Columna PLAZA PÚBLICA /
Miguel Ángel Granados Chapa
Reforma, 16 de agosto de 2009;
Acteal: atrocidad sobre atrocidades
Emilio Chuayffet, secretario de Gobernación cuando sucedió la matanza de Acteal, regresará a la Cámara de Diputados gracias a la lenidad del sistema político; desde San Lázaro promoverá la candidatura presidencial de Peña Nieto
Sólo falta que ulteriores indagaciones o razonamientos jurídicos impecables conduzcan a la conclusión de que no es verdad que el 22 de diciembre de 1997 en Acteal fueron asesinadas 45 personas. O que ellas mismas se privaron de la vida. Porque casi 12 años después es verdad jurídica inalterable que no hay culpables de aquel crimen, ya que los señalados como tales fueron incriminados con base en pruebas irregulares o falsas, presentadas por el Ministerio Público y avaladas por el juez que dictó las órdenes de aprehensión, por el que inició los procesos respectivos, por el que dictó las sentencias correspondientes y por el tribunal que resolvió las apelaciones en segunda instancia.
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación amparó el miércoles pasado a 26 quejosos que han permanecido presos durante 11 años y ocho meses. Veinte de ellos fueron ya puestos en libertad, en las primeras horas del jueves 13. Conforme a un acuerdo celebrado en la mañana de ese día con el gobierno estatal, no volverán a Chenalhó, su lugar de origen y donde cometieron el crimen del que ahora, en los hechos, se les ha exonerado, sino que residirán en otra parte, en que se les proveerá de medios para ganarse la vida así como de una casa para que inicien una nueva etapa de su existencia. Otros seis quejosos, también amparados, no salieron libres porque debe reponerse el procedimiento que los condenó. Treinta y un presos más, también solicitantes de garantías al Poder Judicial federal, recibirán en los próximos días una sentencia semejante a la de sus compañeros. Tal vez se vayan de El Amate, el penal en que han padecido la pérdida de su libertad no como hasta ahora era cierto, por su conducta criminal, sino por ser víctimas de abuso ministerial y judicial.
Al debatirse el caso, el ministro José Ramón Cossío dijo, con ruda verdad técnica que a la sociedad le cuesta entender, que "para la Sala las razones jurídicas son las únicas que cuentan... Esto es, si para emitir una sentencia penal pudieran contar razones no jurídicas, entonces contaría cualquier regla, la del más fuerte". Este irreprochable rigor formal puede generar, sin embargo, consecuencias socialmente dañinas, como la de dejar impunes delitos de extrema gravedad. Si los liberados son los culpables de la matanza, como afirman desde 1997 sobrevivientes y deudos de las víctimas, su crimen queda parcialmente sin castigo, pues sólo sufrieron un tercio de la condena a 36 años que les fue impuesta. Y si su condena se produjo por irregularidades y errores que en su perjuicio cometieron funcionarios, la conducta de éstos quedará sin castigo, pues la Corte no dio vista al Ministerio Público ante la posibilidad de que se hubieran cometido delitos al incurrir en tales errores.
La imposibilidad formal de los ministros de tener presentes razones que no sean legales les impide contar con una visión panorámica sobre los hechos a los que en último término se refiere su reflexión puramente jurídica. Si ni siquiera examinaron las circunstancias en que fue cometido el brutal crimen colectivo -en el caso de que éste haya en verdad ocurrido y no sea fruto de mitos ideologizados como sugiere la campaña mediática que rodeó la promoción de este juicio de garantías- menos aún tuvieron en cuenta la gestación de ese atentado que tuvo consecuencias políticas inmediatas y generó la ilegal, según han concluido los ministros, consignación de más de 100 implicados, de los que 83 quedaron sujetos a proceso.
