Operativos conjuntos: invasión federal disfrazada
Patricia Dávila
Revista Proceso # 1825, 23 de octubre de 2011;
Revista Proceso # 1825, 23 de octubre de 2011;
Pese a la nula o limitada eficacia de operativos conjuntos anteriores, el gobierno de Felipe Calderón anuncia tres más, esta vez en Guerrero, Veracruz y la Comarca Lagunera. Analistas consultados por Proceso los consideran reactivos y de corto plazo, mientras que para los gobernadores de las entidades involucradas son prácticamente el único recurso a su alcance para contener, así sea momentáneamente, a los cárteles del narcotráfico.
Los tres nuevos operativos implementados por el gobierno de Felipe Calderón en las últimas dos semanas para combatir a los grupos de la delincuencia organizada –Veracruz Seguro, Guerrero Seguro y Laguna Segura– pusieron en la mesa de debates la efectividad de los siete anteriores.
Para analistas y gobernadores, el resultado es que elevaron el nivel de violencia o, en el mejor de los casos, se recuperó la “tranquilidad” que se tenía antes del despliegue de las fuerzas federales.
En Guerrero se trata del tercer operativo conjunto de estos años: el primero se echó a andar en junio de 2005 como parte de la estrategia México Seguro, del expresidente Vicente Fox; en 2008 hubo un segundo, ordenado ya por Calderón. Pese a ellos, la delincuencia creció a tal grado que ahora el gobernador Ángel Aguirre Rivero, en entrevista con Proceso, acepta que no tiene otra opción que dejar el mando al gobierno federal mediante Guerrero Seguro.
En cuanto al gobernador veracruzano, Javier Duarte, quien se negó a dar entrevista a este semanario, ha recibido críticas del presidente Calderón por atribuir los muertos de su entidad a los cárteles, y de plano carece de estadísticas sobre la delincuencia en su entidad.
En enero de 2007, el gobierno inició en Durango el Operativo Sierra Madre. El resultado fue tan gris que ni siquiera quedó registrado en la memoria del actual gobernador Jorge Herrera Caldera; no obstante, ahora tanto él como el mandatario de Coahuila le apuestan a Laguna Segura.
“A raíz de la muerte del señor Arturo Beltrán Leyva y de la detención de La Barbie –comenta Herrera Caldera– proliferaron muchos minicárteles que se disputan el control de la plaza, particularmente de Acapulco. Hay quienes hablan de 17 grupos. Eso se reflejó en un incremento en los problemas de violencia. Hay que reconocer que buena parte de esos delitos se generan fundamentalmente en las colonias populares y son producto de la lucha por el narcomenudeo.”
Para analistas y gobernadores, el resultado es que elevaron el nivel de violencia o, en el mejor de los casos, se recuperó la “tranquilidad” que se tenía antes del despliegue de las fuerzas federales.
En Guerrero se trata del tercer operativo conjunto de estos años: el primero se echó a andar en junio de 2005 como parte de la estrategia México Seguro, del expresidente Vicente Fox; en 2008 hubo un segundo, ordenado ya por Calderón. Pese a ellos, la delincuencia creció a tal grado que ahora el gobernador Ángel Aguirre Rivero, en entrevista con Proceso, acepta que no tiene otra opción que dejar el mando al gobierno federal mediante Guerrero Seguro.
En cuanto al gobernador veracruzano, Javier Duarte, quien se negó a dar entrevista a este semanario, ha recibido críticas del presidente Calderón por atribuir los muertos de su entidad a los cárteles, y de plano carece de estadísticas sobre la delincuencia en su entidad.
En enero de 2007, el gobierno inició en Durango el Operativo Sierra Madre. El resultado fue tan gris que ni siquiera quedó registrado en la memoria del actual gobernador Jorge Herrera Caldera; no obstante, ahora tanto él como el mandatario de Coahuila le apuestan a Laguna Segura.
