Lanzan en Zócalo emplazamiento

Lanzan en Zócalo emplazamiento

Antonio Baranda y Daniela Rea, reporteros

Reforma, 9-May-2011;

Las organizaciones que participaron en la marcha por la paz emplazaron ayer a los tres Poderes de la Unión a cumplir una serie de puntos en materia de seguridad y justicia social, que buscan modificar la estrategia anticrimen del Presidente Felipe Calderón y detonar una nueva convivencia con base en la legalidad.

En caso de que no se acepten las exigencias o se hagan discursos que después no se cumplan, advirtieron, realizarán acciones de resistencia civil y pacífica para lograr el cumplimiento de lo que llamaron "el primer paso" hacia la reconstrucción institucional de la Nación.

Las activistas, Olga Reyes Salazar, de Chihuahua, y Patricia Duarte, de Sonora, leyeron en el Zócalo capitalino el documento titulado "Pacto por un México en paz con justicia y dignidad", que sirvió de colofón de la Gran Marcha convocada por el poeta Javier Sicilia.

"Ante la emergencia nacional hoy más que nunca resulta necesario tomar medidas urgentes para detener esta guerra con su escalada de violencia y regenerar el tejido social y comunitario. Este momento histórico adverso y profundamente violento es resultado de estructuras económicas y sociales que generan desigualdad y exclusión.

"Esta guerra es fruto del monopolio que está configurando el narcotráfico a través de sus interconexiones transnacionales de territorios e imponiendo sus reglas (...) lo que implica la pérdida de la capacidad gubernamental para decidir el rumbo de las políticas económicas y responder a los grupos menos favorecidos, creando, a la vez, territorios sin gobierno", destacó Reyes.

El movimiento pidió poner fin a la estrategia de "guerra" y asumir un enfoque de seguridad ciudadana con pleno respeto a los derechos humanos.

La propuesta incluye el retiro del Ejército de tareas policiales; el desarrollo de un modelo de seguridad alternativo basado en la reconstrucción del tejido social y la recuperación de experiencias comunitarias exitosas.

Otro de los puntos es esclarecer, resolver y desmantelar redes de complicidad y omisión alrededor de asesinatos, desapariciones, secuestros y casos de trata de personas, mediante procesos transparentes y efectivos de investigación.

También la captura, en un máximo de 3 meses, de los autores intelectuales y materiales de "casos emblemáticos" como los de la familia Reyes Salazar, Marisela Escobedo, Guardería ABC, familia Le Barón y jóvenes de Villas de Salvárcar.

Cuando las activistas leyeron los nombres de las víctimas de la guardería de Hermosillo, Sonora, los miles de manifestantes reunidos en el Zócalo comenzaron a gritar ¡Fuera Calderón, fuera Calderón!. Ante el grito multitudinario, los organizadores tuvieron que intervenir para callar las voces y que siguiera la lectura del Pacto.

"Hay muchas cosas que empezar a realizar, a trabajar, y nosotros tenemos la obligación de obligarlos a que lo hagan", dijo el poeta Javier Sicilia, líder del movimiento.

Plantean vía alterna

Organizaciones de la sociedad civil plantearon ayer en el Zócalo sus exigencias a las autoridades para frenar la escalada de violencia y regenerar el tejido social.

1. Verdad y justicia.

Esclarecer y resolver los asesinatos, las desapariciones, los secuestros, las fosas clandestinas, la trata de personas, y el conjunto de delitos que han agraviado a la sociedad.

· Que se procese a los autores intelectuales y materiales, incluyendo las redes de complicidad y omisión de las autoridades.

· Determinar la identidad de todas las víctimas de homicidio.

· Resolución pública que presente, en un máximo de 3 meses, a los autores de casos emblemáticos que han agraviado a la sociedad.

2. Fin a la estrategia guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana.

Cambiar el enfoque militarista y la estrategia de guerra de la seguridad pública y asumir una estrategia de seguridad ciudadana, con enfoque en los derechos humanos; · Avance un modelo de seguridad alternativo basado en la reconstrucción del tejido social, y que recupere las experiencias comunitarias autogestivas y la participación ciudadana.

Que en dos meses los Congresos locales aprueben la reforma constitucional de derechos humanos.

No aprobar leyes que conculquen los derechos humanos ni las modificaciones propuestas al dictamen de Ley de Seguridad Nacional.

3- Combatir la corrupción y la impunidad.

· Amplia reforma en la procuración y administración de justicia que dote de verdadera autonomía al Ministerio Público y al Poder Judicial, que establezca el control ciudadano sobre los cuerpos de seguridad.

Avance en la reforma de los juicios orales y sistemas más efectivos de control judicial que reduzcan la discrecionalidad en los procedimientos.

· Que, en máximo 6 meses, el Congreso elimine el fuero de legisladores y funcionarios ante actos de corrupción, delitos del orden común y crimen organizado.

4. Combatir la raíz económica y las ganancias del crimen

· Combate frontal al lavado de dinero y activos de los delincuentes con unidades autónomas de investigación patrimonial y un informe a la Nación.

5. Atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social.

· Política económica y social que genere oportunidades reales de educación, salud, cultura y empleo.

· La recuperación del carácter público de la educación y romper el control corporativo que ejerce la cúpula del SNTE sobre la política educativa,

· Incremento inmediato en los recursos destinados a las acciones sociales de seguridad ciudadana, al menos en la misma proporción de los destinados a las fuerzas armadas y de seguridad pública

· Que en tres meses se establezca un programa especial de emergencia nacional para y de jóvenes.

· Sistema universal de becas para estudiantes de secundaria, EMS y superior de escuelas públicas, así como recursos para proyectos culturales, deportivos, productivos y sociales realizados por los propios jóvenes y sus organizaciones, como actores de reconstrucción del tejido social en sus barrios, comunidades y unidades habitacionales.

6. Democracia participativa, mejor democracia representativa y democratización en los medios de comunicación.

Reconocimiento institucional de la consulta popular, las candidaturas independientes, la revocación de mandato, la contraloría social y las acciones colectivas.

Política de Estado en materia de telecomunicaciones que rompa, en el menor tiempo posible, los monopolios y genere una amplia democratización y apertura.

· Que el Congreso, en un periodo extraordinario, a más tardar en dos meses, apruebe la minuta de reforma política constitucional aprobada por el Senado.

· La aprobación de la Ley Federal Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales propuesta por la sociedad civil y legisladores.