Rehúsan estados Policía Nacional
Descartan 17 de 23 Gobernadores eliminar a municipales.
Rechazan entidades mando único policial; piden que se respeten diferencias regionales
Reforma Pp, 6 diciembre 2009).- REFORMA / Staff
Más de la mitad de los Gobernadores del País se resiste a la desaparición de las Policías municipales y su sustitución por una Policía Nacional, según un sondeo aplicado por REFORMA.
De 23 Mandatarios que respondieron el sondeo, 17 contestaron "no" a "¿Estaría de acuerdo en la creación de una Policía Nacional que reemplazara las funciones de las Policías municipales?".
Sin embargo, tres de ellos (DF, Durango y Michoacán) se pronunciaron en favor de estudiar un esquema de sustitución de corporaciones municipales por un solo cuerpo policiaco por entidad.
Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Morelos, Nuevo León y Veracruz respaldan la idea de reemplazar a los municipales.
Del 12 de octubre al 1 de diciembre, REFORMA y el Instituto Mexicano para la Competitividad enviaron el sondeo a los 32 Mandatarios estatales.
Al explicar su rechazo a una Policía Nacional, Campeche, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Tamaulipas y Yucatán argumentaron que sería improcedente un mando único que tome decisiones desde el centro sin considerar las realidades locales.
"La diversidad demográfica y cultural nos ha demostrado que cada región tiene sus propios usos y costumbres", explicó la yucateca Ivonne Ortega.
Los Mandatarios de Durango y Guanajuato ven peligroso para la gobernabilidad una Policía más numerosa que el Ejército.
Otros, como el mexiquense Enrique Peña y el tlaxcalteca Héctor Ortiz, se pronunciaron por la profesionalización de las Policías locales antes de unificar las corporaciones. En tanto, 15 Mandatarios se dijeron a favor de un código penal nacional único.
El plan de García Luna
En un texto escrito para REFORMA, el Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, aclaró que el modelo que busca el Gobierno federal consiste en desaparecer las 2 mil 22 Policías municipales que operan en el País y concentrarlas en 31 cuerpos estatales siguiendo un modelo similar al de la Policía del DF. Además, existiría la Policía Federal.
"En esta propuesta se mantienen los mandos estatales; es decir, cada Policía estatal seguirá responsable de atender los delitos del fuero común en su territorio, y la asignación de recursos será competencia de la entidad".Policía nacional: resistencias y argumentos
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Sondeo Seguridad y política. El debate en torno a la desaparición de las policías municipales está abierto: más de la mitad de los gobernadores del país se manifiestan en contra
Juan E. Pardinas
Reforma 6 diciembre 2009.- En un contexto donde autoridades y partidos son reacios a tomar posiciones claras en debates de política pública es alentador que 22 gobernadores y el jefe de Gobierno del Distrito Federal hayan aceptado participar en este sondeo sobre una reforma a los códigos penales y los cuerpos de policía del país. Las respuestas de los mandatarios locales ponen de manifiesto puntos de vista contrastantes en torno a la distribución de responsabilidades de seguridad pública entre los tres niveles de gobierno.
Quince de los 23 mandatarios que respondieron al estudio se manifestaron a favor de homologar los códigos penales para reemplazarlos con un Código Penal Nacional Único. El argumento a favor del Código Único sostiene que las entidades de la República ni siquiera tienen una definición homogénea de lo que es un delito; hay estados que lo describen como una "acción u omisión que sancionan las leyes penales", mientras que para otros es una "conducta típica, antijurídica y culpable".
Varios gobernadores expresaron preocupación por la diferencia entre aprobar un Código Penal Nacional Único y homologar sentencias y procesos penales. La aprobación de un Código Único implicaría modificar la Constitución federal y las constituciones locales, para que los congresos estatales no legislen en materia penal. Un Código Único para todo el país tendría un texto más rígido y complicaría los procesos de reformas para incorporar y tipificar nuevas conductas criminales.
Diversas realidades
La guerra contra el crimen organizado en México tiene muchos contrastes regionales. Cada entidad del país vive de manera distinta su propia versión de la crisis de seguridad pública. Estas experiencias divergentes se reflejan en la posición de los gobernadores estatales frente a la iniciativa de crear una policía nacional. Diecisiete mandatarios locales se manifestaron en contra y 6 a favor (Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Morelos, Nuevo León y Veracruz) de remplazar a las policías municipales con una Policía Nacional. Los seis ejecutivos estatales que apoyan dicha iniciativa gobiernan entidades que han sufrido un fuerte embate por parte del crimen organizado.