“A raíz de la muerte del señor Arturo Beltrán Leyva y de la detención de La Barbie –comenta Herrera Caldera– proliferaron muchos minicárteles que se disputan el control de la plaza, particularmente de Acapulco. Hay quienes hablan de 17 grupos. Eso se reflejó en un incremento en los problemas de violencia. Hay que reconocer que buena parte de esos delitos se generan fundamentalmente en las colonias populares y son producto de la lucha por el narcomenudeo.”
Guerra guerrerense
Ángel Aguirre Rivero dice que la actividad descontrolada que mantienen los cárteles lo impulsó a solicitar la intervención del gobierno federal y surgió Guerrero Seguro.
Al preguntarle cuáles grupos se pelean el estado, aclara que esa información está más al alcance de las autoridades federales, pero indica que “a través de mensajes plasmados en narcocartulinas o mantas dejadas en sitios públicos se han evidenciado algunos minicárteles, como el que se autodenomina Cida (Cártel Independiente de Acapulco), La Barredora, El Comando del Diablo y grupos afines a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, líder del cártel del Pacífico”.
Explica que pidió la intervención de las fuerzas federales porque hace seis meses, cuando asumió la gubernatura, midió la capacidad del gobierno estatal para enfrentar a la delincuencia organizada y encontró que sólo cuenta con mil 100 efectivos estatales para cubrir los 81 municipios, además de haber detectado que la corporación está gravemente infiltrada por el narco.
–¿A las policías municipales también las permeó el narco?
–Los 81 municipios tienen 6 mil efectivos. Sería una ingenuidad no pensar que hay policías municipales que están seriamente dañadas. De acuerdo con la radiografía que tengo, le puedo mencionar a Acapulco, Zihuatanejo, Petatlán y muchos otros municipios. Por eso, a la depuración de la policía añadimos un factor adicional, como la revisión de los recursos que se envían a través de los fondos de apoyo municipal, porque muchas veces ese recurso es empleado en adquirir vehículos que nada tienen que ver con la seguridad pública. Incluso, en los pueblos pequeños, los policías se convierten en los guardaespaldas del alcalde cuando éste anda en sus francachelas.
Entrevistado el pasado jueves 13 en la Fundación Miguel Alemán, en la Ciudad de México, poco después de su comparecencia en la Cámara de Diputados para gestionar su presupuesto de egresos para 2012, Aguirre Rivero se enteró de que el monto para su entidad es menor que en 2011. Está molesto:
“Yo les decía a los legisladores que me da gusto que vayan las fuerzas federales a mi estado a reforzar la seguridad, pero también les hacía una observación porque pretenden disminuirnos 3 mil millones de pesos. Les dije que si estamos viviendo problemas de violencia, entonces, sin presupuesto, estamos hablando de no descartar la posibilidad de que se manifieste algún grupo guerrillero. Aquí nacieron el EPR y el ERPI, ¡imagínese!
“No es porque a los guerrerenses nos guste el conflicto, les dije, no olviden que es un asunto que va ligado a la miseria y, junto con Chiapas y Oaxaca, somos de los estados más pobres.”
–¿Qué detonaría esta situación?
–Siempre he dicho que la violencia está muy ligada a la pobreza, a la ignorancia, a la falta de oportunidades. No sólo tiene que ver con policías y ladrones; es un asunto estructural que tenemos que acabar de raíz, es cuestión educativa, por eso hoy estoy alfabetizando a 50 mil guerrerenses en un año y les entregué uniformes escolares gratuitos a todos los niños de primaria.
Aclara: “Los cárteles no sólo se han ensañado con los maestros en las escuelas; es una situación que vivimos todos: los taxistas, pequeños empresarios, padres de familia… A los pequeños comerciantes pretenden cobrarles el famoso derecho de piso. Reconozco el valor y la iniciativa de los maestros, pero lamentablemente es una situación en la que todos estamos inmersos. Es un asunto de percepción, de temor, de pánico, por parte de la ciudadanía; pero en el caso de los que han perdido la vida, yo podría decir que casi todos han tenido alguna relación o vínculo con la delincuencia organizada”.
