XXXII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública
Lugar: Salón Tesorería del Palacio Nacional, 29 de febrero de 2012.
Los Gobernadores discutieron el avance que han tenido en la certificación de los policías y demás integrantes del sistema de justicia penal. Uno de los temas que estuvo en la mesa de discusión son los resultados que han tenido las 32 entidades del país en la reducción de los delitos de alto impacto: secuestro, homicidio, extorsión, robo y trata de personas. También se analizó la forma en que los recursos federales que integran los distintas bolsas: Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP) con 7 mil 373 millones de pesos; Subsidio para Policía Acreditable (SPA) con 2 mil 484 millones de pesos; el Programa de Apoyos para Seguridad Pública (PROASP) con 3 mil millones de pesos y el Subsidio para Seguridad Pública en los Municipios (SUBSEMUN) con recurso concertado por 4 mil 453 millones de pesos.
Otro tema fue el de acuerdo sobre la seguridad en las elecciones de julio próximo.
Un punto de la orden del día fue el informe de los avances que presenta el Secretario Técnico de SETEC, Lic. Felipe Borrego.
Discurso del Presidente, fragmentos…en el tema de justicia penal /primera intervención, señaló:
“…En segundo lugar. Tenemos que acelerar el paso en la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal. Es cierto, estamos dentro del plazo fijado en la propia Constitución, de carácter transitorio para su implementación.
Pero es indispensable saber cómo vamos, y que las 32 entidades federativas y la Federación misma cumplamos con la obligación de establecer en los marcos jurídicos que tenemos, los efectos de la reforma, y hacer realidad el nuevo Sistema Penal Acusatorio, aprobado en 2008.
Con esta reforma, transitamos de un sistema inquisitorial a uno acusatorio y equitativo, de carácter presencial, con juicios orales y públicos, con procesos simplificados, y donde la víctima tendrá un rol fundamental. Es un sistema más transparente y más eficiente, que nos permitirá cumplir con nuestro deber de brindar justicia pronta y expedita a los ciudadanos.
El plazo es a junio del 2016. Hoy, por lo pronto, tenemos tres entidades federativas, de las 32 que ya han implementado totalmente este sistema, y siete se encuentran en operación parcial. No es suficiente y, por tanto, tendremos que acelerar el paso y lograr lo antes posible que la totalidad de las entidades cuenten con juicios orales.
Asimismo, hago un respetuoso llamado y exhorto al Congreso de la Unión para que analice, debata y, si lo considera, apruebe la iniciativa que presenté de reformas al Código Federal de Procedimientos Penales, de hecho, que implica la expedición de un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, así como las reformas al Código Penal Federal, que están aún pendientes en el Congreso.
Ello, nos permitirá fortalecer nuestro sistema de justicia, castigar con mayor justicia y, a la vez, con mayor contundencia a quienes participan en actividades delincuenciales.
De la misma forma, invito a los Congresos locales a que aprueben los códigos procesales correspondientes en sus estados y, en particular, las leyes de ejecución de sanciones que aún están pendientes y que debieron haber quedado aprobadas a mediados del año pasado.
Finalmente, exhorto a los Poderes locales a que se brinde una estructura administrativa a los órganos implementadores de la Reforma, y que se capacite a jueces, magistrados, Ministerios Públicos, defensores públicos, policías, facilitadores, participantes en el proceso.
No podemos detener la marcha hacia un Sistema de Justicia Penal que ofrezca eficacia y justicia expedita a los mexicanos.
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Segunda intervención del Presidente Calderón:
“Quiero agradecer muchísimo la participación de todas y de todos ustedes en esta sesión. Y, en particular, la participación del licenciado Alejandro Martí, que ha traído, una vez más, a este Consejo, la voz de los ciudadanos.
Son varios y muy relevantes los puntos que se abordaron en esta sesión….
A lo largo de esta jornada, también, se han expuesto diversos avances respecto a los compromisos asumidos en diversas sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Hemos dado seguimiento, por ejemplo, a los avances que se registran en la implementación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio. (Informe del Lic. Felipe Borrego Estrada).
Me parece muy interesante, adecuada, la propuesta de don Alejandro Martí. Por lo mismo, ¡instruyo al Secretario de Gobernación, en su calidad de Secretario del Consejo, para que se dé cuenta en todas las sesiones a futuro del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con un informe puntual del avance de la Reforma Constitucional en Materia Penal en su fase de implementación!….”
