Columna Razones/Jorge Fernández Menéndez
La seguridad deviene de la política
Publicado en Excélsior, 3 de junio de 2009;
La seguridad deviene de la política
Publicado en Excélsior, 3 de junio de 2009;
¿Cómo pueden los gobernadores quejarse de que se realicen operativos federales en sus entidades si no actuaron al tener facultades para hacerlo?
Los mismos funcionarios, gobernadores y dirigentes que en las últimas horas hablaron de justicia selectiva, de que si habían sido advertidos o no de distintos operativos, que especularon sobre la utilización electoral de los mismos, ayer estuvieron en Palacio Nacional para la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública que, por fin, ha logrado establecer institucionalmente una estrategia mucho más sólida para el combate a la delincuencia.
Nadie puede saber con certeza si existe un objetivo electoral en los últimos e importantes operativos contra los Beltrán Leyva y distintos funcionarios estatales en Morelos; contra 30 funcionarios de diversos niveles en Michoacán para desmantelar la red de protección política de La Familia Michoacana; contra los mandos y policías de Nuevo León, entre otros. Incluso si tienen repercusiones en ese sentido sería lógico que así ocurriera: si se acierta en ese terreno se obtienen réditos políticos e institucionales, si se falla, se pagan los costos. La crítica a esos operativos es insostenible. ¿Cómo pueden los gobernadores quejarse de que se realicen operativos federales en sus entidades y que se detenga a funcionarios y mandos de seguridad si ellos mismos los designaron y no actuaron pudiendo hacerlo?, ¿cómo reclamar mayor autonomía cuando prácticamente ningún estado ha conseguido armar la fuerza antisecuestros a lo que se comprometieron en agosto del año pasado? Y quizás más importante: ¿cómo hacerlo cuando precisamente por lo actuado en ese capítulo el nivel de aceptación presidencial ha llegado a su nivel más alto del sexenio?
La reunión del Consejo y las medidas que se tomaron con anterioridad no resuelven, obviamente, los problemas de inseguridad que debemos afrontar, pero establecen marcos legales e institucionales para operar en forma diferente. En el Congreso se llegó a acuerdos, incluso de última hora insuficientes, aunque permiten tener un margen mucho mayor de certidumbre y operatividad.
En esto hay temas que son centrales. Existe un margen de ambigüedad sobre las atribuciones del Consejo y las del Sistema Nacional de Seguridad Pública que no ha sido solucionado plenamente con respecto a la obligatoriedad de los estados y los municipios en cuanto a cumplir con las decisiones que allí se adopten. Pero de lo que no cabe duda es del carácter normativo del Sistema, de la obligación que tienen los estados y los municipios de hacer pasar a los integrantes de sus cuerpos de seguridad por los controles de confianza federales, para establecer normas que vayan unificando las estructuras policiales de todo el país e integrar fuerzas conjuntas en cada estado. Y, sobre todo, le da la atribución al Sistema para no entregar fondos a los estados y a los municipios que no cumplan con esa normatividad o que los destinen a fines diferentes de los establecidos. El darle dientes al Sistema Nacional de Seguridad Pública para poder operar en los estados, para de alguna manera imponer a los demás integrantes de la Federación normas comunes, será clave. Si algo están demostrando Morelos, Michoacán o Nuevo León es que las fuerzas de seguridad y, en muchos casos, las políticas, simplemente no son confiables y no se puede construir nada sólido con cimientos tan endebles. El Sistema Nacional de Seguridad Pública debe ser y a partir de esta reunión quedan establecidas las bases para ello la piedra angular de la seguridad desde el punto de vista institucional en todo el país. Falta ahora que las leyes se apliquen y exista voluntad política para sacarlas adelante.
El otro punto importante es que se comience a trabajar formalmente con la nueva estructura de la Policía Federal. Tampoco en ese ámbito se logró en el Congreso todo lo que se podría haber hecho pero, finalmente, los resultados fueron positivos. Algunos puntos que se decidieron de última hora, por acuerdo entre el PAN y el PRI, permitieron que la PF tenga funciones de investigación bien definidas y que directamente la policía pueda acudir a los jueces para solicitar órdenes de cateo o de intervenciones telefónicas o de otro tipo, algo imprescindible en el caso de la operación cotidiana de las policías y, más, para los trabajos de inteligencia, incluida la lucha contra el narcotráfico, pero también contra las grandes bandas de secuestradores. Si ese Sistema es la piedra angular para la institucionalización de las estructuras de seguridad, la parte operativa central, incluso para cumplir con la expectativa de liberar en el futuro a las Fuerzas Armadas de la pesada tarea del combate al crimen organizado, deberá pasar por terminar de construir una policía federal que lo sea plenamente. Alguno de los acuerdos partidarios de última hora fue la decisión de que el contralor interno, una suerte de jefe de la policía interna de la PF, fuera designado directamente por el Ejecutivo federal. Y esa debería ser una medida que ayude a todos: a la PF, al gobierno, a los partidos y a la gente.
No es menor, tampoco, el inicio de los trabajos del Observatorio Ciudadano que encabezará María Elena Morera. Se trata de un objetivo largamente acariciado por las instituciones civiles que trabajan en este ámbito y que, por fin, podrá convertirse en realidad. Es clave para integrar a la ciudadanía, a la gente, al proceso, y exigir cuentas a las autoridades.
Hay todo un paquete de acuerdos, designaciones, reacomodos, que deberán devenir de este encuentro. Pero el hecho positivo es que el sistema y la PF, como tales, con su nueva estructura y mandos, se han echado a andar y a partir de allí se podrá construir otras cosas.
