Calderón en la última sesión ordinaria del CNSP

Felipe  Calderón encabeza su última sesión ordinaria en la XXXIII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública: asisten 34 de los 38 miembros"En esta última sesión es ocasión para reflexionar sobre los objetivos que desde el gobierno federal se ha impulsado con los gobiernos estatales", aseguró el Presidente en Palacio Nacional.

A la reunión asiste el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard además de los cinco representantes de la sociedad civil; Alejandro Martí, de México SOS; Héctor Larios Santillán, de Observatorio Nacional Ciudadano; María Elena Morena, de Causa en Común; Arturo Valenzuela, del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, y Julia Monárrez, del Colegio de la Frontera Norte.

Temas a abordar
El diferendo constitucional por no haber publicado el Ejecutivo federal en tiempo y forma la Ley General de Víctimas:
Asimismo, de acuerdo con los resolutivos de la última sesión del CNSP, el 29 de septiembre de 2011, los temas que serán tratados son el avance en la consolidación de bases de datos para homicidios dolosos y personas no localizadas y los avances en la instauración de la reforma al sistema de justicia penal.

En agenda, también destacan mecanismos para combatir el secuestro, avances en el cumplimiento de las mesas de evaluación de todos los elementos de los cuerpos policiacos estatales y municipales, así como el análisis del ejercicio de los recursos que en materia de seguridad que ejercieron municipios y entidades federativas.
Tampoco se dejará de lado el tema del desarrollo de la infraestructura que requieren las entidades federativas para la seguridad penitenciaria y la correcta impartición y administración de la justicia.
Discurso del Presidente Calderón en la XXXIII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública


