Vigilan Sarre y Martí reforma penal
El Consejo aprobó las reglas de funcionamiento que regirán a esa instancia y el programa de trabajo 2010
Nota de Abel Barajas y Víctor Fuentes
Reforma on line, Ciudad de México, 8 enero 2010..- El Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal logró hoy sus primeros acuerdos, a siete meses de que fue integrado por los tres Poderes de la Unión y a 19 meses de que se publicaron los cambios Constitucionales que establecen los juicios orales en México.
Reunidos en la Secretaría de Gobernación, los integrantes del Consejo aprobaron las reglas de funcionamiento que regirán a esa instancia y el programa de trabajo 2010 de la Secretaría Técnica, que encabeza Felipe Borrego Estrada y que es un órgano desconcentrado adscrito a la dependencia mencionada.
Fuentes cercanas al tema informaron que también avalaron el nombramiento de los representantes de la academia y la sociedad civil, uno de los puntos que no habían sido resueltos en las dos sesiones anteriores.
Miguel Sarre, catedrático del ITAM y reconocido experto en materia penal, será el representante del sector académico, mientras que el empresario Alejandro Martí será de la sociedad civil.
Ambos nombramientos fueron aprobados por unanimidad del Consejo, en el que participan los titulares de la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura Federal, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, la Consejería Jurídica del Ejecutivo, las dos Cámaras del Congreso de la Unión y las Procuradurías y Tribunales de los Estados.
La sesion se realizó a las 11:30 horas en el Salón Benito Juárez de la Segob.
Los funcionarios consultados esta mañana, tras la sesión del Consejo de Coordinación, dijeron que Sarre fue designado a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras que la propuesta de Martí procede de organizaciones sociales.
La Cámara de Diputados aprobó para 2010 un presupuesto de más de 500 millones de pesos para este rubro. De estos, 196 millones irán a subsidios para que los estados puedan implementar la reforma, que requiere amplia capacitación para jueces, fiscales y litigantes, además de nueva infraestructura en los tribunales.
El Consejo también acordó reunirse en la segunda quincena de marzo, la idea es tener al menos cuatro sesiones este año. La Secretaría Técnica, que tiene casi 100 empleados, es la encargada de ejecutar las resoluciones del Consejo y trabajar cotidianamente con los ejecutores de la reforma.
En sesiones anteriores se habían presentado algunas fricciones y desacuerdos sobre las reglas con las que funcionaría el Consejo, sobre todo por el mayor número de representantes del Poder Ejecutivo.
La Constitución establece un periodo de transición de 8 años para los cambios al sistema, mismo que se cumplirá a mediados de 2016, pero hay ya por lo menos 14 estados que han hecho algún tipo de reforma con miras a los juicios orales.
Sin embargo, sigue pendiente la reforma a los códigos federales en esta materia, que se considera de gran relevancia porque podría generar un modelo a seguir por las entidades orales.
Hora de publicación: 13:05 hrs.
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Arranca Consejo de oralidad
Nota de Víctor Fuentes y Abel Barajas
Reforma, (9 enero 2010).- El Consejo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal logró ayer sus primeros acuerdos, a siete meses de que fue integrado por los tres Poderes de la Unión, y a 19 meses de que se publicaron los cambios Constitucionales que establecen los juicios orales en México.
Reunidos en la Secretaría de Gobernación, los integrantes del Consejo aprobaron las reglas de funcionamiento que regirán a esa instancia y el programa de trabajo 2010 de la Secretaría Técnica, que encabeza Felipe Borrego Estrada y es un órgano desconcentrado adscrito a la dependencia mencionada.
Fuentes cercanas al tema informaron que el Consejo también aprobó el nombramiento de los representantes de la academia y la sociedad civil, uno de los puntos que no habían sido resueltos en las dos sesiones anteriores.
Miguel Sarre, catedrático del ITAM y reconocido experto en materia penal, será el representante del sector académico, mientras que el empresario Alejandro Martí será de la sociedad civil.
Ambos nombramientos fueron aprobados por unanimidad del Consejo, en el que participan representantes de la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura Federal, los titulares de Gobernación, PGR, SSP federal y Consejería Jurídica del Ejecutivo, un diputado, un senador, y enviados de las procuradurías, tribunales y secretarías de seguridad de los Estados.
Los funcionarios consultados, tras la sesión del Consejo de Coordinación que tuvo lugar a las 11:30 horas en el Salón Benito Juárez, dijeron que Sarre fue designado a propuesta de la Suprema Corte de Justicia, mientras que la propuesta de Martí procede de organizaciones sociales.
El Consejo solo había tenido dos sesiones desde que fue instalado en junio de 2009. Según las fuentes, se habían presentado algunas fricciones y desacuerdos sobre las reglas con que debía funcionar, sobre todo por el mayor número de representantes del Poder Ejecutivo.
La Cámara de Diputados aprobó para 2010 un presupuesto de más de 500 millones de pesos para la operación de la Secretaría Técnica y en general la implementación de la reforma.
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