Durante su intervención Alejandro Martí dijo que su organización propuso la Ley de Geolocalización que se aprobó en el Senado en 45 días. "Lamentablemente ayer cumplió 10 meses en la Cámara de Diputados y no ha sido aprobada, 10 meses que se traducen en dos mil 252 secuestros, 61 secuestrados asesinados, sin tomar en cuenta las secuestros exprés y de migrantes; 3 mil 474 extorsiones telefónicas denunciadas".
Asimismo Martí cuestionó el por qué se quiere frenar las herramientas que permitirán que permitirán a los mexicanos vivir más seguros. "Asimismo nos preguntamos en dónde está el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, permanece en la cámara de Diputados en la Comisión de Justicia, no se entiende", subrayó.
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El Secretario Alejandro Poiré
Participó ayer en la XXXII reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, dijo que para el Gobierno Federal es prioritario el esfuerzo para apoyar a las entidades federativas durante el periodo de transición para la implementación de la Reforma en materia de Justicia Penal, misma que incluye la adecuación física de juzgados y tribunales, así como los requerimientos para fortalecer el sistema penitenciario estatal y otros requerimientos de infraestructura en seguridad.
Durante su intervención dijo que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de este año, se estableció un fondo de apoyo para infraestructura y seguridad cuyas reglas de operación permiten apoyar las inversiones de infraestructura de seguridad pública en los estados. “Este fondo se encuentra ya constituido y en operación y podría ofrecer a la entidades federativas recursos hasta por 12 mil millones de pesos, específicamente para la infraestructura penitenciaria y del Sistema de Justicia Penal, lo que permitiría a las entidades pagar solamente los intereses del financiamiento obtenido”, señaló.
Aseguró que con esos objetivos y reconociendo el reto que se presenta para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal y el fortalecimiento para el Sistema Penitenciario, el Presidente de la República, en uso de sus facultades y de manera complementaria al fondo, decidió instruir, mediante Acuerdo Presidencial, las siguientes medidas:
Primero, asesorar a las entidades federativas por medio de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública, quienes apoyarán la realización de estudios y proyectos, así como la asistencia técnica para el desarrollo de la estructura de seguridad pública y de justicia.
Segundo, fondear estudios y proyectos; a través del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), se destinarán a las entidades federativas hasta 400 millones de pesos para cubrir el pago de estudios y proyectos en materia de infraestructura, en seguridad pública y justicia.
Tercero, el FONADIN apoyará a las entidades federativas cubriendo el pago de intereses correspondientes al año de 2012 derivados del financiamiento obtenidos a través del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad-
Cuarto, las Secretarías de Gobernación; de Seguridad Pública y de Hacienda y Crédito Público, así como Banobras evaluarán de manera trimestral las acciones que se realicen y en su caso implementarán medidas adicionales para alcanzar los objetivos.
La publicación en el DOF, hoy
DOF: 1 de marzo de 2012
ACUERDO por el que se instruyen medidas para fortalecer la infraestructura de seguridad pública y justicia en las entidades federativas.
(…)
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría de Gobernación, a través de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, lo siguiente:
I. Asesorar y brindar todas las facilidades a las entidades federativas, en términos de las disposiciones aplicables, para la realización de estudios y proyectos de infraestructura de seguridad pública y justicia, así como proporcionar asistencia técnica a su alcance para el desarrollo de infraestructura en materia de justicia penal, para implementar la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, y
II. Participar en el Fondo Nacional de Infraestructura, en los términos de las disposiciones que lo rigen, para que las entidades federativas desarrollen infraestructura en materia de justicia.
(…)
I. Asesorar y brindar todas las facilidades a las entidades federativas, en términos de las disposiciones aplicables, para la realización de estudios y proyectos de infraestructura de seguridad pública y justicia, así como proporcionar asistencia técnica a su alcance para el desarrollo de infraestructura en materia de justicia penal, para implementar la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, y
II. Participar en el Fondo Nacional de Infraestructura, en los términos de las disposiciones que lo rigen, para que las entidades federativas desarrollen infraestructura en materia de justicia.
(…)
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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