–¿Son injustos los mandos militares?

El país se “cuarteliza”/
Juan Alberto Cedillo
Revista Proceso # 1858, 10 de junio de 2012
En las poblaciones fronterizas del norte del país la presencia de los militares es avasallante. Lo mismo se les ve en Tamaulipas y Nuevo León que en Coahuila y aun en el norte de Veracruz, entidades donde en los últimos meses han comenzado a proliferar los minicuarteles. Las autoridades estatales y municipales admiten que ellos las subsidiaron con parte de sus erarios; también, que pagan a los soldados por que realicen operativos de vigilancia que corresponden a la policía. Este proceso de cuartelización en el país conlleva un serio problema: intimidación de los ciudadanos, excesos, impunidad…
SALTILLO, COAH.- Apenas cruzan la frontera hacia México por el Puente Internacional Abraham Lincoln de Nuevo Laredo, los ciudadanos estadunidenses observan una trinchera de sacos de arena detrás de la cual un soldado empuña su ametralladora calibre 50. En los flancos de la autopista, los nuevos vehículos tácticos artillados SandCat y decenas de tropas que vigilan la entrada a territorio nacional refuerzan la seguridad en la zona.

En las calles aledañas policías municipales hacen sus rondines a bordo de sus patrullas. Van armados con fusiles de asalto. Sus rostros son inescrutables. El escenario se repite a lo largo de la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos y en municipios de los estados del noreste del país donde las bandas delincuenciales ponen en jaque a las autoridades. Cualquier turista despistado podría pensar que el país se halla bajo estado de sitio…
Y así como en los últimos meses estas semidesérticas tierras se han teñido de rojo a causa de la violencia creciente, ahora es el verde olivo el que inunda la región: “La Secretaría de la Defensa Nacional está construyendo cinco nuevos cuarteles para Tamaulipas, Coahuila y el norte de Veracruz”, dice a Proceso el general Noé Sandoval Alcázar, comandante de la IV Región Militar que comprende esas entidades, además de San Luis Potosí.
En tres de ellos, dice el divisionario Diplomado del Estado Mayor  (DEM), se instalarán batallones de 600 elementos cuya misión será vigilar los municipios tamaulipecos de San Fernando, Ciudad Mante y Ciudad Mier. Este último ya está terminado.
En Frontera, Coahuila, a pesar de las protestas de los pobladores se construye un megacuartel. La Sedena confía en que comience a funcionar este mismo año. Y en Zempoala, al norte de Veracruz, donde a finales de 2011 los enfrentamientos entre sicarios del Cártel del Golfo y Los Zetas causaron 37 bajas.
En lo concerniente a Nuevo León, la entidad más afectada por la violencia después de Tamaulipas, existen ya nueve minicuarteles para albergar a los soldados que patrullan la zona metropolitana de Monterrey. Y, según la Sedena, en los meses venideros se construirán ocho más en las zonas rurales.
Pero de ello y del financiamiento de las instalaciones militares no se puede hablar, dice el general Sandoval, a causa de la “veda electoral” que impuso la propia dependencia. No obstante, los lugareños comentan al reportero que la militarización de Nuevo León y Tamaulipas y esta entidad se erigen con recursos estatales.
Uno de ellos declara que ante la incompetencia de los gobernadores y alcaldes para combatir a la delincuencia, los soldados realizan labores de policías y agentes de tránsito. Parte de sus sueldos proviene de las arcas de los estados o ayuntamiento en las que está destacamentados.
Así sucede, por ejemplo en los municipios tamaulipecos de Matamoros, Nuevo Laredo, San Fernando, Tampico y Ciudad Mier, por mencionar los más importantes, en los cuales las tropas de la Octava  Zona Militar sustituyeron hace más de un año a los policías municipales.
En Monterrey, 300 militares de la Séptima Zona Militar visten hoy uniformes de la policía estatal y hacen sus rondines en los barrios dominados por la delincuencia organizada.
