Calderón cumple el sueño cristero

Calderón cumple el sueño cristero

Rodrigo Vera

Revista Proceso,  # 1839, 30 de enero de 2012

Todo indica que Felipe Calderón y el Papa Benedicto XVI ya encontraron un subterfugio para cumplir el sueño panista de obtener para la Iglesia católica privilegios que hasta ahora les niega la Constitución, como poseer medios de comunicación masiva, impartir educación religiosa en escuelas públicas e incluso recibir recursos del Estado. Roberto Velázquez, especialista en las relaciones entre México y el Vaticano, dice que en la visita papal de marzo se firmará el acuerdo de oficialización de esas prebendas.

Durante su encuentro del próximo 24 de marzo en Guanajuato, es muy probable que Felipe Calderón y el Papa Benedicto XVI firmen un “histórico acuerdo” –producto de años de negociaciones entre México y el Vaticano– mediante el cual se otorgarán las “libertades religiosas” que viene demandando la jerarquía católica del país.

Roberto Velázquez Nieto, investigador del Archivo Secreto Vaticano y especialista en la relación diplomática entre ambos Estados, asegura: “Entre estas libertades el acuerdo incluirá la instrucción religiosa en las escuelas públicas, la creación de una partida presupuestal para apoyar económicamente al clero, la creación de una diócesis exclusiva para las Fuerzas Armadas mexicanas y, por último, el permiso para que la Iglesia pueda poseer medios de comunicación masiva”.

–¿Las viejas demandas del episcopado mexicano?

–Sí. Las viejas demandas de la jerarquía que ya llevan años negociando la cancillería mexicana y la Secretaría de Estado del Vaticano. Ese proceso diplomático ya maduró. Sólo falta que se concrete jurídicamente a través del acuerdo que, según todos los indicios, firmarán el Papa y Calderón durante su encuentro privado en la mansión del Conde Rul, en la ciudad de Guanajuato.

–¿Ese es el motivo principal del viaje papal a México?

–Por encima de todo, para el Papa es prioritario lograr ese acuerdo. Es un punto clave. Benedicto XVI lleva siete años en el trono pontificio y hasta ahora viene a México. Esto obedece a que este año se cumplen 20 de haberse reanudado las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede, medida cuyos principales artífices fueron el presidente Carlos Salinas de Gortari, el Papa Juan Pablo II y el entonces nuncio apostólico Jerónimo Prigione.

“Las circunstancias políticas e históricas son propicias para dar otro paso y firmar ese acuerdo en el vigésimo aniversario del restablecimiento de relaciones. Hoy les toca dar ese paso a Ratzinger y a Calderón en su calidad de jefes de Estado.”

–Sin embargo, esas demandas que viene pidiendo la Iglesia no han prosperado en el Poder Legislativo, al que le corresponde hacer los cambios constitucionales que concreten las reformas.

–Es cierto. Incluso el presidente Vicente Fox prometió hacer esos cambios mediante su famoso decálogo de campaña, pero fue una mera promesa del Ejecutivo que se topó con el bloqueo del Congreso. Para la Santa Sede, sin embargo, ya resulta anacrónico el esquema de recurrir directamente a reformas constitucionales para lograr sus metas. Actualmente, en sus negociaciones con los Estados recurre a la vía del acuerdo o concordato. Es un camino jurídico muy distinto que hoy intenta aplicar Benedicto XVI en México.

–¿En qué consiste?

–El primer paso es firmar el acuerdo con Calderón. Estará además en estricta consonancia con los convenios internacionales firmados por México en materia de libertad religiosa, como el Acuerdo de Costa Rica y otros de la ONU.

“El segundo paso es enviarlo al Senado, el único que tiene facultades para aprobar y ratificar los convenios internacionales del Ejecutivo. De esta manera, como lo marca el artículo 76 constitucional, la Cámara de Diputados ya no podrá intervenir por tratarse de un acuerdo firmado entre dos jefes de Estado.”

La clave está –enfatiza el experto– en lograr solamente el consenso en el Senado, “donde actualmente el PAN tiene mayoría y algunos senadores del PRI podrían sumarse a la aprobación del acuerdo”.

–¿Se intenta aprobar el acuerdo en la actual Legislatura?

–Digamos que esa es la estrategia de Calderón y del Papa. Sus cálculos parten de un escenario óptimo y sin contratiempos. Planean ejecutar los cambios con rapidez en esta misma Legislatura. Un fast track. Es la estrategia ideal. Claro, aún está por verse cómo se moverán las fuerzas políticas en el Senado.

–¿El acuerdo implica un gran cambio en la relación Iglesia-Estado?

–¡Claro! ¡Imagínese! De concretarse, será un cambio histórico de gran trascendencia para el país. Para algunos representará un gran retroceso; para otros, un avance democrático de gran magnitud, similar a las reformas del salinismo que le dieron reconocimiento jurídico a la Iglesia y reanudaron las relaciones diplomáticas con la Santa Sede.

