Testimonios de policías

Torturas estilo militar
GLORIA LETICIA DíAZ
Revista Proceso #1701, 7 de juni de 2009;

Testimonios escritos de 25 policías municipales de Tijuana detallan la forma en que sus jefes los entregaron a los militares, quienes les arrancaron declaraciones autoincriminatorias mediante tormentos. Los familiares de los detenidos, que han recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al relator especial de la ONU sobre la tortura, cuentan su historia.
Golpes, asfixia, descargas eléctricas y hasta tortura sicológica sufrieron policías municipales de Tijuana a manos de personal militar en instalaciones del 28º Batallón de Infantería, adscrito a la II Zona Militar en Baja California, donde las víctimas fueron conducidas entre el 21 y 27 de marzo pasado sin orden de presentación ni mucho menos de aprehensión.
Según los testimonios escritos por algunos de los 25 policías municipales, los responsables de la privación de su libertad son el secretario de Seguridad Pública de Tijuana, teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, y el director general de Policía y Tránsito Municipal, capitán Gustavo Huerta Martínez.
Las narraciones proporcionadas a Proceso detallan las torturas para arrancarles declaraciones autoincriminatorias a los policías, a partir de las cuales la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Humberto Velásquez Villalvazo, tramitó su arraigo. Esas declaraciones habrían sido utilizadas para conseguir una orden de aprehensión en su contra, librada por el Juzgado V de Distrito, por estar presuntamente vinculados con el narcotraficante Teodoro García Simental, El Teo.
Los testimonios son crudos:
Me entaiparon los ojos y las manos; el tape me cortaba la piel de las manos, mis dedos no los sentía. Luego me envolvieron en una cobija todo completo y entre seis me empezaron a golpear en todo el cuerpo por horas, perdía la noción del tiempo; en seis ocasiones me desmayé. Como no firmaba lo que ellos querían me siguieron golpeando, no sé por cuánto tiempo.
(…) me quitaron las botas y mis pies los metieron a una vasija con agua, luego pusieron cables de electricidad y eso siguió por horas (…) me pusieron cables con electricidad en mis testículos (…) yo sentía que me iban a matar (…) ya no podía más, firmé con los ojos enteipados. Hoy no siento los dedos de mi mano derecha.
Las descripciones de las torturas tienen en general el mismo patrón e incluyen golpes de asfixia con bolsas de plástico y toques eléctricos en pies y genitales. Cuando se desmayaban los despertaban a cubetazos de agua, pero en algunos casos tuvieron que recurrir a técnicas de resucitación.
El sábado 30 de mayo, familiares de los agentes municipales interpusieron una denuncia por privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, tortura, lesiones y lo que resulte, en contra del delegado Velásquez Villalvazo; del director de Sanidad del cuartel militar –supuesto encargado de resucitación durante los tormentos–, teniente Fernando Coaxin Hernández; de los funcionarios municipales de seguridad Leyzaola y Huerta, así como en contra de dos personas, apodadas como Tortas y Matute, a quienes los policías señalan como los torturadores.
De este asunto tienen conocimiento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la senadora Rosario Ibarra de Piedra, ante quienes acudieron familiares y las organizaciones que los representan: la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH) y el Consejo de Alianzas Ciudadanas de Baja California A.C.
Morosidad
El 24 abril, las familias de los 25 agentes interpusieron una queja conjunta en la delegación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en Tijuana; algunas esposas lo hicieron antes de manera individual. Sin embargo, personal de la segunda visitaduría de la CNDH se entrevistó con los torturados entre el 18 y el 20 de mayo.
Para entonces, los policías ya estaban en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4, en Tepic, Nayarit, a donde fueron trasladados 24 de ellos el 7 de mayo, en tanto que una mujer policía fue llevada al Centro de Readaptación Social (Cereso) de esa ciudad.
La tardía actuación de la CNDH impidió documentar las torturas dentro del cuartel con peritos especializados, resaltan Mayra López, abogada de la CMDPDH, y Alberto Entebi, presidente del Consejo de Alianzas Ciudadanas de Baja California.
