de mayo, el Ejército realizó en total 13 detenciones relacionadas con el narcotráfico, la última de las cuales, en Monterrey, fue la de Raymundo Almanza Morales, alias El Gori, identificado como miembro de Los Zetas y hermano de Octavio El Gori 4, quien a su vez había sido detenido en Cancún el 9 de febrero.
Para el secretario de Seguridad Pública Aldo Fasci, la clave de la violencia reciente está en los reacomodos. Explica que la presencia de varios grupos delictivos en el área se debe a la asociación que durante algún tiempo sostuvieron los cárteles de Sinaloa, de Juárez y de los hermanos Beltrán Leyva, por una parte, y por la otra, el cártel del Golfo y el grupo de Los Zetas.
Actualmente, la presencia criminal se limita al cártel del Golfo-Zetas y a los hermanos Beltrán Leyva, cuyos mandos han sido capturados recientemente, mientras que sus relevos no han alcanzado a instalarse.
“Lo que pasa –dice el funcionario– es que después de la detención de los grandes líderes, una vez conocido su modus operandi, los relevos llegan con gente nueva y con otros métodos para hacer sus ajustes.”
Y sí: El pasado 15 de mayo, cuando el oficial José Antonio Palacios Beristáin, cercano al comandante local de la Policía Federal Preventiva (PFP), Francisco Javier Calatayud Yépez, se encontraba en un restaurante de San Pedro Garza García, fue objeto de un atentado.
Como Palacios Beristáin logró escapar, los sicarios lo persiguieron en tres vehículos por la avenida Lázaro Cárdenas, abrieron fuego e hirieron a dos personas que lo acompañaban. En su huida, Palacios Beristáin logró llegar a las instalaciones de la PFP, hasta donde arribó el comando y abrió fuego con rifles AR-15 mientras agentes federales repelían la agresión. Sólo el inmueble y varios vehículos resultaron dañados.
A partir de ese día se han verificado varios tiroteos y ejecuciones, especialmente en fraccionamientos exclusivos de San Pedro Garza García y de la zona sur de Monterrey. Según la policía, varias capturas han podido consumarse por delaciones de los propios delincuentes detenidos.
Policías contra militares
El involucramiento de policías municipales con el narcotráfico los ha llevado al extremo de confrontarse a balazos contra militares e inclusive a rescatar a narcotraficantes detenidos.
El 4 de mayo, al menos unos 15 oficiales de policía, de los municipios de San Nicolás, Escobedo y Apodaca, fueron detenidos luego de resultar implicados en la protección de un capo del cártel del Golfo-Zetas que logró fugarse durante una balacera desatada en la colonia El Mezquital.
Conforme a un comunicado que emitió la Sedena el 4 de mayo, dicho capo, encargado de Los Zetas e identificado sólo como El Comandante Coloso, fue rescatado y retirado por policías municipales en una patrulla cuando, en medio de la balacera, se encontraba herido.
Según la Sedena, un convoy militar ubicó a dos sujetos con armas largas en un callejón y, al tratar de detenerlos, empezó la refriega. En seguida llegó la patrulla 0201 del municipio de Apodaca y sus tripulantes empezaron a disparar a los soldados.
Al tratar de escapar en reversa, la patrulla se impactó contra un tráiler y los policías que la ocupaban salieron corriendo; el tractocamión obstruyó la salida del convoy militar, mientras el patrullero de San Nicolás de los Garza José Carlos Treviño Carreón ayudaba a escapar al Comandante Coloso en la patrulla Nitro número 0378.
El patrullero Treviño Carreón fue detenido dos días después, pero el capo sigue libre.
Apenas unos días antes, el 28 de abril, se había producido un altercado entre policías municipales y soldados cuando, en una revisión militar “de rutina”, los elementos del Ejército detuvieron a una patrulla municipal.