Estado benefactor… del clero

Asesor de la embajada de México en el Vaticano cuando Enrique Olivares Santana era su titular; autor del libro Los caminos de la justicia en los documentos de Ezequiel Montes, donde aborda la ruptura de las relaciones diplomáticas entre México y los Estados pontificios en 1859; investigador huésped de la Universidad de Texas y excoordinador de la Asociación Nacional de Cónsules Honorarios de México, Velázquez Nieto menciona los puntos medulares del acuerdo:

“En primer lugar habrá un apartado económico que prevé la asignación de recursos gubernamentales a la Iglesia católica, como ya se hace en otros países, entre ellos España, Brasil, Colombia, Perú, Alemania o Austria. Pongo el ejemplo de España, donde en 2010 el gobierno le asignó al clero una partida de 6 mil millones de euros.”

–¿El gobierno paga el salario de los sacerdotes?

–Bueno, ese es el caso del gobierno peruano. Aunque en realidad operan tres sistemas para dar recursos gubernamentales al clero: el esquema tributario, el impuesto religioso y la asignación presupuestaria. Aún no se define cuál de ellos se aplicará en México.

Otro punto, dice, es permitir la instrucción religiosa en las escuelas públicas, un espinoso tema que lleva años suscitando controversia entre el clero y los sectores liberales, que ven en esta medida una flagrante violación al Estado laico, argumentando que los maestros se convertirían prácticamente en catequistas al servicio de la Iglesia.

Permitir a la Iglesia poseer y administrar medios de comunicación masiva, como empresas radiofónicas y televisivas, es otro de los puntos que incluiría el acuerdo, ya que esto ayudaría al clero a darle mayor difusión a su mensaje evangélico.

Finalmente está la creación de un vicariato castrense, que empezó a impulsar en México Juan Pablo II desde los ochenta, con la intención de nombrar a un obispo que tenga bajo su cargo a una diócesis con capellanías, sacerdotes, catedral y seminario propios, dedicados exclusivamente a la atención espiritual de los militares.

Durante varios años Hilario Chávez Joya, ya fallecido y quien era obispo de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, se encargó de la encomienda y sentó las bases para abrir el vicariato. “No será sencillo cambiar de la noche a la mañana toda una ideología liberal, toda una mentalidad impuesta al Ejército. Eso llevará tiempo… Es una tarea muy delicada, paciente y silenciosa. La vengo haciendo desde hace 11 años”, reveló Chávez Joya a este semanario en diciembre de 1996 (Proceso 1051).

Esta labor de Chávez Joya ha dado frutos: la jerarquía eclesiástica aliada con la militar ya ha abierto capellanías castrenses en las capitales de todos los estados. Las hay principalmente en el Distrito Federal, Chihuahua, Morelos, el Estado de México y Baja California (Proceso 1626).

“En el encuentro de Benedicto XVI y Calderón –justo cuando éste se vale del Ejército en su guerra contra el narcotráfico– se prevé la aprobación del obispado castrense para que culmine este proyecto religioso-militar que ya lleva alrededor de 30 años, lo mismo que los otros tres puntos del acuerdo, que también llevan años de negociaciones”, dice Velázquez Nieto.

Un viejo sueño panista

Al preguntarle al especialista si el acuerdo incluirá el derecho de los ministros de culto a ocupar cargos de elección popular, responde:

–No, ese punto no se incluirá porque el mismo Código de Derecho Canónico prohíbe a los sacerdotes acceder a ese tipo de cargos. Las leyes eclesiásticas les impiden ser diputados, senadores, alcaldes, gobernadores o presidentes de cualquier país.

–Aun así, hay jerarcas en la Iglesia mexicana que piden se les reconozca este derecho en las leyes civiles, para igualarlos con los demás ciudadanos.

–Pero el Papa, en los acuerdos que ha venido firmando con los distintos Estados, jamás ha incluido este punto. Y lo hace para no contravenir la norma interna de la Iglesia, pues caería en una contradicción jurídica. Eso sí, en sus acuerdos siempre incluye los cuatro puntos que le mencioné. Es la línea de la política internacional de la Santa Sede que ahora el Papa repetirá con Calderón.

–Pero México es distinto a los demás países; esos puntos despertarán aquí la protesta de los sectores liberales.

–Y también de la izquierda. Sin duda habrá protestas. Pero mire, el caso de Brasil es muy ilustrativo. Benedicto XVI le dijo a Lula da Silva cuando era presidente: “Quiero firmar con el gobierno brasileño un nuevo acuerdo en materia de libertad religiosa”. Y Lula le contestó: “Con mucho gusto, su santidad, sólo le pido que ese acuerdo se haga durante mi mandato, que lo firmemos usted y yo”. Y así fue: en noviembre de 2008 Lula viajó al Vaticano y firmó el acuerdo en el Palacio Pontificio.

