Alfonso Portillo

Golpe a la mafia

Velia Jaramillo, reportera

Publicado en la revista mexicana  Proceso # 1735, 31 de enero de 2010;

El expresidente Alfonso Portillo, a quien la justicia estadunidense acusa de lavado de dinero, es integrante de una poderosa red del crimen organizado que se incrustó en las estructuras del Estado guatemalteco. Empresarios, destacados oficiales del ejército, ministros y otros importantes funcionarios –muchos de ellos ya procesados– han sido parte de ese “poder oculto” que pervive en Guatemala y que está involucrado en delitos de corrupción y contrabando, secuestros y narcotráfico…

Ciudad de Guatemala.- La captura de Alfonso Portillo, el pasado martes 26, toca a una poderosa red del crimen organizado que infiltró al Estado guatemalteco y floreció al amparo del exmandatario guatemalteco.

Portillo fue aprehendido en respuesta a una solicitud de extradición emitida por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que lo acusa de lavado de dinero. Durante dos días había burlado los operativos policiacos para capturarlo, hasta que fue localizado en una casa en la bahía de Punta de Palma, en el Departamento de Izabal, donde pretendía abordar una embarcación hacia Belice.

Hubiera sido su tercera fuga. En 1982, cuando residía en México, huyó de las autoridades tras asesinar a dos profesores en Chilpancingo. En febrero de 2004, recién concluido su mandato, huyó a El Salvador, y de ahí partió a México para evitar un arraigo que estaba por emitir la justicia guatemalteca.

En octubre de 2008, el gobierno mexicano extraditó a Portillo a su país, pero inmediatamente quedó libre con una fianza de 125 mil dólares.

La indagación que llevó a la cárcel a Portillo en esta ocasión es mucho más sólida que las acusaciones de peculado que enfrenta en Guatemala: la justicia estadunidense lo acusa de formar parte de una red de lavado de dinero.

Esta investigación afecta por primera vez a una poderosa mafia que domina el país desde los años ochenta. De hecho, Portillo es apenas el peón en un ajedrez en el que aparecen piezas más poderosas, como el general en retiro Luis Francisco Ortega Menaldo, así como los coroneles Jacobo Esdrás Salán Sánchez y Napoleón Rojas Méndez.

Dichos militares y el expresidente Efraín Ríos Montt son los artífices de importantes grupos clandestinos en Guatemala, según afirma el estudio Poderes ocultos en la Guatemala posconflicto, realizado en 2004 por la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).

La indagatoria contra el expresidente de Guatemala revela que “Portillo conspiró para blanquear varios millones de dólares desviados de fondos públicos guatemaltecos a cuentas en Estados Unidos y Europa, y convirtió la Oficina de la Presidencia en su cajero automático personal”, declaró el fiscal federal en Manhatan, Preet Bharara, según difundió la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (la DEA) el lunes 25, en un comunicado de prensa.

La tarde siguiente, Portillo compareció ante el Juzgado Quinto de Sentencia y ahí surgieron otros detalles sobre los tres casos en que las autoridades estadunidenses encontraron la huella del exmandatario, y que se incluyen en el expediente 09cr1142 de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, al que tuvo acceso parcialmente esta reportera.

Mediante la primera indagación se siguió la pista de cinco cheques emitidos en el año 2000 por el gobierno de Taiwán, a través de su embajada en Guatemala. El monto total fue de 2 millones 500 mil dólares, que originalmente se destinaron al proyecto Bibliotecas para la Paz.

En 2002 Portillo depositó ese dinero en una cuenta de Miami y luego, a través de varias transacciones, desvió por lo menos 1 millón de dólares a cuentas del banco BBVA en París que estaban a nombre de su entonces esposa, la ciudadana mexicana María Eugenia Padua, y de su hija, Otilia Lux Padua.

