Reacciones sobre los comentarios del Presidente FCH

Reacciones sobre los comentarios del Presidente FCH

El día de hoy e Presidente del IFE dijo que la institución que encabeza  cuenta este año con 53 nuevas atribuciones legales

Columna Jaque Mate: /Ley mordaza /Sergio Sarmiento

Reforma, 27 Feb. 12

"La ley es una telaraña que detiene a las moscas y deja pasar a los pájaros". Anacarsis

 En los países realmente democráticos nadie se preocupa de que el Presidente o el primer ministro hagan pronunciamientos políticos. El que en México hayamos tenido una tormenta porque el Presidente se refirió a una encuesta de opinión en una reunión privada nos revela el grado de perversión al que nos ha llevado la ley electoral.

El jueves 23 de febrero el presidente Felipe Calderón hizo alusión en una reunión privada con consejeros de Banamex a una supuesta encuesta que mostraba a Josefina Vázquez Mota a sólo cuatro puntos de distancia del priista Enrique Peña Nieto. Independientemente de que la cifra no corresponde a las encuestas serias que conocemos, por lo que habría que preo-cuparnos en qué encuestas se gasta el dinero la Presidencia, lo realmente inquietante ha sido ver a los priistas rasgarse las vestiduras y afirmar que el Presidente está interviniendo de manera indebida en la elección presidencial.

Pretender que el Presidente no pueda citar una encuesta en una reu-nión privada es llevar el ánimo de censura a un nivel inaceptable. No hay razón para pensar que esa alusión pudiera cambiar el rumbo de la elección. Las protestas de los priistas no revelan más que un afán de colocarse en un papel de víctimas.

El problema es que con la ley electoral no hay forma de saber si realmente las declaraciones del Presidente puedan ser consideradas una falta por parte de los consejeros del IFE y los magistrados del Tribunal Electoral. Ya en la elección del 2006 los magistrados apuntaron que el entonces presidente Vicente Fox había puesto en riesgo la elección por hacer declaraciones que no habrían sorprendido a nadie en un país democrático. Si consideramos que el Tribunal Electoral y el IFE han sancionado a un boxeador por llevar un logotipo del PRI en los calzoncillos en una pelea en Estados Unidos, y que una sala regional decidió que esto era motivo para anular una elección municipal mientras que la sala nacional decidió que eso no ameritaba la anulación de la elección estatal, no deberíamos sorprendernos si ahora alguien decide que el presidente Calderón no puede citar una encuesta en una reunión privada.

La culpa no es necesariamente de los consejeros o de los magistrados. La ley electoral mexicana está hecha para reducir al mínimo las libertades individuales, particularmente la de expresión. La censura se aplica no sólo a los ciudadanos, como lo demuestra el caso del pugilista Juan Manuel Márquez, sino también al Presidente. La solución no radica en cuestionar a consejeros o magistrados por decisiones que parecen contradictorias cuando no absurdas, sino en modificar de manera radical la ley.

Los arquitectos de la legislación han planteado siempre que era necesario sacrificar la libertad para lograr un mayor grado de equidad. Esa equidad, a mi juicio, no se ha logrado. Pero las restricciones a las libertades individuales han generado incertidumbre y una excesiva judicialización de los procesos electorales. Hoy todos los candidatos perdedores apuestan a conseguir que los tribunales declaren la nulidad de las elecciones. Son tantas las limitaciones que establece la ley que siempre hay la posibilidad de que los tribunales les den la razón. Pero aunque no lo hagan, siempre habrá alguna falta no sancionada que llevará al perdedor a declarar que su derrota ha sido ilegítima. Con esto lo único que se logra es restar certeza y legitimidad a los procesos electorales.

No tenemos más opción que sufrir el actual proceso electoral con la ley vigente. Pero es prioridad para la nación, si realmente queremos llegar a ser un país democrático, eliminar la ley mordaza que tanto daño nos ha hecho.