El gobierno de Ernesto Zedillo enfrentó las secuelas del alzamiento zapatista de 1994 con una estrategia basada en acciones militares, no políticas como había intentado hacer, o simulado hacer, su antecesor. Una guerra de baja intensidad, una campaña contrainsurgente puso énfasis en combatir a las comunidades leales al zapatismo o que, sin entrar en esa categoría, no eran claramente leales al gobierno, según el medidor usado por el gobierno mismo. Al hostigamiento contra las comunidades así señaladas, practicado por las fuerzas federales y estatales, se añadió la agresividad de grupos paramilitares (entrenados por el Ejército y la seguridad estatal chiapaneca), cuya acción hostilizó a muchos pobladores que eligieron marcharse de sus sitios propios para evitar el continuo ataque a que estaban sujetos. Esa presión originó el desplazamiento de miles de personas que peregrinaban en busca de paz. Uno de esos grupos desplazados, a los que se perseguía por su desesperante neutralidad -pues no compartían la opción armada zapatista pero tampoco estaba en su contra-, era el de Las Abejas, que contaba con el apoyo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, a cuyo territorio corresponde el municipio de Chenalhó. Hostigado y perseguido, ese grupo tuvo noticia cierta de que pronto sería atacado en una suerte de solución final. Lo advirtieron de muchos modos, entre otros a través de un reportaje grabado para Televisa por Ricardo Rocha. Muchos de los denunciantes de la inminente agresión comprobaron poco después, con su propia muerte, la veracidad de sus temores. Con saña inaudita fueron ultimados por paramilitares a quienes conocían y que por ello fueron identificados y reconocidos por sobrevivientes y familiares de las víctimas.
El gobierno federal no fue ajeno al crimen. Lo prohijó desentendiéndose de las muchas denuncias sobre la generación del clima homicida que se condensaba a lo largo de todo 1997, y favoreciendo la táctica de esconder la acción oficial tras la de grupos paramilitares (cuya existencia ha sido reconocida aunque eufemísticamente se les llame grupos de autodefensa). En Chiapas la estrategia era puntualmente aplicada y reforzada por el gobernador interino Julio César Ruiz Ferro, que ejercía el Poder Ejecutivo desde que a Eduardo Robledo, elegido formalmente, le fue imposible hacerlo.
Pero cuando fluyó a borbotones la sangre, cuando fue evidente la crueldad de los asesinos, el gobierno los dejó solos, Zedillo despidió a su secretario de Gobernación Emilio Chuayffet 15 días después de la matanza, después de las vacaciones de fin de año que no interrumpirían la muerte de unos cuantos seres insignificantes. Chuayffet, sin embargo, tuvo tiempo de organizar desde el punto de vista de su función las tareas ministeriales que el procurador Jorge Madrazo Cuéllar encargó a un fiscal especial, Efrén González Pola. Defenestrado el 4 de enero de 1998, Chuayffet quedaría en receso hasta 2003, en que fue elegido diputado y luego sustituyó en la coordinación de la fracción priista a Elba Esther Gordillo, cuando el doble juego de la secretaria general comenzó a hacerse evidente. El ex secretario de Gobernación volverá a la Cámara dentro de dos semanas, para promover desde allí la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto. Podrá hacerlo merced a la lenidad del sistema político, que pronto lo resarció de la pena que significó su despido de Gobernación.
Su jefe Ernesto Zedillo goza hoy de prestigio mundial y en México muchos prefieren concederle el blasón democrático de haber admitido el triunfo de la oposición. Se olvida para ese efecto que quiso evitarlo transfiriendo por lo menos 500 millones de pesos de Pemex al PRI. Y se atenúa el peso del gravamen que legó a los mexicanos, el pago del rescate bancario, cuya cuota anual equivale al monto del recorte presupuestal que está en marcha. Forzado a salir de su privacidad, el ex procurador Madrazo protesta inocencia y anuncia una respuesta a los ministros que evidenciaron la deficiencia de las tareas ministeriales que él encabezó.