Al asumir la gubernatura, Aguirre Rivero elevó el salario de los policías de 4 mil a 9 mil pesos mensuales y lanzó una convocatoria para contratar a 500 más. Asimismo, se garantizaron becas para sus hijos, se les entregaron uniformes escolares, se incrementó el seguro de vida y se duplicará en caso de perecer en un operativo. De manera paralela inició un proceso de depuración y de control de confianza. En Acapulco se construyen 2 mil viviendas y una parte será para personal policiaco, empezaron a funcionar cámaras de vigilancia, se realizan obras de infraestructura y se gestiona que la CFE y el IMSS den facilidades de pago a los comerciantes y los empresarios.
–Las acciones que me comenta recuerdan a Todos Somos Juárez. ¿Se tomó este operativo como modelo?
–No. No hemos llegado al nivel de Ciudad Juárez. Acapulco aún es controlable. Estoy convencido de que en diciembre vamos a tener lleno el puerto. Tomamos todas las providencias, tanto en la zona turística como en colonias populares. Incluso blindamos la Autopista del Sol.
–Algunos analistas aseguran que la entrada de tropas a los estados significa que los gobernadores están perdiendo el control.
–No es el caso de Guerrero. La delincuencia organizada es un asunto al que tenemos que entrarle los tres gobiernos, incluso el Poder Judicial. En Guerrero, sobre todo en Acapulco, tenemos 100 bandas juveniles que, de acuerdo con información que me han proporcionado, cada vez se parecen más a la banda centroamericana Mara Salvatrucha. Tenemos que erradicarlas.
Los efectivos del Ejército en el estado no son escasos: seis batallones de 500 soldados cada uno. Para Guerrero Seguro se ordenó reforzarlos con mil efectivos más, así como 300 marinos, mil 200 policías federales y 50 agentes de la PGR que capacitarán a un grupo estatal de policías antisecuestros.
Triángulo vicioso
Al preguntarle cuáles grupos se pelean el estado, aclara que esa información está más al alcance de las autoridades federales, pero indica que “a través de mensajes plasmados en narcocartulinas o mantas dejadas en sitios públicos se han evidenciado algunos minicárteles, como el que se autodenomina Cida (Cártel Independiente de Acapulco), La Barredora, El Comando del Diablo y grupos afines a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, líder del cártel del Pacífico”.
Explica que pidió la intervención de las fuerzas federales porque hace seis meses, cuando asumió la gubernatura, midió la capacidad del gobierno estatal para enfrentar a la delincuencia organizada y encontró que sólo cuenta con mil 100 efectivos estatales para cubrir los 81 municipios, además de haber detectado que la corporación está gravemente infiltrada por el narco.
–¿A las policías municipales también las permeó el narco?
–Los 81 municipios tienen 6 mil efectivos. Sería una ingenuidad no pensar que hay policías municipales que están seriamente dañadas. De acuerdo con la radiografía que tengo, le puedo mencionar a Acapulco, Zihuatanejo, Petatlán y muchos otros municipios. Por eso, a la depuración de la policía añadimos un factor adicional, como la revisión de los recursos que se envían a través de los fondos de apoyo municipal, porque muchas veces ese recurso es empleado en adquirir vehículos que nada tienen que ver con la seguridad pública. Incluso, en los pueblos pequeños, los policías se convierten en los guardaespaldas del alcalde cuando éste anda en sus francachelas.
Entrevistado el pasado jueves 13 en la Fundación Miguel Alemán, en la Ciudad de México, poco después de su comparecencia en la Cámara de Diputados para gestionar su presupuesto de egresos para 2012, Aguirre Rivero se enteró de que el monto para su entidad es menor que en 2011. Está molesto:
“Yo les decía a los legisladores que me da gusto que vayan las fuerzas federales a mi estado a reforzar la seguridad, pero también les hacía una observación porque pretenden disminuirnos 3 mil millones de pesos. Les dije que si estamos viviendo problemas de violencia, entonces, sin presupuesto, estamos hablando de no descartar la posibilidad de que se manifieste algún grupo guerrillero. Aquí nacieron el EPR y el ERPI, ¡imagínese!