De acuerdo con el seguimiento que realiza el periódico Reforma, durante 2009 Chihuahua y Sinaloa son los dos estados con mayor número de ejecuciones a nivel nacional. Los otros cuatro gobernadores que se manifiestan a favor de la Policía Nacional han vivido momentos críticos en los sistemas de seguridad pública de sus entidades. En Baja California, la policía municipal de Tijuana ha sufrido el asesinato de 42 efectivos entre diciembre de 2007 y noviembre de 2009. En este mismo periodo, un centenar de miembros de dicha corporación municipal han sido arraigados por probable complicidad en el asesinato de sus colegas uniformados. En Morelos, en mayo pasado los secretarios de Seguridad Pública del estado y de la ciudad de Cuernavaca fueron detenidos por sospecha de colaborar con bandas de narcotraficantes. En Nuevo León, durante el presente año las policías municipales se han enfrentado en repetidas ocasiones a fuerzas federales de seguridad. En Veracruz, a finales de julio fue asesinado junto con su familia el subcoordinador de la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río.
A pesar de la oposición a la idea de una Policía Nacional, los mandatarios de Durango, Distrito Federal y Michoacán ven con buenos ojos la iniciativa de remplazar las 2 mil 22 fuerzas policiales de los ayuntamientos con 31 cuerpos policiacos estatales. Un ejemplo de este modelo es el Distrito Federal, donde no existe una fuerza policial a nivel de las delegacionales y los cuerpos de policía preventiva están concentrados en la Secretaría de Seguridad Pública de la capital.
Los gobernadores de Baja California Sur y Tlaxcala estarían a favor de reemplazar a las corporaciones municipales por una Policía Nacional, siempre y cuando la medida se tomara sólo en los ayuntamientos que así lo soliciten, con el aval del Congreso del estado. Este diseño institucional le daría plena libertad a los municipios de elegir la mejor forma de encarar la amenaza del crimen organizado. Los ayuntamientos que así lo decidieran podrían solicitar que las responsabilidades policiales en su territorio fueran transferidas a la autoridad federal. Con este diseño, nuestro sistema federal se podría transformar en un verdadero laboratorio de estrategias de seguridad pública, donde se podría comparar y evaluar el desempeño de los distintos cuerpos policiales.
Una de las objeciones para crear una Policía Nacional es la complejidad de operar y coordinar a un cuerpo de uniformados con un tamaño semejante al Ejército mexicano. En el país existen cerca de 150 mil policías municipales¹ y la Secretaría de la Defensa Nacional tiene en sus filas alrededor de 195 mil efectivos². ¿Cuál sería la reacción de los militares mexicanos ante una fuerza de seguridad que rivalizaría en su escala y compitiera por sus asignaciones presupuestales? ¿Una Policía Nacional debería ser una de las ramas del Ejército bajo la estructura y mando de la Secretaría de la Defensa Nacional? Las respuestas a estas interrogantes demuestran la complejidad de reformar los cuerpos policiales del país.
Dieciocho gobernadores estatales se manifestaron en contra de que la Policía Nacional reemplazara también las funciones de las policías estatales, como ocurre en países como Colombia, Chile o España. En el caso de los dos países sudamericanos, la Policía Nacional de Colombia y el cuerpo de Carabineros de Chile dependen directamente del Ministerio de Defensa. En España, la Policía Nacional pertenece a la estructura del Ministerio del Interior, pero la política de ascensos y sus operaciones militares corresponden a la autoridad de las Fuerzas Armadas.
El crimen organizado es la principal amenaza a la seguridad nacional, al federalismo mexicano y al municipio libre. No podemos esperar que nuestro sistema de seguridad pública, diseñado para enfrentar a los criminales del siglo pasado, sea funcional para confrontar los peligros del siglo XXI. Es necesario adaptar nuestras instituciones policiales para enfrentar a un enemigo con una capacidad inédita para propagar la corrupción y la violencia. Ante semejante desafío, el mayor riesgo es la continuidad.
El autor es director de análisis de finanzas públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Notas:
¹Secretaría de Seguridad Pública, datos del 2008.
² Secretaría de la Función Pública, datos del 2006.
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Corporaciones en crisis
Sondeo Seguridad y política. Sin capacitación ni recursos, infiltradas por el crimen y señaladas por la sociedad como el eslabón más débil en la lucha contra la delincuencia
Jésica Zermeño
Reforma, 6 diciembre 2009).- Acechadas por el crimen organizado, sin recursos económicos y humanos suficientes para desempeñar sus labores y con agentes sin capacitación, las policías municipales se han convertido en el eslabón más vulnerable de la lucha contra la delincuencia organizada.
La presencia de las policías locales en la mayoría de las alcaldías es simbólica y, en algunos casos, inexistente.