Una entrevista con Ahumada
Hoy en el programa Todo Personal, que hacemos con Bibiana Belsasso, los miércoles a las 21:45 horas, en canal Proyecto 40, le presentaremos el adelanto de una entrevista exclusiva que realizamos con Carlos Ahumada en Buenos Aires. Muchas historias serán develadas.
Los mismos funcionarios, gobernadores y dirigentes que en las últimas horas hablaron de justicia selectiva, de que si habían sido advertidos o no de distintos operativos, que especularon sobre la utilización electoral de los mismos, ayer estuvieron en Palacio Nacional para la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública que, por fin, ha logrado establecer institucionalmente una estrategia mucho más sólida para el combate a la delincuencia.
Nadie puede saber con certeza si existe un objetivo electoral en los últimos e importantes operativos contra los Beltrán Leyva y distintos funcionarios estatales en Morelos; contra 30 funcionarios de diversos niveles en Michoacán para desmantelar la red de protección política de La Familia Michoacana; contra los mandos y policías de Nuevo León, entre otros. Incluso si tienen repercusiones en ese sentido sería lógico que así ocurriera: si se acierta en ese terreno se obtienen réditos políticos e institucionales, si se falla, se pagan los costos. La crítica a esos operativos es insostenible. ¿Cómo pueden los gobernadores quejarse de que se realicen operativos federales en sus entidades y que se detenga a funcionarios y mandos de seguridad si ellos mismos los designaron y no actuaron pudiendo hacerlo?, ¿cómo reclamar mayor autonomía cuando prácticamente ningún estado ha conseguido armar la fuerza antisecuestros a lo que se comprometieron en agosto del año pasado? Y quizás más importante: ¿cómo hacerlo cuando precisamente por lo actuado en ese capítulo el nivel de aceptación presidencial ha llegado a su nivel más alto del sexenio?
La reunión del Consejo y las medidas que se tomaron con anterioridad no resuelven, obviamente, los problemas de inseguridad que debemos afrontar, pero establecen marcos legales e institucionales para operar en forma diferente. En el Congreso se llegó a acuerdos, incluso de última hora insuficientes, aunque permiten tener un margen mucho mayor de certidumbre y operatividad.
En esto hay temas que son centrales. Existe un margen de ambigüedad sobre las atribuciones del Consejo y las del Sistema Nacional de Seguridad Pública que no ha sido solucionado plenamente con respecto a la obligatoriedad de los estados y los municipios en cuanto a cumplir con las decisiones que allí se adopten. Pero de lo que no cabe duda es del carácter normativo del Sistema, de la obligación que tienen los estados y los municipios de hacer pasar a los integrantes de sus cuerpos de seguridad por los controles de confianza federales, para establecer normas que vayan unificando las estructuras policiales de todo el país e integrar fuerzas conjuntas en cada estado. Y, sobre todo, le da la atribución al Sistema para no entregar fondos a los estados y a los municipios que no cumplan con esa normatividad o que los destinen a fines diferentes de los establecidos. El darle dientes al Sistema Nacional de Seguridad Pública para poder operar en los estados, para de alguna manera imponer a los demás integrantes de la Federación normas comunes, será clave. Si algo están demostrando Morelos, Michoacán o Nuevo León es que las fuerzas de seguridad y, en muchos casos, las políticas, simplemente no son confiables y no se puede construir nada sólido con cimientos tan endebles. El Sistema Nacional de Seguridad Pública debe ser y a partir de esta reunión quedan establecidas las bases para ello la piedra angular de la seguridad desde el punto de vista institucional en todo el país. Falta ahora que las leyes se apliquen y exista voluntad política para sacarlas adelante.
El otro punto importante es que se comience a trabajar formalmente con la nueva estructura de la Policía Federal. Tampoco en ese ámbito se logró en el Congreso todo lo que se podría haber hecho pero, finalmente, los resultados fueron positivos. Algunos puntos que se decidieron de última hora, por acuerdo entre el PAN y el PRI, permitieron que la PF tenga funciones de investigación bien definidas y que directamente la policía pueda acudir a los jueces para solicitar órdenes de cateo o de intervenciones telefónicas o de otro tipo, algo imprescindible en el caso de la operación cotidiana de las policías y, más, para los trabajos de inteligencia, incluida la lucha contra el narcotráfico, pero también contra las grandes bandas de secuestradores. Si ese Sistema es la piedra angular para la institucionalización de las estructuras de seguridad, la parte operativa central, incluso para cumplir con la expectativa de liberar en el futuro a las Fuerzas Armadas de la pesada tarea del combate al crimen organizado, deberá pasar por terminar de construir una policía federal que lo sea plenamente. Alguno de los acuerdos partidarios de última hora fue la decisión de que el contralor interno, una suerte de jefe de la policía interna de la PF, fuera designado directamente por el Ejecutivo federal. Y esa debería ser una medida que ayude a todos: a la PF, al gobierno, a los partidos y a la gente.
No es menor, tampoco, el inicio de los trabajos del Observatorio Ciudadano que encabezará María Elena Morera. Se trata de un objetivo largamente acariciado por las instituciones civiles que trabajan en este ámbito y que, por fin, podrá convertirse en realidad. Es clave para integrar a la ciudadanía, a la gente, al proceso, y exigir cuentas a las autoridades.
Hay todo un paquete de acuerdos, designaciones, reacomodos, que deberán devenir de este encuentro. Pero el hecho positivo es que el sistema y la PF, como tales, con su nueva estructura y mandos, se han echado a andar y a partir de allí se podrá construir otras cosas.
Una entrevista con Ahumada
Hoy en el programa Todo Personal, que hacemos con Bibiana Belsasso, los miércoles a las 21:45 horas, en canal Proyecto 40, le presentaremos el adelanto de una entrevista exclusiva que realizamos con Carlos Ahumada en Buenos Aires. Muchas historias serán develadas.
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