Jorge Domene Zambrano, vocero del Consejo de Seguridad de Nuevo León, admite que los “puntos fijos” o minicuarteles se construyeron con fondos estatales. Los gobiernos estatales de la región optaron por recurrir a los militares para revertir los niveles de violencia. Tan sólo en 2011 Nuevo León registró 2003 asesinatos relacionados con la delincuencia organizada, según estadísticas de la fiscalía local.
Para el gobernador nuevoleonés Rodrigo Medina Cruz, los minicuarteles sirven  para “ofrecer seguridad a la ciudadanía por medio de patrullaje preventivo, control vehicular en las principales avenidas, así como recepción y atención oportuna de denuncias ciudadanas” al Ejército.
El gobierno estatal entregó a principios de año nueve de ellos a la Sedena. Todos están en zonas residenciales de clase media alta: uno en la colonia Satélite del sur, en la capital regiomontana, tres en el municipio de San Pedro Garza García y uno en la transitada avenida Miguel Alemán, la cual conecta a Monterrey con el aeropuerto internacional y ha sido objeto de varios narcobloqueos en los últimos meses.
“Estas instalaciones vienen a reforzar nuestra estrategia de tener un mejor despliegue, una mejor logística, una mayor presencia, condiciones más dignas para los elementos, en este caso de la Secretaría de la Defensa,  y que debe de dar un resultado positivo en beneficio de la población”, dijo el mandatario cuando lo inauguró.
También anunció la construcción de otros 17, de los cuales ocho se ubicarán  en las zonas rurales del estado, toda vez que una veintena de municipios del norte y sur de Nuevo León se quedaron sin policías luego de las renuncias masivas por las amenazas del crimen organizado.
Quejas y apoyos
El alcalde de San Pedro Garza, Mauricio Fernández Garza, reniega porque parte de los pocos recursos que los municipios reciben de la federación se usen para financiar a los militares. La culpa la tiene el “nefasto secretario de Seguridad Genaro García Luna”, dijo en mayo pasado, pues él “tiene centralizado el presupuesto para la seguridad: lo que nos dan a los municipios son migajas”.
Destacó que alrededor de 90% de los delitos se cometen en los municipios  y la mayoría de ellos son del fuero común. “En la medida que se atiendan los delitos del fuero común, hay una corresponsabilidad con los del fuero federal, pero no al revés”, añadió Mauricio Fernández, el único alcalde que tiene grupos de inteligencia para el combate al narcotráfico.
Comentó que ha aprovechado el apoyo del Ejército para combatir la inseguridad,  ya que “sería menso si no lo hiciera”.
“Les entregamos tres instalaciones, los apoyamos con tres camionetas para que 100 solados vigilaran San Pedro”, concluyó Fernández.
En el caso de Coahuila, el gobierno de Rubén Moreira destina una inversión de 280 millones de pesos del erario para  la construcción, en el municipio de Frontera, de un nuevo cuartel, más grande que el de la VI Zona Militar con sede en Saltillo.
Las nuevas instalaciones se edifican en un predio de 60 hectáreas ubicado sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari, a un costado del aeropuerto local, y contará con más de 100 viviendas para alojar al menos un batallón.
A principios de la semana pasada Sergio Sisbeles, vocero de Seguridad de Coahuila, dijo desconocer “la fórmula que se usó para destinar recursos estatales para un cuartel de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
En Tamaulipas, municipios como Tampico pagan entre mil y 2 mil pesos al mes a cada soldado que realiza funciones de vigilancia policiaca. Los ediles de  San Fernando, Tomás Gloria, y de Ciudad Mier, Alberto González Peña, admiten que sus municipios serían ingobernables sin la presencia de los militares.
Actualmente los efectivos del Ejército no sólo realizan labores de vigilancia en Ciudad Mier y San Fernando; también sustituyen a las autoridades locales, incluso organizan brigadas para borrar las huellas de la narcoguerra en la región, remodelan las fachadas afectadas por las ráfagas de los fusiles de asalto y las explosiones de granadas, organizan brigadas médicas y de apoyo psicológico a las víctimas de la delincuencia, o bien remodelan escuelas, limpian jardines e incluso cortan gratis el pelo a los sufridos habitantes.
