Truenan aspirantes a jueces de ejecución
Estos jueces deberán vigilar que internos cumplan sus sentencias y podrán otorgar libertad anticipada
Nota de Diana Martínez
Reforma, (7 mayo 2011).- A 44 días de que entre en funciones la figura del Juez de Ejecución de Sentencias en el Distrito Federal, solamente tres candidatos, de un total de 200, aprobaron la etapa de selección.
El consejero de la Judicatura del DF, Israel Alvarado, informó que dos de los aspirantes acreditaron el examen para cubrir las 25 plazas disponibles.
El tercero fue seleccionado para uno de los cuatro puestos disponibles para Juez de Ejecución del Sistema de Justicia para Adolescentes.
En 2008, la Federación emitió una reforma constitucional para modificar el sistema de justicia penal mexicano de inquisitorio a acusatorio, que contempla juicios orales para procesos penales.
Desde entonces quedó establecido que el 19 de junio comenzarán a operar los jueces de Ejecución de Sentencias, quienes deben vigilar que los internos cumplan las sentencias. Además, otorgarán libertades anticipadas.
Alvarado, también titular de la Unidad Especial para la Implementación de la Reforma Penal del Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF), aseguró que una de las principales fallas de los aspirantes es el desconocimiento en criminología.
"Creo que al tratarse de una materia nueva, que por supuesto no ha sido explorada en su totalidad por los servidores públicos del Tribunal ni del Ejecutivo, la integralidad de los conocimientos que se requieren presenta un problema que hay que atender", dijo.
Apenas el 29 de marzo pasado, el TSJDF lanzó la convocatoria para elegir a los jueces.
Alvarado adelantó que, ante el fracaso de esta convocatoria, se prevé lanzar otra, previsiblemente la próxima semana, para elegir a los restantes.
Quieren reeducar a aspirantes a juez
Como sólo tres aspirantes a jueces de Ejecución de Sentencias aprobaron el examen de conocimientos, y falta menos de mes y medio para que entre en funciones esta figura, el Consejo de la Judicatura del DF analiza echar mano de su propio personal y capacitarlo.
"En el (examen) de adultos pasaron a la segunda etapa sólo 2, y para adolescentes sólo 1, de los 25 y 4 que deben nombrarse, respectivamente", indicó Israel Alvarado, Consejero de la Judicatura del DF.
Las otras tres etapas de la selección de Jueces de Ejecución consisten en presentar un caso práctico, un examen oral y público y pruebas sicológicas aplicadas por la UNAM.
Ante el fracaso de quienes respondieron a la primera convocatoria, se prevé lanzar otra en los próximos días para elegir a los 26 jueces restantes.
Alvarado informó que se analizará en el Pleno del Consejo de la Judicatura local seleccionar a funcionarios del Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF) para que, según sus perfiles, se les capacite.
"Es conveniente adoptar políticas internas de apoyo a la carrera judicial cuando los funcionarios se han destacado en su desempeño profesional.
"Incluso pudiera ser una selección de jueces y la respectiva capacitación, y sólo una evaluación para controlar el nivel de conocimientos, pues ya son jueces y no es necesario someterlos a un proceso para su nombramiento, sólo una evaluación para su readscripción", explicó.
Desde que se anunció la primera selección, agregó, se tomaron en cuenta todos los escenarios posibles, así como las acciones que se debían tomar.
El Consejero informó que la implementación de la figura del Juez de Ejecución de Sentencias tendrá un costo de 57.4 millones de pesos, principalmente para la remodelación de espacios, tanto en el sistema para adultos como para adolescentes.
"Ya se han hecho varias visitas a los reclusorios Norte, Sur y Oriente, a Santa Marta y a San Fernando y se han ubicado los espacios que podrían utilizarse", detalló.
"El equipo del Tribunal, los integrantes de la Unidad Especial para la Implementación de las Reformas Constitucionales en Materia Penal, ha planeado la remodelación, los espacios, las áreas y su distribución, y se está en pláticas con el Gobierno del DF y la Secretaría del Gobierno para transitar a la implementación de esta figura judicial".
En los próximos días, informó el Consejero, será discutida en la ALDF la propuesta de Ley de Ejecución de Sanciones Penales, elaborada por la Unidad para la implementación de la reforma penal del TSJDF.
Dicha Ley determinará las funciones de esta figura judicial, que podrá modificar las penas y aplicar beneficios de libertad anticipada.
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Arman al vapor a jueces de ejecución
Acusa ex director de Sanciones Penales que el TSJDF tiene pocos días de haber lanzado convocatoria para nueva área
Nota de Yáscara López
Reforma, (5 abril 2011).- El tiempo se vino encima para las autoridades capitalinas, pues trabajan a marchas forzadas en armar la figura del Juez de Ejecución de Sanciones Penales, que entra en funciones en junio, y vigilarán que se cumplan las sentencias, además de otorgar libertades anticipadas.
Pedro Arellano, ex director de Sanciones Penales, alertó que las autoridades están trabajando de manera exprés, pues apenas el 29 de marzo lanzaron la convocatoria para elegir a 25 jueces que empiezan a trabajar el 17 de junio.
En el documento, el Tribunal Superior de Justicia del DF (TJSDF) no aclara quién conformará el juzgado que los elija, pero explica que el último resultado se dará el 13 mayo, un mes antes de que entre en vigor.p
"Una cosa muy grave es quién va a calificar a esos candidatos si no hay jueces de ejecución, que sean jueces de otras entidades es malo, porque nada tienen que ver muchas leyes de los Estados con la ley del DF de Ejecución de Sanciones Penales.
