Los dos casos Carmen Aristegui
Columna Día con día/Héctor Aguilar Camín
Milenio Diario, 2011-02-09•Hay dos casos Carmen Aristegui. Uno es inaceptable, digno de la mayor protesta pública. El otro es lamentable, digno de inmediata corrección, porque entre las voces periodísticas de México no puede faltar la suya.
La historia es conocida pero no trivial. El fin de semana circuló la noticia de que la empresa Multivisión había terminado su contrato con Carmen, conductora del noticiario matutino más escuchado de la radio.
La empresa señaló como causa que la periodista faltó al código de ética de sus noticiarios, dando como noticia un rumor. Sólo que el rumor era que el presidente Calderón es un borracho, según la manta puesta en la Cámara de Diputados por un grupo del PT.
Carmen dio en parte por bueno el rumor al pedir que la oficina de la Presidencia aclarara, de manera formal y oficial, si el Presidente tenía un problema de alcoholismo, pues era un tema presente en las redes sociales, y de la mayor consecuencia para la vida pública.
Según su propia versión, la empresa habría pedido a Carmen disculparse, ésta se habría negado, a consecuencia de lo cual le fue rescindido el contrato. Consumado el hecho, surgió la versión de que la empresa había procedido así por petición del gobierno de la República.
Pocos creen que la empresa procedió por sí misma. Muchos creen que lo hizo por instrucción presidencial, pero nadie sabe de cierto qué sucedió ni puede aportar una versión estricta distinta de la que ha dado la empresa.
Aceptemos la duda de tantos pero distingamos entre una posibilidad y la otra, pues son de implicaciones y consecuencias radicalmente distintas.
Si la empresa procedió por instrucción, petición, sugerencia o inducción presidencial, tenemos un caso de censura inaceptable.
Si la empresa procedió por su propia decisión, sin que mediara presión política alguna, por así convenir a sus convicciones o a sus intereses, estamos ante un caso de cancelación de servicios profesionales.
En el primer caso hay un atentado a la libertad de expresión. En el segundo, el fin de un contrato.
Lo primero es intolerable y debería mover la protesta absoluta y unitaria del gremio. Lo segundo son gajes del oficio, un oficio cuya credibilidad se sustenta, por desgracia, en herir susceptibilidades y tocar intereses.
Lo cierto de toda certidumbre es que, como dije arriba, en el ágora periodística de México no puede faltar la voz muy polémica, sí, pero también muy oída y muy querida de Carmen Aristegui.
acamin@milenio.com
La historia es conocida pero no trivial. El fin de semana circuló la noticia de que la empresa Multivisión había terminado su contrato con Carmen, conductora del noticiario matutino más escuchado de la radio.
La empresa señaló como causa que la periodista faltó al código de ética de sus noticiarios, dando como noticia un rumor. Sólo que el rumor era que el presidente Calderón es un borracho, según la manta puesta en la Cámara de Diputados por un grupo del PT.
Carmen dio en parte por bueno el rumor al pedir que la oficina de la Presidencia aclarara, de manera formal y oficial, si el Presidente tenía un problema de alcoholismo, pues era un tema presente en las redes sociales, y de la mayor consecuencia para la vida pública.
Según su propia versión, la empresa habría pedido a Carmen disculparse, ésta se habría negado, a consecuencia de lo cual le fue rescindido el contrato. Consumado el hecho, surgió la versión de que la empresa había procedido así por petición del gobierno de la República.
Pocos creen que la empresa procedió por sí misma. Muchos creen que lo hizo por instrucción presidencial, pero nadie sabe de cierto qué sucedió ni puede aportar una versión estricta distinta de la que ha dado la empresa.
Aceptemos la duda de tantos pero distingamos entre una posibilidad y la otra, pues son de implicaciones y consecuencias radicalmente distintas.
Si la empresa procedió por instrucción, petición, sugerencia o inducción presidencial, tenemos un caso de censura inaceptable.
Si la empresa procedió por su propia decisión, sin que mediara presión política alguna, por así convenir a sus convicciones o a sus intereses, estamos ante un caso de cancelación de servicios profesionales.
En el primer caso hay un atentado a la libertad de expresión. En el segundo, el fin de un contrato.
Lo primero es intolerable y debería mover la protesta absoluta y unitaria del gremio. Lo segundo son gajes del oficio, un oficio cuya credibilidad se sustenta, por desgracia, en herir susceptibilidades y tocar intereses.
Lo cierto de toda certidumbre es que, como dije arriba, en el ágora periodística de México no puede faltar la voz muy polémica, sí, pero también muy oída y muy querida de Carmen Aristegui.
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