¿Por qué Sabritas?

Y no es la primera vez que sucede.
Al menos cinco bodegas y 49 vehículos de la empresa Sabritas en Michoacán y Guanajuato fueron incendiados en distintos ataques durante la noche del viernes 26 y el sábado 27 de mayo por grupos armados. De acuerdo con información de la Procuraduría de Guanajuato, grupos de hombres armados incendiaron 12 unidades de dicha empresa en las bodegas de los municipios de Celaya y Salvatierra, además de los 37 reportados la víspera en Michoacán.

El primer ataque en Guanajuato ocurrió alrededor de las 21:30 horas del viernes en instalaciones ubicadas en Celaya, donde unos siete vehículos resultaron quemados, mientras en las primeras horas del sábado se presentó otro atentado en Salvatierra, donde al menos cinco unidades ardieron.

Sobre el segundo ataque en Salvatierra, elementos de seguridad pública local detuvieron a cuatro hombres a bordo de una camioneta en la que llevaban dos recipientes con combustible, por lo que son investigados para determinar su relación con los hechos.
Los detenidos son Jovanni Martínez y Alejandro Cadenas, originarios de Michoacán, así como Jorge Oscar González y Adolfino Téllez, de Guanajuato.
De la misma manera, instalaciones y unidades de la empresa en Lázaro Cárdenas, Apatzingán y Uruapan, en Michoacán, fueron atacados durante la noche del viernes y el sábado; 37 vehículos fueron quemados, de acuerdo con fuentes de justicia locales.
La PGR inició un acta circunstanciaday podría atraer los caso, por delincuencia organizada.
Una de las hipótesis principales que se investigan hasta el momento es que se trata de una represalia del crimen organizado por el supuesto uso de unidades vehiculares de Sabritas en operaciones encubiertas de fuerzas federales, como parte de la estrategia contra la delincuencia organizada.
Dice la Columna Templo Mayor de Reforma que
"Realmente sorprende la indiferencia con la que el gobierno federal toma un asunto tan serio y delicado como el ataque del crimen organizado contra la empresa Sabritas. Cualquiera pensaría que Bruno Ferrari, en su calidad de secretario de Economía, sería el primero en condenar el ataque y garantizar la seguridad de la planta industrial nacional. Pero no, nada de eso. Tampoco han dicho una sola palabra el presidente Felipe Calderón, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, o ya de perdida el titular de Agricultura, Francisco Mayorga. ¿A poco Francois Hollande se sentaría a comer una crepa si fuera atacada la planta de Renault? ¿Alguien se imagina a Barack Obama asando bombones mientras arden los camiones de UPS? A lo mejor en el gobierno federal consideran que los camiones de Sabritas no son víctimas inocentes: como se dedicaban al tráfico de comida chatarra, seguramente se merecían el violento fin que tuvieron…”
O lo que dice el Editorial de la Jornada
¿Sabritas, en la lucha anticrimen?/ Editorial de La Jornada, 28 de mayo de 2012
El fin de semana pasado, en Michoacán y Guanajuato, atacantes no identificados destruyeron al menos cuatro locales y 49 vehículos de la empresa Sabritas. Las agresiones han seguido una pauta similar: hombres encapuchados y armados con rifles de asalto rocían con gasolina bodegas y unidades de transporte para luego incendiarlos. Ha trascendido que efectivos gubernamentales comisionados para el combate a la delincuencia organizada en esas entidades han utilizado vehículos del corporativo para trasladarse en zonas controladas por el narcotráfico y que los ataques referidos serían la respuesta delictiva a esa práctica.
Sin omitir lo condenable que resulta el incendio intencional de bienes públicos o privados, ha de señalarse que las fuerzas policiales o militares no deben parapetarse tras el logotipo de otras entidades. Si fuera cierta la versión de que han venido utilizando los transportes de Sabritas en las regiones mencionadas, ello representaría una irresponsabilidad mayúscula, tanto de los mandos públicos como de los ejecutivos de la empresa que habrían autorizado semejante operación.
Que efectivos policiales o militares empleen vehículos o instalaciones de una empresa mercantil privada conlleva un altísimo e inaceptable peligro para la vida y la integridad física de los directivos y empleados de ésta y es, por ello, contrario a las reglas básicas que un Estado constituido ha de observar en cualquier confrontación armada.
Por añadidura, buscar cobijo en una marca comercial resta toda seriedad al desempeño de las fuerzas gubernamentales, opera contra la autoridad y hasta contra la autoestima de policías o militares y distorsiona el sentido y el propósito de la lucha contra la delincuencia, de por sí afectada en la credibilidad por los malos resultados que ha arrojado.
En tercer término, el recurso referido ha de implicar necesariamente una contraprestación a la empresa de que se trate, lo que desvirtúa sus propósitos constitutivos, enturbia su relación con las autoridades y la convierte obligadamente en parte beligerante.