En el momento en que los militares intentaron revisar el Nextel que portaba el patrullero de la unidad 0311, Juan Francisco Becerra, éste solicitó refuerzos y más de 20 patrullas de los municipios de San Nicolás de los Garza y Monterrey acudieron en su auxilio a las afueras del Club de Leones de San Nicolás.
Las tres Hummers del Ejército fueron rodeadas por más de 20 patrullas de San Nicolás y unas cinco de la Policía de Monterrey, que obstruyeron la salida de los militares y sostuvieron una fuerte discusión, hasta que les regresaron el aparato telefónico.
Ese día, los elementos policiacos de los dos municipios dijeron a reporteros locales que el problema es que han sido objeto de hostigamientos frecuentes por parte del Ejército, cuyos efectivos, al revisarlos, no les regresan sus pertenencias.
Otro episodio parecido se produjo el 7 de mayo, cuando un convoy militar y patrulleros de la Policía Municipal de Escobedo discutieron porque al hacer alto a la patrulla 0289, tripulada por el comandante municipal Adrián Puentes, éste huyó argumentando que, sin motivo, los soldados lo andaban vigilando.
El secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci, agrega que se está enfrentando un nuevo riesgo con los agentes de Tránsito, quienes no se hallan sujetos a controles de confianza, avisan a los cárteles de todo lo que ocurre en las calles y fungen como “halcones”.
Al respecto, el Ejército mexicano ha acumulado numerosas fotografías y videos que muestran a patrullas de Tránsito que los siguen durante los operativos que realizan las fuerzas castrenses. Por eso el Ejército abrió una indagatoria sobre el caso.
Aunque en los últimos dos años se han dado de baja alrededor de 2 mil 500 policías estatales y municipales de la zona metropolitana, Aldo Fasci comenta: “El problema es que tenemos que reponerlos, y las redes de delincuentes los vuelven a cooptar, ya sea por complicidad o por amenaza”.
La infiltración se da principalmente entre los policías que andan en la calle, y pese a que abarca a todos los municipios del estado, el fenómeno se reproduce con mayor fuerza en los 11 municipios que componen el área metropolitana de Monterrey.
El funcionario asegura que la presencia de esos grupos en la zona metropolitana ha permitido que acaparen diferentes modalidades del delito, pero sobre todo el narcomenudeo.
Sin embargo, en municipios pequeños de la zona rural, los cárteles controlan las rutas carreteras y vecinales que conducen a los límites de los estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, que son clave en el trasiego de la droga.
Soberanía y derechos humanos
A raíz de los operativos realizados contra los jefes de plaza de Los Zetas y los Beltrán Leyva, se integraron las averiguaciones previas que propiciaron la ocupación de las policías municipales, por parte del Ejército, la primera semana de junio.
Con apoyo de policías federales y ministeriales, el Ejército ocupó, a partir del lunes 1 y hasta el viernes 5, las instalaciones de los municipios de Monterrey, San Nicolás de los Garza, Apodaca, Escobedo, Juárez, Santa Catarina, Salinas Victoria, García, Montemorelos, Allende y Santiago, de manera que para el 5 de junio 85 policías habían sido detenidos, de los cuales 54 fueron arraigados, 12 liberados y el resto se hallan pendientes de resolver.
Entre los detenidos para comparecer ante un agente del Ministerio Público, en las instalaciones de la VII Zona Militar, se encontraban el secretario de Seguridad Pública de Guadalupe, José Santos Almaraz Ornelas, y Héctor Gonzalo de la Garza Alejandro, jefe de policía; en Escobedo, Fernando Torre Cueva, titular de Seguridad Pública, y Víctor Manuel Silva Puente, director de la policía.
Lo mismo ocurrió al recién nombrado secretario de Vialidad y Tránsito de Monterrey, Amador Medina Flores, quien fungió como titular de la policía regiomontana hasta finales de mayo; a Alejandro Esparza Contreras, secretario de Seguridad en Montemorelos, así como al comandante operativo de la policía de ese lugar, Fernando Aboytes Núñez. En Allende, fue detenido Luis Humberto Vargas Flores, titular de Seguridad, mientras que en Santiago corrió igual suerte el juez calificador Eduardo Morales Ocayas.