“No es porque a los guerrerenses nos guste el conflicto, les dije, no olviden que es un asunto que va ligado a la miseria y, junto con Chiapas y Oaxaca, somos de los estados más pobres.”
–¿Qué detonaría esta situación?
–Siempre he dicho que la violencia está muy ligada a la pobreza, a la ignorancia, a la falta de oportunidades. No sólo tiene que ver con policías y ladrones; es un asunto estructural que tenemos que acabar de raíz, es cuestión educativa, por eso hoy estoy alfabetizando a 50 mil guerrerenses en un año y les entregué uniformes escolares gratuitos a todos los niños de primaria.
Aclara: “Los cárteles no sólo se han ensañado con los maestros en las escuelas; es una situación que vivimos todos: los taxistas, pequeños empresarios, padres de familia… A los pequeños comerciantes pretenden cobrarles el famoso derecho de piso. Reconozco el valor y la iniciativa de los maestros, pero lamentablemente es una situación en la que todos estamos inmersos. Es un asunto de percepción, de temor, de pánico, por parte de la ciudadanía; pero en el caso de los que han perdido la vida, yo podría decir que casi todos han tenido alguna relación o vínculo con la delincuencia organizada”.
Al asumir la gubernatura, Aguirre Rivero elevó el salario de los policías de 4 mil a 9 mil pesos mensuales y lanzó una convocatoria para contratar a 500 más. Asimismo, se garantizaron becas para sus hijos, se les entregaron uniformes escolares, se incrementó el seguro de vida y se duplicará en caso de perecer en un operativo. De manera paralela inició un proceso de depuración y de control de confianza. En Acapulco se construyen 2 mil viviendas y una parte será para personal policiaco, empezaron a funcionar cámaras de vigilancia, se realizan obras de infraestructura y se gestiona que la CFE y el IMSS den facilidades de pago a los comerciantes y los empresarios.
–Las acciones que me comenta recuerdan a Todos Somos Juárez. ¿Se tomó este operativo como modelo?
–No. No hemos llegado al nivel de Ciudad Juárez. Acapulco aún es controlable. Estoy convencido de que en diciembre vamos a tener lleno el puerto. Tomamos todas las providencias, tanto en la zona turística como en colonias populares. Incluso blindamos la Autopista del Sol.
–Algunos analistas aseguran que la entrada de tropas a los estados significa que los gobernadores están perdiendo el control.
–No es el caso de Guerrero. La delincuencia organizada es un asunto al que tenemos que entrarle los tres gobiernos, incluso el Poder Judicial. En Guerrero, sobre todo en Acapulco, tenemos 100 bandas juveniles que, de acuerdo con información que me han proporcionado, cada vez se parecen más a la banda centroamericana Mara Salvatrucha. Tenemos que erradicarlas.
Los efectivos del Ejército en el estado no son escasos: seis batallones de 500 soldados cada uno. Para Guerrero Seguro se ordenó reforzarlos con mil efectivos más, así como 300 marinos, mil 200 policías federales y 50 agentes de la PGR que capacitarán a un grupo estatal de policías antisecuestros.
Triángulo vicioso
La noche del miércoles 19, en la Secretaría de Gobernación (Segob), el mandatario de Durango, Jorge Herrera Caldera, con el interino de Coahuila, Jorge Torres López, y el electo, Rubén Ignacio Moreira Valdés –que entrará en funciones en mes y medio–, firmaron el acuerdo para la Operación Coordinada Laguna Segura.
En entrevista telefónica, el primero expone la problemática de la zona:
“La Laguna de Durango y Coahuila es una de las zonas de desarrollo industrial y económico más importantes del norte del país. Ahí se dan de manera muy repetida delitos del fuero común, como robo de automóviles y a casas habitación, pero sobre todo la ciudadanía sufre de secuestros, una de las agresiones que más duele y lacera a nuestra sociedad.”
