Columna Razones/Jorge Fernández Menéndez
El personaje electoral: Alejandro Martí
Publicado en Excélsior, 2 de julio de 2009;
Publicado en Excélsior, 2 de julio de 2009;
El único personaje que ha salido de este proceso electoral no ha sido candidato ni dirigente partidario, tampoco funcionario electoral. Es un hombre que, desde agosto del año pasado, con su intervención en aquel Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el que dejó huella con esa declaración tan dolida como auténtica de, “si no pueden, renuncien”, y que supo presentar una propuesta que superó la disyuntiva del voto nulo y el seguimiento acrítico de los partidos: la del voto a cambio del compromiso.
A Martí, esa propuesta le ha valido muchas adhesiones y, también, en las últimas semanas, ataques. Las adhesiones, convencidas o no, provienen de candidatos que buscan un paraguas de legitimidad ante la coyuntura electoral. Las segundas suelen provenir de quienes se consideran políticos o analistas profesionales que tienen en sus manos la verdad pública, misma que no admite discusión ni mucho menos la llegada de “advenedizos”. Son quienes siguen defendiendo una reforma electoral que ha provocado, en muy buena medida, el hastío ciudadano.
La propuesta de Martí y de México SOS ha topado con el rechazo lo mismo de Diego Fernández de Cevallos que de López Obrador y el PT. De los intelectuales que siguen “preocupados” por la intervención de los medios en la política, pero a quienes no les preocupa en lo más mínimo que, por esos medios, los partidos nos hayan endilgado 23 millones de spots en menos de cuatro meses (el promedio será de casi un spot por voto): son los que han comenzado a divulgar con insistencia que Martí es “muy respetable” pero es “utilizado” por Televisa o cualquier otro factor de poder, sin comprender que la convocatoria que logró en las últimas semanas, tanto en el Foro de Seguridad con Justicia como en su propuesta electoral, ha sido la más amplia y representativa que se ha visto en este proceso comicial.
Esta misma semana esos grupos han difundido la versión de que la propuesta de Martí, a la que apoyo plenamente, busca que se regrese al esquema de compra de publicidad en los medios electrónicos, por los partidos. Es absolutamente falso. En mi opinión, los partidos deberían tener una reducción drástica del financiamiento público que reciben y una disminución más drástica aún de los tiempos que dedican a publicitarse gratuitamente. El porcentaje adicional de publicidad que quieran lograr tendrían que pagarla utilizando un porcentaje determinado de los recursos que reciben. Pero en la propuesta de SOS y de Martí ni siquiera se habla de eso: lo que se propone es que se le regrese a la ciudadanía su derecho a opinar sobre los candidatos o los partidos dentro de un proceso electoral. Hoy ese derecho está seriamente restringido debido a la reforma que se realizó al artículo 41 de la Constitución, que establece que “ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular…” Es una aberración legal y política, ¿por qué los partidos pueden contar con más de 23 millones de spots y a un ciudadano o a una organización civil no se le deja expresar su opinión?, ¿por qué el monopolio de la opinión, la difusión o, como mal dice el texto constitucional, la posibilidad de “influir” en las elecciones, es sólo de las dirigencias partidarias?, ¿cómo se puede compatibilizar esa pretensión con el derecho a la libre expresión vigente en los artículos 6 y 7 de la Carta Magna?
Paradójicamente, quienes atacan a Martí y utilizan argumentos falsos para hacerlo aparecer como un títere de los medios electrónicos, son los mismos que siguen defendiendo el altísimo financiamiento público a los partidos, aunque ello los convierta en los mejor pagados de América Latina y no se haya impedido, porque el mismo esquema de financiamiento lo es, la inequidad en la contienda, incluida la posibilidad, como lo escribió ayer Carlos Loret de Mola, de que un personaje que no es candidato ni dirigente de un partido sea quien más apariciones haya tenido en la avalancha de spots televisivos, financiados por recursos públicos de un gobierno al que no reconoce.
La propuesta de Alejandro (y que hicieron suya los candidatos que firmaron ese compromiso, cuyo seguimiento realizarán tanto SOS como la organización Lupa Ciudadana que encabeza Enrique Krauze) establece que la reducción del financiamiento público a los partidos debe ser de cuando menos 65 por ciento. Es un porcentaje lógico, si se considera que hasta 2006 los partidos gastaron 70% de los recursos que se les otorgaban en el pago de unos 700 mil spots de radio y televisión, entonces, ¿por qué deben recibir prácticamente la misma cantidad de recursos cuando ahora pueden trasmitir gratis más de 23 millones de spots? Es más, ¿por qué no se puede legislar para que ese promedio, que en 2006 se consideró altísimo, de 700 mil spots, sean los que dispongan los partidos en vez de la millonaria cantidad actual? El tema del financiamiento público está íntimamente unido al de las campañas de spots también financiadas con recursos públicos (y con tiempos comerciales de los medios electrónicos). Ambos se deben atender simultáneamente y en la propuesta de Mi Voto por tu Compromiso, además, se unen a otros que son fundamentales: la posibilidad de que existan candidatos independientes, que se pueda reelegir a legisladores y presidentes municipales y se reduzca o elimine el número de diputados plurinominales. Ese paquete, que le resta desde todo punto de vista poder a los partidos para restituirlo a la ciudadanía, es lo que les duele. Y esa misma propuesta convierte a Martí en el personaje de esta elección tan desangelada. Mi voto, este domingo, será para candidatos que hayan asumidos esos compromisos.
