Guerrero Tierra de muerte....

Tierra de muerte y de “gobiernos paralelos”/Ezequiel Flores Contreras

Revista Proceso # 1872, 16 de septiembre de 2012:

Secuestran, levantan, amedrentan, chantajean y asesinan, y Guerrero está a su merced. Se trata de grupos caciquiles y del crimen organizado que imponen su ley en los municipios de la entidad; a tal grado que ponen alcaldes si así les place o presionan a los ediles en funciones para que nombren a sus personeros en los puestos clave, sobre todo los que tienen que ver con seguridad pública.

CHILPANCINGO, GRO.- Los testimonios de un dirigente partidista, un alcalde electo y otro en funciones son inequívocos: los asesinatos, secuestros, presiones y chantajes en esta entidad corren a cargo de los grupos caciquiles y delincuenciales afincados en las regiones que abarcan los principales corredores de tráfico de drogas.
Irineo Loya Flores, el perredista que ganó la alcaldía de Cuajinicuilapa arropado por el PAN en los comicios recientes, solicitó la protección del gobierno federal porque, dijo, fue amenazado de muerte a finales de agosto, justo en la víspera del asesinato del regidor perredista Concepción Villarreal Mendoza en San Nicolás, zona afromestiza ubicada en la región de la Costa Chica, en los límites con Oaxaca.

Loya Flores responsabiliza de las amenazas al perredista Óscar Alejandro Marín Mendoza, compadre del gobernador Ángel Aguirre Rivero. Él, dice, está resentido porque perdió la elección local, de ahí que insista en que se le investigue a fondo para saber si tuvo injerencia en el homicidio de Villarreal. Poco antes de morir, asegura Loya, Villarreal identificó a uno de sus ejecutores: Valentín Nieto Pantaleón, hermano de Bonfilia Nieto, registrada como candidata a síndica en la planilla de Marín Mendoza.

A su vez, el alcalde perredista de Juan R. Escudero, Porfirio Leyva Muñoz, quien salió ileso de un ataque el pasado 15 de agosto, afirma que el narco mostró sus simpatías por el PAN en los recientes comicios e incluso presionó a magistrados del Tribunal Electoral Estatal (TEE) para modificar la resolución de la impugnación presentada por el PRD.

La situación que se vive en este municipio es un reflejo del grave nivel de injerencia de los grupos criminales y el fracaso de las estrategias de seguridad en el estado, comenta.

El presidente estatal del PRI, Cuauhtémoc Salgado Romero, considera que la omisión de las autoridades estatales y federales frente a la ola de violencia alienta la creación de “gobiernos paralelos” en la mayoría de los 81 municipios guerrerenses. Dice que de poco ha servido el operativo Guerrero Seguro implementado desde octubre de 2011, por lo que pide a las instancias locales y federales cambiar su estrategia.

“No podemos decir que Guerrero es seguro cuando persisten las ejecuciones y secuestros en las siete regiones de la entidad”, reprochó Salgado Romero el 6 de agosto en una conferencia de prensa en la sede estatal de su partido en esta capital, donde confirmó el plagio de Nadín Torralba Mejía, alcalde con licencia de Tecpan de Galeana.

Los plagiarios, dijo, en principio pidieron un rescate de 50 millones de pesos; luego bajaron su demanda a 6 millones. Pero hasta la fecha se desconoce el paradero del edil priista y excandidato a diputado local por la región de la Costa Grande.

Hidalgo Albarrán Esban, electo como síndico en el municipio de Tlapehuala durante los comicios pasados, fue secuestrado a principios de septiembre en la región de la Tierra Caliente, donde la ausencia de autoridad es evidente.

Durante las campañas electorales Salgado Romero denunció que algunos candidatos fueron presionados por el narco, por lo que insistió en reformular la estrategia para evitar que las bandas delincuenciales se involucren en los nuevos gobiernos municipales. Dijo que a pesar de los hechos violentos y los testimonios de los ciudadanos, las autoridades “no han puesto retenes”.

