Palabras del Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, durante la ceremonia de instalación del Consejo De Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal
México, D. F., a 18 de junio de 2009;
México, D. F., a 18 de junio de 2009;
No es fortuito que sea aquí, en la casa de la justicia de la unión, a la cual está encomendado el principio de supremacía constitucional, factor que nos une, nos vincula y nos comunica a todos, que hoy se da inicio a este Consejo.
No es fortuito, porque nos recuerda los horizontes y los límites a los que estamos comprometidos.
La Constitución ni puede ser un conjunto de anhelos no realizados ni tampoco un sistema de reglas ciegas y aisladas a la vida de la sociedad.
México desde hace décadas lucha por consolidarse como un país donde la cultura de la legalidad sea una práctica habitual, vinculada al sentido común y a la experiencia cercana del ciudadano. Donde la cultura de la legalidad sea una manera de relacionarse con el otro, con la autoridad, con el poderoso y con el débil. Y eso es lo que está en juego en los trabajos de esta comisión.
Después de muchos años, en donde todos juntos, los que estaban en el poder y los que competían por él y lo cuestionaban, pudieron construir reglas para la competencia política y la consolidación de procedimientos que fueran legítimos, legales, predecibles y equitativos.
No pudimos cantar victoria de arribar a la democracia sin antes visitar, sin antes replantear, sin antes asumir que la democracia se construye y se consolida en la defensa de las libertades y de los derechos fundamentales.
Pasamos de la reflexión de un individualismo exacerbado que sólo hablaba del goce de derechos, a entender la complejidad que este acuerdo de derechos fundamentales significa.
Pasamos de los derechos propietarios de los individuos, también, a asumir derechos de la colectividad, no sólo el progreso social, sino a una coexistencia ordenada y pacífica.
Llegamos a visualizar la consolidación de nuestra democracia como un sistema no sólo de derechos, sino también de deberes; la capacidad de optar entre proyectos de vida responsables frente a los demás; la capacidad de construir instituciones que nos representaran a todos y que convinieran límites para ser todos respetados.
Bajo las teorías clásicas organicistas, hoy se encuentra en esta mesa a la fuerza, la voluntad, la reflexión y la conciencia de las instituciones. Comprometidas a desarrollar de manera estable y seria un anhelo todavía no logrado del pueblo y de la sociedad, por construir esa sociedad que pueda desarrollarse bajo prácticas apegadas a la legalidad; una legalidad que la asuma, que la entienda y que la respete. No cualquier legalidad, una legalidad democrática.
Pasa por la capacidad del Estado de hacer valer un orden definido democráticamente; pasa por la obligación del estado de respetar el factor nuclear de toda comunidad, que es la dignidad de los seres humanos.
Pasa por la capacidad del Estado de generar órganos que, en el caso de conflictos o controversias, puedan dirimirlas apegada a la ley y a las virtudes que la ley significa.
Sólo así podemos arribar de manera definitiva a los estadios democráticos que han orientado las luchas políticas y sociales de nuestra historia en los últimos, cuando menos, 150 años.
Es así que, en un ejercicio político, bajo al mejor concepción de la política, es decir, como un acto de comunicación que integra a los responsables a asumir sus responsabilidades y a definir y producir bienes públicos, que este Consejo expresa la capacidad de generar expectativas y esperanzas a la comunidad a la que se debe.
Las instituciones pierden toda legitimidad cuando olvidan para qué están y de qué están hechas.
La justicia debe responder a los reclamos del débil; debe potenciar al impotente; debe garantizar la libertad. Debe proteger al débil frente al violento; debe procurar las condiciones estables mínimas para el desarrollo y para superar las desigualdades que denigran la opresión, la miseria, la ignorancia y la arbitrariedad.
Así pues, de aquí deben construirse instituciones que garanticen en todo el país estos anhelos. ,A eso se suma el ejecutivo federal como uno más de los poderes involucrados, con pleno respeto a los miembros de otros poderes, con la convicción de que tiene que aportar de manera crítica, autocrítica y responsable, la información.
