Más agentes de ICE en México

¿A quién creerle? A John Norton o a la Sra. Napolitano.

Las cifras no cuadran

México tendrá  más agentes  de ICE  podría llegar a 40 de ellos, anunció ayer el titular de la agencia de ICE, John Morton: “Vamos a pasar de 20 a 40 personas y será por mucho nuestra mayor oficina (en el extranjero)”, dijo ayer ante un panel del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes. Empero, de acuerdo con información proporcionada el año pasado por la Sra. Janet.Napolitano a legisladores estadounidenses, afirmó que ICE tenía -hasta antes del deceso del agente Zapata- desplegados 36 agentes en México cuyas áreas de funciones van desde combate a pandillas y lavado de dinero a tráfico de personas, drogas y armas. Además de la Ciudad de México, el ICE tiene oficinas en cuatro Consulados de EU en el norte del País: Hermosillo, Tijuana, Monterrey y Ciudad Juárez,.

Como sabemos ICE es el principal brazo de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de EU y la segunda mayor entidad de investigaciones del Gobierno federal en ese país. ICE cuenta con personal en 69 ciudades en 47 países alrededor del mundo. Su trabajo es coordinar investigaciones contra organizaciones criminales transnacionales y fungen como vínculo entre la Agencia ICE y los gobiernos de diversas naciones y sus agencias de procuración de justicia.

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Estados Unidos aumenta personal en México
La Oficina de Aduanas y Migración, por medio de su titular John Morton, anunció ayer que de 20 agentes que hay ahora, incrementará a 40
Notimex, Georgina Olson y Jaime Contreras Salcedo
WASHINGTON, EU, 12 de marzo.— México tendrá la fuerza de agentes de la Oficina de Aduanas y Migración (ICE, por sus siglas en inglés) más grande fuera de Estados Unidos que podría llegar a 40 de ellos, anunció ayer el titular de la agencia, John Morton.
De acuerdo con el funcionario, el número de agentes especiales del ICE se duplicará este año en México, uno de los 47 países en los que esta agencia, apéndice del Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés) cuenta con representación.