El operativo se desarrollará en los municipios duranguenses de Gómez Palacio y Lerdo, así como en Torreón y Matamoros, en la entidad vecina. Explica Herrera Caldera:
“Sucede que se cometen actos ilícitos en Torreón y, en una persecución por parte de la policía estatal o municipal, los delincuentes cruzan el puente del río Nazas, que divide a los dos estados, y entran a Gómez Palacio. Entonces la persecución se detiene porque ya es otra jurisdicción y los fugitivos logran escapar. Al constituir el mando único prácticamente se quitan esas barreras y eso da agilidad para perseguir los delitos y tener acciones más efectivas.”
Señala que hace seis meses los tres órdenes de gobierno realizaron con éxito un operativo semejante, en el cual el Ejército tomó el mando único. Ahora, considera que Laguna Segura será determinante porque limpiará la zona metropolitana que comparten las dos entidades.
De acuerdo con los mapas delictivos de la Segob, hasta enero de este año la Laguna era una zona controlada por Los Zetas, pero a partir de mayo de este año ese cártel se ha replegado ante el cártel de Sinaloa (Proceso 1791 y 1817).
En Laguna Segura participarán 600 policías de Gómez Palacio y Lerdo, además de 780 de Torreón y Matamoros. La corporación estatal aportará 50. En el operativo anterior, las fuerzas federales destacadas en la zona se reforzaron con 200 agentes y 300 militares. Igual que en Guerrero, se anuncia que el operativo armado se complementará con medidas enfocadas a reconstruir el tejido social.
El 7 de enero de 2007, el presidente Calderón ordenó el operativo Sierra Madre, que abarcó el llamado Triángulo Dorado del Narcotráfico, dominado por el cártel de Sinaloa y que comprende partes de Chihuahua, Sinaloa y Durango. Pero Herrera Caldera no tiene datos al respecto: “En ese Triángulo no hay ningún operativo especial, son acciones permanentes del Ejército. Actualmente, en el estado de Durango sólo tenemos el de La Laguna”.
En cambio, el mandatario tiene localizado otro foco rojo: “Con el apoyo del gobierno federal iniciaremos un operativo en la frontera de Durango y Zacatecas, porque en la carretera que conecta a los dos estados son frecuentes el robo de vehículos y los secuestros. Transitarla se ha convertido en un alto riesgo.”
Señala que a través de la Conago solicitó que se incremente el fondo de seguridad de las entidades: “Actualmente son 7 mil millones de pesos y este recurso no está indexado al recurso federal participable. Si podemos indexar 1% de este recurso, nos daría un monto en el fondo de 18 mil 500 millones de pesos. Esto es importante porque, siendo la seguridad una de las prioridades de los estados, necesitamos recursos para capacitar y equipar a nuestros policías, sobre todo después de aplicarles los exámenes de confianza”.
Ineficacia
En entrevista telefónica, el primero expone la problemática de la zona:
“La Laguna de Durango y Coahuila es una de las zonas de desarrollo industrial y económico más importantes del norte del país. Ahí se dan de manera muy repetida delitos del fuero común, como robo de automóviles y a casas habitación, pero sobre todo la ciudadanía sufre de secuestros, una de las agresiones que más duele y lacera a nuestra sociedad.”
El operativo se desarrollará en los municipios duranguenses de Gómez Palacio y Lerdo, así como en Torreón y Matamoros, en la entidad vecina. Explica Herrera Caldera:
“Sucede que se cometen actos ilícitos en Torreón y, en una persecución por parte de la policía estatal o municipal, los delincuentes cruzan el puente del río Nazas, que divide a los dos estados, y entran a Gómez Palacio. Entonces la persecución se detiene porque ya es otra jurisdicción y los fugitivos logran escapar. Al constituir el mando único prácticamente se quitan esas barreras y eso da agilidad para perseguir los delitos y tener acciones más efectivas.”
Señala que hace seis meses los tres órdenes de gobierno realizaron con éxito un operativo semejante, en el cual el Ejército tomó el mando único. Ahora, considera que Laguna Segura será determinante porque limpiará la zona metropolitana que comparten las dos entidades.