Un elemento clave será que hoy al reconocerse el carácter fundamental de la justicia, como una de las necesidades y exigencias de la sociedad, y que compite frente a otras exigencias como educación, salud, empleo, y compite desde una manera distinta frente a los recursos escasos y disponibles.
Hoy la nación ha demandado, a fin de generar las condiciones que nos procuren el desarrollo que estamos necesitando, que éste se construya sobre condiciones de seguridad jurídica y respeto a las libertades y derechos fundamentales.
Exige a los representantes de la Unión que le den una prioridad distinta a los temas de la justicia, a la que se le venía dando.
Exige a los representantes de la Unión que en la asignación de recursos se les dé un peso distinto a las tareas de seguridad pública, para que con las inversiones del esfuerzo de todos los mexicanos podamos contar con mejores policías, más preparadas, más capacitadas y que sea en su formación donde se presenten las primeras resistencias a la corrupción y al abuso.
Que sean ministerios públicos comprometidos con la legalidad, con un sentido de la curiosidad institucional para discernir muchas veces entre hechos contradictorios y pruebas y evidencias insuficientes, dónde está la verdad sobre al que se puede afirmar la justicia.
Una que reclame a los jueces integridad, reflexión e imparcialidad, y una que ponga en manos de los tutores de la supremacía constitucional el papel fundamental de defender nuestras libertades frente a la autoridad y una adecuada división de las competencias señaladas en la Constitución.
Es un ejercicio de revisión de nuestra y abandono de indolencias, de hipocresías y de discursos fáciles.
En ese sentido, creo y asumo el compromiso de todos por consolidar la transición democrática de este país, que enunciaré de manera muy sencilla: que pasemos de ser un sistema de reglas en la conformación, distribución y ejercicio del poder; de reglas no escritas a reglas escritas; de compromisos implícitos a deberes expresos frente a la sociedad.
Y que en ello podamos encontrar mejores etapas de nuestra historia.
Dicho eso - y siendo las 12 horas del día 18 de junio- señores, declaro formalmente instalado el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
Y habiendo agotado el orden del día, sin más asuntos por tratar, se da por clausurada la presente reunión.
Muchas gracias.
No es fortuito, porque nos recuerda los horizontes y los límites a los que estamos comprometidos.
La Constitución ni puede ser un conjunto de anhelos no realizados ni tampoco un sistema de reglas ciegas y aisladas a la vida de la sociedad.
México desde hace décadas lucha por consolidarse como un país donde la cultura de la legalidad sea una práctica habitual, vinculada al sentido común y a la experiencia cercana del ciudadano. Donde la cultura de la legalidad sea una manera de relacionarse con el otro, con la autoridad, con el poderoso y con el débil. Y eso es lo que está en juego en los trabajos de esta comisión.
Después de muchos años, en donde todos juntos, los que estaban en el poder y los que competían por él y lo cuestionaban, pudieron construir reglas para la competencia política y la consolidación de procedimientos que fueran legítimos, legales, predecibles y equitativos.
No pudimos cantar victoria de arribar a la democracia sin antes visitar, sin antes replantear, sin antes asumir que la democracia se construye y se consolida en la defensa de las libertades y de los derechos fundamentales.
Pasamos de la reflexión de un individualismo exacerbado que sólo hablaba del goce de derechos, a entender la complejidad que este acuerdo de derechos fundamentales significa.
Pasamos de los derechos propietarios de los individuos, también, a asumir derechos de la colectividad, no sólo el progreso social, sino a una coexistencia ordenada y pacífica.
Llegamos a visualizar la consolidación de nuestra democracia como un sistema no sólo de derechos, sino también de deberes; la capacidad de optar entre proyectos de vida responsables frente a los demás; la capacidad de construir instituciones que nos representaran a todos y que convinieran límites para ser todos respetados.
