La mula de "seises"/Ana Laura Magaloni Kerpel
Reforma, 12 Mar. 11;
Cualquier reforma penal exitosa ha tenido que colocar en el centro un sistema de administración de casos que permita sacar del colapso al sistema vigente y, a la vez, resolver el dispendio de recursos
En entrevista con Óscar Mario Beteta en Radio Fórmula, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, el magistrado Edgar Elías, afirmó lo siguiente respecto a la implementación de la reforma penal: "en todas las entidades federativas hemos capacitado personal, pero en el DF requerimos de más de 3 mil millones de pesos para poderla iniciar, y no los tiene el Gobierno de la Ciudad (...) El año pasado ofrecieron al Tribunal cerca de 12 o 13 millones de pesos para promoción de la reforma, los que desde luego no aceptamos. Yo lo tomé como una burla y lo sometí al Consejo de la Judicatura y estuvimos de acuerdo en no aceptar esos recursos. Digo 12 o 13 millones de pesos cuando requerimos 2 o 3 mil millones de pesos para echarlo a andar". (Observatorio de Medios UIA, 9 de marzo, 2011).
Hace algunos años, en abril de 2008 para ser exacta, el entonces consejero de la Judicatura Federal y ahora ministro de la Corte, Luis María Aguilar, hizo afirmaciones en el mismo sentido. Aguilar calculó que sólo en el Poder Judicial Federal se necesitaban 20 mil millones de pesos para implementar la reforma de juicios orales.
El común denominador de Elías y Aguilar es que ambos han manifestado públicamente su escepticismo respecto de la reforma de juicios orales. Una estrategia para resistirla, sin duda, es hacerla incosteable. Sería mucho más útil y constructivo que expresaran abiertamente sus dudas, sus críticas y sus temores.
Comparemos las cifras que dan Aguilar y Elías con las de la reforma penal más exitosa de America Latina que es la chilena. El costo para los chilenos ha sido de 7 mil millones de pesos mexicanos, que fueron erogando a lo largo de siete años. Con esos 7 mil millones de pesos Chile implementó la reforma en todo su territorio y en todas las instituciones: tribunales, ministerios públicos y defensoría. En el caso de México, las cifras citadas sólo abarcan a una de las tres instituciones (Poder Judicial) y en un sólo ámbito (DF o Federal, según sea el caso).
La implementación de la reforma en México va a costar dinero, pero también va a traer consigo importantes ahorros. Cualquier reforma exitosa ha tenido que colocar en el centro un sistema de administración de casos que permita sacar del colapso al sistema vigente y, a la vez, resolver el dispendio de recursos con el que funciona nuestro sistema.
Me explico. En el sistema actual, las denuncias sólo tienen dos salidas posibles: 1) se archivan o 2) se consigna. En otros países, en cambio, existe un conjunto de salidas posibles. Para que en el sistema mexicano se archive o se consigne, el MP tiene que "integrar a la averiguación previa". ¿Qué significa eso? Que el MP debe solicitar por escrito que se lleve a cabo un conjunto de diligencias que se es- tima deben estar en todos los casos del mismo tipo penal. Por ejemplo, si se trata de un robo, el MP va a solicitar, entre otras diligencias, la intervención de un perito evaluador para que determine el valor de la mercancía robada aunque ésta tenga una etiqueta con el precio. Es decir, no importa que sea irrelevante el peritaje, siempre se solicita. Tampoco importa si resolver el caso es prácticamente imposible. Los robos a transeúnte, por ejemplo, según la experiencia internacional, se atrapan en flagrancia o nunca se resuelven. En México, a diferencia de lo que sucede en todas partes del mundo, los MP no cuentan con ningún tipo de discrecionalidad para determinar a qué casos vale la pena invertir recursos y qué casos, en cambio, se tienen que desechar desde el primer momento dadas sus nulas probabilidades de éxito. En el diseño actual, las procuradurías deben tramitar averiguaciones previas como si fueran una fábrica de galletas: todas las averiguaciones previas se tramitan igual, sin priorizar, sin evaluar costos de oportunidad, sin desechar casos perdidos, sin ejercer ningún tipo de discrecionalidad. Es decir, los operadores del sistema funcionan como si no hubiese ningún tipo de restricción de tiempo, de recursos humanos ni presupuestales.
Esta forma de operar hace que el sistema de procuración de justicia se colapse. Por ello, los expertos que han implementado la reforma en otros países insisten que lo primero que se tiene que hacer para reformar la institución es atender el problema de la "masificación". Es decir, organizar un sistema de administración de casos que permita dar salidas diferenciadas según las características del caso, así como establecer determinados criterios de priorización con el fin de que el sistema no se colapse. No to- dos los casos valen igual pues no son igualmente relevan- tes. En algunos casos vale la pena mediar o conciliar, en otros un juicio abreviado, en algunos hay que simplemente desecharlos y en unos cuantos vale la pena litigarlos hasta el final y llevarlos a juicio oral.
Este sistema de salidas alternas implica una reducción importante del tamaño del Poder Judicial. Según cálculos de Alejandro Ponce, quien ha sido uno de los más destacados implementadores de la reforma penal en México, el nuevo sistema requiere la mitad de los jueces de los que requiere el actual y una reducción de 10 funcionarios judiciales por juez a 7 funcionarios por cada 20 jueces. En pocas palabras, la reforma penal implica una burocracia más compacta pero también más competitiva. Menos y más capaces funcionarios: ello forma parte del corazón de la reforma penal en su conjunto. Quien se resiste aludiendo a una cuestión de costo es como el jugador de dominó que deja de lado el juego y sólo busca ahorcar la mula.