Los mandos policiacos detenidos y liberados “bajo reserva” han acumulado acusaciones de corrupción.
Pero las detenciones se ejecutaron sin órdenes de aprehensión ni de presentación. Inclusive, la aprehensión de Fernando Torre Cueva se dio con forcejeos, ya que exigió una orden judicial y, en respuesta, fue estrujado y esposado por los soldados, según publicó El Norte el miércoles 3 de junio.
A las 2:30 de la mañana del jueves 4, decenas de familiares de policías privados de su libertad arribaron a la sede de la Academia Estatal de Policía, donde se ejecutan los arraigos, concedidos por un juez local, contra 54 policías. El motivo fue que los alertaron telefónicamente de que los estaban torturando, con golpes en la planta de los pies, a fin de que firmaran confesiones falsas.
Más tarde, acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDH) para denunciar la incomunicación en que los tenían, ya que ni siquiera los abogados podían hablar con ellos ni acceder a sus expedientes.
La presidenta de la CEDH, Minerva Martínez Espinoza, envió un visitador y un médico y se comprometió a dar parte a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pues las quejas son contra el Ejército. Sin embargo, su equipo informó el viernes 5 que los arraigados estaban “bien”.
Pese a lo anterior, la madrugada del viernes 5 un médico legista del organismo y un equipo jurídico se trasladaron al Hospital Universitario de Monterrey, pues se reportó que dos policías de Allende, Marcelino Martínez Chávez y Francisco Muñiz García, presentaban, el primero, fractura de cráneo, y el segundo, estallamiento de vísceras, luego de la detención militar.
Según las familias, que se hallaban acampadas fuera de la Academia de Policía, los arraigados fueron torturados, en algunos casos hasta dejarlos inconscientes, y una mujer policía abortó la mañana del jueves y tuvo que ser hospitalizada. Otro uniformado en arraigo acabó con las costillas rotas, según la explicación que se dio a las familias, “al caer de una litera”.
Fidel Gloria Aguilar, abogado contratado por los parientes de los detenidos, tramitó un amparo contra el arraigo, pero hasta el viernes no había tenido acceso a ninguna parte del expediente, y ni siquiera sabía si la averiguación era estatal o federal.
Ante los señalamientos, la coordinadora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos de Nuevo León, Consuelo Morales Elizondo, expresó que los operativos no respetaron el debido proceso, incurrieron en detenciones ilegales y arbitrarias, ignoraron los convenios de coordinación pactados con las entidades, incluyeron la prohibida participación militar y usaron el arraigo, considerado violatorio de los derechos humanos por la ONU.
La activista condenó la tortura y manifestó que tanto el caso de Monterrey como el de Michoacán –donde se detuvo a 30 servidores públicos– fueron violaciones a la soberanía.
“Las acciones del gobierno federal son un grave rompimiento del estado de derecho en un entorno electoral que sólo ha dado lugar a un espectáculo mediático, coyuntural, que impactará el ejercicio democrático en las próximas elecciones y repercutirá negativamente en la situación de los derechos humanos en el país.”
MONTERREY, NL.- La detención de 85 policías durante la primera semana de junio –de los cuales 54 fueron arraigados– fue precedida de una ola de violencia desatada por la aprehensión de cabecillas de Los Zetas y de los hermanos Beltrán Leyva que, de acuerdo con las máximas autoridades del estado, han infiltrado a las corporaciones policiacas, cuyos elementos también se enfrentan a tiros con las fuerzas militares.
Así lo admite en entrevista con Proceso el secretario de Seguridad Pública en la entidad, Aldo Fasci Zuazua, quien refiere que los cuerpos policiacos municipales –y también los estatales– fueron infiltrados al punto de que en mayo pasado se enfrentaron con caravanas del Ejército y ayudaron a escapar a capos de la droga.