El 29 de mayo, López, Entebi y dos esposas de policías (Carolina Burgara Sarmiento y Delia López Salgado) se entrevistaron con el responsable del caso, el visitador adjunto Carlos Villaseñor, quien justificó al delegado de Tijuana, Heriberto García García, por no acudir al cuartel militar, “porque su especialidad es de atención a migrantes, y que por eso envió la documentación a la segunda visitaduría”, cuenta Mayra López.
“Villaseñor argumentó que él tampoco pudo trasladarse al cuartel militar porque le autorizaron y le liberaron viáticos para Tijuana hasta después de que se llevaron a los policías a Nayarit”. El funcionario les informó que integró la queja CNDH/2/2009/1527Q.
En el encuentro con Villaseñor, indican los activistas, se les informó que un detenido tiene todavía secuelas físicas de la tortura y los demás sufren los efectos sicológicos, al grado de que uno de ellos intentó suicidarse, además de que dentro del penal continuaron las torturas.
Entre las irregularidades denunciadas, los defensores destacan la violación a la garantía del debido proceso, pues fueron detenidos del 21 al 27 de marzo sin orden de aprehensión ni presentación, los trasladaron a Nayarit sin notificación previa y sus abogados aún no tienen acceso al expediente.
“Una vez que los policías fueron llevados a Nayarit, los abogados fueron al Juzgado III de Distrito, donde se les dictó el auto de formal prisión. Ahí les dijeron que el expediente se había enviado a Tijuana, al Juzgado V de Distrito, donde alegaron que aún no lo recibían. El 1 de junio les avisaron que ya había llegado, fueron a buscarlo y resulta que nuevamente les informaron que ya lo habían enviado de regreso a Nayarit”, cuenta Alberto Entebi.
Abogado de profesión, el presidente del Consejo de Alianzas Ciudadanas de Baja California considera que el caso contra los policías tiene serias irregularidades: “El 15 de marzo se llevan a cuatro policías al cuartel militar, los torturan, les rompen las costillas, salen libres días después, se reintegran al trabajo, y no sabemos qué fue lo que dijeron. Después se integra una sola averiguación (AP/PGR/BC/TIJ/717/09/M-II) en la que incluyen a los 25 policías con base en señalamientos que hizo un expolicía, Enrique Carrillo Osorio, aprehendido con anterioridad, a quien le ponen enfrente un álbum de fotografías del personal de la Policía Municipal y le obligan a que señale gente al azar”.
De acuerdo con la Agencia Fronteriza de Noticias, Carrillo Osorio fue detenido el 19 de marzo por elementos del Ejército Mexicano a bordo de un automóvil con reporte de robo: llevaba un arma calibre .9 milímetros, cartuchos útiles y 40 envoltorios de crystal.
El 8 de mayo, la PGR informó del traslado a Nayarit de los 25 policías, así como de Carrillo Osorio y José Raymundo Sotelo González, procesados por delincuencia organizada y contra la salud, en la modalidad de fomento. El boletín les atribuye haber declarado que “estaban bajo las órdenes de El Teo (Teodoro García Simental), que opera en Tijuana”.
Los policías municipales procesados son Artemio Duarte Martínez, Blanca Berenice Huizar Murguía, Carlos Cervantes Álvarez, Gerardo Garduño Escobar, Jaime Berumen Borrallo, Jaime Ávila Flores, Jorge Sánchez Reyes, Jorge Pérez Avendaño, José Alberto Castillo Ortiz, José Alfredo Cuevas Higuera, José Carlos Ávalos Luis, Luis Alberto Toledo Coello, Manuel Guerrero Flores, Manuel Adelmo Olivas Coss, Miguel Ángel Mesinas López, Maximino García Luna, Omar Medida Ricardo, Raúl Delgado Rivera, René Huante Mondragón, Roberto Zaragoza Martínez, Rodolfo Ismael Nava, Rolando Saldaña Chacón, Salvador Bolaños Sánchez, Samuel Alonso Ureña Varo y Víctor Manuel González Meléndez.