Reforma, 12 Mar. 11;
Cualquier reforma penal exitosa ha tenido que colocar en el centro un sistema de administración de casos que permita sacar del colapso al sistema vigente y, a la vez, resolver el dispendio de recursos
En entrevista con Óscar Mario Beteta en Radio Fórmula, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, el magistrado Edgar Elías, afirmó lo siguiente respecto a la implementación de la reforma penal: "en todas las entidades federativas hemos capacitado personal, pero en el DF requerimos de más de 3 mil millones de pesos para poderla iniciar, y no los tiene el Gobierno de la Ciudad (...) El año pasado ofrecieron al Tribunal cerca de 12 o 13 millones de pesos para promoción de la reforma, los que desde luego no aceptamos. Yo lo tomé como una burla y lo sometí al Consejo de la Judicatura y estuvimos de acuerdo en no aceptar esos recursos. Digo 12 o 13 millones de pesos cuando requerimos 2 o 3 mil millones de pesos para echarlo a andar". (Observatorio de Medios UIA, 9 de marzo, 2011).
Hace algunos años, en abril de 2008 para ser exacta, el entonces consejero de la Judicatura Federal y ahora ministro de la Corte, Luis María Aguilar, hizo afirmaciones en el mismo sentido. Aguilar calculó que sólo en el Poder Judicial Federal se necesitaban 20 mil millones de pesos para implementar la reforma de juicios orales.
El común denominador de Elías y Aguilar es que ambos han manifestado públicamente su escepticismo respecto de la reforma de juicios orales. Una estrategia para resistirla, sin duda, es hacerla incosteable. Sería mucho más útil y constructivo que expresaran abiertamente sus dudas, sus críticas y sus temores.
Comparemos las cifras que dan Aguilar y Elías con las de la reforma penal más exitosa de America Latina que es la chilena. El costo para los chilenos ha sido de 7 mil millones de pesos mexicanos, que fueron erogando a lo largo de siete años. Con esos 7 mil millones de pesos Chile implementó la reforma en todo su territorio y en todas las instituciones: tribunales, ministerios públicos y defensoría. En el caso de México, las cifras citadas sólo abarcan a una de las tres instituciones (Poder Judicial) y en un sólo ámbito (DF o Federal, según sea el caso).
La implementación de la reforma en México va a costar dinero, pero también va a traer consigo importantes ahorros. Cualquier reforma exitosa ha tenido que colocar en el centro un sistema de administración de casos que permita sacar del colapso al sistema vigente y, a la vez, resolver el dispendio de recursos con el que funciona nuestro sistema.
Me explico. En el sistema actual, las denuncias sólo tienen dos salidas posibles: 1) se archivan o 2) se consigna. En otros países, en cambio, existe un conjunto de salidas posibles. Para que en el sistema mexicano se archive o se consigne, el MP tiene que "integrar a la averiguación previa". ¿Qué significa eso? Que el MP debe solicitar por escrito que se lleve a cabo un conjunto de diligencias que se es- tima deben estar en todos los casos del mismo tipo penal. Por ejemplo, si se trata de un robo, el MP va a solicitar, entre otras diligencias, la intervención de un perito evaluador para que determine el valor de la mercancía robada aunque ésta tenga una etiqueta con el precio. Es decir, no importa que sea irrelevante el peritaje, siempre se solicita. Tampoco importa si resolver el caso es prácticamente imposible. Los robos a transeúnte, por ejemplo, según la experiencia internacional, se atrapan en flagrancia o nunca se resuelven. En México, a diferencia de lo que sucede en todas partes del mundo, los MP no cuentan con ningún tipo de discrecionalidad para determinar a qué casos vale la pena invertir recursos y qué casos, en cambio, se tienen que desechar desde el primer momento dadas sus nulas probabilidades de éxito. En el diseño actual, las procuradurías deben tramitar averiguaciones previas como si fueran una fábrica de galletas: todas las averiguaciones previas se tramitan igual, sin priorizar, sin evaluar costos de oportunidad, sin desechar casos perdidos, sin ejercer ningún tipo de discrecionalidad. Es decir, los operadores del sistema funcionan como si no hubiese ningún tipo de restricción de tiempo, de recursos humanos ni presupuestales.
Esta forma de operar hace que el sistema de procuración de justicia se colapse. Por ello, los expertos que han implementado la reforma en otros países insisten que lo primero que se tiene que hacer para reformar la institución es atender el problema de la "masificación". Es decir, organizar un sistema de administración de casos que permita dar salidas diferenciadas según las características del caso, así como establecer determinados criterios de priorización con el fin de que el sistema no se colapse. No to- dos los casos valen igual pues no son igualmente relevan- tes. En algunos casos vale la pena mediar o conciliar, en otros un juicio abreviado, en algunos hay que simplemente desecharlos y en unos cuantos vale la pena litigarlos hasta el final y llevarlos a juicio oral.
Este sistema de salidas alternas implica una reducción importante del tamaño del Poder Judicial. Según cálculos de Alejandro Ponce, quien ha sido uno de los más destacados implementadores de la reforma penal en México, el nuevo sistema requiere la mitad de los jueces de los que requiere el actual y una reducción de 10 funcionarios judiciales por juez a 7 funcionarios por cada 20 jueces. En pocas palabras, la reforma penal implica una burocracia más compacta pero también más competitiva. Menos y más capaces funcionarios: ello forma parte del corazón de la reforma penal en su conjunto. Quien se resiste aludiendo a una cuestión de costo es como el jugador de dominó que deja de lado el juego y sólo busca ahorcar la mula.
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