“Vamos a pasar de 20 a 40 personas y será por mucho nuestra mayor oficina (en el extranjero)”, dijo Morton al testificar ayer ante un panel del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes.
Morton caracterizó la situación en México como “un medio ambiente que presenta un reto” desde el punto de vista policiaco.
“Existe una fuerte correlación entre los casos de crimen organizado que investigamos en la frontera sur y lo que está pasando en México”, explicó Morton al ser interrogado por el republicano Ander Cremshaw.
Morton indicó que de hecho, la mayoría de las investigaciones en la frontera sur “tienen un componente mexicano”.
Según el funcionario, los agentes del ICE asignados a la oficina de México se coordinan con las policías mexicanas, particularmente del ámbito federal, para realizar investigaciones.
“(Los agentes) ayudan a las autoridades mexicanas con investigaciones criminales en México y nos asisten con algunas en nuestro lado, y de manera creciente, apoyando investigaciones conjuntas”, explicó.
Morton destacó el nivel de cooperación con las agencias policiacas mexicanas.
“La que ha cambiado de manera dramática es nuestra habilidad de hablar con franqueza con nuestras contrapartes mexicanas. Aun nuestras conversaciones de cinco años atrás eran muy diferentes”, dijo.
“El camino por delante es difícil, pero estamos logrando progresos significativos, particularmente yendo detrás de un número de líderes de cárteles (de las drogas)”, indicó.
Morton destacó, en particular, la asistencia que el ICE brindó a las autoridades mexicanas en la preparación del primer caso sobre tráfico de personas.
“Les mostramos como se hace. Les dimos algún apoyo investigando. Vamos a empezar trabajando con los mexicanos para identificar a las organizaciones internacionales de tráfico de personas que traen gente no sólo de México sino de otros lugares, hacia Estados Unidos”, dijo.
Admiten que México desconocía operativo
La embajada de Estados Unidos en México aclaró exactamente qué aspecto de la operación Rápido y Furioso conoció México: los agentes mexicanos supieron que se trataba de una operación para interceptar a traficantes de armas, pero no supieron que también permitió el paso deliberado de armas hacia nuestro país.
De acuerdo con el comunicado, el gobierno mexicano “supo de una operación denominada Rápido y Furioso, del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, (BAFT, por sus siglas en inglés) que desmanteló una importante banda de traficantes de armas. La operación se realizó en territorio estadunidense y tuvo como resultado el arresto de 20 personas el 25 de enero de 2011”.
Sin embargo, tras los arrestos surgieron informes alegando que la operación podría haber incluido la transferencia de armas de Estados Unidos a México. Esa fue la parte de la que no fueron informados los agentes mexicanos.
La embajada estadunidense recordó que el gobierno de México ha declarado que “no ha tenido conocimiento de la existencia de un operativo que incluyera el trasiego o tráfico controlado de armas a territorio mexicano” y las autoridades estadunidenses coincidieron con esta declaración.
En el comunicado especificaron que las sesiones informativas entre oficiales de la ley de la Unión Americana y de México “se concentraron en operaciones en territorio estadunidense para desbaratar tráfico de armas. La supuesta transferencia de armas a territorio mexicano es, en estos momentos, sólo un alegato”.
El comunicado hizo referencia a que el procurador de Estados Unidos, Eric Holder, dijo que de ser ciertos (esos hechos) “no serían aceptables” y que pidió una investigación exhaustiva de ese asunto al inspector general.
La investigación reveló que la operación Rápido y Furioso tuvo una duración de 15 meses en los que aparentemente agentes de la ATF observaron y videograbaron a compradores de armas adquiriendo rifles de asalto AK-47 en tiendas autorizadas en el sur de la Unión Americana.
De acuerdo con el agente Dodson de la BATF quien expuso el caso en cadena nacional en entrevista con CBS, la operación consistió en permitir el paso ilegal de esas armas hacia México, con el objeto de llegar hacia los compradores finales, los cárteles del narcotráfico.
De acuerdo con la legación, el gobierno de nuestro país les ofreció “el apoyo que pudiera ser necesario”.
Aduana porosa
La Secretaría de la Función Pública admitió que no hay una investigación sobre el operativo Rápido y Furioso.
El titular de la Secretaría de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, reconoció ayer que no se ha abierto investigación alguna en los integrantes del sector aduanero oficial con respecto al dispositivo llamado Rápido y Furioso, que detectara el ingreso ilegal de armas a México.
Vega Casillas resaltó que “nosotros estamos esperando recibir información para ver cómo procedemos. Tenemos que saber más detalles para poder enfocar los temas en la investigación”, en el caso de que estén involucrados empleados públicos.
Interrogado en el marco de la Cuarta Conferencia Mundial de Lucha Contra la Corrupción, el secretario Vega señaló que, en todo caso, se están “endureciendo” los procedimientos “en todo el sector aduanal” para tratar de evitar nuevos problemas como el contrabando de armas.
Ante una duda concreta, el funcionario dijo que “nosotros (en la SFP) estamos esperando, primero, el tema necesita ser investigado por supuesto por diversas agencias, nosotros estamos esperando recibir información para ver cómo procedemos”.
¿Qué es lo que se está haciendo por lo pronto? ¿Qué detalles se analizan? Vega Casillas respondió: “Desde la manera en que pasaron (las armas). Es decir, para saber por qué…si es que pasaron por aduanas o por algún otro lado. Primero necesitamos determinar qué fue lo que pasó para poder después abrir…”
—¿O sea que no hay investigación ahorita al respecto?
— Estamos listos para abrirla en cuanto tengamos más detalles.
Detienen en el tiempo el esfuerzo de la BATF
La Oficina que regula el Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (BATF, pr sus siglas en inglés) responsable de rastrear el tráfico de armas en la Unión Americana es una institución que durante décadas ha recibido un presupuesto insuficiente para hacer su trabajo y tiene el mismo número de agentes que los que tenía en 1930, así lo dijo a Excélsior Colby Goodman, experto en tráfico de armas.
“Los agentes de la BATF me dicen que actualmente son el mismo número de agentes (cinco mil) de los que eran en la década de los treinta. Aunque la agencia está estructurada en forma diferente que entonces, el número de agentes muestra que no se han expandido y tienen un severo problema de falta de recursos”, dijo Goodman.
Las leyes de EU constituyen otro obstáculo para la realización del trabajo de la BATF: dado que es legal comprar metralletas y armas de asalto en casi toda la Unión Americana, es muy difícil probar que un estadunidense fue contratado por traficantes para adquirir una docena de AK-47.
Cuando los agentes de la BATF detienen a alguien que están seguros que está comprando armas para el narco, no siempre logran que el fiscal le dé una sentencia, e incluso es difícil comprobarle al jurado del caso, que la persona es culpable.
¿Por qué? Al comprar un arma en Estados Unidos, la persona llena el formato 4473 de la BATF y lo que hacen los “compradores hormiga” (contratados por el narco) es que en el formato dicen que las armas son para su consumo personal, declaración falsa, pues están comprando armas para un tercero y mentir al llenar el formato es un delito.
Pero a la hora del juicio, el abogado defensor minimiza el delito: “dicen: pues hay 50 preguntas que una persona debe contestar en el formato 4473 de la ATF (para compra de armas) y mi cliente sólo se equivocó en el nombre”, explicó Goodman.
El delito que se persigue en esos juicios no es “contrabando de armas” sino “llenado inapropiado del formato 4473”.
Incluso cuando se logra demostrar que una persona “no se equivocó al llenar el formato”, sino que mintió deliberadamente diciendo que el arma era para uso personal cuando en realidad era para un tercero, les dan pocos años de cárcel “la pena de cárcel por comprar armas para un tercero es de 10 años, pero en promedio les dan 2 ó 3 años de prisión”.
De acuerdo a Goodman, los fiscales le han expresado a los agentes de la ATF que deben presentar “casos más sustantivos” para poder dictar sentencias contra los traficantes de armas, pues es difícil dictar sentencias contra compradores individuales.
Esa presión podría explicar la creación de la operación Rápido y Furioso, en la que, agentes de EU permitieron el paso deliberado de armas a México, dijo el experto.