Para Tomás Gloria, las acciones militares ayudan a “restablecer el tejido social de San Fernando”, donde 72 migrantes fueron ejecutados por Los Zetas y se localizaron cerca de 200 cuerpos en narcofosas en agosto de 2010.
Los candidatos aprovechan la presencia de tropas de la Sedena para prometer  mayor seguridad a la población. En Nuevo León, por ejemplo, las priistas Ivonne Álvarez y Marcela Guerra, del PRI declararon que de llegar al Senado extenderán la presencia de las Fuerzas Armadas “más allá del 1 de diciembre”.
Su correligionario Felipe Enríquez, quien busca la alcaldía de Monterrey, asegura en sus promocionales televisivos y en su propaganda panorámica que “en los primeros 100 días de su gobierno construirá tres nuevos cuarteles militares”, que sumará mil 800 marinos a la policía y que designará a “un general o un almirante”  como secretario de Seguridad municipal.
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Prófugo de la injusticia
Patricia Dávila
A la media noche del 15 de mayo, el teniente de caballería Julián Chontal Isidor fue conducido a la guardia del 94 Batallón de Infantería por órdenes del general de brigada Marco Antonio Covarrubias Hernández, comandante de la Novena Zona Militar de Mazatlán, Sinaloa.
Retenido durante dos días sin que le notificaran los cargos en su contra ni le permitieran entrevistarse con su abogado, el oficial decidió fugarse y buscar un “juicio justo”.
De 55 años, y 21 de antigüedad en el ejército, el teniente Chontal asegura que su hoja de servicio está limpia y que, ya en libertad, solicitó a través del abogado Pablo Alvarado un amparo indirecto contra las acciones  del general Covarrubias Hernández, el director de la prisión militar de Mazatlán y el agente del Ministerio Público Militar adscrito a la Novena Zona, Víctor Hugo González Sánchez.
Desde su autoexilio, Chontal Isidor narra a Proceso vía telefónica los episodios que ha vivido desde el medio día del 14 de mayo. Ese domingo, dice, “con mi contingente hacía un rondín de rutina en el centro del poblado El Dorado, en Culiacán. Un civil que circulaba en un carro marca Matiz, color rojo, al parecer, se asustó al ver nuestro convoy militar y aventó una maleta de color negro. Cuando la recogimos, contenía 65 gramos de mariguana en breña, dos dosis de cristal y dos listas con nombres y cantidades. La eché dentro de mi vehículo de trabajo, una Cheyenne siglas 0906357”.
Al día siguiente, cuando estaba en el Ministerio Público de la localidad de Costa Rica, también en Culiacán, llegó el coronel Salvador Núñez Flores, comandante del 94 Batallón de Infantería. “Me presenté con él y le informé que estaba poniendo a disposición un carro robado de la marca Toyota color blanco de la línea RAV 4, tipo vagoneta. Me indicó que continuara con la puesta a disposición y que posteriormente platicaría conmigo. Al terminar me presenté nuevamente con él. Me dijo que lo siguiera”, relata.
El teniente subió a su vehículo militar, conducido por el cabo de caballería Wendy Felipe Martínez Chan, y avanzó seguido de las dos unidades que los acompañaban. Iba detrás del automóvil del coronel Núñez Flores por la carretera de Costa Rica hacia la autopista para la ciudad de Culiacán. Al llegar a la carretera, el vehículo de Núñez se detuvo, y el oficial le ordenó a Chontal Isidor que lo llevara a su base.
“Lo conduje al lugar. Cuando arribamos a la base, el coronel de infantería me pidió que formara a mi gente. Los llamé. Cuando estábamos concentrados fue conmigo y le ordenó al teniente de infantería Israel Cuevas Saavedra que me quitara mis teléfonos celulares. Luego pidió mi cartera, me preguntó cuánto traía, le dije que 800 pesos, un billete de Costa Rica y un dólar, de recuerdo. No me la regresó”.