La nueva ola de violencia comenzó con la detención del presunto jefe de plaza de Los Zetas, Sigifredo Nájera Talamantes, alias El Canicón, ocurrida el 20 de marzo en Saltillo, y de Héctor Huerta Ríos, alias El JR o La Burra, presunto operador de los Beltrán Leyva, el 24 de marzo, y se intensificó con la aprehensión, el 18 de mayo, del relevo de éste, Rodolfo López Ibarra, alias El Nito, cuando las fuerzas castrenses lo aprehendieron en el Aeropuerto del Norte, ubicado en Apodaca, al regresar de un bautizo que, según el periódico El Norte, festejó en Acapulco en compañía de Arturo Beltrán Leyva.
Entre ese día y el 20 de mayo, el Ejército realizó en total 13 detenciones relacionadas con el narcotráfico, la última de las cuales, en Monterrey, fue la de Raymundo Almanza Morales, alias El Gori, identificado como miembro de Los Zetas y hermano de Octavio El Gori 4, quien a su vez había sido detenido en Cancún el 9 de febrero.
Para el secretario de Seguridad Pública Aldo Fasci, la clave de la violencia reciente está en los reacomodos. Explica que la presencia de varios grupos delictivos en el área se debe a la asociación que durante algún tiempo sostuvieron los cárteles de Sinaloa, de Juárez y de los hermanos Beltrán Leyva, por una parte, y por la otra, el cártel del Golfo y el grupo de Los Zetas.
Actualmente, la presencia criminal se limita al cártel del Golfo-Zetas y a los hermanos Beltrán Leyva, cuyos mandos han sido capturados recientemente, mientras que sus relevos no han alcanzado a instalarse.
“Lo que pasa –dice el funcionario– es que después de la detención de los grandes líderes, una vez conocido su modus operandi, los relevos llegan con gente nueva y con otros métodos para hacer sus ajustes.”
Y sí: El pasado 15 de mayo, cuando el oficial José Antonio Palacios Beristáin, cercano al comandante local de la Policía Federal Preventiva (PFP), Francisco Javier Calatayud Yépez, se encontraba en un restaurante de San Pedro Garza García, fue objeto de un atentado.
Como Palacios Beristáin logró escapar, los sicarios lo persiguieron en tres vehículos por la avenida Lázaro Cárdenas, abrieron fuego e hirieron a dos personas que lo acompañaban. En su huida, Palacios Beristáin logró llegar a las instalaciones de la PFP, hasta donde arribó el comando y abrió fuego con rifles AR-15 mientras agentes federales repelían la agresión. Sólo el inmueble y varios vehículos resultaron dañados.
A partir de ese día se han verificado varios tiroteos y ejecuciones, especialmente en fraccionamientos exclusivos de San Pedro Garza García y de la zona sur de Monterrey. Según la policía, varias capturas han podido consumarse por delaciones de los propios delincuentes detenidos.
Policías contra militares
El involucramiento de policías municipales con el narcotráfico los ha llevado al extremo de confrontarse a balazos contra militares e inclusive a rescatar a narcotraficantes detenidos.
El 4 de mayo, al menos unos 15 oficiales de policía, de los municipios de San Nicolás, Escobedo y Apodaca, fueron detenidos luego de resultar implicados en la protección de un capo del cártel del Golfo-Zetas que logró fugarse durante una balacera desatada en la colonia El Mezquital.
Conforme a un comunicado que emitió la Sedena el 4 de mayo, dicho capo, encargado de Los Zetas e identificado sólo como El Comandante Coloso, fue rescatado y retirado por policías municipales en una patrulla cuando, en medio de la balacera, se encontraba herido.
Según la Sedena, un convoy militar ubicó a dos sujetos con armas largas en un callejón y, al tratar de detenerlos, empezó la refriega. En seguida llegó la patrulla 0201 del municipio de Apodaca y sus tripulantes empezaron a disparar a los soldados.