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Columna La historia en breve/Ciro Gómez Leyva

Milenio Diario, 2012-02-27;

El jueves protagonizó el escándalo de la encuesta que ponía a Josefina Vázquez Mota en un virtual empate técnico con Enrique Peña Nieto. El viernes se sirvió del discurso del Día de la Bandera para afirmar que entendía la “sensibilidad política de los participantes” y que, en adelante, haría lo necesario para “despejar cualquier suspicacia y evitar expresiones o acciones que puedan generar recelo o desconfianza entre los ciudadanos y los actores políticos”.

Se comprometió, asimismo, a “actuar como demócrata”. Sin embargo, dejó abierta una especie de salida de emergencia al advertir que, aunque lo hará con especial cuidado y responsabilidad, no claudicará de sus “propias ideas y convicciones”.

Ojalá no reprima sus ideas y convicciones. Creo que nadie está pidiendo un Presidente castrado, sino uno que evite reproducir los abusos de Vicente Fox en la elección de 2006. Uno que se parezca menos a Fox y más a Ernesto Zedillo.

Y eso obliga a no expresar de aquí a julio frases sobre el riesgo de que regresen los “malos gobiernos del pasado”. A demandar un rigor de 100 en las eventuales averiguaciones judiciales a funcionarios y ex funcionarios del PRI y el PRD. A no voltear a ver a Josefina. A dejar de repartir dinero a manos llenas a los pobres en actos oficiales.

A conducirse, en fin, con el pudor de un jefe de Estado en una competencia que no es la suya. Con la grandeza de quien vivió el reciente capítulo de divisiones y odios y puede hacer mucho para que no se reedite.

No es mucho pedir.

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Más reacciones sobre las declaraciones del Presidente Calderón:

El coordinador del PRI, Francisco Rojas Gutiérrez, afirmó que las declaraciones del Presidente Calderón sobre la elección presidencial son una violación a la ley.  “Ha quedado en evidencia que la fracción del PAN, rehuyó al debate y reventaron la sesión para no tener que debatir lo que no pueden defender; y no pueden defender al Presidente que acaba de violar la ley con sus declaraciones”. El diputado se pronunció en contra de que los debates relacionados con temas electorales, vayan “subiendo de tono” y que se genere un clima que afecte el desarrollo pacífico y democrático de la elección del 1 de julio.

El vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN, Carlos Alberto Pérez Cuevas, indicó que los dichos del Presidente Calderón no violan la veda electoral, ya que lo expresó en una reunión a puerta cerrada y no invitó al voto.  “Él (Presidnete) estaba en una reunión a puerta cerrada con consejeros de una institución financiera donde estaban hablando, seguramente, de temas de coyuntura, nosotros no vemos ninguna incursión del Presidente”.

El coordinador del PRD, Armando Ríos Piter aseguró que su grupo parlamentario presentará una denuncia contra Felipe Calderón ante el IFE por sus declaraciones electorales que violentan la ley.  “Hay que hacer un análisis jurídico, porque al final del día lo que lastima es que en un proceso de veda en donde no debería de estar en sesión la discusión política especialmente para sesgar en favor de un candidato, pues nada más y nada menos el titular del Ejecutivo quien viene a romper con la regla y con la ley, de tal manera que hay que levantar en el IFE la denuncia correspondiente”, destacó.

Por su parte el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI) señaló que la declaración del presidente Calderón viola la veda electoral, por lo que el IFE debería actuar en consecuencia y llamarlo al orden.  “El IFE tendría que llamar al Presidente al orden, decirle que es una clara intromisión en el proceso electoral, el presidente no tiene por qué hacer apuestas electorales”, dijo.

En entrevista, el diputado priista señaló que su partido tendrá que evaluar si responde a esta “provocación” del Poder Ejecutivo, ya que afirmó, es lo que busca el Presidente Calderón con la intención de “resucitar” a su candidata.   “Me queda claro, a partir de la declaración del presidente, que el que quiere ser candidato es él, está tan seguro de lo mal que va su candidata que tiene que ser él quien se suba al ring”, indicó.

Por su parte, la diputada Cristina Díaz Salazar (PRI)señaló que el IFE debería de actuar por oficio; sin embargo, atajó que debe existir confianza en las instituciones para que actúen con certeza, objetividad y equidad.