Delgado Carbajal, indicó que se debe escuchar la voz y puntos de vista de los tribunales de las 32 entidades “cuando lo legisladores decidan temas torales en la impartición de justicia”. A nombre de la Mesa directiva, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, solicitó que se les considere en el análisis y se atienda su opinión en todas las reformas importantes que impactan al sistema judicial del país, “particularmente después del anuncio del Presidente de la República, sobre la necesidad de establecer un código único en materia penal en todo el país y sobre el código único en materia procesal penal, con lo que se materializaría el nuevo sistema de justicia”.
En este sentido, dijo que varios estados han transformado su sistema de justicia penal, acorde con la reforma constitucional de 2008 en la materia, lo cual es un avance importante, pero para transitar con éxito al nuevo sistema se debe unificar la legislación “y si nosotros somos quienes vamos a aplicar esta ley, tanto el Código Penal como el Procesal Penal, debemos dar una opinión”.
Añadió que ello dará impulso para que se aplique la reforma, a nivel federal y local.
Propuso modificar el artículo 116 de la Constitución para establecer que en el Presupuesto de Egresos de cada entidad federativa y se establezca un porcentaje mínimo irreductible a favor de los poderes judiciales locales, para fortalecer su independencia y autonomía.
Posicionamientos de legisladores:
El diputado Julio César Moreno Rivera (PRD), presidente de la Comisión Puntos Constitucionales, afirmó que es necesario tomar en cuenta las opiniones de los poderes judiciales locales en la elaboración presupuestal, pues con las reformas constitucionales en materia de narcomenudeo, derechos humanos, y otras, tienen atribuciones que requieren mayores recursos.
Dijo que los tribunales locales tienen mayor carga de trabajo y, en términos generales, están presupuestalmente por debajo de lo que necesitan.
Advirtió que con la reforma constitucional de 2008 en materia de justicia penal están en puerta los juicios orales y en muchos tribunales se sigue el juicio escrito o mixto y existe un gran rezago. Es necesario inyectarles mayores recursos “porque se tienen que construir salas para juzgados orales”.
Agregó que dicha reforma dio un plazo de ocho años para su aplicación en todo el país, por lo que es tiempo de apoyar a los poderes judiciales locales para implementarla. Aseguró que las propuestas de la Conatrib serán analizadas al seno de esta comisión, y “seguramente se obtendrán buenos resultados”.
A su vez, la diputada Paulina Alejandra Del Moral Vela (PRI), secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que se impulsó este encuentro porque es necesario encontrar caminos viables en materia presupuestal y discutir el tema con base en los resultados.
Manifestó que existe voluntad política para analizar y mejorar las reformas necesarias y “aunque somos de diferentes partidos, es posible llegar a una gran discusión de fondo en este asunto”.
Resaltó la necesidad de mejorar la impartición de justicia con calidad, oportunidad y transparencia contando con poderes judiciales independientes, autónomos e integrados por servidores profesionales que garanticen el derecho efectivo de acceso a la justicia.
También se debe consolidar y fortalecer la administración de la justicia del fuero común, con base en los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, excelencia y profesionalismo, así como actualizar y modernizar sus órganos, procedimientos y sistemas.
Consideró que estas reuniones con la Conatrib son indispensables, pues “no podemos caminar uno sin el otro y por practicidad técnica debemos tener un fuerte lazo y lograr un canal de comunicación abierta y permanente”.
En su oportunidad, la presidenta de la Comisión de Justicia, diputada Claudia Delgadillo González (PRI), coincidió en que es necesario realizar un análisis detenido de las propuestas de los magistrados.
Reconoció la importancia de que los tribunales colaboren para resolver temas tan importantes como el Código Único de Procedimientos Penales, que en breve serán enviadas por parte Ejecutivo “y nos den la pauta de cómo resolver este asunto tan importante”.
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