Al tratar de escapar en reversa, la patrulla se impactó contra un tráiler y los policías que la ocupaban salieron corriendo; el tractocamión obstruyó la salida del convoy militar, mientras el patrullero de San Nicolás de los Garza José Carlos Treviño Carreón ayudaba a escapar al Comandante Coloso en la patrulla Nitro número 0378.
El patrullero Treviño Carreón fue detenido dos días después, pero el capo sigue libre.
Apenas unos días antes, el 28 de abril, se había producido un altercado entre policías municipales y soldados cuando, en una revisión militar “de rutina”, los elementos del Ejército detuvieron a una patrulla municipal.
En el momento en que los militares intentaron revisar el Nextel que portaba el patrullero de la unidad 0311, Juan Francisco Becerra, éste solicitó refuerzos y más de 20 patrullas de los municipios de San Nicolás de los Garza y Monterrey acudieron en su auxilio a las afueras del Club de Leones de San Nicolás.
Las tres Hummers del Ejército fueron rodeadas por más de 20 patrullas de San Nicolás y unas cinco de la Policía de Monterrey, que obstruyeron la salida de los militares y sostuvieron una fuerte discusión, hasta que les regresaron el aparato telefónico.
Ese día, los elementos policiacos de los dos municipios dijeron a reporteros locales que el problema es que han sido objeto de hostigamientos frecuentes por parte del Ejército, cuyos efectivos, al revisarlos, no les regresan sus pertenencias.
Otro episodio parecido se produjo el 7 de mayo, cuando un convoy militar y patrulleros de la Policía Municipal de Escobedo discutieron porque al hacer alto a la patrulla 0289, tripulada por el comandante municipal Adrián Puentes, éste huyó argumentando que, sin motivo, los soldados lo andaban vigilando.
El secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci, agrega que se está enfrentando un nuevo riesgo con los agentes de Tránsito, quienes no se hallan sujetos a controles de confianza, avisan a los cárteles de todo lo que ocurre en las calles y fungen como “halcones”.
Al respecto, el Ejército mexicano ha acumulado numerosas fotografías y videos que muestran a patrullas de Tránsito que los siguen durante los operativos que realizan las fuerzas castrenses. Por eso el Ejército abrió una indagatoria sobre el caso.
Aunque en los últimos dos años se han dado de baja alrededor de 2 mil 500 policías estatales y municipales de la zona metropolitana, Aldo Fasci comenta: “El problema es que tenemos que reponerlos, y las redes de delincuentes los vuelven a cooptar, ya sea por complicidad o por amenaza”.
La infiltración se da principalmente entre los policías que andan en la calle, y pese a que abarca a todos los municipios del estado, el fenómeno se reproduce con mayor fuerza en los 11 municipios que componen el área metropolitana de Monterrey.
El funcionario asegura que la presencia de esos grupos en la zona metropolitana ha permitido que acaparen diferentes modalidades del delito, pero sobre todo el narcomenudeo.
Sin embargo, en municipios pequeños de la zona rural, los cárteles controlan las rutas carreteras y vecinales que conducen a los límites de los estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, que son clave en el trasiego de la droga.
Soberanía y derechos humanos
A raíz de los operativos realizados contra los jefes de plaza de Los Zetas y los Beltrán Leyva, se integraron las averiguaciones previas que propiciaron la ocupación de las policías municipales, por parte del Ejército, la primera semana de junio.
Con apoyo de policías federales y ministeriales, el Ejército ocupó, a partir del lunes 1 y hasta el viernes 5, las instalaciones de los municipios de Monterrey, San Nicolás de los Garza, Apodaca, Escobedo, Juárez, Santa Catarina, Salinas Victoria, García, Montemorelos, Allende y Santiago, de manera que para el 5 de junio 85 policías habían sido detenidos, de los cuales 54 fueron arraigados, 12 liberados y el resto se hallan pendientes de resolver.
