El
caso del General Angeles.
Comentario en la columna Trastienda de 24 horas, nota de Abel barajas, comentario de Sergio Sarmiento y Martha anaya.
“Hay cierto, hay malestar dentro de las Fuerzas Armadas
por la detención del general Tomás Ángeles y otros oficiales de jerarquía. Pero
no es, dicen los que saben, porque los hayan detenido bajo sospecha de
colaborar con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva. De hecho, el secretario de la Defensa, general Guillermo Galván,
participó activamente en la investigación. La razón de la molestia es otra: si
incurrieron en delitos mientras estaban activos en servicio, toca a un tribunal
militar y no a un civil juzgarlos. Tratienda: www.24-horas.mx,
No me van a
encontrar nada.- Ángeles
En el amparo que el General presentó el martes, reclama
que es indebida su detenciónNota de Abel Barajas
Reforma, 24 mayo 2012.- No existe ninguna posibilidad de que la Procuraduría General de la República pueda acreditarme delito alguno, porque siempre me he conducido con honor y rectitud en la vida, afirma el General de División Tomás Ángeles Dauahare, indagado por presuntos vínculos con los Beltrán Leyva.
En el amparo 510/2012, que presentó el martes contra el arraigo, el divisionario reclama que es indebida la retención contra su persona, pues la SIEDO ha violado el principio de presunción de inocencia en su perjuicio, al motivar que reciba un trato ajeno a su condición de inocente.
"Siempre, en todos mis actos tanto familiares como profesionales, me he conducido con rectitud; por lo que niego categóricamente haber realizado conducta alguna que pueda ser considerada como delictuosa", manifiesta el General.
"No existe posibilidad alguna de que pudiera allegarse el Fiscal de la Federación de dato alguno que acredite, tan siquiera de manera indiciaria, mi responsabilidad en ilícito alguno.
"Mi conducta, de ninguna forma se adecua a la de una persona que planea, o bien, está próxima a huir, ya que tal y como consta en la indagatoria que motivó el acto (arraigo) que se reclama de inconstitucional, fui detenido en mi domicilio".
De la información disponible en la página del Consejo de la Judicatura Federal, se desprende que la demanda de garantías fue promovida por el abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana, quien aparece como nuevo defensor de Ángeles Dauahare. Sánchez fue el abogado que, después de dos arraigos, liberó en octubre de 2010 a Jorge Arturo Castañeda Uscanga, ex capitán de Puerto de Manzanillo y Mazatlán, luego de que la SIEDO no pudiera conseguir en ese momento una aprehensión en su contra.
También aparece registrado como abogado de dos familiares de Zhenli Ye Gon, a quien le aseguraron 207 millones de dólares en su casa de las Lomas, y de Willy Sousa, dueño de la empresa Industria 3, la destinataria de los 25 millones de pesos asegurados al Gobierno de Veracruz en el Aeropuerto de Toluca
El General de División dice en su demanda que en 2008 se jubiló como Subsecretario de la Defensa Nacional y que durante su carrera recibió las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clase; Especial y Extraordinaria; así como al Mérito Técnico, Servicios Distinguidos y de Legión de Honor.
"Asimismo, fungí como Director del Heroico Colegio Militar, difundiendo entre los jóvenes cadetes, un alto sentido del honor, del deber y del patriotismo", destaca.
Ángeles sostiene que, sin temor a equivocarse, el arraigo al que lo tiene sometido la SIEDO es indebido, porque a la fecha desconoce el contenido del mismo, así como las constancias que sirvieron de apoyo para emitir dicha medida de retención
"Al permanecer sometido a una prisión preventiva en el Centro de Investigaciones Federales, estoy recibiendo un trato que no corresponde a mi condición de inocente, violándose en mi perjuicio el principio de presunción de inocencia.
"Al estar recibiendo un trato que no corresponde a mi calidad de inocente (encarcelamiento preventivo derivado de la determinación por virtud de la cual se decreta en mi contra el arraigo), estoy sufriendo un atentado grave a mi dignidad como ser humano", se queja el divisionario.
El divisionario argumenta que la medida del arraigo es de utilidad cuando se aplica a sujetos que viven en la clandestinidad o cuando pertenecen a complejas estructuras delictivas que fácilmente pueden burlar los controles del movimiento migratorio.