El 82 por ciento de los 2 mil 443 municipios que hay en el país cuenta con un cuerpo policiaco. De estas 2 mil 22 corporaciones, 198 operan con cinco o menos elementos, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública federal, el 70 por ciento de los agentes municipales tienen menos de 10 años de instrucción académica, y el 60 por ciento de los elementos en activo recibe en promedio 4 mil pesos mensuales, lo que se convierte en un obstáculo importante para que estas agrupaciones desempeñen eficientemente su papel.
Las malas condiciones de trabajo se han traducido, en lo que va de este año, en paros en por lo menos cinco entidades: Tamaulipas, estado de México, Coahuila, Puebla y Jalisco.
Ante esta debilidad estructural, los agentes locales se han convertido en un blanco cotidiano para la delincuencia.
De agosto de 2008 a la fecha han sido ejecutados por lo menos 13 directores de policías locales, y al menos otros 19 directores y secretarios de Seguridad Pública municipales han sido detenidos por nexos con el crimen organizado.
Cuarteles municipales en Baja California, Coahuila, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Chihuahua y Durango fueron atacados con granadas.
La complicidad entre los agentes locales y el crimen se refleja también en detenciones, pues el 90 por ciento de los 357 elementos de seguridad aprehendidos por supuestos nexos con el narcotráfico pertenecía a agrupamientos locales (Reforma, 26/09/2009).
Esto ha generado enfrentamientos abiertos con las corporaciones estatales, federales y hasta militares, en Nuevo León, Coahuila, Michoacán, estado de México, Guanajuato y Tabasco.
Abandono
La precaria situación de las policías municipales fue descrita por el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el pasado 24 de septiembre ante los diputados, en el marco de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón.
El secretario señaló que éstas tenían una vinculación muy débil con la sociedad y habían sido abandonadas. Y por primera vez, puso en la mesa la solución que propone: "Una prioridad para la evolución del modelo de seguridad pública del país es la transformación de las policías y su esquema de operación. Por ello hoy, con respeto a esta soberanía, propongo que se analice la conveniencia de que las 2 mil 22 corporaciones de policía municipales que operan en el país se integren en 31 policías estatales", expresó.
El Poder Legislativo es el facultado para realizar reformas a los artículos 21 y 115 constitucionales, que le otorgan a los municipios las funciones de seguridad pública local.
El presidente Calderón hizo suya la propuesta el pasado 26 de noviembre, en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. El primer mandatario puso a deliberación del Consejo la posible integración de una comisión para discutir a fondo la propuesta de García Luna y examinar sus pros y contras.
Nulos avances
Según lo estipulado en el Acuerdo Nacional por la Seguridad (firmado en agosto del 2008), para agosto de 2010 los gobiernos municipales tendrían que haber desarrollado mecanismos de selección y capacitación de los elementos de las policías municipales. Pero éstos no están listos aún.
Además, los municipios que reciben recursos de la Federación mediante el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun) tendrían que haber sometido a controles de confianza a todo el personal de sus corporaciones policiacas. Esto tampoco ha pasado.
Incluso, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jorge Tello Peón, admitió el pasado 18 de agosto que es prácticamente imposible evaluar a todos los policías del país pues no existen los recursos ni económicos ni técnicos para ello.
El cumplimiento de las autoridades municipales fue tan pobre tras un año del acuerdo que las asociaciones de alcaldes fueron las peor evaluadas por México Unido Contra la Delincuencia, con 0.9 por ciento y ningún compromiso completado.
A pesar de este mal desempeño, para 2010 la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal solicitó casi 10 mil millones de pesos para el Subsemun, 43 por ciento más que en el 2009. Estos recursos tuvieron subejercicios de más del 60 por ciento en este año.
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Combate al delito: unificar criterios
Postura del gobierno federal. La Secretaría de Seguridad Pública federal propone fusionar 2 mil 22 policías municipales en 31 cuerpos estatales
Genaro García Luna
Reforma 6 diciembre 2009).- La propuesta de fusionar las 2 mil 22 corporaciones de policía municipales que existen en México en 31 corporaciones estatales consiste en crear un mecanismo de coordinación policial en el país, que permita unificar criterios en el combate a la delincuencia y el crimen organizado, y optimizar los recursos materiales, financieros y de capital humano con los que se cuenta para frenar la evolución del delito desde sus primeras etapas.
De acuerdo con la propuesta, la integración de los cuerpos de policía municipales y el de la entidad federativa en una sola corporación se sujeta a las particularidades del marco jurídico de cada estado. Es importante señalar que este esquema de operación ya funciona en el Distrito Federal, en donde el servicio de seguridad pública en las 16 demarcaciones territoriales es regulado y operado por un solo mando.
