Los Zetas siguen
dueños del penal
LUCIANO CAMPOS GARZA
Revista Proceso No. 1843, 26 de febrero de 2012
Partidos políticos, la
clase empresarial de Nuevo León, activistas locales y la propia ombudsman
estatal, Minerva Margarita Martínez, reprueban al gobernador Rodrigo Medina por
su torpeza política y su falta de eficacia para enfrentar a la delincuencia en
el estado. Prueba de ello es la matanza y fuga multitudinaria de sicarios de
Los Zetas del penal de Apodaca, donde son los grupos criminales los que imponen
su ley. Medina culpa de estos hechos a la federación, y el PAN le pide que
renuncie.
MONTERREY, NL.- El
lunes 20, al día siguiente de la masacre en la que murieron 44 reos y una
treintena más se fugó, un grupo de visitadores de la Comisión de Derechos
Humanos de Nuevo León acudió el penal de Apodaca para comprobar las condiciones
de los internos.
Un funcionario del
gobierno estatal que presenció la visita asegura que los celadores advirtieron
a los visitantes que no podían ingresar a todas las áreas debido al alto grado
de peligrosidad prevaleciente, sobre todo en las que el autogobierno impuesto
por Los Zetas y por los internos del Cártel del Golfo (CDG) anula toda
autoridad, aun la del gobierno estatal.
Luego del ataque al
casino Royale el 25 de agosto último, a raíz del cual perecieron 52 personas,
la ejecución tumultuaria en Apodaca es el segundo ataque más oprobioso del
crimen organizado.
El mismo lunes 20,
pasmado aún por los acontecimientos, el gobernador Rodrigo Medina declaró a los
medios que la culpa era de las autoridades federales “por retacar los
reclusorios estatales”, si bien es cierto que su administración ha hecho muy
poco para remediar el hacinamiento y el autogobierno en ese centro
penitenciario y en el de Topo Chico.
Y aun cuando el vocero
de Seguridad del estado, Jorge Domene Zambrano, intentó limpiar la imagen del
gobierno de Nuevo León, las declaraciones de Medina detonaron las
inconformidades. La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
Minerva Margarita Martínez, aliada del gobernador, pidió a las autoridades
locales trabajar en serio para “tener el verdadero control de las
penitenciarías”.
El alcalde de García,
Jaime Rodríguez, fue más allá. Dijo que los penales son centros de consumo de
droga; incluso comentó que a Medina le ha faltado carácter para enfrentar al
presidente Felipe Calderón y solicitarle que sea el gobierno federal el que se
encargue de los reos federales.
La madrugada del
domingo 19 el guardia de la torre 6 del penal de Apodaca reportó a dos
custodios que se sentía enfermo. Cuando acudieron a auxiliarlo, fueron
sometidos por varios internos. Hasta ahora se desconoce si el celador estaba
amenazado o fue presionado por ellos.
Así empezó la trifulca
en este penal, ubicado a 20 kilómetros al norte de Monterrey. Poco después, a
las 1:13 horas, el acceso a la torre, próxima al ambulatorio Coca, fue abierto.
Por ahí salieron los 30 presos, 25 del fuero federal y cinco del común, todos
ellos pertenecientes a Los Zetas, quienes tienen el control del penal.
Uno de ellos es Óscar
Manuel Bernal Soriano, alias La Araña, operador de esa organización en la
entidad, quien purgaba una condena por su participación en la muerte del
general retirado Juan Arturo Esparza García, secretario de Seguridad Pública
del municipio de García, y de cinco escoltas el 4 de noviembre de 2009.
De acuerdo con las
versiones recabadas por el reportero entre autoridades y familiares de los
reclusos, éstos subieron al puesto de vigilancia y se deslizaron por medio de
sogas hacia el exterior, donde abordaron varios autos que los estaban esperando.
Aproximadamente a las
dos de la madrugada, armados con objetos contundentes y punzocortantes, los del
ambulatorio Coca enfrentaron a los del Delta. Según los testimonios, no hubo
una confrontación abierta; al parecer las víctimas ya habían sido seleccionadas.
Domene Zambrano
declaró que los muertos eran del CDG. Los cuerpos mutilados fueron colocados en
un rincón que servía de criadero de cabras. Una hora más tarde, cuando había
concluido la matanza, alguien dio la voz de alerta. Los primeros en llegar
fueron los agentes de la Fuerza Civil del estado y los de la Policía Federal.
Para las nueve de la
mañana del domingo 19, familiares de los internos acudieron al penal a pedir
información acerca del amotinamiento; algunos lanzaron piedras contra los
uniformados, sobre todo contra los de la Fuerza Civil, que custodiaban el
enrejado de la entrada.
En medio del caos, el
gobierno de Nuevo León instaló una mesa única de orientación a los familiares
en el Servicio Médico Forense, ubicado en el Hospital Universitario de
Monterrey, donde fueron trasladados los cuerpos.