También dice que es útil cuando la libertad de un indiciado afecta a los órganos y la obtención de medios de prueba, o cuando no puede obtenerse una orden de aprehensión, por la complejidad de la investigación o la necesidad de esperar la recepción de pruebas por cooperación internacional.
Pero apunta que su caso nada tiene que ver con ninguno de los supuestos anteriores y por ello cuestiona que la PGR haya procedido con esta medida en su contra.
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Columna JAQUE MATE: Los generales /Sergio Sarmiento
Reforma, 24 de mayo de 2012
"Castigo. Justicia que los culpables aplican a quienes son detenidos". Elbert Hubbard
Tres generales y un teniente coronel han sido arraigados por la PGR por supuestos vínculos con el narcotráfico. Uno de ellos, Tomás Ángeles, fue subsecretario de Defensa y durante algún tiempo candidato a ocupar la titularidad de la Secretaría de la Defensa.
Como es costumbre en México, estos militares han sido detenidos sin que se designe como tal su situación jurídica. Están recluidos en una cárcel que tiene otro nombre. La figura del arraigo sirve para detener a sospechosos haciendo caso omiso de los derechos que la Constitución otorga a quienes se encuentran bajo proceso judicial. La Suprema Corte hace años determinó que el arraigo era inconstitucional, pero los políticos simplemente cambiaron la Constitución para mantener la práctica.
Dice la autoridad que lleva años investigando la posible colusión de estos militares con el narco, pero entonces no se explica por qué, en vez de consignarlos con pruebas ante un juez, se les arraiga. Una vez más queda claro que en México se detiene para investigar y no se investiga para detener.
El general Ángeles ha hecho públicas algunas críticas acerca de la estrategia de lucha contra el narcotráfico. La PGR niega que ésta sea la razón por la cual se ha procedido en su contra. Ante la falta de otras pruebas, sin embargo, es difícil evitar el escepticismo. Usualmente cuando la autoridad detiene a un narcotraficante presenta las confesiones o las pruebas con bombo y platillo.
El presidente Felipe Calderón ha sentido la necesidad de declarar que no está persiguiendo al Ejército. En Barbados dijo este 21 de mayo: "Mi gobierno reconoce el esfuerzo y la patriótica tarea que han venido desempeñando las fuerzas armadas y en particular el Ejército mexicano". Pero añadió que "no tolerará actos contrarios a la ley vengan de donde vengan".
Nadie duda que debe procesarse a militares que violen la ley. Pero lo que se conoce hasta ahora del caso contra estos altos mandos dista de ser convincente. Al parecer un testigo colaborador, identificado como Jennifer, quien en realidad es un ex policía de Querétaro de nombre Roberto López Nájera, ha presentado testimonios en contra de ellos. Él ha sido también testigo clave en otros procesos contra altos funcionarios, como el del subprocurador de la SIEDO Noé Ramírez Mandujano. El testigo vive ahora en Estados Unidos bajo protección de la DEA.
La experiencia, sin embargo, nos enseña a desconfiar de los testigos protegidos, quienes tienen un incentivo muy poderoso para mentir. Sus testimonios pueden ser importantes para iniciar una investigación, pero requieren de hechos probatorios adicionales para ser confiables. Esto es particularmente cierto en los testimonios de oídas que la PGR acepta en casos de narcotráfico. Los resultados los vemos en el fracaso de las acusaciones contra Greg Sánchez o contra los políticos detenidos en el michoacanazo.
Quisiera dar el beneficio de la duda a las autoridades, creer que hay algo más en la acusación que un testimonio de oídas de un testigo con incentivos para mentir. Sin embargo, por lo menos en el caso del general Ángeles, no se ve por ningún lado que goce de una situación económica diferente a la que podríamos esperar de su rango y su carrera. Y como dice la sabiduría popular: "El dinero y el amor son dos cosas que no se pueden ocultar".
El presidente Calderón preguntaba este 22 de mayo a sus posibles sucesores: "¿Van a seguir luchando contra los criminales o no?". Absurdo sería decir que no. La gran pregunta, sin embargo, es si aquellos que están siendo detenidos son realmente responsables de los crímenes de los que se les acusa.
Yarrington
Dos fiscales de Estados Unidos han presentado demandas civiles para incautar propiedades supuestamente de Tomás Yarrington. El ex gobernador de Tamaulipas dice que no son suyas. Habrá que ver quién las defiende y con qué argumentos y pruebas de propiedad.
