Piden investigar supuesta corrupción de jueces

El diputado Ricardo Monreal, Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en su primera intervención en la LXII Legislatura propuso crear una comisión investigadora que coadyuve en las indagaciones que se realizan sobre supuestos actos de corrupción de jueces federales, o el posible abuso de autoridad del Ministerio Público Federal.

La propuesta fue turnada a la Junta de Coordinación Política para su atención, seguramente será considerada.

Dice Monreal en su exposición de Motivos:

“El Poder Judicial de la Federación se deposita en la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en los Juzgados de Distrito. Se integran por ministros, magistrados y jueces.
La función principal del Poder Judicial consiste en la administración de justicia, es decir, se encarga de conocer y resolver los conflictos que surgen entre los órganos del poder público; entre el poder público y los particulares o entre los particulares(…)
“El 26 de mayo de 2009, luego de una larga investigación, por parte de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada en un operativo se aprendió a una treintena de funcionarios y ex funcionarios michoacanos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Sin embargo, a consecuencia de los diversos actos judiciales que se han presentado durante la investigación, el Ministerio Público, órgano dependiente al Poder Ejecutivo, y la Suprema Corte de Justicia, perteneciente al Poder Judicial han tenido serios conflictos.
Estos conflictos derivan del caso “michoacanazo”, pues la PGR al continuar con la investigación, solicitó en varias ocasiones el apoyo de Martín Adolfo Santos Pérez y Osvaldo López García, jueces especializados en medidas cautelares, quienes se negaron a librar órdenes de cateo en domicilios de Efraín Cázares López juez federal que liberó y otorgó amparos para la pronta liberación de los funcionarios detenidos en Michoacán.
Y que de acuerdo con información en la Procuraduría General de la República (PGR), el entonces procurador general, Arturo Chávez, aseguró que al menos en 32 casos que se investigaban, había “suficiente evidencia” para procesarlos, pero el juez desestimó las pruebas, que incluían grabaciones telefónicas y otros elementos.
Derivado de la negación por parte de los jueces a dotar de dichas órdenes, la PGR solicitó al Poder Judicial girar órdenes de aprensión en contra de los dos jueces antes mencionados, por posibles irregularidades, a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado una postura de defensa y protección de sus jueces, en contra de lo que el propio Ministro Presidente calificó de persecución....