"Se hubiera hecho un foro desde el año pasado para que especialistas y gente que ha trabajado la ejecución de las sanciones y no estuviéramos ahorita haciendo las cosa a vapor", aseguró Arellano.
Los jueces también serán los responsables de vigilar la reinserción social, los tratamientos y programas encaminados a prevenir la reincidencia delictiva, aunque todavía no existen la infraestructura necesaria pese a que entrará en vigor el 17 de junio.
Las autoridades del DF tuvieron desde 2008 para hacer la transición, ya que actualmente es la Dirección de Ejecución de Sanciones Penales, que depende de la Secretaría de Gobierno del DF, la que conjuntamente con el Sistema Penitenciario atiende estos asuntos, pero con la reforma penal, tendrá que ser el Poder Judicial el que tome el control.
Por otra parte, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa (ALDF), Julio César Moreno, negó que hubiera urgencia para la creación de la nueva ley.
El diputado perredista dijo que estará lista para junio a más tardar y que es altamente probable que proponga un periodo extraordinario en la ALDF sólo para su elaboración, ya que también deberán modificar la ley penitenciaria.
"Ya estamos trabajando todo lo que tiene que ver con los juicios de ejecución, estamos a tiempo para hacer la reforma, pero se está contemplando un periodo extraordinario para aprobarlo, seguramente si no nos da para ese periodo se valorará al término abrir un periodo extraordinario", dijo Moreno.
Respecto a los jueces e infraestructura, el Presidente del TSJDF, Édgar Elías Azar sólo ha optado por hablar de presupuesto, política y homologación de leyes.
El pasado 29 de marzo explicó que el asunto de la Reforma Constitucional se ha politizado y se quejó de que el Gobierno Federal no ha entregado recursos suficientes.
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1 comentario:
La iniciativa planteada para su discusión y aprobación por parte de la Asamblea, debe modificarse seriamente para que se especifique que el propósito del sistema penitenciario (su base) es el restablecimiento del vínculo entre un sujeto responsable y la sociedad, cuya ruptura se constata por el sistema de justicia penal (derechos y obligaciones establecidas en ley) por lo que su resarcimiento debe hacerse bajo estándares igualmente jurídicos y ya no terapéuticos.
La ley aprobada hace caso omiso a la ratio legis de la reforma y por tanto contraviene a la Constitución. Dicha ley mantiene la pretensión de la transformación de los individuos a través del “tratamiento técnico-progresivo individualizado” en manos de la discrecional autoridad administrativa penitenciaria, negándole jurisdicción a los jueces de ejecución respecto de la duración y modificación de la pena, sustrayendo de todo sentido a la figura de juez de ejecución. Deben entender los legisladores locales que la reforma constitucional establece que la administración penitenciaria es auxiliar del poder judicial para la ejecución de las penas y en ningún caso un dato o informe administrativo podría condicionar ni mucho menos supeditar la plena jurisdicción de estos jueces.
La Ley sin atender lo antes descrito constituye un fraude a la Constitución, “un fraude de etiquetas” pues de nuevo dejaría la duración y modalidad de la pena en la discrecionalidad y manos de la administración penitenciaria que al calificar al sujeto responsable como “readaptado” o “en condiciones de ser reinsertado” condicionaría de forma arbitraria el ejercicio de sus derechos, abandonando y socavando todo el sentido constitucional para que sea el poder judicial (los jueces de ejecución) el rector de la duración y modalidad de la pena y su ejecución en condiciones dignas para la vida.
Como básico la ley debe:
• Eliminar el peso de los estudios técnicos, que es por donde se mete el poder discrecional. Esto es, de ninguna manera se deberá obligar a estos jueces a motivar sus decisiones en la información clínica, terapéutica o técnico científica que se les suministre como condición para el otorgamiento de derechos o la sanción de obligaciones incumplidas.
• Establecer los temas objeto de la litis penitenciaria, de manera que incluya las condiciones mínimas de bienestar, de vida y servicios dentro de los centros de reclusión (si éstas son indignas se estaría en presencia de la modificación o agravamiento de la pena privativa de libertad impuesta).
• Regular los recursos administrativos y de régimen disciplinarios conforme al debido proceso.
• Definir que la autoridad penitenciaria es auxiliar de la administración de justicia.
• Simplificar los reductivos.
• Definir la reinserción social de manera que no se pueda sustituir por el concepto de readaptación social.
Por otra parte, al considerar la reforma constitucional que el sistema penitenciario es parte integrante del sistema de justicia penal, la publicidad y transparencia en la ejecución resultan tan importantes durante el proceso de imposición de la pena como en el de ejecución de la misma, para lo cual es necesario establecer normas y mecanismos que favorezcan la contraloría social de la gobernabilidad de los centros penitenciarios. En este sentido, en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, en el capítulo relativo a las personas privadas de libertad, establece que al crearse o modificarse cualquier ley en especial la relativa al sistema de justicia penal, se debe garantizar la participación de la sociedad civil, lo cual no ha sucedido en el proceso de elaboración y discusión de esta iniciativa, y la misma adolece de mecanismos para que la sociedad civil participe en su control y vigilancia.
Elaboración y datos de contacto: María Sirvent y Mario Solórzano
Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, A.C.
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