De acuerdo con los mapas delictivos de la Segob, hasta enero de este año la Laguna era una zona controlada por Los Zetas, pero a partir de mayo de este año ese cártel se ha replegado ante el cártel de Sinaloa (Proceso 1791 y 1817).
En Laguna Segura participarán 600 policías de Gómez Palacio y Lerdo, además de 780 de Torreón y Matamoros. La corporación estatal aportará 50. En el operativo anterior, las fuerzas federales destacadas en la zona se reforzaron con 200 agentes y 300 militares. Igual que en Guerrero, se anuncia que el operativo armado se complementará con medidas enfocadas a reconstruir el tejido social.
El 7 de enero de 2007, el presidente Calderón ordenó el operativo Sierra Madre, que abarcó el llamado Triángulo Dorado del Narcotráfico, dominado por el cártel de Sinaloa y que comprende partes de Chihuahua, Sinaloa y Durango. Pero Herrera Caldera no tiene datos al respecto: “En ese Triángulo no hay ningún operativo especial, son acciones permanentes del Ejército. Actualmente, en el estado de Durango sólo tenemos el de La Laguna”.
En cambio, el mandatario tiene localizado otro foco rojo: “Con el apoyo del gobierno federal iniciaremos un operativo en la frontera de Durango y Zacatecas, porque en la carretera que conecta a los dos estados son frecuentes el robo de vehículos y los secuestros. Transitarla se ha convertido en un alto riesgo.”
Señala que a través de la Conago solicitó que se incremente el fondo de seguridad de las entidades: “Actualmente son 7 mil millones de pesos y este recurso no está indexado al recurso federal participable. Si podemos indexar 1% de este recurso, nos daría un monto en el fondo de 18 mil 500 millones de pesos. Esto es importante porque, siendo la seguridad una de las prioridades de los estados, necesitamos recursos para capacitar y equipar a nuestros policías, sobre todo después de aplicarles los exámenes de confianza”.
Ineficacia
Los investigadores José Luis Piñeyro, de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco, y Arturo Arango, del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI), señalan que una gran debilidad de los operativos Guerrero Seguro, Veracruz Seguro y Laguna segura es que son reactivos, igual que los de antes.
Piñeyro explica: “Se habla de que en el puerto de Veracruz, debido a la baja turística, se va a capacitar a los trabajadores que están en ese sector. Qué bueno que habrá acciones de trabajo, pero el problema es que para qué se les capacita, si no van a encontrar empleo o va a ser temporal y precario”.
–¿Se justifica este desplazamiento de las tropas federales, tomando en cuenta que en Ciudad Juárez el nuevo operativo fracasó, igual que los anteriores?
–Ahí se pensó que el operativo podía servir como referente para otras ciudades y estados; se gastaron miles de millones de pesos y los resultados no son para nada satisfactorios. Se mantiene el índice delictivo y, en cuanto las tropas federales se retiran, los narcos regresan. Hay una situación socioeconómica bastante caótica, destrozada.
Señala que la delincuencia organizada seguirá dominando estas plazas a pesar de la presencia federal: “Es probable que provisionalmente se logre reducir los índices de violencia y delictivos, pero lo que no es nada claro es que se mantengan bajos. Una vez que se retiren las fuerzas federales o que el crimen organizado se reorganice, está garantizado que se va a registrar un índice mayor de violencia. Además, es seguro que en donde estén Los Zetas habrá más violencia y también más víctimas civiles”.
A su vez, Arturo Arango señala que un operativo más no tiene caso, pero acota que algo tiene que hacerse. El problema, dice, es que el Estado siempre actúa de manera reactiva. “Como país –afirma– tenemos un serio problema: que nuestro personal no está profesionalizado en áreas de inteligencia ni en cuestiones preventivas, y siempre reaccionamos, cuando somos quienes deberíamos estar marcando la agenda como sociedad y como gobierno.