El segundo caso fue el desvío de 3 millones 900 mil dólares del Ministerio de Defensa de Guatemala, que estaban depositados en el banco estatal Crédito Hipotecario Nacional (CHN). Una parte de estos fondos fue transferida, a través de cheques, a una empresa controlada por uno de los miembros de la red delictiva, que a su vez transfirió el dinero a las cuentas de Miami y del BBVA en París. Otra parte se utilizó en la compra de un terreno y para otorgarle un préstamo a un aliado de Portillo, según el citado expediente, que acompaña al pedido de extradición pero que no precisa los nombres de los cómplices.

La tercera investigación de la fiscalía estadunidense fue sobre los desfalcos en CHN. José Armando Llort Quiteño, expresidente de dicha entidad y exfinancista de Portillo, permanece en Estados Unidos como testigo protegido de este caso.

De acuerdo con el expediente de la fiscalía de Nueva York, desde 2000 y hasta marzo de 2001, Portillo y sus cómplices sobregiraron cuentas de CHN que pertenecían tanto a empresas reales como a empresas de fachada, establecidas por Llort Quiteño y otros miembros de la red delictiva. Posteriormente, los sobregiros se financiaron con recursos públicos de CHN. Luego, Portillo ordenó transferir esos recursos a las cuentas bancarias sobregiradas, desde cuentas de los bancos Promotor y Metropolitano que controlaba Francisco Alvarado MacDonald, a quien la fiscalía estadunidense identifica como “el Accionista Uno”. Fiscales guatemaltecos reconocen a Alvarado como el expropietario de dichos bancos (posteriormente liquidados) y también como financista de Portillo.

¿Quiénes son los personajes que la fiscalía neoyorquina señala como cómplices del exmandatario guatemalteco?

Uno es el ya mencionado expresidente de CHN, Armando Llort. El expediente de la fiscalía se refiere también a un excoronel que estaba a cargo de la seguridad de Portillo (Jacobo Salán Sánchez) y un “oficial de inteligencia” (Napoleón Rojas). Ambos están acusados en el mismo proceso que se le sigue a Portillo en Guatemala por el desvío de fondos del Ministerio de la Defensa.

El triunvirato

En su investigación sobre los poderes ocultos en Guatemala, la WOLA establece que “el ascenso de Alfonso Portillo a la presidencia en enero de 2000 representó la rehabilitación pública de figuras nefastas que fueron acusadas en el pasado por su participación en actividades ilegales”.

Lo más notorio, advierte, fue que tres prominentes participantes de la red de contrabando de Alfredo Moreno Molina –el general Francisco Ortega Menaldo, el coronel Jacobo Esdrás Salán Sánchez y el coronel Napoleón Rojas Méndez– llegaron a ser asesores directos del presidente.

Moreno Molina, capturado en 1996, fue el jefe de una de las redes de contrabando más importantes de Guatemala y de la primera estructura paralela de corrupción que se tejió durante los últimos 30 años en torno del Estado, dijo en aquel año el ministro de Gobernación, Rodolfo Mendoza.

“Ese triunvirato ejerció una enorme influencia en la administración de Portillo, en nombramientos y cambios relacionados con el Ejército”, señala el informe de la WOLA.

Acerca de Salán, el documento refiere que trabajó en la Dirección de Inteligencia del Ejército (la temida D-2) a finales de los años ochenta y en los años noventa, hasta que en 1996 fue destituido por participar en la red de contrabando de Moreno Molina. Asegura que durante el gobierno de Portillo acumuló un poder más fuerte que el del Ministerio de Defensa y sólo fue retirado del círculo cercano del presidente en 2002, por un pedido extraoficial de la embajada estadunidense.

En cuanto a Rojas, también oficial de la D-2 y destituido del ejército por su cercanía con Moreno, resurgió en 2000 como asesor de seguridad de Alfonso Portillo. En 2002, Estados Unidos le revocó la visa porque sospechó que participaba en acciones del crimen organizado como narcotráfico, contrabando y violaciones a los derechos humanos.

La diputada de la bancada opositora Encuentro por Guatemala Nineth Montenegro –una de las más acuciosas fiscalizadoras de la gestión de Portillo– denunció las primeras transferencias anómalas en el Ministerio de Defensa y los movimientos irregulares en CHN.

