Columna Estrictamente Personal/Raymundo Riva Palacio
El fantasma de Medina Mora
December 6, 2009
Eduardo Medina Mora empezó a instalarse este fin de semana en Londres, al mudarse de su casa-bosque de 15 millones de pesos en Cuajimalpa a la residencia mexicana cerca del eséctacular pulmón verde de Hyde Park, para comenzar en unos días su nuevo trabajo como embajador ante el Reino Unido. El ex procurador general se fue con toda discreción en una semana en la cual, si México fuera un país serio, estaría en medio de un escándalo nacional y sujeto, cuando menos, a un juicio político. El fantasma de Édgar Bayardo lo persigue.
El asesinato de Bayardo, ex comandante de la Policía Federal Preventiva la semana pasada en la ciudad de México, puso al descubierto una cadena de irregularidades judiciales en las cuales incurrió Medina Mora, quien le dio un trato de privilegio que no ha explicado nadie. Su ejecución exhibió las miserias del programa de testigos protegidos de la PGR, que en su intento por minimizar el impacto ante un crimen que los avergonzó, abrió la duda sobre posibles delitos que pudo haber cometido el ex procurador.
Bayardo fue detenido el 22 de octubre del año pasado, luego de que una operación fortuita dio como resultado el arresto de Jesús Reynaldo “El Rey” Zambada, hermano de uno de los jefes del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, responsable de la organización en la ciudad de México –particularmente el aeropuerto internacional-, Morelos y Guerrero. La pista que puso a los investigadores sobre él se dio por una llamada que le hizo Zambada en los momentos en que la policía se enfrentaba con sus guardaespaldas, para que lo rescatara, de acuerdo con la investigación del caso. Después de eso, la evidencia cayó en cascada.
Un testigo protegido identificado como “María Fernanda”, afirmó el 23 de octubre de ese año que Bayardo trabajaba para los Zambada. Otro testigo, el hijastro de “El Rey” Zambada, Ricardo Arroyo Guízar, confirmó que el entonces jefe policial trabajaba para el Cártel de Sinaloa. Con toda la evidencia puesta sobre la mesa, el mismo Bayardo reconoció que recibía 25 mil dólares mensuales del cártel y que le daban 500 mil dólares adicionales por cada ascenso dentro de la Policía Federal. Medina Mora le ofreció rápidamente ser testigo protegido.
Ambos eran viejos conocidos. Medina Mora lo contrató en 2006 –cuando ya llevaba unos siete años trabajando para los Zambada-, para que realizara análisis de información confidencial, procesara documentos, diseñara estrategias, logística de operaciones, investigaciones y apoyo a funciones de control y evaluación de personal. Cuando lo llevó su jefe, Gerardo Garay, comisionado interino de la PFP, a la PGR para que lo arrestaran, el entonces procurador no lo consignó. Bayardo quedó en un terreno gris, y para efectos prácticos, Medina Mora lo dejó como un ciudadano inocente. El enredo que hizo con Bayardo, aún no se entiende.
Se puede argumentar que Medina Mora violó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada al acogerlo al programa de testigos protegidos cuando había siete averiguaciones previas donde lo imputaban, y una más ante el ministerio público en el Distrito Federal, con lo que contravenía el inciso primero del artículo 35 de la Ley. El inciso dos del mismo artículo permite que un implicado pueda ser acogido al programa aunque aparezca en averiguaciones previas, siempre y cuando aporte indicios para la consignación de otros miembros. A la única persona que acusó Bayardo fue a Garay, a quien la PGR no pudo probarle nexos con el Cártel de Sinaloa, pero lo tiene en la cárcel acusado de un presunto robo de 500 mil dólares, y de violación de mujeres colombianas relacionadas con narcos, que nunca ratificaron sus dichos.
Bayardo no aportó datos contra sus jefes los Zambada, pero Medina Mora, por el limbo construido al no haberlo consignado, lo envió a Washington para que declarara en la DEA –agencia para la que también trabajaba hasta el momento de su arresto-. La DEA lo regresó a la PGR, que mantuvo en secreto al gobierno federal el paradero de su testigo protegido. En el momento del crimen se encontraba sin sus escoltas, con decenas de miles de pesos en la bolsa y en espera de un funcionario de la PGR que le iba a dar su mesada mensual de 50 mil pesos. Para atenuar las críticas contra el programa de testigos protegidos, el vocero de la PGR Ricardo Nájera afirmó que nunca se procedió en contra de Bayardo porque no había forma de ejercitar acción penal en su contra.
Lo que hizo Nájera fue avalar la inacción penal de Medina Mora contra Bayardo, pese a ser un delincuente confeso, señalado por diversos testigos y en declaraciones por los integrantes del Cártel de Sinaloa. Más aún, los dos agentes que reclutó para apoyarlo, Jorge Cruz Méndez, en ese entonces comisario de la Policía Federal, y Fidel Hernández García, ex inspector de la Agencia Federal de Investigaciones, sí fueron consignados y siguen presos. Lo que es paradójico para la PGR del procurador Arturo Chávez Chávez y para Medina Mora, es que la principal prueba de culpabilidad de Bayardo es su propia declaración ministerial donde admite haber trabajado para el Cártel de Sinaloa, filtrada a la prensa el año pasado por los colaboradores del ex procurador con el propósito de acusar a Garay.
¿Por qué tendió Medina Mora ese halo protector sobre Bayardo? ¿Cuáles fueron las razones por las cuales lo blindó? ¿Qué compromiso forjó con él a cambio de no consignarlo? Esos privilegios que salvaron a Bayardo de ir de la cárcel, también le permitieron recuperar sus bienes, su fortuna de 30 millones de pesos y su colección de obras de arte. No se sabe qué motivo a Medina Mora actuar así con Bayardo. El único resultado concreto como testigo protegido fue la acusación de Garay, que coincide con que la persecución al Cártel de Sinaloa cejó y se recompuso su operación en el centro del país. Nadie le pidió explicaciones de ello a Medina Mora, ni se revisión si infringió, fue laxo o manipuló la Ley a favor de Bayardo. El ex procurador quedó impune, aunque el fantasma de Bayardo no dejará de perseguirlo.
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