Los grupos criminales, afirma en entrevista, presionan a los alcaldes electos de varias regiones para que les cedan áreas estratégicas de las administraciones locales, sobre todo las direcciones de Seguridad Pública.

Hasta ahora son cuatro los políticos secuestrados: Rafael Ariza Bibiano, exalcalde perredista de Coyuca de Benítez, quien desapareció el 31 de mayo último, y los priistas Nadín Torralba, Hidalgo Albarrán y Alberto de los Santos Carmona, dirigente este último de la Unión de Copreros de Coyuca de Benítez, plagiado el 28 de agosto pasado.

Sicarios en Tierra Colorada

La tarde del 15 de agosto un centenar de sicarios irrumpió en Tierra Colorada, cabecera municipal de Juan R. Escudero, en la región centro del estado sobre la carretera federal México-Acapulco.

El alcalde Porfirio Leyva Muñoz asegura que los pistoleros montaron incluso un retén frente a la casa de la alcaldesa electa del PAN, Elizabeth Gutiérrez Paz, donde se realizaba una fiesta. Ahí, dice, permanecieron poco más de una hora.

El funcionario asegura que envió a un grupo de policías municipales al domicilio de la alcaldesa, pero al llegar al lugar fueron sometidos y desarmados por los sicarios, quienes los despojaron de siete rifles AR-15 y cinco escuadras .9 milímetros, y luego se marcharon.

También detuvieron a su chofer, dice Leyva, y tras golpearlo le ordenaron que los llevara a la casa del presidente municipal. La residencia fue rodeada por una veintena de pistoleros que dispararon ráfagas al aire y durante su retirada lanzaron amenazas de muerte contra el funcionario: “¡Porfirio, hijo de tu puta madre, te va a cargar la chingada!”.

Leyva cuenta que decidió atrincherarse en su casa junto con su familia, “esperando lo peor”. Pero el grupo armado se retiró del lugar. Enseguida, dice, llamó a las autoridades estatales y militares. Soldados y policías estatales y federales llegaron en su auxilio tres horas después. Al no ver a los sicarios, dice, tuvieron que marcharse.

“Es penoso, pero a pesar de que ya denuncié el hecho al secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, no he tenido ninguna respuesta. La dirigencia estatal de mi partido (PRD) tampoco ha emitido una declaración de solidaridad. Estamos a la voluntad de Dios”, comenta.

Leyva rechaza tener nexos con el narco y considera que el hostigamiento del grupo criminal se debe a la impugnación que interpuso su partido ante el TEE contra Elizabeth Gutiérrez, conocida como La Potranca por su afición a los caballos. Ella fue comisaria perredista en el poblado de Garrapatas, pero abandonó su militancia para competir por la alcaldía bajo las siglas del PAN y la ganó… con el supuesto apoyo de narcotraficantes.

El alcalde perredista afirma que el narco influyó en la elección local en este pequeño municipio conformado por 22 comunidades rurales y habitado por cerca de 28 mil personas dedicadas en su mayoría al campo y el comercio.

“El municipio no lo perdimos, nos lo arrebataron”, indica Leyva, quien asegura que durante la jornada electoral fue evidente la participación de grupos armados que obligaron a los ciudadanos a votar por el PAN.

El 16 de agosto, un día después de la irrupción de los sicarios, un grupo fue a la casa del magistrado del TEE Fernando Xochihua San Martín, vinculado al PRD, y se lo llevaron. Apareció horas después.

Xochihua encabeza la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal. A él le correspondió analizar el recurso de impugnación interpuesto por los perredistas contra el resultado electoral de Juan R. Escudero.

Dos días después, Xochihua ratificó el triunfo de la candidata panista, al declarar “infundados e inoperantes” los agravios que presentó la coalición Guerrero nos Une, formada por el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano.

“Me queda claro que la transición democrática en la entidad obedece a la compra de conciencias y las presiones de los grupos delincuenciales; sin embargo, no voy a salir del municipio”, dice Leyva al corresponsal.