“Hace muchos años sabíamos que Veracruz, Tabasco, Chiapas y Tamaulipas están ocupados por Los Zetas, y que incluso tenían un sistema de comunicación mejor que el que pudiera tener el gobierno. Sin embargo, nunca se les enfrentó porque actuamos bajo un esquema político y dejamos que la delincuencia penetrara altas esferas del gobierno. Mientras había control sectorial, ese control tan raro, por decirlo de la mejor manera, que tenía el exgobernador Fidel Herrera sobre Veracruz, no pasaba nada y no hacíamos nada.”
Acerca de la eficacia de los anteriores operativos, Arango es claro: “Por ejemplo, en Tijuana o Ciudad Juárez no había control territorial por parte del gobierno, pero sí lo tenían los cárteles. Ahora hay cierta paz, pero hay que analizar si es porque el Estado ganó control o porque de nuevo se llegó a la entelequia que había antes de iniciar la guerra”.
Los tres nuevos operativos se suman a los de Tijuana (Baja California), Ciudad Juárez (Chihuahua), Frontera Sur (Istmo), Michoacán, Culiacán-Navolato (Sinaloa), Sierra Madre (Sinaloa, Chihuahua y Durango) y Noroeste (Nuevo León y Tamaulipas), todos emprendidos por Felipe Calderón.
Piñeyro explica: “Se habla de que en el puerto de Veracruz, debido a la baja turística, se va a capacitar a los trabajadores que están en ese sector. Qué bueno que habrá acciones de trabajo, pero el problema es que para qué se les capacita, si no van a encontrar empleo o va a ser temporal y precario”.
–¿Se justifica este desplazamiento de las tropas federales, tomando en cuenta que en Ciudad Juárez el nuevo operativo fracasó, igual que los anteriores?
–Ahí se pensó que el operativo podía servir como referente para otras ciudades y estados; se gastaron miles de millones de pesos y los resultados no son para nada satisfactorios. Se mantiene el índice delictivo y, en cuanto las tropas federales se retiran, los narcos regresan. Hay una situación socioeconómica bastante caótica, destrozada.
Señala que la delincuencia organizada seguirá dominando estas plazas a pesar de la presencia federal: “Es probable que provisionalmente se logre reducir los índices de violencia y delictivos, pero lo que no es nada claro es que se mantengan bajos. Una vez que se retiren las fuerzas federales o que el crimen organizado se reorganice, está garantizado que se va a registrar un índice mayor de violencia. Además, es seguro que en donde estén Los Zetas habrá más violencia y también más víctimas civiles”.
A su vez, Arturo Arango señala que un operativo más no tiene caso, pero acota que algo tiene que hacerse. El problema, dice, es que el Estado siempre actúa de manera reactiva. “Como país –afirma– tenemos un serio problema: que nuestro personal no está profesionalizado en áreas de inteligencia ni en cuestiones preventivas, y siempre reaccionamos, cuando somos quienes deberíamos estar marcando la agenda como sociedad y como gobierno.
“Hace muchos años sabíamos que Veracruz, Tabasco, Chiapas y Tamaulipas están ocupados por Los Zetas, y que incluso tenían un sistema de comunicación mejor que el que pudiera tener el gobierno. Sin embargo, nunca se les enfrentó porque actuamos bajo un esquema político y dejamos que la delincuencia penetrara altas esferas del gobierno. Mientras había control sectorial, ese control tan raro, por decirlo de la mejor manera, que tenía el exgobernador Fidel Herrera sobre Veracruz, no pasaba nada y no hacíamos nada.”
Acerca de la eficacia de los anteriores operativos, Arango es claro: “Por ejemplo, en Tijuana o Ciudad Juárez no había control territorial por parte del gobierno, pero sí lo tenían los cárteles. Ahora hay cierta paz, pero hay que analizar si es porque el Estado ganó control o porque de nuevo se llegó a la entelequia que había antes de iniciar la guerra”.
Los tres nuevos operativos se suman a los de Tijuana (Baja California), Ciudad Juárez (Chihuahua), Frontera Sur (Istmo), Michoacán, Culiacán-Navolato (Sinaloa), Sierra Madre (Sinaloa, Chihuahua y Durango) y Noroeste (Nuevo León y Tamaulipas), todos emprendidos por Felipe Calderón.
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