Al mismo procedimiento sometió a los 26 militares presentes. Luego revisó las casas de campaña donde dormían y sus maletas; después, los vehículos bajo el mando del teniente Chontal.
“El teniente Cuevas Saavedra le informó al coronel de infantería que en el asiento del conductor de mi unidad localizó una maleta chica color negro que contenía 65 gramos de mariguana y dos dosis de cristal –prosigue el oficial–. El conductor Wendy Martínez le dijo que un día antes perseguimos a un muchacho que conducía un vehículo Matiz, pero que al percatarse de nuestra presencia tiró la maleta y se retiró en el vehículo. Confirmé la versión pero el coronel no mostró interés ni preguntó nada”.
Al terminar, el coronel Núñez reunió de nuevo a la gente. Les dijo que estaba investigando acerca de una queja. Fue todo.
“Cuando terminó la revisión, Salvador Núñez abandonó el campamento. Pero como a los 15 minutos regresó el teniente de infantería Israel Cuevas Saavedra y me dijo que por órdenes del coronel me incorpore a las instalaciones de la Novena Zona Militar. Reuní a mi gente, les pedí que quitaran las casas de campaña y subieran todo a los vehículos”.
El coronel los esperaba en la carretera que va de El Dorado a Culiacán, donde le pidió a Chontal Isidor que se presentara en las instalaciones de la zona militar. Eran entre las 9 y las 10 de la noche. En la entrada los esperaban ya el coronel Núñez y el comandante del sexto regimiento de caballería, coronel Marco Antonio Carrera Sánchez. Estaban platicando.
“Después –narra Chontal Isidor–, los dos entraron a la oficina de mi general de brigada (DEM) Marco Antonio Covarrubias Hernández. Para entonces era la media noche. Al salir de la comandancia, Núñez Flores le ordenó a Carrera Sánchez que trasladara a mi personal a la 20 Compañía de Infantería no encuadrada. Una vez ahí nos ordenó que entregáramos las armas. Accedimos”.
Después, Núñez Flores ordenó al mayor de caballería José Guadalupe Santos que condujera a Chontal Isidor a la guardia en prevención del 94 Batallón de Infantería, ubicada en la Novena Zona Militar. Posteriormente ordenó que a él y al conductor los pusieran a disposición del mayor de justicia militar, el ministerio público militar Víctor Hugo González Sánchez. Ya eran las 12 de la noche.
Desde entonces lo mantuvieron incomunicado. “No me permitieron hablar con mis abogados, tampoco me notificaron de mi detención, ilegal y apartada de todos los procedimientos que la ley prevé”, señala en su petición de demanda de amparo y protección de la justicia, que le concedió el 16 de mayo el segundo juez de Distrito en Sinaloa.
“El responsable de la guardia era un sargento primero. Nos asignó lugar. A las 3 de la mañana del día16 llegó un doctor del 94 Batallón para pasarme revista médica. Me levanté, me quité la playera; me preguntó su había lesiones, le dije que no y me hizo el certificado”.
A los 20 minutos llegó el mayor de justicia militar y lo levantó. Se veía “molesto” y le dijo al teniente Chontal que estaba detenido bajo su custodia. Después se fue.
A la una de la tarde llegó un sargento bajo el mando del mayor de justicia y le presentó a Chontal un acta para que la firmara. En ella decía que el teniente Núñez Flores lo estaba poniendo a disposición con la maleta, la mariguana, el cristal y las listas. Chontal le dijo que firmaría hasta que estuviera presente su abogado, y así pasó en la guardia el resto del día 16.
Al siguiente, a las 11: 15, recibió la visita de un químico de Registros Periciales de Sinaloa: “Fue a realizarme la prueba de orina. Le pregunté que si era para ver si daba positivo a alguna droga, le dije que yo nunca había consumido alguna droga, ni cigarro, ni alcohol, pero que estaba preocupado porque el día 9 encontré un laboratorio químico en donde se procesa la droga conocida como cristal. Le consulté si no había posibilidades de salir positivo, porque ahí estuve dos días ahí hasta que una empresa fue a recoger todo. Me dijo que sí había riesgos. A pesar de eso, los resultados del examen dieron negativo en todo tipo de droga”.