“Inicié mi investigación en 2000 –dice en entrevista–, cuando nadie se atrevía a tocar estos temas, y nos metimos a indagar casi semanalmente las transferencias del Estado Mayor de la Presidencia. Había grandes fugas de dinero. Ortega y Salán eran dueños de varias empresas que tenían contratos con el Estado.”

La captura de Portillo es una señal positiva, dice la legisladora, pero advierte que él sólo es el peón de un ajedrez mucho más complicado. El proceso contra Portillo toca “a un sector que se volvió empresarial a través de tener un mercado cautivo: el Estado. Algunos hacían negocios legales y otros ilegales: lavado de dinero, nexos con el narcotráfico, secuestros y tráfico de personas”, sostiene.

La información provista por la fiscalía estadunidense confirma la información que Montenegro conoció en sus investigaciones, como el hecho de que Portillo realizaba visitas nocturnas a CHN para trasegar dinero en efectivo.

Estructuras paralelas

Adela Camacho de Torrebiarte, exministra de Gobernación, explica a la corresponsal que durante la presidencia de Óscar Berger se inició una investigación contra miembros de esas estructuras paralelas, “pero no se tenía apoyo interinstitucional ni la presión internacional” que actualmente fundamenta el proceso contra Portillo.

Con base en su experiencia ministerial, Camacho sostiene que las estructuras paralelas de poder en Guatemala “están enquistadas a todo nivel. Es gente que ha trabajado muy fino, por mucho tiempo, y uno se sorprende cuando van apareciendo sus nexos. Son redes enormes, fuertes, a veces se quedan tranquilas por un tiempo y luego se acomodan nuevamente”.

Después de que Alfonso Portillo dejó la presidencia en febrero de 2004, varios de sus colaboradores fueron a la cárcel por delitos de corrupción. Fueron los casos del vicepresidente Juan Francisco Reyes y de los exministros de Gobernación, Byron Barrientos, de Defensa, Eduardo Arévalo, y de Finanzas, Eduardo Weyman; así como del presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Carlos Wohlers; del ya mencionado Salán Sánchez y de los excontralores de Portillo: Marco Tulio Abadío y Óscar Dubón Palma.

Todos fueron procesados individualmente, no como parte de una red de corrupción. “Muchos de ellos cumplieron sus condenas. Condenas cortas, porque no estaban muy fortalecidas las investigaciones, no era fácil probar los desvíos”, recuerda Camacho.

Paradójicamente, fue el propio Portillo quien aprobó en 2002 la Ley contra el Lavado de Dinero, que permitió rastrear los fondos públicos desviados durante su propia gestión.

Karen Fischer, exfiscal especial contra la corrupción de 2001 a 2003, estuvo a cargo de la investigación sobre los desvíos en CHN y sobre las transferencias realizadas por funcionarios del círculo cercano a Portillo hacia cuentas en el extranjero, dentro del caso conocido como la “conexión Panamá”.

El 13 de marzo de 2003, Fischer renunció a su cargo y se exilió en México. “Es muy diferente investigar a un expresidente que a un presidente en funciones”, dice acerca de las indagaciones actuales. Y es que sus pesquisas apuntaban al entonces mandatario.

Después de que dejó la fiscalía, Fischer presentó a título personal las pruebas de los cheques de Taiwán endosados por Portillo. Sostiene que en las acusaciones contra el expresidente está involucrado Llort Quiteño, expresidente de CHN, “y otro montón de personajes más, como Salán Sánchez y Napoleón Rojas, que llegaban y salían con maletas llenas de dinero, a veces en un auto con placas 02, que son las del vehículo asignado al vicepresidente, en ese entonces Juan Francisco Reyes López”.

Si la fiscalía estadunidense ya tomó esos casos, tiene que investigar y castigar a todos los miembros de esa red, advierte la exfiscal. Particularmente, sostiene que Alfonso Portillo debe ser extraditado “por la magnitud de los delitos que cometió y porque, si bien los fondos que extrajo eran del erario nacional, el delito final de lavado lo cometió en Estados Unidos”.