La reforma penal en Aguascalientes

Que dice Carbonell/Enrique F. Pasillas Pineda

Hace algunas semanas, Miguel Carbonell, joven y destacado jurista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM impartió una charla en la sede del Poder Legislativo de Aguascalientes con motivo de la llamada “Reforma Penal”.

El dr. Carbonell centró el tema de su disertación sobre la Reforma Constitucional en materia penal, la cual fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación en Junio del 2008 y donde las entidades federativas quedan obligadas a implementar una serie de reformas a su régimen interno en ésta materia en los próximos años; con un largo periodo de vacatio legis que se extiende hasta el año 2016: “El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto.” Artículo Segundo Transitorio D.O.F. 18 de junio de 2008.

Primero, puntualiza el autor de libros ya considerados de referencia en el foro y la academia en México, como “Los Derechos Fundamentales en México” (Porrúa, 2006), que a la reforma constitucional es conocida equívocamente como la “Reforma de los Juicios Orales”.

En su opinión, lo relevante de ésta reforma es que modifica el actual sistema penal inquisitivo sustituyéndolo gradualmente por otro de corte adversarial, dados los en general desastrosos resultados que están a la vista hasta ahora; razón por la cual el sistema entero de procuración e impartición de justicia penal se ha puesto, no sin razón, en tela de juicio, dadas sus a menudo arbitrarias resoluciones y por la incertidumbre jurídica con que se procesa a los inculpados en nuestro país. Baste ver el reciente documental auspiciado por el CIDE, “Presunto Culpable” para corroborar lo aseverado por Carbonell.

Así, Carbonell se refirió a la importancia de la nueva reforma penal sobre puntos detonantes para la lucha contra la delincuencia:

Con la reforma constitucional, la investigación de los hechos penalmente relevantes correrá a cargo de la policía, quien tendrá el mandato constitucional de recabar la información en el lugar de los hechos, teniendo estos la obligación de respetar  la “cadena de custodia”. Así que lo que se requiere es la especialización y certificación de los cuerpos policiacos locales en todo el país. Y desde luego que también en Aguascalientes.

Además, el Ministerio Público adquiere la calidad de parte en el proceso penal como representante de la víctima, pero ya no tendrá a su cargo la investigación de los delitos. Como se resaltó en el punto anterior, ésta facultad se confiere a los cuerpos policíacos, atendiendo al principio de “separación de funciones”, ya que se busca la transparencia y la imparcialidad en la persecución de los delitos.

Se habla del principio de contradicción y de trasparencia de las audiencias, con la finalidad es buscar la igualdad procesal de los sujetos que intervienen en el proceso. Con ello, se busca combatir la corrupción y arbitrariedad en las resoluciones mediante las audiencias públicas; cosa que no está muy clara que se haya conseguido en entidades como Chihuahua a la luz de casos como el de la hija de Marisela Escobedo, la activista recientemente asesinada por movilizarse contra la exculpación del asesino confeso de su hija, precisamente en una audiencia pública.

Carbonell sostiene que Aguascalientes pudiera ser un modelo ideal en cuanto a la implementación del nuevo sistema por tres razones fundamentales: 1. Geográgica: el número de habitantes es reducido 2. Los índices de delincuencia son controlables, y 3. La disposición política de la LXI Legislatura y del Gobierno del Estado.

Dice Carbonell que los poderes públicos deseablemente deberían trabajar conjuntamente con los especialistas para sacar adelante una reforma al sistema penal en Aguascalientes que cumpla cabalmente con la finalidad de transparentar y garantizar el respeto a los derechos de las personas antes, durante y después de los procesos penales.

Por otro lado, señaló la urgencia de implementar políticas públicas de prevención del delito a nivel local y nacional y evitar así que las sobrepobladas cárceles sigan siendo universidades del crimen. Pero difícil se ve incidir en las políticas públicas de prevención y readaptación bajo el modelo económico imperante y con el aumento exponencial de la pobreza y la marginación social, que son el mejor caldo de cultivo para la ignorancia, el delito y la violencia.

Fuente: http://crisolplural.com/2011/06/21/lo-que-dice-carbonell/