En mi opinión, los institutos políticos deberían tener una reducción drástica del financiamiento público.
A Martí, esa propuesta le ha valido muchas adhesiones y, también, en las últimas semanas, ataques. Las adhesiones, convencidas o no, provienen de candidatos que buscan un paraguas de legitimidad ante la coyuntura electoral. Las segundas suelen provenir de quienes se consideran políticos o analistas profesionales que tienen en sus manos la verdad pública, misma que no admite discusión ni mucho menos la llegada de “advenedizos”. Son quienes siguen defendiendo una reforma electoral que ha provocado, en muy buena medida, el hastío ciudadano.
La propuesta de Martí y de México SOS ha topado con el rechazo lo mismo de Diego Fernández de Cevallos que de López Obrador y el PT. De los intelectuales que siguen “preocupados” por la intervención de los medios en la política, pero a quienes no les preocupa en lo más mínimo que, por esos medios, los partidos nos hayan endilgado 23 millones de spots en menos de cuatro meses (el promedio será de casi un spot por voto): son los que han comenzado a divulgar con insistencia que Martí es “muy respetable” pero es “utilizado” por Televisa o cualquier otro factor de poder, sin comprender que la convocatoria que logró en las últimas semanas, tanto en el Foro de Seguridad con Justicia como en su propuesta electoral, ha sido la más amplia y representativa que se ha visto en este proceso comicial.
Esta misma semana esos grupos han difundido la versión de que la propuesta de Martí, a la que apoyo plenamente, busca que se regrese al esquema de compra de publicidad en los medios electrónicos, por los partidos. Es absolutamente falso. En mi opinión, los partidos deberían tener una reducción drástica del financiamiento público que reciben y una disminución más drástica aún de los tiempos que dedican a publicitarse gratuitamente. El porcentaje adicional de publicidad que quieran lograr tendrían que pagarla utilizando un porcentaje determinado de los recursos que reciben. Pero en la propuesta de SOS y de Martí ni siquiera se habla de eso: lo que se propone es que se le regrese a la ciudadanía su derecho a opinar sobre los candidatos o los partidos dentro de un proceso electoral. Hoy ese derecho está seriamente restringido debido a la reforma que se realizó al artículo 41 de la Constitución, que establece que “ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular…” Es una aberración legal y política, ¿por qué los partidos pueden contar con más de 23 millones de spots y a un ciudadano o a una organización civil no se le deja expresar su opinión?, ¿por qué el monopolio de la opinión, la difusión o, como mal dice el texto constitucional, la posibilidad de “influir” en las elecciones, es sólo de las dirigencias partidarias?, ¿cómo se puede compatibilizar esa pretensión con el derecho a la libre expresión vigente en los artículos 6 y 7 de la Carta Magna?
Paradójicamente, quienes atacan a Martí y utilizan argumentos falsos para hacerlo aparecer como un títere de los medios electrónicos, son los mismos que siguen defendiendo el altísimo financiamiento público a los partidos, aunque ello los convierta en los mejor pagados de América Latina y no se haya impedido, porque el mismo esquema de financiamiento lo es, la inequidad en la contienda, incluida la posibilidad, como lo escribió ayer Carlos Loret de Mola, de que un personaje que no es candidato ni dirigente de un partido sea quien más apariciones haya tenido en la avalancha de spots televisivos, financiados por recursos públicos de un gobierno al que no reconoce.
La propuesta de Alejandro (y que hicieron suya los candidatos que firmaron ese compromiso, cuyo seguimiento realizarán tanto SOS como la organización Lupa Ciudadana que encabeza Enrique Krauze) establece que la reducción del financiamiento público a los partidos debe ser de cuando menos 65 por ciento. Es un porcentaje lógico, si se considera que hasta 2006 los partidos gastaron 70% de los recursos que se les otorgaban en el pago de unos 700 mil spots de radio y televisión, entonces, ¿por qué deben recibir prácticamente la misma cantidad de recursos cuando ahora pueden trasmitir gratis más de 23 millones de spots? Es más, ¿por qué no se puede legislar para que ese promedio, que en 2006 se consideró altísimo, de 700 mil spots, sean los que dispongan los partidos en vez de la millonaria cantidad actual? El tema del financiamiento público está íntimamente unido al de las campañas de spots también financiadas con recursos públicos (y con tiempos comerciales de los medios electrónicos). Ambos se deben atender simultáneamente y en la propuesta de Mi Voto por tu Compromiso, además, se unen a otros que son fundamentales: la posibilidad de que existan candidatos independientes, que se pueda reelegir a legisladores y presidentes municipales y se reduzca o elimine el número de diputados plurinominales. Ese paquete, que le resta desde todo punto de vista poder a los partidos para restituirlo a la ciudadanía, es lo que les duele. Y esa misma propuesta convierte a Martí en el personaje de esta elección tan desangelada. Mi voto, este domingo, será para candidatos que hayan asumidos esos compromisos.
En mi opinión, los institutos políticos deberían tener una reducción drástica del financiamiento público.
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