Quiero ser ombudsman: Patricia Olamendi Torres
Una experta en derechos humanos presenta sus motivos para ser el relevo de José Luis Soberanes en noviembre próximo
Representante ante el Comité Técnico del Mecanismo de Seguimiento para la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
Hace 20 años surgió la primera instancia protectora de los derechos humanos. Dos sucesos marcaron su nacimiento: el abuso de poder de quienes decían combatir el narcotráfico -que llevó a la detención, sin fundamento, de autoridades municipales en Michoacán- y el homicidio brutal, en Sinaloa, de la defensora de derechos humanos Norma Corona. Ambos acontecimientos llenaron de indignación a una sociedad harta de confesiones logradas bajo tortura y de la violación sistemática de sus más elementales garantías. Desde entonces como ahora, la lucha por la defensa de los derechos humanos es para mí compromiso y convicción personal.
Hoy tenemos una Comisión Nacional de los Derechos Humanos autónoma, que aún no alcanza a convertirse en la institución que la sociedad reclama para defender sus derechos, más grave todavía es la percepción entre la ciudadanía de que son los delincuentes quienes se ven favorecidos por las acciones de la comisión; sus recomendaciones parecen caer al vacío, perdidas en las limitaciones legales que hoy requieren ser modificadas. Ante este panorama en la CNDH se requieren cambios profundos para exigir y garantizar los derechos de todas las personas.
Por su parte, el Estado mexicano ha llevado a cabo una creciente ampliación y reconocimiento de los derechos humanos, ya sea por convicción al ratificar la mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos o por presión comercial o política, como lo fue el tratado comercial con la Unión Europea, que incorporó las cláusulas sobre democracia y derechos humanos, y, recientemente, el llamado Plan Mérida de cooperación con Estados Unidos, donde se establecen estándares de protección a los derechos humanos en el marco de la lucha contra el crimen organizado.
En el año 2000 se firmó un acuerdo de cooperación con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el que motivó la realización de un diagnóstico en la materia y derivó en un programa nacional. Con ello, México aceptó la visita de todos los relatores de derechos humanos de Naciones Unidas, cuyas 388 recomendaciones aún no se han cumplido, a las que se suman las casi 100 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, en este año. Todas identifican las fallas estructurales que generan violaciones graves a los derechos humanos en nuestro país: "un sistema de justicia inquisitorio", leyes que violentan los derechos humanos, desigualdad y exclusión social, y ausencia de respeto a la vida y dignidad de las mujeres. A todo lo anterior, se suman señalamientos graves que colocan al país como un lugar de origen y destino para la trata de personas: la esclavitud de nuestros días.
La plena vigencia y respeto a los derechos humanos son elementos fundamentales para construir una sociedad en la que el Estado de derecho sea una realidad; se fortalezcan los procesos democráticos necesarios para lograr la seguridad y la paz. A ello también respondió el interés de que nuestro país se comprometiera con el marco internacional de los derechos humanos, lograr que todo aquello beneficie a las personas, que fortalezca su ciudadanía y, con ello, a nuestro país fue el objetivo de la acción de política exterior en la cual participé activamente.
Lograr el bienestar de las personas, erradicar la insultante desigualdad económica y social, hacer posible el derecho a la salud, a la educación, a las oportunidades -todo ello con una política de cero tolerancia a la discriminación- deben ser las banderas de un gobierno que reconoce en la pluralidad y diversidad su fortaleza; ése fue el espíritu que me motivó para elaborar la ley y el programa contra la discriminación en México.
He sido promotora de reformas constitucionales para establecer los derechos humanos de las víctimas, las he defendido ante los tribunales nacionales e internacionales y he construido modelos de atención y de reparación del daño para ellas, particularmente para las mujeres que han sido objeto de diferentes formas de discriminación y de violencia. Estoy convencida de que nuestro sistema de justicia tiene que modificarse de fondo y que la CNDH tiene que jugar un papel significativo para lograrlo.
Me preguntan por qué quiero ser la próxima presidenta de la CNDH y respondo: porque estoy convencida que el respeto a los derechos humanos de todas y todos hará de México el país justo, democrático y equitativo que merecemos, y porque tengo la capacidad para hacerlos valer.