Testimonios
De acuerdo con Entebi, los testimonios de los policías fueron elaborados durante su confinamiento en el cuartel militar. Ahí permanecieron incomunicados al menos cinco días, hasta que se les impuso el arraigo por 40 días. Una vez que sus familiares consiguieron verlos, les autorizaron tres visitas a la semana, cada una de solamente cinco minutos de duración y bajo vigilancia militar.
Amenazados con ser golpeados e incluso asesinados si informaban de la tortura, algunos policías relataron su tragedia por escrito. Uno de los documentos concluye con la siguiente advertencia:
Hago responsable al teniente Leyzaola y al capitán Gustavo Huerta como al 28º Batallón si algo me pasa por pasársele la mano en caso de más tortura.
En las notificaciones enviadas por la CMDPDH y la CCDHN a los organismos internacionales, se aclara que los testimonios “son presentados de manera anónima por el temor a represalias por parte de los elementos encargados de su custodia”.
En las quejas enviadas al secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, y al relator especial sobre la Tortura de la ONU, Manfred Nowak, se anexaron 12 testimonios que tienen coincidencias sobre la forma en que fueron privados de su libertad y torturados, aunque no todos se conocían ni fueron ingresados al cuartel del 28º Batallón el mismo día.
Los policías relatan que fueron requeridos a las oficinas centrales de la policía por el titular de la SSP municipal, el teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, y por el director general de Policía y Tránsito, capitán Gustavo Huerta Martínez. Ya ahí, los despojaron de sus insignias, armas y pertenencias, y los condujeron en patrullas a las instalaciones del 28º Batallón de Infantería, conocido como Aguaje de la Tuna.
En algunos casos, los propios altos funcionarios de seguridad y de policía habrían realizado los traslados. Uno de los policías dice haber escuchado cuando Huerta Martínez les decía a los militares “ahí se los encargo”, al momento de entregarlo junto con otros de sus compañeros.
Esa declaración está incluida en las denuncias presentadas a organismos internacionales. Identificado como “Testimonio 1”, narra que el policía denunciante fue entregado a los soldados el 25 de marzo por preguntar a Huerta Martínez la razón del arresto de sus compañeros en días anteriores. Y detalla las torturas:
Eran tres sujetos, uno sentado en mis pies, otro sobre mi estómago y uno más, que era el de la voz, quien me colocaba el plástico en la cara hasta que dejaba de respirar. Creo que en el primer interrogatorio perdí el conocimiento; recuerdo que cuando volví en mí sentí cómo me daban masaje en el pecho y al verme que ya estaba otra vez listo escuche: “ya volvió”, y nuevamente el mismo de la voz me colocaba el plástico en la cara con violencia en repetidas ocasiones (…) me golpearon los pies, las rodillas, me lastimaron a más no poder la costilla, se ensañaron; en dos ocasiones me resucitaron nada más para seguir torturándome, y más porque no contestaba lo que ellos querían (…) me sentaron en una silla metálica y yo desnudo y otra vez amarrado, nuevamente el de la voz dijo: “bienvenido a la silla eléctrica”.
El “Testimonio 4” asegura que el secretario Julián Leyzaola Pérez estuvo presente durante la sesión en que el denunciante fue torturado y en la que negó estar involucrado con el narcotráfico:
Me quitaron el teip de los pies y me pararon, cuando escuché la voz del secretario Julián Leyzaola Pérez que dijo: “muy bien, te creo” (…) me quitaron el lazo de las manos y me llevaron a otro cuarto, ahí permanecí como dos días enteipado de los ojos.
De la intervención médica para reanimar a los torturados –atribuida en las denuncias al personal de sanidad militar–, destaca el “Testimonio 12” de un policía que también asegura haber sido interrogado en presencia del Leyzaola y que se negó a firmar las declaraciones ministeriales que le indicaba el agente del Ministerio Público Federal, Marco Antonio Zepeda:
Fue entones cuando sufrí un infarto; en ese momento procedieron rápidamente a desatarme y quitarme todos los tapes. Después de eso las torturas que recibí no fueron físicas sino psicológicas, donde me decían que yo no valía.