La intervención de la Corte en este caso fue lograda por el activismo de Hugo Eric Flores Cervantes, un líder evangélico (lo son también las personas liberadas) que se hizo invitar como profesor al Centro de Investigación y Docencia Económicas y lo involucró no sólo en la apreciación doctrinal del asunto sino en su promoción ante los tribunales. La revisión del caso era un propósito político expresamente pactado por Flores Cervantes, como líder de la agrupación política nacional Encuentro Social, con el candidato presidencial del PAN Felipe Calderón, que hizo a Flores oficial mayor de la Semarnat (de donde después fue despedido e inhabilitado).
miguelangel@granadoschapa.com
Miguel Ángel Granados Chapa
Reforma, 16 de agosto de 2009;
Acteal: atrocidad sobre atrocidades
Emilio Chuayffet, secretario de Gobernación cuando sucedió la matanza de Acteal, regresará a la Cámara de Diputados gracias a la lenidad del sistema político; desde San Lázaro promoverá la candidatura presidencial de Peña Nieto
Sólo falta que ulteriores indagaciones o razonamientos jurídicos impecables conduzcan a la conclusión de que no es verdad que el 22 de diciembre de 1997 en Acteal fueron asesinadas 45 personas. O que ellas mismas se privaron de la vida. Porque casi 12 años después es verdad jurídica inalterable que no hay culpables de aquel crimen, ya que los señalados como tales fueron incriminados con base en pruebas irregulares o falsas, presentadas por el Ministerio Público y avaladas por el juez que dictó las órdenes de aprehensión, por el que inició los procesos respectivos, por el que dictó las sentencias correspondientes y por el tribunal que resolvió las apelaciones en segunda instancia.
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación amparó el miércoles pasado a 26 quejosos que han permanecido presos durante 11 años y ocho meses. Veinte de ellos fueron ya puestos en libertad, en las primeras horas del jueves 13. Conforme a un acuerdo celebrado en la mañana de ese día con el gobierno estatal, no volverán a Chenalhó, su lugar de origen y donde cometieron el crimen del que ahora, en los hechos, se les ha exonerado, sino que residirán en otra parte, en que se les proveerá de medios para ganarse la vida así como de una casa para que inicien una nueva etapa de su existencia. Otros seis quejosos, también amparados, no salieron libres porque debe reponerse el procedimiento que los condenó. Treinta y un presos más, también solicitantes de garantías al Poder Judicial federal, recibirán en los próximos días una sentencia semejante a la de sus compañeros. Tal vez se vayan de El Amate, el penal en que han padecido la pérdida de su libertad no como hasta ahora era cierto, por su conducta criminal, sino por ser víctimas de abuso ministerial y judicial.
Al debatirse el caso, el ministro José Ramón Cossío dijo, con ruda verdad técnica que a la sociedad le cuesta entender, que "para la Sala las razones jurídicas son las únicas que cuentan... Esto es, si para emitir una sentencia penal pudieran contar razones no jurídicas, entonces contaría cualquier regla, la del más fuerte". Este irreprochable rigor formal puede generar, sin embargo, consecuencias socialmente dañinas, como la de dejar impunes delitos de extrema gravedad. Si los liberados son los culpables de la matanza, como afirman desde 1997 sobrevivientes y deudos de las víctimas, su crimen queda parcialmente sin castigo, pues sólo sufrieron un tercio de la condena a 36 años que les fue impuesta. Y si su condena se produjo por irregularidades y errores que en su perjuicio cometieron funcionarios, la conducta de éstos quedará sin castigo, pues la Corte no dio vista al Ministerio Público ante la posibilidad de que se hubieran cometido delitos al incurrir en tales errores.
La imposibilidad formal de los ministros de tener presentes razones que no sean legales les impide contar con una visión panorámica sobre los hechos a los que en último término se refiere su reflexión puramente jurídica. Si ni siquiera examinaron las circunstancias en que fue cometido el brutal crimen colectivo -en el caso de que éste haya en verdad ocurrido y no sea fruto de mitos ideologizados como sugiere la campaña mediática que rodeó la promoción de este juicio de garantías- menos aún tuvieron en cuenta la gestación de ese atentado que tuvo consecuencias políticas inmediatas y generó la ilegal, según han concluido los ministros, consignación de más de 100 implicados, de los que 83 quedaron sujetos a proceso.