Muy buenos días, señoras y señores integrantes del Consejo.
Señoras y señores Gobernadores.
Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Señor Senador José González Morfín, Presidente del Senado de la República.
Doctor Raúl Plascencia, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos.
Licenciada Lorena Martínez, Presidenta de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal.
Licenciada Alejandro Martí García, Presidente y Fundador del Sistema de Observación para la Seguridad Pública, México S.O.S.
Ingeniero Héctor Larios Santillán, Presidente del Observatorio Nacional Ciudadano de la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
Doctora María Elena Morera de Galindo, Presidenta de Causa en Común, Asociación Civil.
Doctor Arturo Valenzuela Zorrilla, Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Ciudad Juárez.
Doctora Julia Monárrez Fragoso, Investigadora del Colegio Ciudadano de la Frontera Norte.
Señoras y señores Secretarios de Seguridad Pública  y Procuradores Generales de Justicia, integrantes del Consejo Nacional.
Muy apreciables académicos y representantes de la sociedad civil.
Distinguidos Legisladores que nos acompañan.
Señoras y señores representantes de los medios de comunicación.
Muy estimados Secretarios del Gobierno Federal.
Procuradora General de la República.
Señoras y señores.
El día de hoy, presido por última vez, en Sesión Ordinaria al menos, el Consejo Nacional  de Seguridad Pública, instancia central para el cumplimiento efectivo de una función primaria del Estado mexicano: garantizar el orden y la seguridad de los ciudadanos.
Hace casi dos décadas, en 1994, cuando se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se reconocía ya la necesidad de contar con una instancia de coordinación efectiva entre el Gobierno Federal y las autoridades estatales, en el cumplimiento de nuestra común obligación de combatir el fenómeno delictivo.
Por ello, esta última Sesión Ordinaria es ocasión propicia para reflexionar sobre el contexto y los objetivos de las acciones que desde el Gobierno Federal se han impulsado, en colaboración con los gobiernos estatales, así como los logros alcanzados y los retos que todavía están pendientes.
 Al iniciar el Gobierno, lo que encontré fue un creciente deterioro de las condiciones de seguridad en el país. Poblados o, incluso, ciudades enteras eran presas de la violencia.
 Qué había sucedido.
Una combinación de factores nacionales, como, también, una dinámica global nueva, formó por décadas el caldo de cultivo para la proliferación de la delincuencia. La economía globalizada abrió nuevas rutas al crimen organizado transnacional y a sus actividades ilícitas.
En el plano interno, las organizaciones criminales pasaron de un modelo de narcotráfico meramente, que requería exclusivamente del control de rutas de trasiego a Estados Unidos, a un modelo de narcomenudeo, en el que comenzaron a crear y controlar mercados de consumo local.
Para consolidar y mantener tales mercados, los grupos criminales se valieron de la cooptación o la intimidación de ciudadanos y autoridades a través de la violencia, con la cual nulificaban la acción de tales autoridades y mantenían a raya, a la vez, a grupos criminales rivales.
Esta expansión del crimen tomó por sorpresa a instituciones de seguridad y justicia obsoletas. México padecía las consecuencias de un modelo de seguridad que terminó por ser inoperante y, también, propiciatorio de la corrupción.
Ante esa crítica situación y sin instituciones de seguridad capaces de hacer frente a ese nuevo fenómeno delincuencial, era una obligación ética, política y constitucional del Ejecutivo Federal cumplir y hacer cumplir la ley en defensa de los ciudadanos. Emplear los recursos del Estado para garantizar la seguridad de las familias mexicanas era, como he dicho antes y lo sostengo ahora, un imperativo categórico para el Estado.
Por eso, se diseñó una estrategia integral en el Gobierno Federal sustentada en tres ejes de acción.
El primero. Fue enfrentar con determinación a todas las organizaciones criminales a fin de proteger a nuestras comunidades, dándole prioridad a aquellas mayormente afectadas por el fenómeno delincuencial.
El segundo. Fue reconstruir las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia, profundamente deterioradas por la intimidación o la cooptación de los criminales.
 Y el tercero. Consistió en el fortalecimiento del tejido social, de la cultura de legalidad y participación ciudadana para recuperar, con ello, los elementos básicos de toda comunidad segura.
Sobre estos ejes establecidos por el Gobierno Federal, se han concretado algunos logros fundamentales y se han construido acuerdos de relevancia nacional.
En cuanto al Primer Eje. La acción subsidiaria y temporal de las Fuerzas Armadas en el combate a las organizaciones criminales ha permitido acudir en auxilio de estados y comunidades asoladas por la inseguridad.
Hemos trabajado hombro con hombro con las autoridades locales y, a petición expresa de los gobiernos estatales, en tanto se depuran y modernizan las corporaciones policíacas estatales y municipales.
Por ello, hago hoy, un amplio reconocimiento a la invaluable labor de nuestras Fuerzas Armadas, porque su lealtad a México ha permitido la instrumentación de una ofensiva sistemática contra el crimen y, al mismo tiempo, ha permitido al país iniciar un proceso de reconstrucción institucional que será histórico en el ámbito de la seguridad pública.
Reconozco, asimismo, la labor destacada de la Policía Federal, institución que ha actuado con eficacia y gran profesionalismo en la desarticulación de las estructuras de la delincuencia en el país, así como, también, de la Procuraduría General de la República.
Es debido, también, reconocer a las corporaciones policiales locales que han luchado con entrega en su obligación de proteger a sus comunidades.
Gracias a esta labor de todos, se ha logrado la desarticulación de las estructuras logísticas y operativas de muchas de las organizaciones criminales más peligrosas.
Hasta hoy, han sido capturados o abatidos en su captura 22 de los 37 líderes criminales más peligrosos que operaban en México.
Pero no sólo eso.
Algo muy importante, es que el trabajo coordinado entre instituciones de seguridad ha permitido que, por primera vez en varios años, la incidencia de los homicidios dolosos a nivel nacional está mostrando, finalmente, un decremento, que es ya del 7 por ciento en el primer semestre de este año, respecto del primer semestre del año pasado, en todos los homicidios dolosos. Y en el caso de homicidios presuntamente atribuibles a rivalidad delincuencial, la baja de homicidios es ya cercana al 15 por ciento.

Mes con mes, también, hemos visto un decremento en homicidios con respecto al mismo mes del año pasado, nuevamente, por primera vez en varios años.

En cuanto al Segundo Eje, referente a la reconstrucción y restructuración de las instituciones de seguridad y justicia, quiero destacar que hoy, México cuenta con reformas de gran calado, como la del Sistema de Justicia Penal y la Reforma al Sistema Policial, cuya implementación ha sido objeto de revisión puntual en diversas sesiones de este Consejo, y de cuyos avances daremos cuenta.