Representante ante el Comité Técnico del Mecanismo de Seguimiento para la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
Hace 20 años surgió la primera instancia protectora de los derechos humanos. Dos sucesos marcaron su nacimiento: el abuso de poder de quienes decían combatir el narcotráfico -que llevó a la detención, sin fundamento, de autoridades municipales en Michoacán- y el homicidio brutal, en Sinaloa, de la defensora de derechos humanos Norma Corona. Ambos acontecimientos llenaron de indignación a una sociedad harta de confesiones logradas bajo tortura y de la violación sistemática de sus más elementales garantías. Desde entonces como ahora, la lucha por la defensa de los derechos humanos es para mí compromiso y convicción personal.
Hoy tenemos una Comisión Nacional de los Derechos Humanos autónoma, que aún no alcanza a convertirse en la institución que la sociedad reclama para defender sus derechos, más grave todavía es la percepción entre la ciudadanía de que son los delincuentes quienes se ven favorecidos por las acciones de la comisión; sus recomendaciones parecen caer al vacío, perdidas en las limitaciones legales que hoy requieren ser modificadas. Ante este panorama en la CNDH se requieren cambios profundos para exigir y garantizar los derechos de todas las personas.
Por su parte, el Estado mexicano ha llevado a cabo una creciente ampliación y reconocimiento de los derechos humanos, ya sea por convicción al ratificar la mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos o por presión comercial o política, como lo fue el tratado comercial con la Unión Europea, que incorporó las cláusulas sobre democracia y derechos humanos, y, recientemente, el llamado Plan Mérida de cooperación con Estados Unidos, donde se establecen estándares de protección a los derechos humanos en el marco de la lucha contra el crimen organizado.
En el año 2000 se firmó un acuerdo de cooperación con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el que motivó la realización de un diagnóstico en la materia y derivó en un programa nacional. Con ello, México aceptó la visita de todos los relatores de derechos humanos de Naciones Unidas, cuyas 388 recomendaciones aún no se han cumplido, a las que se suman las casi 100 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, en este año. Todas identifican las fallas estructurales que generan violaciones graves a los derechos humanos en nuestro país: "un sistema de justicia inquisitorio", leyes que violentan los derechos humanos, desigualdad y exclusión social, y ausencia de respeto a la vida y dignidad de las mujeres. A todo lo anterior, se suman señalamientos graves que colocan al país como un lugar de origen y destino para la trata de personas: la esclavitud de nuestros días.
La plena vigencia y respeto a los derechos humanos son elementos fundamentales para construir una sociedad en la que el Estado de derecho sea una realidad; se fortalezcan los procesos democráticos necesarios para lograr la seguridad y la paz. A ello también respondió el interés de que nuestro país se comprometiera con el marco internacional de los derechos humanos, lograr que todo aquello beneficie a las personas, que fortalezca su ciudadanía y, con ello, a nuestro país fue el objetivo de la acción de política exterior en la cual participé activamente.
Lograr el bienestar de las personas, erradicar la insultante desigualdad económica y social, hacer posible el derecho a la salud, a la educación, a las oportunidades -todo ello con una política de cero tolerancia a la discriminación- deben ser las banderas de un gobierno que reconoce en la pluralidad y diversidad su fortaleza; ése fue el espíritu que me motivó para elaborar la ley y el programa contra la discriminación en México.
He sido promotora de reformas constitucionales para establecer los derechos humanos de las víctimas, las he defendido ante los tribunales nacionales e internacionales y he construido modelos de atención y de reparación del daño para ellas, particularmente para las mujeres que han sido objeto de diferentes formas de discriminación y de violencia. Estoy convencida de que nuestro sistema de justicia tiene que modificarse de fondo y que la CNDH tiene que jugar un papel significativo para lograrlo.
Me preguntan por qué quiero ser la próxima presidenta de la CNDH y respondo: porque estoy convencida que el respeto a los derechos humanos de todas y todos hará de México el país justo, democrático y equitativo que merecemos, y porque tengo la capacidad para hacerlos valer.
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