Twitter: @sergiosarmient4
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El general Cervantes, consternado
Martha Anaya
COLUMNA: ALHAJERO
Nos encontramos al general Enrique Cervantes Aguirre. Compartía la mesa con el ex alcalde de Monterrey, Julio Camelo y con la directora de la revista Siempre!, Beatriz Pagés.
Secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Ernesto Zedillo, el general Cervantes tuvo como secretario particular en esos seis años al general Tomás Ángeles Dauahare, quien actualmente se encuentra bajo arraigo en las instalaciones de la Siedo en el marco de una investigación por presuntos nexos con el narcotráfico.
Le preguntamos al general Cervantes si estaba preocupado por lo que acontecía con el general Ángeles, un hombre tan cercano a él. Negó con la cabeza y dijo: “No, esa no es la palabra…”. ¿Inquieto?, propuse. Tampoco. El propio ex secretario de la Sedena eligió el adjetivo preciso: “Consternado”.
No era un mero preciosismo del lenguaje por parte del militar poblano. El general bien sopesó el significado y la carga política que implicaba cada uno de los adjetivos. Pero en lo que no dudó fue en manifestar abiertamente su “afecto” por el general Ángeles Dauahare.
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¿”COCHINERO” EN EL EJÉRCITO MEXICANO?- Mientras tanto, en
distintas entidades del país una media docena de mandos del Ejército Mexicano
han solicitado la protección de la justicia federal a diversos jueces de
amparo, ante la presunción de que se les investigue en la misma averiguación previa que se abrió
al general de división Tomás Ángeles, según publicó La Jornada, y que ya tiene
también en arraigo a los generales Roberto Dawe y Ricardo Escorcia.
Otro es el caso del general brigadier José Luis Ramón
Velasco Guillén, de quien un juez negó la orden de aprehensión por
insuficiencia de pruebas. Al general Velasco, hasta febrero pasado director del
Registro Federal de Armas de Fuego, se le acusaba de acopio de armas y de
venderlas a un coleccionista.Ante tantos señalamientos en el Ejército en los últimos días, recta final del sexenio y de futuros reacomodos de poder, cabe preguntarse ¿qué está pasando realmente en el ámbito militar? Pero sobre todo, es de esperarse una explicación clara por parte del Ejército Mexicano porque la imagen que se está dando es la de un “cochinero”.
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LE RESPONDEN A CALDERÓN.- Los priistas no tardaron en
responder al presidente Felipe Calderón sus críticas a los congresistas por
aquello de que obstaculizan las reformas y de que nomás suben a la tribuna a
tomarse la foto.
Ayer, desde la tribuna de la Comisión Permanente, el
priista Humberto Benítez Treviño, presidente de la Comisión de Justicia de la
Cámara de Diputados, enlistó la serie de leyes que aún no ha promulgado el
Ejecutivo: la de testigos protegidos, la de los delitos, la ley general de
acceso a las mujeres a una vida libre, la de protección a víctimas… Lo que
falla, acusó el ex procurador general de la República, “es la falta de
eficiencia de las instituciones”.Si tanto le importaba al presidente el Código de Justicia Penal, dijo, lo hubiera enviado al Congreso en 2006, sobre todo en el primer periodo cuando tenían mayoría, y no hasta el 22 de septiembre del año pasado.
Gestiona PGJDF entrevista con general
Argumenta Procuraduría que su intención es saber qué relación había entre Acosta Chaparro y las dos personas con quien se reunió un día antes
Nota de Yáscara López
Reforma Distrito Federal (23 mayo 2012).- El Procurador del DF, Jesús Rodríguez Almeida, informó que están gestionando que el MP local declare al general Tomás Ángel Dauahare y al presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, José Antonio Ortega Sánchez, en torno al homicidio del general en retiro Arturo Acosta Chaparro.
Rodríguez Almeida explicó que dicha solicitud se hará para saber qué relación había entre la víctima y las dos personas que, un día antes del homicidio, se reunieron en el restaurante El Lago en Chapultepec.
"Haremos lo conducente, pero eso no quiere decir que tenga que ver, específicamente, con el homicidio del general", explicó Rodríguez Almeida.
"Saber su relación (por eso se les buscará) estamos haciendo las gestiones para hacer lo derivado de la coordinación que existe con la PGR."
El abogado de la Ciudad dijo que hasta el momento todavía no se localiza al homicida y que el hombre cuya fotografía dio positivo con el retrato hablado del asesino, esta en la cárcel, por lo que se descarta que sea el responsable.
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