Bajo las teorías clásicas organicistas, hoy se encuentra en esta mesa a la fuerza, la voluntad, la reflexión y la conciencia de las instituciones. Comprometidas a desarrollar de manera estable y seria un anhelo todavía no logrado del pueblo y de la sociedad, por construir esa sociedad que pueda desarrollarse bajo prácticas apegadas a la legalidad; una legalidad que la asuma, que la entienda y que la respete. No cualquier legalidad, una legalidad democrática.
Pasa por la capacidad del Estado de hacer valer un orden definido democráticamente; pasa por la obligación del estado de respetar el factor nuclear de toda comunidad, que es la dignidad de los seres humanos.
Pasa por la capacidad del Estado de generar órganos que, en el caso de conflictos o controversias, puedan dirimirlas apegada a la ley y a las virtudes que la ley significa.
Sólo así podemos arribar de manera definitiva a los estadios democráticos que han orientado las luchas políticas y sociales de nuestra historia en los últimos, cuando menos, 150 años.
Es así que, en un ejercicio político, bajo al mejor concepción de la política, es decir, como un acto de comunicación que integra a los responsables a asumir sus responsabilidades y a definir y producir bienes públicos, que este Consejo expresa la capacidad de generar expectativas y esperanzas a la comunidad a la que se debe.
Las instituciones pierden toda legitimidad cuando olvidan para qué están y de qué están hechas.
La justicia debe responder a los reclamos del débil; debe potenciar al impotente; debe garantizar la libertad. Debe proteger al débil frente al violento; debe procurar las condiciones estables mínimas para el desarrollo y para superar las desigualdades que denigran la opresión, la miseria, la ignorancia y la arbitrariedad.
Así pues, de aquí deben construirse instituciones que garanticen en todo el país estos anhelos. ,A eso se suma el ejecutivo federal como uno más de los poderes involucrados, con pleno respeto a los miembros de otros poderes, con la convicción de que tiene que aportar de manera crítica, autocrítica y responsable, la información.
Un elemento clave será que hoy al reconocerse el carácter fundamental de la justicia, como una de las necesidades y exigencias de la sociedad, y que compite frente a otras exigencias como educación, salud, empleo, y compite desde una manera distinta frente a los recursos escasos y disponibles.
Hoy la nación ha demandado, a fin de generar las condiciones que nos procuren el desarrollo que estamos necesitando, que éste se construya sobre condiciones de seguridad jurídica y respeto a las libertades y derechos fundamentales.
Exige a los representantes de la Unión que le den una prioridad distinta a los temas de la justicia, a la que se le venía dando.
Exige a los representantes de la Unión que en la asignación de recursos se les dé un peso distinto a las tareas de seguridad pública, para que con las inversiones del esfuerzo de todos los mexicanos podamos contar con mejores policías, más preparadas, más capacitadas y que sea en su formación donde se presenten las primeras resistencias a la corrupción y al abuso.
Que sean ministerios públicos comprometidos con la legalidad, con un sentido de la curiosidad institucional para discernir muchas veces entre hechos contradictorios y pruebas y evidencias insuficientes, dónde está la verdad sobre al que se puede afirmar la justicia.
Una que reclame a los jueces integridad, reflexión e imparcialidad, y una que ponga en manos de los tutores de la supremacía constitucional el papel fundamental de defender nuestras libertades frente a la autoridad y una adecuada división de las competencias señaladas en la Constitución.
Es un ejercicio de revisión de nuestra y abandono de indolencias, de hipocresías y de discursos fáciles.
En ese sentido, creo y asumo el compromiso de todos por consolidar la transición democrática de este país, que enunciaré de manera muy sencilla: que pasemos de ser un sistema de reglas en la conformación, distribución y ejercicio del poder; de reglas no escritas a reglas escritas; de compromisos implícitos a deberes expresos frente a la sociedad.
Y que en ello podamos encontrar mejores etapas de nuestra historia.
Dicho eso - y siendo las 12 horas del día 18 de junio- señores, declaro formalmente instalado el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
Y habiendo agotado el orden del día, sin más asuntos por tratar, se da por clausurada la presente reunión.
Muchas gracias.
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