Asesinatos al alza

Irineo Loya Flores sostiene que la ejecución de Concepción Villarreal Mendoza “fue una muerte anunciada”. Una de las probables causas, dice, es que en los comicios recientes Óscar Alejandro Marín Mendoza, candidato del PRD a la alcaldía, perdió frente a él por 91 votos. Desde entonces comenzaron las amenazas contra él y Villarreal, quien durante el proceso denunció sus tropelías, dice.

Loya, perredista, es diputado local con licencia y decidió buscar la candidatura por el PAN luego de que Marín Mendoza –un cacique local, exalcalde de Cuajinicuilapa y compadre del gobernador Aguirre Rivero– fue designado candidato a la presidencia municipal por el PRD, lo que provocó una fractura en este partido, asevera.

Incluso refiere que el regidor sacrificado fue uno de los más duros críticos de la candidatura de Marín Mendoza durante la campaña electoral.

“La gente ya lo decía: primero van a matar a Concho Villarreal y luego a Irineo Loya”, expresa el entrevistado.

Sobre el caso de Villarreal, Mauro García Medina, uno de los fundadores del PRD en el estado, habló de un video en el que Villarreal denuncia las amenazas de muerte recibidas y menciona algunos nombres, entre ellos los de personas cercanas al entorno de Marín, lo que coincide con la versión de la procuraduría estatal.

Ante la situación de violencia que impera en la entidad, el gobernador Ángel Aguirre Rivero se ha limitado a declarar que a casi un año de implementado –el 7 de octubre de 2011–, el operativo Guerrero Seguro “ha dado buenos resultados”; junto al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, quien acudió el martes 11 al puerto de Acapulco para evaluar el programa policiaco coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), afirmó que la incidencia delictiva “va a la baja”.

Incluso presume que “los fallecimientos por rivalidad delincuencial” se redujeron de 2.6 a 2.3% en Acapulco, pese a que en el puerto las balaceras, secuestros, extorsiones, ejecuciones y personas colgadas en puentes vehiculares continúan.

No obstante, en sus cifras sobre homicidios de este año, dadas a conocer a finales de agosto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestra que Guerrero ocupa el segundo lugar nacional en número de homicidios: 71 por cada 100 mil habitantes, sólo debajo de Chihuahua.

El reporte del Inegi advierte también sobre un recrudecimiento de los homicidios en la entidad, donde en 2011 se cometieron 2 mil 425, contra los 591 reportados en 2005, lo que representa un incremento de 310% en los últimos seis años.

El lunes 10 fueron localizados 16 cuerpos en la batea de una camioneta abandonada en la cabecera del municipio de Coyuca de Catalán, en la región de Tierra Caliente. Y aunque ninguno de ellos ha sido identificado, el gobernador Aguirre Rivero se apresuró a declarar que eran oriundos de Michoacán.

Dos días antes, ahí mismo apareció el cadáver del perredista Miguel Jaimes Palacios, coordinador regional del Comité de Planeación y Desarrollo del estado de Guerrero (Copladeg). Había sido levantado en la cabecera municipal de San Miguel Totolapan junto con su chofer Eduardo Carrillo cuando viajaban en una camioneta oficial; él también fue ejecutado.

En un boletín, la procuraduría local informó que los 16 cuerpos correspondían a ciudadanos guerrerenses. La titular de la dependencia, Martha Elba Garzón Bernal, vinculó la múltiple ejecución con el asesinato de Miguel Jaimes Palacios, exalcalde de San Miguel Totolapan.

Sin precisar el nombre de la agrupación criminal, Garzón reveló que “el jefe de la plaza de San Miguel Totolapan estaba muy molesto” con ocho presuntos secuestradores que el sábado 8 levantaron y ejecutaron a Jaimes Palacios.

“Él –puntualizó, en alusión al delincuente que controla la zona– estaba muy molesto porque la única finalidad que perseguía era secuestrarlo (a Miguel Jaimes), pero a esas ocho personas se les había pasado la mano”, por lo cual decidió asesinar a sus pistoleros.