Minutos más tarde volvió el mayor y le reclamó a Chontal por no firmar su acta: “Me dijo que no me tenían detenido, sino en calidad de ‘retenido’ y que no estaba incomunicado. Pero era al contrario. Ordenó que si llegaba mi licenciado no me pasaran ningún documento y menos permitieran que yo hablara con él. Después me enteré de que iban por mí para llevarme a la prisión militar de Mazatlán. Con la desesperación, con ganas de defenderme de esa injusticia, en ese instante me evadí del cuartel para buscar asesoramiento y un juicio justo. Me brinqué la barda de la Novena Zona, donde se encuentra el Batallón 94. No me dejaron otra opción”.
Antes, como a las 9 de la mañana, el mayor de justicia sacó al teniente Chontal y al conductor Wendy Martínez del lugar de resguardo y los llevó a casetas telefónicas, en donde les tomó fotos mientras hablaban. “Era su prueba de que no estábamos incomunicados”, afirma Chontal.
La entrega
-Cuando se le pregunta si se arrepiente de su evasión, el oficial insiste:
No, porque ya estoy viendo mi caso. Si me van a procesar, que sea dentro de la ley. Al conductor Martínez se lo llevaron a la prisión militar.
–¿Son injustos los mandos militares?
–La verdad, sí. A veces hay muchas injusticias. Si fuera mía la droga lo aceptaba, pero no es así. Mi delito será por evasión de detención, aunque en ningún momento recibí un oficio que señalara que yo estaba en calidad de detenido. El otro delito podría ser por posesión. Son dos delitos, sólo que uno llevó al otro. Estoy prófugo, aunque el amparo me lo concedieron el día 16. Hasta que se aclare mi situación me presentaré a rendir mi declaración y a responder por los delitos que he cometido, no por todo lo que me están imputando.
“Quiero un juicio justo. Nuestros mandos recitan que debemos de actuar dentro de la legalidad con la población civil; yo pido que actúen legalmente  conmigo. No he sido un mal elemento, he tratado de cumplir siempre con mi trabajo y la prueba está en mi hoja de servicio. Desde 2008, cada año he participado en la estrategia Operaciones de Alto Impacto Mazatlán-Culiacán- Navolato. Son cuatro años y nunca había tenido problemas”.
El año pasado Chontal recibió del secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, un reloj Maxell que lleva en su muñeca como reconocimiento porque en la sierra Las Cañadas, en Culiacán, aseguró un laboratorio con una tonelada y 53 kilos de cristal. Recibió un reconocimiento por escrito y un incentivo de 13 mil 600 pesos.
–¿Qué otros operativos ha encabezado?
–Hace dos años, en Chimaltitlán, Guerrero, la detención de 12 personas con nueve vehículos, 15 armas largas y cuatro granadas, además de aseguramientos de menor escala.
–¿El abogado ha estado negociando mientras usted está prófugo?
–Sí, para que se me lleve un juicio justo. Si no hubiera escapado, habría quedado el delito de posesión con fines de venta y robo de droga. No los cometí. Soy responsable de evadirme del cuartel, pero no me dejaron otra opción. Salí a defenderme. No quiero tirar a la basura los 21 años de servicio. Es verdad lo que digo, de testigo tengo a mi contingente de 26 elementos.
Al cierre de esta edición, el teniente Chontal Isidor se entregó a la justicia militar. Antes, su abogado logró quitarle los delitos más graves: el de robo y el de posesión con fines de venta. Sólo enfrentará el delito de posesión simple y el de evasión.
“Se le va a internar sólo por posesión de los 65 gramos de mariguana y las dos dosis de cristal, aunque me parece ilógico que lo consignen por esta cantidad, porque el teniente es un hombre que maneja ese tipo de sustancias en grandes cantidades y debe de haber asegurado bastantes cargamentos”, confirma el abogado.