“Nadie imaginaba que un presidente de izquierda firmaría con el Papa un acuerdo de tal magnitud. Y mire que Lula es considerado uno de los grandes líderes que ha dado la izquierda latinoamericana. Y Brasil es el país que tiene la población católica más numerosa a nivel mundial. De manera que todo puede suceder.”

–Pero en México hubo un enfrentamiento armado entre la Iglesia y el gobierno.

–Ese mismo argumento se esgrimió en 1979, cuando Juan Pablo II vino por primera vez a México bajo un régimen priista y siendo presidente López Portillo, quien se declaraba liberal. Aun así, Juan Pablo II lograría años después el reconocimiento jurídico a la Iglesia y la reanudación de las relaciones diplomáticas. Hoy la Iglesia no se conforma con ese avance, trabaja para conseguir los cambios que mencionamos, ensayando nuevas estrategias para lograrlo.

En efecto, desde hace años los distintos presidentes de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) mencionan que su prioridad es lograr esas conquistas.

Monseñor Luis Morales Reyes, en agosto de 1997, poco antes de asumir la presidencia de la CEM, ya venía señalando que su objetivo era propiciar las reformas porque en la Constitución hay “candados” que “violan nuestros derechos”.

Y adelantaba que emprendería negociaciones con varias instancias para conseguir su objetivo: “Dialogaremos con todas las instancias. Obviamente que para nosotros la más importante es el presidente de la República. Está también la Secretaría de Gobernación. Pero no nos quedaremos sólo a nivel gubernamental. Nuestros diálogos serán en distintas direcciones: con los líderes de los partidos políticos y de opinión, con los juristas y constitucionalistas, con la sociedad civil” (Proceso 1083).

Tres años después, en 2000, el panista Vicente Fox, siendo candidato a la Presidencia, elaboró su famoso “decálogo de campaña”, en el que se comprometía a realizar las reformas que pedía la Iglesia. No lo logró y decepcionó a la jerarquía católica.

Seis años después, en diciembre de 2006, el entonces recién nombrado presidente del episcopado mexicano, Carlos Aguiar Retes, comentó a este semanario que cambiaría la estrategia para conseguir la “verdadera libertad religiosa”. Adelantaba que ya no le daría tanta prioridad a las negociaciones con la Presidencia de la República, pues “hablamos de un asunto de leyes, y las leyes dependen del Legislativo. Por eso son más importantes las relaciones con el Congreso que con el Ejecutivo” (Proceso 1574).

A partir de entonces el episcopado emprendió negociaciones principalmente en el Senado, donde uno de sus operadores fue el senador panista Federico Döring. Éste señaló que tenía encuentros con Aguiar Retes y con el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, pues, dijo, “mi compromiso es empujar el tema” y sacarlo incluso de “la esfera religiosa para ponerlo en una esfera social” (Proceso 1602).

Mientras tanto, el Colegio de Abogados Católicos elaboraba un proyecto de reformas constitucionales para darle forma jurídica a las demandas del clero. El proyecto ya incluía una partida gubernamental destinada a financiar a las iglesias.

Armando Martínez, presidente de ese colegio, señalaba que “junto con Cuba, México es uno de los países más restrictivos en materia de libertad religiosa”. Y reveló que Benedicto XVI, en pláticas con los obispos, se mostraba “muy preocupado” por la situación mexicana y cubana (Proceso 1602). Ahora el Papa viajará precisamente a México y Cuba. Del 23 al 26 de marzo estará en Guanajuato y del 26 al 28 en la isla.

En México, por lo pronto, la Cámara de Diputados aprobó en diciembre pasado una reforma al artículo 24 constitucional que permite los actos de culto afuera de los templos, ya sin el permiso de la Secretaría de Gobernación. El Senado discutirá en febrero la reforma. Los sectores católicos esperan que sea aprobada como un gesto de buena voluntad hacia el pontífice, como un regalo previo a su visita.

Sin embargo, durante una reunión que sostuvo precisamente en la ciudad de Guanajuato el 23 y el 24 de enero, la bancada del PRI en el Senado advirtió que no se dejará presionar por la visita papal. “Los tiempos del Congreso no son los tiempos de las iglesias ni de sus representantes”, aclaró Manlio Fabio Beltrones, líder de la bancada.

En esa reunión los senadores priistas acordaron rechazar la educación religiosa en las escuelas públicas, la concesión de medios electrónicos al clero, la apertura de más capellanías militares y la celebración de actos públicos de culto sin el aval de Gobernación.

Con esto el PRI empezó a mostrar su oposición a las demandas que impulsará Benedicto XVI. Está por verse cuál será el consenso final en el Senado.

Velázquez Nieto recalca: “El Senado es clave para que prospere el acuerdo que muy probablemente firmarán Calderón y el Papa. Es la única instancia que puede estropear la bien calculada estrategia de la Santa Sede, cuya diplomacia se maneja con pies de plomo y manos de terciopelo”.