En este punto, reitero que es imperativo acelerar el paso para dar plena viabilidad operativa al nuevo Sistema Penal Acusatorio en todos los estados.
Los avances han sido importantes, pero no suficientes. Esta es una tarea que ya no admite dilación para brindar justicia a los ciudadanos.
Ha habido, también, otras reformas, quizá no tan relevantes, como la Reforma al Sistema de Justicia Penal, pero igualmente importantes.
Pongo, por ejemplo, la reforma recién aprobada y puesta en vigor para inutilizar no sólo la línea telefónica, sino el equipo del teléfono celular mismo que se reporte como robado y que ha sido implementado a partir de días recientes.
Si consideramos que más del 80 por ciento de los delitos que se cometen en el país son robos, y que una gran parte de tales robos implica el robo de teléfonos celulares, estoy seguro que esta sola variación legislativa y operativa traerá un cambio favorable en el fenómeno delincuencial.
Hoy, México también cuenta con infraestructura y sistemas tecnológicos de última generación para la recopilación, sistematización y consulta de información estratégica aplicada a la seguridad pública.
Esta infraestructura tecnológica, prácticamente nueva en el país, está integrada por Plataforma México, y que ya permite a las instituciones de seguridad generar y explotar productos de inteligencia con alcance nacional.
Plataforma México cuenta ya con más de 500 millones de registros de diverso tipo que son útiles, precisamente, para la formación de inteligencia contra la criminalidad.
En el marco de este Consejo, hemos construido acuerdos centrales para garantizar la conectividad y alimentar este nuevo sistema con información confiable y oportuna proveniente de los tres órdenes de Gobierno.
Es indispensable que todas las autoridades que tienen la atribución y la obligación de emplear este sistema, garanticen su plena operación en beneficio de sus municipios y sus estados.
Aunado a lo anterior, se diseñó y se puso en marcha un nuevo modelo de policía, que ofrece la base para un servicio civil de carrera a nivel Federal, sustentado en procesos objetivos y criterios basados en mérito para la profesionalización de los cuerpos policiales del país.
Ya no hay duda que el camino hacia un México más seguro, es la consolidación de policías y Ministerios Públicos profesionales y confiables; y que, para ello, los estados y municipios tienen un referente en el modelo que se implementó exitosamente en la transformación de la Policía Federal.
Uno de los retos más importantes en este sentido, es cumplir con las metas establecidas en la ley en materia de control de confianza, en todas las policías del país.
Celebro que este año, 2012, se haya avanzado como nunca en esta tarea. Al mes de julio, el 100 por ciento  de los elementos adscritos a instituciones Federales habían sido evaluados con controles de confianza. Y, a nivel estatal y municipal, se cuenta con un avance global de evaluaciones de alrededor del 45 por ciento, lo que significa que todavía están pendientes de evaluar más de 239 mil elementos.
Además de concluir este proceso de control de confianza lo más pronto posible, hoy, el gran pendiente es la depuración de los cuerpos policiacos mismos; es decir, de nada sirve hacer controles de confianza, si quienes no los acrediten siguen en las filas de las corporaciones policiales, lo que conlleva el alto riesgo de que estén sirviendo o se sumen a la delincuencia, dentro de las propias instituciones públicas.
En cuanto al Tercer Eje, el fortalecimiento del tejido social, hemos dado un fuerte impulso a la apertura de más y mejores oportunidades de educación y empleo, además de la implementación de acciones en materia de prevención y tratamiento de adicciones para nuestros jóvenes.
Se ha hecho a través de programas Federales y estatales, de becas educativas, del Programa Escuela Segura, del Programa de Rescate de Espacios Públicos o del Programa Nueva Vida, a través de la creación de Centros de Prevención y Tratamiento de Adicciones.
En esta instancia de coordinación, también hemos avanzado en la evaluación de estrategias de prevención de los delitos que más agravian a la población en el ámbito local. Sabemos que fortalecer la vertiente preventiva, es una premisa fundamental para ganar la lucha por la seguridad.
Quiero reconocer aquí, ampliamente, la valiosa labor que han realizado los representantes de organizaciones civiles, quienes desempeñan una tarea de vigilancia social central para concretar los avances de los que hoy damos cuenta.