Al día siguiente,
Medina organizó una conferencia de prensa en la que se dedicó más a exaltar los
logros de su gobierno. Dijo que de 2009 a la fecha en la entidad se ha
consignado a 8 mil 500 delincuentes, la mayoría por delitos federales, y culpó
a la federación de los males que le ocurren a Nuevo León, en particular por el
sobrecupo de internos federales que, expuso, fue lo que causó el homicidio
masivo.
Medina afirmó que la
evasión fue producto de una traición del personal interno, pues su
administración había comprobado que Los Zetas controlaban el penal tras haber
comprado con cuotas a directivos y a los custodios.
Incluso cesó a Ernesto
García Guerrero, comisario de la Agencia de Planeación Penitenciaria; mientras
que Gerónimo Miguel Andrés Martínez, director del penal, así como el
subdirector, Juan Hernández Hernández, y el jefe de Seguridad, Óscar Deveze
Laureano, permanecerán arraigados en tanto se investiga su presunta
participación en los hechos. El mandatario anunció que 26 de los 70 custodios
también serán interrogados.
Los reporteros le
preguntaron por qué había contratado a Andrés Martínez, toda vez que en 2009
fue destituido como titular del penal de Santa Martha Acatitla, en el Distrito
Federal, por corrupción. Medina respondió que lo hizo porque “aprobó las
pruebas de confianza”.
La tensión aumentó. El
martes 21 en el penal de Topo Chico fueron asesinados con armas blancas los
reclusos Alán Josué González Rojas, de 24 años; Jorge Eduardo González Salas,
de 32, y Dewin Vianey Rojas Martínez, una mujer de 28 años; todos ellos
relacionados con el CDG. Habían ingresado al penal el día anterior.
El martes 21 por la
noche el traslado de tres internos federales vinculados a Los Zetas –Marcos de
León Quiroga, alias El Chabelo; Mario Andrés Alcorta Ríos, El Junior, y José
Francisco Gámiz Vega, El Extraño– provocó nuevos disturbios dentro y fuera del
centro penitenciario de Apodaca. En el incidente cuatro internos fueron
lesionados; uno de bala y los demás con armas punzocortantes.
Al día siguiente el
gobernador tuvo dos actos públicos. En el del Centro Internacional de Negocios
(Cintermex) dijo a los reporteros que los sistemas de seguridad de los penales
de Topo Chico, ubicado al norte de Monterrey y con una población de 4 mil 500
internos, así como el de Cadereyta, 40 kilómetros al oriente de esta capital y
ocupado por mil 100 prisioneros, se habían reforzado.
También declaró que el
estado cuenta con mil 100 celadores y que el déficit para los tres centros de
reinserción social es de 4 mil. Consultado al respecto, un funcionario que
pidió omitir su nombre dice que sólo 20% de los trabajadores penitenciarios han
sido sometidos a exámenes de confianza.
El diputado local
priista Héctor Gutiérrez de la Garza hace sus propios cálculos y responsabiliza
al gobierno federal de la sobrepoblación penitenciaria en la entidad. Dice que
son ya 8 mil 862 los internos en los tres centros, si bien la capacidad es para
6 mil 108; de ellos, asegura, 2 mil 254 son federales.
De acuerdo con el
legislador, el estado resolvería su problema de internamiento de prisioneros
del fuero común si se construye un penal en Mina, 50 kilómetros al oriente de
la capital, que podría tener un cupo para 2 mil 300 personas.
Su correligionario
Raymundo Flores presentó recientemente un punto de acuerdo en el Congreso local
para pedir a la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) que se haga cargo
de los presos que le corresponden, o que convierta el de Apodaca en un penal
federal. Su moción fue aprobada por el pleno.
Luis Farías,
presidente del partido local Cruzada Ciudadana, se sumó a los reclamos contra
la federación y señaló que es tiempo de que se haga cargo de todas las
penitenciarías del país, porque es la única instancia con poder para solucionar
esta emergencia nacional.
El miércoles 22, el
titular de la SSP, Genaro García Luna, respondió al gobernador en una
entrevista radiofónica que el problema de las fugas masivas en los estados se
debe a la corrupción, no a la sobrepoblación, como alega el nuevoleonés.
Recordó incluso que cinco entidades –Distrito Federal, Estado de México,
Jalisco, Baja California y Sonora– concentran casi 50% de los internos
estatales y federales.
“Ahí no ha habido
ningún incidente de este tipo –expuso García Luna–. Es decir, no corresponde
que la variable donde hay fugas sea por la perspectiva de la sobrepoblación. En
todas las fugas no ha sido porque tiren una pared o entre un comando por ellos,
sino porque siempre hay alguien que los libera.”
El viernes 24 por la
tarde García Luna anunció que el general retirado Javier del Real Magallanes,
quien hasta 2010 fue comandante de la Cuarta Región Militar con sede en
Escobedo, sustituía al también general Jaime Castañeda Bravo como titular de
Seguridad Pública en Nuevo León.