Entre los detenidos para comparecer ante un agente del Ministerio Público, en las instalaciones de la VII Zona Militar, se encontraban el secretario de Seguridad Pública de Guadalupe, José Santos Almaraz Ornelas, y Héctor Gonzalo de la Garza Alejandro, jefe de policía; en Escobedo, Fernando Torre Cueva, titular de Seguridad Pública, y Víctor Manuel Silva Puente, director de la policía.
Lo mismo ocurrió al recién nombrado secretario de Vialidad y Tránsito de Monterrey, Amador Medina Flores, quien fungió como titular de la policía regiomontana hasta finales de mayo; a Alejandro Esparza Contreras, secretario de Seguridad en Montemorelos, así como al comandante operativo de la policía de ese lugar, Fernando Aboytes Núñez. En Allende, fue detenido Luis Humberto Vargas Flores, titular de Seguridad, mientras que en Santiago corrió igual suerte el juez calificador Eduardo Morales Ocayas.
Los mandos policiacos detenidos y liberados “bajo reserva” han acumulado acusaciones de corrupción.
Pero las detenciones se ejecutaron sin órdenes de aprehensión ni de presentación. Inclusive, la aprehensión de Fernando Torre Cueva se dio con forcejeos, ya que exigió una orden judicial y, en respuesta, fue estrujado y esposado por los soldados, según publicó El Norte el miércoles 3 de junio.
A las 2:30 de la mañana del jueves 4, decenas de familiares de policías privados de su libertad arribaron a la sede de la Academia Estatal de Policía, donde se ejecutan los arraigos, concedidos por un juez local, contra 54 policías. El motivo fue que los alertaron telefónicamente de que los estaban torturando, con golpes en la planta de los pies, a fin de que firmaran confesiones falsas.
Más tarde, acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDH) para denunciar la incomunicación en que los tenían, ya que ni siquiera los abogados podían hablar con ellos ni acceder a sus expedientes.
La presidenta de la CEDH, Minerva Martínez Espinoza, envió un visitador y un médico y se comprometió a dar parte a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pues las quejas son contra el Ejército. Sin embargo, su equipo informó el viernes 5 que los arraigados estaban “bien”.
Pese a lo anterior, la madrugada del viernes 5 un médico legista del organismo y un equipo jurídico se trasladaron al Hospital Universitario de Monterrey, pues se reportó que dos policías de Allende, Marcelino Martínez Chávez y Francisco Muñiz García, presentaban, el primero, fractura de cráneo, y el segundo, estallamiento de vísceras, luego de la detención militar.
Según las familias, que se hallaban acampadas fuera de la Academia de Policía, los arraigados fueron torturados, en algunos casos hasta dejarlos inconscientes, y una mujer policía abortó la mañana del jueves y tuvo que ser hospitalizada. Otro uniformado en arraigo acabó con las costillas rotas, según la explicación que se dio a las familias, “al caer de una litera”.
Fidel Gloria Aguilar, abogado contratado por los parientes de los detenidos, tramitó un amparo contra el arraigo, pero hasta el viernes no había tenido acceso a ninguna parte del expediente, y ni siquiera sabía si la averiguación era estatal o federal.
Ante los señalamientos, la coordinadora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos de Nuevo León, Consuelo Morales Elizondo, expresó que los operativos no respetaron el debido proceso, incurrieron en detenciones ilegales y arbitrarias, ignoraron los convenios de coordinación pactados con las entidades, incluyeron la prohibida participación militar y usaron el arraigo, considerado violatorio de los derechos humanos por la ONU.
La activista condenó la tortura y manifestó que tanto el caso de Monterrey como el de Michoacán –donde se detuvo a 30 servidores públicos– fueron violaciones a la soberanía.
“Las acciones del gobierno federal son un grave rompimiento del estado de derecho en un entorno electoral que sólo ha dado lugar a un espectáculo mediático, coyuntural, que impactará el ejercicio democrático en las próximas elecciones y repercutirá negativamente en la situación de los derechos humanos en el país.”
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