Diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM, PT condenaron la corrupción que prevalece en el Centro de Readaptación Social número 2 de Gómez Palacios, Durango, en el que reos de ese penal contaron con el respaldo de autoridades para realizar venganzas por encargo, e incluso, dispusieron de armas de los custodios y vehículos oficiales, por lo que exigieron se castigue de manera ejemplar y se inicien líneas de investigación en varios estados en donde se han realizado ejecuciones similares.
El presidente de la Comisión de la Defensa Nacional, Ardelio Vargas Fosado (PRI), dijo que debe haber un castigo ejemplar para los responsable del CERESO de Gómez Palacio, Durango, por dejar salir a internos a realizar venganzas por encargo, además debe haber una línea de investigación en penales de otras entidades que pudieran tener el mismo modus operandi.
“Esto obliga a una revisión puntual de todos los reclusorios, incluyendo los federales, de todos los estados para ver la vulnerabilidad que se tienen ahí. Se destapa un sistema de corrupción que asusta y nos obliga necesariamente a revisar todo el sistema penitenciario, ya que no sabemos qué es lo que está pasando en otros reclusorios”, señaló.
Luego de que la PGR y la Secretaría de Gobernación revelaran que en el caso hubo complicidad de las autoridades penitenciarias, el legislador manifestó que si realmente se quiere avanzar en contra de una de las armas que ha utilizado el crimen organizado, que es la corrupción, se tiene que ir en contra de quien sea porque si no cualquier esfuerzo que se haga va a topar con malos funcionarios, lo que hace imposible el avance de cualquier esquema institucional.
Vargas Fosado sostuvo que la sanción contra la directora del Cereso, Margarita Rojas Rodríguez, y de otros funcionarios inculpados, debe ser ejemplar, no obstante advirtió que para evitar ese tipo de casos. “Se necesitan más esquemas de control de confianza para quienes están al frente de una responsabilidad tan importante, como son los penales”.
Por su parte, tras calificar el hecho de caricaturesco, incluso surrealista, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, José Luis Ovando Patrón (PAN), exigió que se revise a fondo a las instituciones de impartición de justicia, y se inicien líneas de investigación similares a las del penal del CERESO número 2 de Gómez Palacio, para atender averiguaciones previas sobre diversos asesinatos con un modus operandi similar.
“Es una situación caricaturesca que un reo que se encuentra supuestamente recluido para cumplir una sanción, salga y los custodios le presten las armas para asesinar otra persona, es surrealista.”, consideró el legislador de Acción Nacional.
Dijo que demuestra con claridad la corrupción de las instituciones de impartición de justicia, por lo que se debe revisar a fondo su funcionamiento y “abrir líneas de investigación para atender averiguaciones previas sobre diversos asesinatos.”, subrayó.
En entrevista, Ovando Patrón exigió a los gobiernos estatales que fortalezcan a las instituciones de su localidad. “Que hagan la parte que les corresponda para que acaben con la corrupción que existe en ese orden, porque es el que impacta a los ciudadanos”, señaló.
Al respecto, la secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, Teresa del Carmen Incháustegui Romero (PRD), propuso que el Poder Legislativo cree una comisión especial que “investigue a fondo el sistema carcelario mexicano.
“Refleja que la corrupción está cercenando las instituciones, que no hay hueso sano en el Estado y se habla de una situación crítica y preocupante, por lo que se debe formar una comisión integrada por los diputados y senadores de justicia y seguridad pública para hacer una investigación a fondo de lo que pasa en el sistema carcelario mexicano”, planteó.
Cuestionó la labor de los gobiernos locales, ya que “cada vez meten menos las manos “, en la impartición y el sistema de justicia nacional. “Creo que debe haber una reflexión seria, no hay coordinación porque demuestra esto que el problema de la inseguridad es de falta de coordinación política”.
En tanto, el secretario de la Comisión de Defensa Nacional, Pablo Escudero Morales (PVEM), calificó de grave que exista un autogobierno en los Centros de Readaptación Social por parte del crimen organizado, pues urge que el gobierno federal asuma la actitud y el compromiso en el control en los centros penitenciarios.
Escudero Morales manifestó que es urgente una labor inmensa por parte del Estado para tomar el control, por lo que el grupo parlamentario del PVEM prepara un documento para hacerle una propuesta al Ejecutivo federal, con el objetivo de establecer los indicadores y parámetros de la estrategia de combate contra el crimen organizado. “Debemos ver qué funciona y qué no, para partir de ahí e iniciar una nueva estrategia”.
Posteriormente, el diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta (PT) lamentó que la gran parte de la inseguridad en el país deriva por la corrupción en los altos mandos policiacos, lo que responde a la falta de una estrategia de combate contra el crimen organizado integral, como es el caso de los centros penitenciarios.
Di Costanzo Armenta indicó que hasta no castigar de manera ejemplar a los responsables, las leyes siempre estarán al margen de la situación, por lo que el Ejecutivo debe hacer que se cumplan éstas. “Si no puede que renuncie”.
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