Meses atrás, el 23 de
enero de 2011, el mandatario voló a Chicago para presenciar el juego de futbol
americano entre Osos y Empacadores, aun cuando la entidad estaba inmersa en una
“crisis de seguridad”. Y en estos días, mientras se define quiénes serán los
candidatos del PRI a diputados locales y federales, el PAN estatal se lanzó
contra él.
En un boletín
difundido el lunes 20, Acción Nacional calificó al gobierno de Medina de ser
institucionalmente frágil y débil:
“Ante su incapacidad,
insensibilidad y superficialidad públicamente demostrada en numerosos ejemplos,
queremos exhortarlo a que nos conteste a los ciudadanos una simple pregunta:
¿Puede o no puede con el manejo del estado? Estos son tiempos de sumar, señor
gobernador: si de verdad en algún momento le importó Nuevo León, es hora de que
conteste esta pregunta.”
El alcalde de García,
el priista Jaime Rodríguez Calderón, ha sobrevivido a dos atentados. Cuando
tenía cuatro días en el cargo Óscar Manuel Bernal Soriano, alias La Araña,
quien se fugó de Apodaca el domingo 19, ejecutó a su secretario de Seguridad y
a sus escoltas.
Consultado sobre la
matanza, dice que todo indica que Nuevo León no puede con los criminales: “La
autoridad tiene que atreverse a quitar a todos los que manejan; es lo que yo
haría si fuera gobernador. Los penales son centros de consumo de droga muy
grandes, son productores de delincuentes. Hay que rediseñar todo esto”.
–¿Hay un autogobierno
en los penales? –se le pregunta.
–Ya lo vimos. El
problema de los penales aquí es el dinero. La federación no ha dado suficientes
fondos; lo que urge es que ambas instancias –la federal y la estatal– se pongan
de acuerdo en ese tema.
Aldo Fasci Zuazua,
exsecretario de Seguridad estatal y ahora candidato a diputado federal por la
alianza PRI-PVEM, asegura que la crisis en el penal de Apodaca se originó
porque no está diseñado para alojar presos de alta peligrosidad.
Consuelo Morales
Elizondo, directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac),
considera que la crisis en los penales es resultado de la impunidad con que se
manejan los internos y los celadores. Dice que le llegan reportes de personas
que se quejan de cobros constantes ahí. “Hasta por dormir cobran adentro, pero
las autoridades no sancionan a los culpables”, dice.
Morales Elizondo
confía en que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigará los
acontecimientos del reclusorio apodaquense, tal como lo anunció el organismo, y
dice que es mejor que eso lo haga el ombudsman nacional y no el estatal, porque
tiene capacidad técnica y mayor libertad para hacerlo.
El miércoles 22, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al Estado mexicano a “adoptar
las medidas pertinentes para evitar la repetición de hechos similares”, y le
pidió “investigar y sancionar a los responsables”.
Al día siguiente, la
clase empresarial arreció sus críticas contra el gobierno de Medina en rueda de
prensa. Sus dirigentes locales señalaron que los niveles de inseguridad son
alarmantes y exigieron al mandatario atender con rigor los problemas de la
entidad.
José Mario Garza
Benavides, director de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex); Eugenio Clariond Rangel y Guillermo Dillon, presidente y director
de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra), y Víctor Zorrilla y
Miguel Treviño, presidente y director del Consejo Cívico de las Instituciones
de Nuevo León (Ccinlac), estuvieron en ese acto.
Garza Benavides
expuso: “Al gobernador Rodrigo Medina le manifestamos que debe quedar muy claro
que la prioridad es Nuevo León, no los procesos partidistas. Le exigimos
ocuparse en el trabajo que la ciudadanía le asignó, además de comprometerse de
manera que responda a la gravedad del problema que enfrentamos”.
Lo secundó Clariond
Rangel: “Hoy estamos encendiendo el foco de alerta y la última llamada al
gobierno del estado. El tema de la seguridad no se deslinda a secretarios ni se
delega a voceros. Queremos ver al gobernador liderando y resolviendo los
grandes problemas que enfrentamos, en lugar de solamente aparecer en eventos de
otra índole”.
Horas antes, en la
asamblea de accionistas, el presidente de Cemex, Lorenzo Zambrano, dijo que en
Nuevo León la seguridad es mediocre:
“Hay mucha mediocridad
en el área de seguridad en el estado y se manifiesta de esta manera; es
increíble y me lastima. En general yo diría que falta muchísimo en la capacidad
(…) Tenemos mucho por hacer todavía y mientras no haya personas claramente
capaces y responsables de las áreas de seguridad en Nuevo León no vamos a
avanzar con la rapidez que debiéramos.”
La noche del jueves 23
el gobernador convocó a una conferencia de prensa en la que dijo que ya fueron
identificados 10 de los agresores en la riña del penal de Apodaca.
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