El gobierno de Ernesto Zedillo enfrentó las secuelas del alzamiento zapatista de 1994 con una estrategia basada en acciones militares, no políticas como había intentado hacer, o simulado hacer, su antecesor. Una guerra de baja intensidad, una campaña contrainsurgente puso énfasis en combatir a las comunidades leales al zapatismo o que, sin entrar en esa categoría, no eran claramente leales al gobierno, según el medidor usado por el gobierno mismo. Al hostigamiento contra las comunidades así señaladas, practicado por las fuerzas federales y estatales, se añadió la agresividad de grupos paramilitares (entrenados por el Ejército y la seguridad estatal chiapaneca), cuya acción hostilizó a muchos pobladores que eligieron marcharse de sus sitios propios para evitar el continuo ataque a que estaban sujetos. Esa presión originó el desplazamiento de miles de personas que peregrinaban en busca de paz. Uno de esos grupos desplazados, a los que se perseguía por su desesperante neutralidad -pues no compartían la opción armada zapatista pero tampoco estaba en su contra-, era el de Las Abejas, que contaba con el apoyo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, a cuyo territorio corresponde el municipio de Chenalhó. Hostigado y perseguido, ese grupo tuvo noticia cierta de que pronto sería atacado en una suerte de solución final. Lo advirtieron de muchos modos, entre otros a través de un reportaje grabado para Televisa por Ricardo Rocha. Muchos de los denunciantes de la inminente agresión comprobaron poco después, con su propia muerte, la veracidad de sus temores. Con saña inaudita fueron ultimados por paramilitares a quienes conocían y que por ello fueron identificados y reconocidos por sobrevivientes y familiares de las víctimas.
El gobierno federal no fue ajeno al crimen. Lo prohijó desentendiéndose de las muchas denuncias sobre la generación del clima homicida que se condensaba a lo largo de todo 1997, y favoreciendo la táctica de esconder la acción oficial tras la de grupos paramilitares (cuya existencia ha sido reconocida aunque eufemísticamente se les llame grupos de autodefensa). En Chiapas la estrategia era puntualmente aplicada y reforzada por el gobernador interino Julio César Ruiz Ferro, que ejercía el Poder Ejecutivo desde que a Eduardo Robledo, elegido formalmente, le fue imposible hacerlo.
Pero cuando fluyó a borbotones la sangre, cuando fue evidente la crueldad de los asesinos, el gobierno los dejó solos, Zedillo despidió a su secretario de Gobernación Emilio Chuayffet 15 días después de la matanza, después de las vacaciones de fin de año que no interrumpirían la muerte de unos cuantos seres insignificantes. Chuayffet, sin embargo, tuvo tiempo de organizar desde el punto de vista de su función las tareas ministeriales que el procurador Jorge Madrazo Cuéllar encargó a un fiscal especial, Efrén González Pola. Defenestrado el 4 de enero de 1998, Chuayffet quedaría en receso hasta 2003, en que fue elegido diputado y luego sustituyó en la coordinación de la fracción priista a Elba Esther Gordillo, cuando el doble juego de la secretaria general comenzó a hacerse evidente. El ex secretario de Gobernación volverá a la Cámara dentro de dos semanas, para promover desde allí la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto. Podrá hacerlo merced a la lenidad del sistema político, que pronto lo resarció de la pena que significó su despido de Gobernación.
Su jefe Ernesto Zedillo goza hoy de prestigio mundial y en México muchos prefieren concederle el blasón democrático de haber admitido el triunfo de la oposición. Se olvida para ese efecto que quiso evitarlo transfiriendo por lo menos 500 millones de pesos de Pemex al PRI. Y se atenúa el peso del gravamen que legó a los mexicanos, el pago del rescate bancario, cuya cuota anual equivale al monto del recorte presupuestal que está en marcha. Forzado a salir de su privacidad, el ex procurador Madrazo protesta inocencia y anuncia una respuesta a los ministros que evidenciaron la deficiencia de las tareas ministeriales que él encabezó.
La intervención de la Corte en este caso fue lograda por el activismo de Hugo Eric Flores Cervantes, un líder evangélico (lo son también las personas liberadas) que se hizo invitar como profesor al Centro de Investigación y Docencia Económicas y lo involucró no sólo en la apreciación doctrinal del asunto sino en su promoción ante los tribunales. La revisión del caso era un propósito político expresamente pactado por Flores Cervantes, como líder de la agrupación política nacional Encuentro Social, con el candidato presidencial del PAN Felipe Calderón, que hizo a Flores oficial mayor de la Semarnat (de donde después fue despedido e inhabilitado).
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