Otro testimonio hace referencia a la “resucitación”. Aunque no está incluido entre los enviados a los organismos internacionales, se integrará al expediente abierto por la CNDH:
Cuando desperté, me estaban dando fuertes cachetadas en la cara y me estaban echando aire en mi boca y nariz con lo que parecía un resucitador que usan los paramédicos. Me dejaron en paz unos minutos y nuevamente me colocaron el plástico en mi rostro (…) me pude percatar que los sujetos que me torturaron estaban vestidos de civil, pero era obvio que los militares los conocían (…) al día siguiente vino por mí personal de la PGR, y a bordo de una panel azul me sacaron para llevarme a tomar unas radiografías a una clínica particular, y al otro día abordo de una ambulancia me volvieron a llevar a esa clínica para practicarme lo que creo era un ultrasonido.
El drama
Las familias de los agentes también son víctimas de las acciones de las fuerzas federales contra los policías municipales.
Carolina Burgara Sarmiento y Delia López Salgado, esposas de Raúl Delgado Rivera y José Carlos Ávalos Luis, viajaron a la Ciudad de México el viernes 29 de mayo gracias a una colecta que hicieron los familiares de todos los detenidos.
En la capital del país se entrevistaron con la CMDPDH, la CNDH y la senadora Ibarra de Piedra, y contaron cómo el arresto de sus maridos cambió su vida por completo y las dejó desprotegidas.
Al igual que muchas otras familias, durante cinco días estas mujeres no supieron dónde se encontraban sus esposos. Cuando finalmente los localizaron, contrataron abogados que les cobraron entre 8 mil y 25 mil dólares.
Carolina, de 20 años, cinco de casada y una hija de dos años, narra: “Durante tres días no comí. Perdí mi casa, porque mi marido estaba pagando la hipoteca; tuve que vender mis muebles, mi carro y todo lo que tenía para pagarle al abogado. Yo nunca he trabajado y ahora vivimos con Delia, y mi niña llora todos los días buscando a su papá”.
Delia, de 31 años, y siete de casada, dice que tuvo que enviar a sus dos hijos, de 12 y nueve años, con su madre a Sinaloa “porque nomás me veían llorar todo el día, me preguntaban dónde estaba su papá y yo no sabía que decirles; además no los podía llevar a la escuela porque me dediqué a buscar la forma de sacar a mi marido”.
Según ellas, las esposas de los otros policías “tienen problemas económicos muy serios, porque la mayoría tiene más de tres hijos y son amas de casa, hace dos o tres meses que no pagan renta, están a punto de que las echen. Por eso decimos que si nuestros maridos estuvieran con el narco, por lo menos tendríamos casa propia, pero no es así, tenemos apuros muy fuertes”, acota Delia.
El drama unió a los familiares de los policías. Así, hace dos semanas consiguieron que las visitas se extendieran de cinco a 15 minutos, se ufana Carolina. La primera muestra de cohesión se dio el 7 de mayo, justo cuando los policías iban a ser trasladados a Tepic.
“Ese día me llamó mi esposo –dice Delia– y me dio una serie de números para comunicarme con las demás familias. Nos organizamos: unas se fueron al cuartel, otras a la PGR, donde un agente nos dijo en voz baja que nos fuéramos al aeropuerto; ahí había policías y soldados apuntándonos con sus armas, pero aun así tumbamos las puertas del aeropuerto, todas teníamos mucho coraje. Una señora y yo nos desmayamos cuando vimos que se elevaba el avión con nuestros maridos.”
Carolina resume: “Para todas es lo peor que nos pudo haber pasado. Los soldados, los de la PGR, no se fijan a quién afectan. Detrás de cada policía hay una familia, hay niños que todas las noches preguntan por su papá, y mujeres como nosotras que no sabemos qué decir”.