Celebro que hoy mismo contemos con la presencia de cinco de estas organizaciones ciudadanas, quienes ocupan un lugar en este Consejo Nacional a partir de ahora.
Espero que en el futuro se adopte un método que permita la asistencia permanente de ciudadanos al Consejo, tal y como lo ha demandado la sociedad civil.
Finalmente, quiero enfatizar que todos los esfuerzos realizados en la lucha por un México más seguro, tienen como razón de ser a quienes son víctimas del delito. Hemos actuado siempre con un sentido de urgencia, para impedir que más ciudadanos sean víctimas de la delincuencia.
Y sabemos que toda política gubernamental debe estar sujeta a una revisión permanente. Por eso, sustentado en profundas convicciones democráticas, mi Gobierno ha estado abierto siempre al diálogo.
Personalmente, me he reunido con rectores de universidades, con académicos, con representantes de los medios de comunicación, con empresarios, con líderes sociales, con representantes de la sociedad civil, con víctimas de la violencia o con familiares de las mismas.
Lo he hecho con la clara convicción de que será sólo con la concurrencia de todos, como podremos avanzar en la construcción de un país de plena legalidad y de seguridad.
Señoras y señores:
Hemos impulsado, en estos años, la instauración de una auténtica política de Estado en materia de seguridad, sustentada en nuevas capacidades institucionales a nivel nacional, y en un estrecho vínculo con la sociedad.
Las acciones implementadas en estos años, han tenido diversos efectos que son de relevancia para la Nación:
Uno de ellos, el Primero. Es que, por muchos años, mientras el crimen se fortalecía, las instituciones del Estado se debilitaban.
Hoy, las tendencias se han invertido. El Estado mexicano se fortalece en sus capacidades, mientras que las organizaciones criminales se debilitan, debido, desde luego, a la ofensiva ininterrumpida por parte de las fuerzas del orden y a la participación cada vez más activa de los ciudadanos y gobiernos en la prevención y en la denuncia de los delitos.
Segundo. Como ya he dicho, en los últimos meses, y por primera vez en varios años, se está registrando una tendencia de reducción de homicidios dolosos a nivel nacional, que constituye uno de los indicadores más importantes de la violencia, que preocupa a los mexicanos.
Estoy cierto que esta tendencia se hará cada vez visible en el mediano y en el largo plazo.
Tercero. Es que México, hoy, cuenta con los elementos necesarios para sustituir en definitiva un modelo reactivo por un modelo preventivo, sustentado en la generación de inteligencia operativa aplicada no sólo a la persecución eficaz de los delitos, sino, centralmente, a su prevención oportuna.
El nuevo modelo de policía le ha abierto al país por primera vez la posibilidad de construir una verdadera opción civil de seguridad pública. Esto permitirá en un futuro a las Fuerzas Armadas concentrarse en las funciones de Seguridad Nacional que le son inherentes, y actuar de manera subsidiaria y supletoria, como es, precisamente, el modelo de seguridad que México debe tener.
Y deberá ser la base, también, este modelo de opción civil de seguridad pública, para las transformaciones institucionales que urgen a nivel local.
El Cuarto efecto. Es que gracias a los esfuerzos realizados a nivel nacional en materia de seguridad, México ha podido ejercer un liderazgo en el plano internacional y ha logrado que otros países reconozcan y asuman su responsabilidad, y fortalezcan sus políticas en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales.
Y Quinto. Que por primera vez, la Nación cuenta con una política de seguridad que tiene como centro a los ciudadanos. Hemos iniciado una política en materia de seguridad y justicia penal, en la que el énfasis está en impedir que más ciudadanos sean víctimas de la delincuencia, y en la que no debe tener cabida la doble victimización.
Hoy, el reto es que estos efectos positivos se consoliden, más allá de gobiernos, más allá de coyunturas y más allá de partidos.
Hago votos, porque desde este Consejo Nacional se continúe el proceso que nuestra generación inició en la búsqueda de un México de leyes, de orden y de seguridad para todos.
Ésta es, tal vez, la labor más trascendente a la que todos estamos llamados: autoridades y ciudadanos, y de la cual depende, en buena medida, el futuro de la Nación.
Estoy seguro de que en esta Sesión surgirán  nuevos acuerdos para  el fortalecimiento de nuestras instituciones de seguridad y, con ello, para el fortalecimiento de nuestra casa común, que es México.
Muchas gracias por su atención.