A diferencia de los modelos de policía unificada nacional, que integran todas las policías del país en un solo mando y concentran las operaciones de prevención y combate al delito de los tres órdenes de gobierno, en esta propuesta se mantienen los mandos estatales; es decir, cada policía estatal seguirá siendo responsable de atender los delitos del fuero común en su territorio y la asignación de recursos será competencia de la entidad.
La propuesta de fusión de las policías municipales enfatiza que los alcaldes tendrán la garantía de disponer de la fuerza pública para la gestión del gobierno municipal.
La coordinación y coadyuvancia entre las propias policías estatales y la Policía Federal en el combate al crimen permitirá que la respuesta a la delincuencia en cada rincón del país sea proporcional al esfuerzo que se requiere y a los perfiles delictivos detectados.
Para lograr la unificación de criterios en el combate a la delincuencia resulta necesario homologar sistemas, métodos y procedimientos de operación policial a nivel nacional a corto plazo, por ello se requiere que las corporaciones de policía estatales se sumen al Nuevo Modelo de Policía, el cual previene y combate el delito a partir de la generación de inteligencia.
El fundamento del nuevo modelo de policía es el ciclo básico de inteligencia -conformado por cuatro etapas: planeación, captación, análisis y explotación- que incrementa las capacidades en la prevención y combate al delito, ya que además de la flagrancia, este esquema integra información y datos sustantivos para el combate a la estructura criminal.
Fuerzas complementarias
Otro factor que atiende la propuesta es la profesionalización y formación educativa de la mayoría de los agentes. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, las policías municipales conjuntan 159 mil 734 elementos a nivel nacional, lo que representa el 39 por ciento de los elementos activos (las policías estatales suman 187 mil elementos, que equivalen al 45.63 por ciento). De esos 159 mil 734 elementos, 70 por ciento tiene menos de 10 años de instrucción académica; la mitad es mayor de 35 años de edad, y 60.9 por ciento recibe un ingreso máximo de 4 mil pesos mensuales.
En la actualidad, las policías municipales mantienen un esquema de atención a faltas cívicas, al aplicar los reglamentos de tránsito, policía y buen gobierno, lo que les impide contar con elementos suficientes para combatir el delito en las etapas tempranas, atacar al narcomenudeo y frenar la evolución criminal.
A lo anterior se suma que más de la mitad de las 2 mil 22 corporaciones de policía municipales cuentan con un máximo de 20 policías, y sólo 25 corporaciones en 16 estados de la República Mexicana concentran el 26 por ciento del total de elementos municipales activos; sin olvidar que 417 municipios del país carecen corporaciones policiales.
En información dada a conocer por la propia Secretaría de Seguridad Pública se destaca que la delincuencia organizada en su operación local busca articular el hampa común, por lo que la falta de combate sistemático y permanente al delito en sus etapas más tempranas permite una evolución criminal que genera cuadros delictivos cada vez más violentos, como sucede con el secuestro, un delito de alto impacto social.
Los registros oficiales muestran que en la última década, los delitos del fuero común han oscilado entre 92 y 95 por ciento, por lo que el combate a los delitos del fuero común y del fuero federal debe ser complementario.
En la actualidad, la tranquilidad de la mayoría de los mexicanos se ve afectada por la comisión de delitos patrimoniales, en particular el robo en sus diversas modalidades.
Información proporcionada por víctimas de delitos en la Sexta Encuesta Nacional sobre Inseguridad del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad indica que el robo representa el 78.8 por ciento de los delitos que se cometen en el país, y también representó el 40.1 por ciento del total de denuncias presentadas ante el Ministerio Público durante 2008.
El robo es el primer eslabón en la cadena delincuencial, el cual de no ser atendido y sancionado a tiempo, en la mayoría de los casos, va aumentando la gravedad de los ilícitos que se cometen llegando a la extorsión, el secuestro y el homicidio.
De acuerdo con información del Sistema Penitenciario Nacional, actualmente hay más de 9 mil personas internas vinculadas con el delito de secuestro, lo cual hace indispensable frenar las etapas primarias del delito con un adecuado combate.
La propuesta de fusionar las 31 corporaciones de policía estatales también busca fortalecer la capacidad de las instituciones de seguridad pública a nivel local para el combate a la delincuencia, ya que la perspectiva actual del crimen detectó la vulnerabilidad en las capacidades, perfil, dispersión y debilidad institucional en algunas corporaciones para infiltrarlas y montarse en su infraestructura como mecanismo primario de operación.
La suma de las acciones antes descritas permitiría cumplir con uno de los principales objetivos del Estado mexicano que es garantizar y mejorar la calidad de vida de los mexicanos, en este caso mediante el combate articulado en todo el país de los delitos de mayor frecuencia e impacto en la ciudadanía.
El autor es secretario de Seguridad Pública.
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